Aranza Jimena Manzo Pérez y Otros.
Expediente 46/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 17 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 46/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 02/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Aranza Jimena Manzo Pérez y Otros.
- Ana Sofia Manzo Pérez y Otros.
- Ana Sofia Manzo Pérez
- Alfonso Manzo Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Agréguese en autos el escrito signado por el secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad; en atención a su contenido, vincúlese y hágase disponible el expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo, a fin de que la homóloga federal este en aptitud de consultarlo y resolver lo conducente. Para tal efecto comisiónese al Oficial Judicial "A" adscrito a este órgano jurisdiccional.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de diecisiete de agosto del año en curso, para que hiciera manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, sin que lo haya hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: 1. Mediante sentencia de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, se sobreseyó en el presente juicio de amparo (primer resolutivo) y se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a **************, así como a Alfonso Amador Manzo Suárez, en representación de su hijo de iniciales A.M.P. (segundo resolutivo), en contra de los artículos 4°, fracción I, inciso a) y fracción II, inciso a), así como el 5º último párrafo, la Ley de Ingresos para el Municipio de Celaya, Guanajuato, para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós, y su correspondiente aplicación, concretamente el cobro del impuesto predial. El efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad consistió en que, se aplique para el cobro del tributo la tasa menor respecto de la que corresponda al inmueble de la quejosa, para ello, el Director de Impuesto Inmobiliario de la Tesorería del municipio de Celaya, en su defecto, la autoridad a la que corresponda cumplir el fallo protector, debería: Calcular la tarifa más baja que correspondiera, en función del valor fiscal asignado al inmueble de la parte quejosa, por la zona en la que se encuentre ubicado. Si el monto a pagar por el impuesto predial era inferior al ya liquidado por la parte quejosa, debería devolver debidamente actualizada la cantidad excedente. 2. Mediante proveído de veintiocho de julio de dos mil veintidós, se declaró la firmeza de la resolución anterior y se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo a la responsable, quien remitió el oficio DIIC-2007/2022 de siete de julio de dos mil veintidós, así como el avaluó catastral de la cuenta predial **************, e informó que dejó a disposición de la parte quejosa la cantidad de $22,030.53 veintidós mil pesos treinta pesos cincuenta y tres centavos, por concepto de diferencia del importe pagado ($21,482.73 veintiún mil cuatrocientos ochenta y dos pesos setenta y tres centavos) y su actualización ($547.80 quinientos cuarenta y siete pesos ochenta centavos). 3. Con motivo de lo anterior, el diecisiete de agosto del año en curso, se dio vista a la parte quejosa y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto, este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. Ahora, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable, mismas que de conformidad con los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que: Calculó la tarifa más baja que correspondiera, en función del valor fiscal asignado al inmueble de la parte quejosa, por la zona en la que se encuentre ubicado; y, Dejó a disposición de la parte quejosa la cantidad de $22,030.53 veintidós mil pesos treinta pesos cincuenta y tres centavos, por concepto de diferencia del importe pagado ($21,482.73 veintiún mil cuatrocientos ochenta y dos pesos setenta y tres centavos) y su actualización ($547.80 quinientos cuarenta y siete pesos ochenta centavos). Bajo las consideraciones anteriores, el suscrito estima que con el oficio DIIC-2007/2022 de siete de julio de dos mil veintidós, así como el avaluó catastral de la cuenta predial ****************, el Director de Impuesto Inmobiliario de la Tesorería del Municipio de Celaya, dió cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, por lo que, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. Hágase lo anterior del conocimiento de la autoridad responsable y realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso b), del artículo 18, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al presente asunto, el acuerdo mediante el cual la causó ejecutoria, así como el presente acuerdo que ordena su archivo como asunto concluido. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de diecisiete de agosto del año en curso, para que hiciera manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, sin que lo haya hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: 1. Mediante sentencia de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, se sobreseyó en el presente juicio de amparo (primer resolutivo) y se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a **************, así como a Alfonso Amador Manzo Suárez, en representación de su hijo de iniciales A.M.P. (segundo resolutivo), en contra de los artículos 4°, fracción I, inciso a) y fracción II, inciso a), así como el 5º último párrafo, la Ley de Ingresos para el Municipio de Celaya, Guanajuato, para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós, y su correspondiente aplicación, concretamente el cobro del impuesto predial. El efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad consistió en que, se aplique para el cobro del tributo la tasa menor respecto de la que corresponda al inmueble de la quejosa, para ello, el Director de Impuesto Inmobiliario de la Tesorería del municipio de Celaya, en su defecto, la autoridad a la que corresponda cumplir el fallo protector, debería: Calcular la tarifa más baja que correspondiera, en función del valor fiscal asignado al inmueble de la parte quejosa, por la zona en la que se encuentre ubicado. Si el monto a pagar por el impuesto predial era inferior al ya liquidado por la parte quejosa, debería devolver debidamente actualizada la cantidad excedente. 2. Mediante proveído de veintiocho de julio de dos mil veintidós, se declaró la firmeza de la resolución anterior y se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo a la responsable, quien remitió el oficio DIIC-2007/2022 de siete de julio de dos mil veintidós, así como el avaluó catastral de la cuenta predial **************, e informó que dejó a disposición de la parte quejosa la cantidad de $22,030.53 veintidós mil pesos treinta pesos cincuenta y tres centavos, por concepto de diferencia del importe pagado ($21,482.73 veintiún mil cuatrocientos ochenta y dos pesos setenta y tres centavos) y su actualización ($547.80 quinientos cuarenta y siete pesos ochenta centavos). 3. Con motivo de lo anterior, el diecisiete de agosto del año en curso, se dio vista a la parte quejosa y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto, este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. Ahora, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable, mismas que de conformidad con los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que: Calculó la tarifa más baja que correspondiera, en función del valor fiscal asignado al inmueble de la parte quejosa, por la zona en la que se encuentre ubicado; y, Dejó a disposición de la parte quejosa la cantidad de $22,030.53 veintidós mil pesos treinta pesos cincuenta y tres centavos, por concepto de diferencia del importe pagado ($21,482.73 veintiún mil cuatrocientos ochenta y dos pesos setenta y tres centavos) y su actualización ($547.80 quinientos cuarenta y siete pesos ochenta centavos). Bajo las consideraciones anteriores, el suscrito estima que con el oficio DIIC-2007/2022 de siete de julio de dos mil veintidós, así como el avaluó catastral de la cuenta predial ****************, el Director de Impuesto Inmobiliario de la Tesorería del Municipio de Celaya, dió cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, por lo que, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. Hágase lo anterior del conocimiento de la autoridad responsable y realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso b), del artículo 18, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al presente asunto, el acuerdo mediante el cual la causó ejecutoria, así como el presente acuerdo que ordena su archivo como asunto concluido. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por el Director de Impuestos Inmobiliarios y Catastro de esta ciudad, mediante el cual remite las constancias con las que aduce dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en ese sentido, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días legalmente computado, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacerlo dentro del término indicado, este Juzgado determinará si la sentencia de amparo fue o no cumplida.
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