Antonio Zavala Villagómez

Expediente 765/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
765/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
28/09/2023

Partes del expediente

  • Antonio Zavala Villagómez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de control de este Juzgado. Orden de archivo del expediente. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; Valoración del expediente. A efecto de realizar la valoración del expediente en que se actúa, se precisa que la resolución que se dictó fue la siguiente. En el juicio principal, se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, como el asunto que nos ocupa no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera destruible de conformidad con el diverso artículo 20, fracción IV, por lo que una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, deberá ser destruido. Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos. Finalmente, en virtud de que la demanda que dio origen al presente juicio de amparo fue presentada ante la Magistrada de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, mediante oficio, hágasele del conocimiento lo anterior, así como el auto de dieciocho de septiembre del año en curso, para los efectos legales a que haya lugar; asimismo, por ser innecesaria su retención, devuélvasele el toca 310/2023 -en un tomo-, así como los tres tomos del expediente 484/2022 en copia certificada, que remitió en apoyo a su informe justificado. Se solicita acuse de recibo.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS A LA PARTE QUEJOSA: Visto el oficio signado por el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de seis de septiembre del año en curso, en el que el Magistrado Presidente del órgano de su adscripción declaró su legal incompetencia para conocer de la demanda de amparo promovida por **************, por su propio derecho, contra actos de la Magistrada de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, remite: original de la demanda de amparo y ocho copias; certificación de la interposición del juicio de amparo; informe justificado de las autoridades responsables conjuntamente con el expediente original del toca 310/2023, así como tres tomos del expediente 484/2022 en copia certificada y dos escritos signados por los representantes de los terceros interesados; por lo que al respecto, se acuerda: a) Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de control de este juzgado bajo el número 765/2023-II. b) Con apoyo en el artículo 45 de la Ley de Amparo, el suscrito se avoca del conocimiento del asunto, lo cual hágase del conocimiento de la superioridad, a través del acuse de recibo correspondiente. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora, resulta necesario precisar que de la lectura de la demanda de amparo, se desprende que el quejoso acude ante esta instancia constitucional reclamando: La resolución de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, dictada en el toca 310/2023, del índice de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, en la que se confirmó la interlocutoria de diecinueve de abril del mismo año, pronunciada por el Juez Único Civil de Partido de Salvatierra, Guanajuato, en el sentido de declarar improcedente el incidente de falta de personería promovido por el quejoso. En ese orden, se estima que se actualiza de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, dispositivos que estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. En efecto, en la legislación vigente, se estableció que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales únicamente tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate; lo que no sucede en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. En ese sentido, con la aclaración que hace el legislador secundario, se proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho; y, no únicamente, que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. De la anterior interpretación derivan dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión contraria a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Por lo expuesto, de no afectarse materialmente derechos sustantivos, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro de juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. En el caso, el quejoso reclama la resolución de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, dictada en el toca 310/2023 por la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, que se confirmó la interlocutoria de diecinueve de abril del mismo año, la cual declaró improcedente el incidente de falta de personería que promovió. Por tanto, como se puede observar, la resolución que confirma la improcedencia del incidente de falta de personalidad promovido por el quejoso, no puede ser considerada como un acto en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, puesto que su consecuencia únicamente podría traducirse en una violación procesal que afecte derechos adjetivos, más no así derechos sustantivos, ya que esa actuación tendrá un efecto jurídico en la esfera del quejoso en el dictado de la sentencia; por lo que, no se le puede considerar como un acto de imposible reparación, y por tanto, no encuadra en la hipótesis de procedencia prevista en el artículo 107 -fracción V- de la Ley de Amparo en vigor. De ahí que, la actuación reclamada sólo implique la infracción a derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si el quejoso obtiene sentencia favorable y, en caso contrario, de resultar opuesto a sus intereses, puede reclamarla en el juicio de amparo directo como violación procesal en términos de la fracción XII del artículo 172 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues en la especie, como se estableció dicho acto reclamado no puede ser considerado como un acto de imposible reparación, en virtud de que sus consecuencias no afectan materialmente alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal, ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación podría repararse, si el quejoso obtiene sentencia favorable en el juicio. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107 -fracción V- ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Por otra parte, como el quejoso señalo como domicilio para oír y recibir notificaciones el buzón electrónico **************, otorgado por el Sistema Informático del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, del cual no tiene acceso este órgano jurisdiccional dado que dicho sistema es estatal, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), notifíquese esta determinación y las subsecuentes por medio de lista. Asimismo, téngase al quejoso autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *********, en virtud de obrar sus cedulas profesionales números *************, registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 21 -tercer párrafo- de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 -fracción I, incisos b y c- de la citada Ley de Amparo. En otro orden, dado lo voluminoso de las constancias remitidas, se ordena formar cuatro tomos de pruebas, para el mejor manejo del expediente. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquellas por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las pates en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado.

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