Araceli Caballero Juárez

Expediente 369/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 12 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
369/2017
Año
2017
Actuaciones
12
Última actuación
04/07/2017

Partes del expediente

  • Araceli Caballero Juárez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que el término de tres días concedido a las partes, en proveído de veintiséis de junio de dos mil diecisiete, para que hicieran manifestaciones respecto del cumplimiento dado por el Suplente del Despacho de la Oficina Recaudadora de Celaya, de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió sin que lo hubiesen hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: a) Mediante sentencia de veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, se declaró procedente conocer el amparo solicitado por la quejosa **********, por propio derecho, respecto de lo siguiente: ".La aprobación, expedición y promulgación de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, en específico la fracción III, del artículo 19, que prevé el monto a pagar por la expedición de copias certificadas por parte de las autoridades judiciales y administrativas, por página, lo que se traduce en nulificar la validez jurídica de la ley reclamada en relación con la quejosa de tal manera que la disposición impugnada no debe aplicársele de nueva cuenta. Asimismo y atendiendo a que el agraviado impugnó en forma concreta el acto de aplicación, procede la devolución al mismo de la cantidad que enteró con motivo de la aplicación de la fracción III, del artículo 19 de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, a través de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado." b) Por providencia de dieciséis de junio de dos mil diecisiete, se declaró la firmeza del fallo protector; razón por la cual se requirió al Secretario de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, cumpliera con él. c) Mediante oficio 16612017 de veintidós de junio de dos mil diecisiete, el Suplente del Despacho de la Oficina Recaudadora de Celaya, de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, allegó copia certificada de la constancia con la que adujó cumplir con la sentencia concesoria. d) Con motivo de lo anterior, el veintiséis de junio del año en curso se dio vista a las partes, y se les apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto, este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. Ahora, del examen de las constancias remitidas por la aludida responsable, mismas que de conformidad con los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que efectuó lo siguiente: Ordenó se dejara de aplicar a la aquí quejosa la fracción III, del artículo 19 de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, que prevé el monto a pagar por la expedición de copias certificadas por parte de las autoridades judiciales y administrativas; y Dejó a disposición de la parte quejosa la cantidad de $1,295.00 (mil doscientos noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional) en las Oficina Recaudadora de esta localidad, que enteró con motivo de la aplicación del precepto mencionado en el párrafo que antecede. En esas condiciones, el suscrito estima que a través de la determinación citada en los párrafos que anteceden, la responsable dio cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, restituyendo al impetrante en el pleno goce de su derecho fundamental violado, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. De conformidad con lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se sobreseyó y se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE CUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que el término de tres días concedido a las partes, en proveído de veintiséis de junio de dos mil diecisiete, para que hicieran manifestaciones respecto del cumplimiento dado por el Suplente del Despacho de la Oficina Recaudadora de Celaya, de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió sin que lo hubiesen hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: a) Mediante sentencia de veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, se declaró procedente conocer el amparo solicitado por la quejosa **********, por propio derecho, respecto de lo siguiente: ".La aprobación, expedición y promulgación de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, en específico la fracción III, del artículo 19, que prevé el monto a pagar por la expedición de copias certificadas por parte de las autoridades judiciales y administrativas, por página, lo que se traduce en nulificar la validez jurídica de la ley reclamada en relación con la quejosa de tal manera que la disposición impugnada no debe aplicársele de nueva cuenta. Asimismo y atendiendo a que el agraviado impugnó en forma concreta el acto de aplicación, procede la devolución al mismo de la cantidad que enteró con motivo de la aplicación de la fracción III, del artículo 19 de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, a través de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado." b) Por providencia de dieciséis de junio de dos mil diecisiete, se declaró la firmeza del fallo protector; razón por la cual se requirió al Secretario de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, cumpliera con él. c) Mediante oficio 16612017 de veintidós de junio de dos mil diecisiete, el Suplente del Despacho de la Oficina Recaudadora de Celaya, de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, allegó copia certificada de la constancia con la que adujó cumplir con la sentencia concesoria. d) Con motivo de lo anterior, el veintiséis de junio del año en curso se dio vista a las partes, y se les apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto, este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. Ahora, del examen de las constancias remitidas por la aludida responsable, mismas que de conformidad con los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que efectuó lo siguiente: Ordenó se dejara de aplicar a la aquí quejosa la fracción III, del artículo 19 de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, que prevé el monto a pagar por la expedición de copias certificadas por parte de las autoridades judiciales y administrativas; y Dejó a disposición de la parte quejosa la cantidad de $1,295.00 (mil doscientos noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional) en las Oficina Recaudadora de esta localidad, que enteró con motivo de la aplicación del precepto mencionado en el párrafo que antecede. En esas condiciones, el suscrito estima que a través de la determinación citada en los párrafos que anteceden, la responsable dio cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, restituyendo al impetrante en el pleno goce de su derecho fundamental violado, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. De conformidad con lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se sobreseyó y se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  3. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por el Suplente del Despacho de la Oficina Recaudadora de Celaya, de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, mediante el cual remite las constancias con las que aduce dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en ese sentido, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes, para que dentro del término de tres días legalmente computado, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacerlo dentro del término indicado, este Juzgado determinará si la sentencia de amparo fue o no acatada.

  4. Principal

    Visto el estado de autos así como la certificación de cuenta, se advierte que el término de diez días de que disponían las partes para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio el veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, transcurrió sin que ninguna lo haya hecho; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. En ese sentido, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 192 de la ley de la materia, requiérase al Secretario de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, para que dentro del término de tres días legalmente computado, de cumplimiento a la ejecutoria de mérito y remita las constancias que así lo acrediten, apercibido que de no hacerlo, sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, tal como lo prevén los artículos 238 y 258, en relación con el propio numeral 192, todos de la Ley de Amparo, y que asimismo, se remitirá el presente expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

Quedan 8 actuaciones en este expediente

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