APOLINAR SANTIAGO JERÓNIMO y Otros.

Expediente 329/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
329/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
03/02/2021

Partes del expediente

  • APOLINAR SANTIAGO JERÓNIMO y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y estado de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días que se concedió a las partes a efecto de estar en aptitud de manifestar lo que a su derecho correspondiera en relación con el cumplimiento que ha realizado la autoridad responsable, a la sentencia dictada en este juicio de amparo, sin que hayan hecho manifestación alguna. En consecuencia, se procede al análisis de las constancias que obran en autos para determinar si se encuentra cumplido o no el fallo protector. Tal análisis se hará en aplicación de la lógica jurídica, por tanto, se parte de un silogismo; esto es, i) una premisa mayor, en este caso presentada por los términos en que fue amparada la parte quejosa en la ejecutoria de que se trata, ya sea que el amparo se haya concedido para efectos, o bien, liso y llano; ii) una premisa menor, caracterizada por el informe que rindió la responsable al comunicar sobre el cumplimiento que dice dar a la ejecutoria amparadora; y, iii) una conclusión, que es a la determinación que se llega después de confrontar la premisa menor con la premisa mayor. Efectos de la concesión de amparo. De la resolución en comento, se advierte que el amparo se otorgó para que el Síndico Municipal del Ayuntamiento de San Cristóbal Amatlán, Miahuatlán, Oaxaca, realice lo siguiente: "Deje insubsistente la determinación de cinco de abril de dos mil veinte, en la que impuso el arresto por treinta y seis horas a Marcelino Ignacio Santiago. Hecho lo anterior; y en caso de retomar el procedimiento administrativo, con libertad de jurisdicción, emita otra determinación, en la que se dicte el fallo que corresponda conforme a sus atribuciones, debidamente fundado y motivado, atendiendo a las consideraciones contenidas en esta resolución." Cumplimiento de la autoridad responsable Conforme a las constancias que remitió la responsable, síndico municipal de San Cristóbal Amatlán, Miahuatlán, Oaxaca, recibidas en auto del pasado dieciocho de enero, se advierte que emitió un acuerdo el cuatro de enero de este año, en donde dejó insubsistente la diversa determinación de cinco de abril de dos ml veinte, en la que se impuso a la parte quejosa Marcelino Ignacio Santiago, un arresto por treinta y seis horas. De lo anterior, a juicio de este juzgador, queda claro que la ejecutoria dictada en este juicio de amparo se encuentra cumplida, en razón de que la responsable dejó insubsistente el acuerdo de cinco de abril de dos mil veinte, - consistente en el arresto por treinta y seis horas a Marcelino Ignacio Santiago -. iii) Conclusión Por las consideraciones expuestas, es dable concluir, que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, al dar cumplimiento al fallo protector la autoridad responsable ciñéndose a los efectos precisados; de ahí que, que no existe defecto o exceso en el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, con apoyo en el numeral 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo, el que se dicta de forma lisa y llana, como lo dispone la jurisprudencia de título: "EJECUTORIA DEL AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO". Hágase del conocimiento de las partes este proveído, para los efectos legales de los artículos 201, fracción I y 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. (SE NOTIFICO POR LISTA AL QUEJOSO)

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de diciembre de dos mil veinte. En atención a la cuenta que antecede, el suscrito determina lo siguiente: Que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria dicho fallo. El amparo se otorgó para que el Síndico Municipal del Ayuntamiento de San Cristóbal Amatlán, Miahuatlán, Oaxaca, realice lo siguiente: "Deje insubsistente la determinación de cinco de abril de dos mil veinte, en la que impuso el arresto por treinta y seis horas a Marcelino Ignacio Santiago. Hecho lo anterior; y en caso de retomar el procedimiento administrativo, con libertad de jurisdicción, emita otra determinación, en la que se dicte el fallo que corresponda conforme a sus atribuciones, debidamente fundado y motivado, atendiendo a las consideraciones contenidas en esta resolución." Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la ejecutoria de amparo en los términos apuntados, para lo cual deberá remitir copia certificada que acredite dicho cumplimiento. Se apercibe que si no actúa como se le indica en esta resolución, este juzgado de distrito le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, en términos de los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, al momento en que incurra en la conducta sancionadora y, de ser el caso, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Penal y del Trabajo del Décimo Tercer Circuito, en turno, para que en el momento procesal oportuno propongan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en caso de que proceda, la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación ante las autoridades jurisdiccionales correspondientes. Dígasele también, que en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, si el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, es injustificado, no lo exime de responsabilidad, pero, podrá tomarse en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Además de insistir en su conducta contumaz, se evidenciaría que trata de eludir el cumplimiento de la sentencia dictada en este asunto. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 329/2020, promovido por ** y **, por propio derecho, en contra de actos del Presidente Municipal de San Cristóbal Amatlán, Miahuatlán, Oaxaca y otras autoridades. ANTECEDENTES De las documentales que obran en autos, se advierte que el cinco de abril de dos mil veinte, el Síndico Municipal de San Cristóbal Amatlán, Miahuatlán, Oaxaca, hizo constar lo siguiente: "Que siendo las once horas con treinta minutos del cinco de abril de dos mil diecinueve, comparece el ciudadano **, Comandante de la Policía Municipal de San Cristóbal Amatlán, quien presenta al señor ** y pone la vista el Parte informativo de esta propia fecha, del cual se desprende la agresión física que cometió el señor ** sobre la persona del ciudadano **, por lo cual se le tiene a bien tomar el acuerdo siguiente: ÚNICO; Que pos usos y costumbres de nuestra población, se impone un arresto de cárcel de 36 horas al señor Marcelino Ignacio Santiago, por la agresión física en contra de Raymundo Santiago, y por escandalizar en la vía pública de nuestra población en San Cristóbal Amatlán, por lo cual se ordena dejar en los separos municipales al señor Marcelino Ignacio Santiago, hasta que cumpla con el arresto impuesto." En cumplimiento a la suspensión de plano otorgado por este Juzgado Federal, Marcelino Ignacio Santiago, fue puesto en libertad a las dos horas con veintitrés minutos del seis de abril siguiente, habiendo cumplido un total de catorce horas con veintitrés minutos de arresto, faltando por compurgar veintiún horas con treinta y siete minutos. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ** y **, por propio derecho y el segundo en representación de quien indicó ser su menor hija L.M.S.S., mediante escrito presentado el cinco de abril de dos mil veinte, ante el secretario de guardia de este Órgano Jurisdiccional, promovieron juicio de amparo en contra actos y autoridades que se precisaran con posterioridad. En proveído de cinco de abril de dos mil veinte, se radicó la demanda con el número 329/2020; se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados por los promoventes; se requirió a ***, documento idóneo que acreditara la representación de la menor; se admitió a trámite por los quejosos mayores de edad; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; se otorgó la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En proveído de dieciocho de agosto de dos mil veinte, al fenecer el término otorgado a ***, para que exhibiera documento idóneo que acreditara la representación de la menor de iniciales L.M.S.S., se hizo efectivo el apercibimiento con el que se le conminó en auto de radicación y se tuvo por no presentada la demanda de amparo únicamente por lo que respecta a la citada infante. Seguido el trámite del juicio, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción II de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque los actos reclamados se atribuyen a autoridades, donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, da pauta a establecer que la parte inconforme reclama los actos siguientes: Autoridades responsables Presidente; Síndico; Alcalde; y, Comandante de la Policía, todos del Municipio de San Cristóbal Amatlán, Miahuatlán, Oaxaca. Actos reclamados La privación de la libertad y/o arresto. Actos de tortura consistentes palos, azotes, golpes, tormento y desaparición forzada. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS La privación de la libertad y/o arresto por lo que respecta al quejoso Apolinar Santiago Jerónimo. La totalidad de las autoridades con excepción del síndico municipal de San Cristóbal Amatlán, Miahuatlán, Oaxaca, omitieron rendir sus informes justificados, pese a estar debidamente notificados; empero, no es dable presumir cierto los actos que se le atribuyen, ya que obra el informe de la suspensión de plano, donde se advierte la inexistencia de la orden privativa de libertad que reclama el citado quejoso. Dicho informe relativo al cumplimiento de la suspensión de plano otorgada por este Juzgado Federal, se considera apto para determinar la certeza de los actos que se reclaman en esta instancia constitucional. Apoya lo anterior la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable a página 1933, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo III, registro 2014261, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, se rubro y texto siguiente: "INFORME RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO. PUEDE PRODUCIR LOS EFECTOS DE INFORME JUSTIFICADO Y CONSTITUIR UN MEDIO IDÓNEO PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, SIEMPRE QUE REÚNA LOS REQUISITOS LEGALES, SIN QUE ELLO IMPLIQUE EXIMIR A LA AUTORIDAD OMISA DE LA MULTA POR NO RENDIR ÉSTE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 260, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación relacionada y sistemática de los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se advierte que el informe justificado no reviste solemnidad alguna ni debe cumplir con mayores requisitos que los siguientes: a) Rendirse en el plazo correspondiente (quince días, prorrogables por diez más); b) Exponer las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio, la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; c) Anexar copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; y, d) Las exigencias adicionales previstas para los actos materialmente administrativos y agrarios. En ese tenor, partiendo de la base lógica que representa la imposibilidad de aportar razones, fundamentos y constancias de un acto inexistente, se arriba al convencimiento de que, en tal caso, bastará que el oficio correspondiente haga referencia al juicio de amparo en cuestión, quejoso y acto reclamado, negando expresamente la existencia de éste, con indicación del nombre y cargo del servidor público que lo rinde (requisitos legales), para que dicha comunicación sea considerada como informe justificado en toda forma, y produzca plenos efectos para determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado, con independencia de que se haya rendido con alguna otra finalidad manifiesta, como puede ser cumplir con el requerimiento relativo a la suspensión de oficio, sobre todo, al considerar que ambos informes (justificado y de suspensión de plano), por regla general, son requeridos en el mismo proveído inicial, siendo irrelevante la denominación que se dé a la comunicación procesal en cuestión, lo que no opera respecto del informe previo rendido en el incidente respectivo, que se lleva por cuerda separada pues, resultaría inadmisible hacer que un informe rendido en determinados cuadernos (incidentales) produzca efectos en otro (principal), sin que medie alguna intervención de las partes en ese sentido y, derivado de ello, se realice el cotejo de la copia correspondiente para agregarse al expediente respectivo o, al menos, se certifique el contenido del informe que pretende trasladarse, siempre que no exista algún otro motivo legal que impida acceder a tal solicitud, y sin que ello implique eximir a la autoridad omisa de la multa que pudiera imponérsele, en términos de la fracción II del artículo 260 de la propia ley, ni de cualquier otra sanción, por no rendir el informe justificado." En ese orden de ideas, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, señala lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.]. IV.- De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y." Dicha porción normativa establece que en el supuesto de que no llegaran a existir los actos reclamados, sin que se probare su existencia en la audiencia constitucional respectiva, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo. Cabe señalar, que la parte quejosa tiene la carga de la prueba, es decir, el promovente del amparo, está obligado a demostrar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia de los actos que impugna y a justificar con pruebas, que éstos sean inconstitucionales. Resulta ilustrativa la Jurisprudencia VI.2o.J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, correspondiente a la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 210769, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." En consecuencia, como la parte quejosa no demostró la existencia de los actos que atribuye a las responsables, se sobresee en el juicio por lo que hace a dichas autoridades y actos reclamados, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Actos de tortura consistentes palos, azotes, golpes, tormento y desaparición forzada respecto a los quejosos ** y **. Tocante a este acto de disenso, acontece la misma situación relatada en párrafos que anteceden, es decir la totalidad de las autoridades con excepción del síndico municipal de San Cristóbal Amatlán, Miahuatlán, Oaxaca, omitieron rendir sus informes justificados, pese a estar debidamente notificados; empero, no es dable presumir cierto los actos que se le atribuyen, ya que obra el informe de la suspensión de plano, donde se advierte la inexistencia de los actos de tortura reclamados. Lo que se corrobora con la diligencia de seis de abril de dos mil veinte, practicada por el actuario judicial adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, en la que hizo constar que al estar presente en las oficinas del municipio de San Cristóbal Amatlán, Miahuatlán, Oaxaca y entregar los oficios que contenían la suspensión de plano otorgada a los quejoso, únicamente se encontraba detenido por un arresto administrativo (el cual será materia de análisis en un apartado posterior) el aquí quejoso ***, el cual no presentaba lesiones físicas. Por ende, como la parte quejosa no demostró la existencia de los actos que atribuye a las responsables, se sobresee en el juicio por lo que hace a dichas autoridades y actos reclamados, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO (Orden de arresto reclamada por el quejoso ***). El Síndico municipal de San Cristóbal Amatlán, Miahuatlán, Oaxaca, al rendir su informe justificado, aceptó el acto reclamado, exponiendo argumentos sobre la legalidad de sus actuaciones. De ahí que se tiene por probado el acto atribuido a dicha autoridad responsable. Al respecto es aplicable la jurisprudencia doscientos setenta y ocho, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página doscientos treinta y uno, del tomo VI, atinente a la materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." La anterior circunstancia, se corrobora con la copia certificada de diversas actuaciones del arresto administrativo de cinco de abril de dos mil veinte, ejecutado en contra del ahora quejoso **, a la que se le otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. Es aplicable la Jurisprudencia doscientos veintiséis, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del tomo VI, atinente a la materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que establece: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." LEGITIMACIÓN ***, por propio derecho, se encuentra legitimado para promover este juicio constitucional, en términos de lo establecido por el numeral 6 de la Ley de Amparo, ya que en el presente asunto está probado que la orden de arresto se decretó en su contra y se encuentra suspendida en acatamiento a la suspensión de plano; de ahí, que esa determinación impacta en su esfera jurídica, al tener como finalidad restringir su libertad deambulatoria. PROCEDENCIA Conforme a la técnica del juicio de amparo, y de acuerdo con el artículo 62, en relación con el diverso 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, en principio, corresponde a este juzgado federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, dado que así lo exige el orden público; y, de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la improcedencia. En atención a lo expuesto, se considera que en el presente asunto, no se advierte motivo de sobreseimiento o alguna causa de improcedencia prevista en el numeral 61 de la Ley de Amparo; por ende, se procede analizar la legalidad de las determinaciones reclamadas. ESTUDIO DEL ASUNTO Previo al análisis del presente asunto, se debe precisar que en el caso, se advierte una violación manifiesta de la ley, que dejó sin defensa a la quejosa, por lo cual cobra aplicación lo dispuesto en el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, el cual ordena suplir la deficiencia de la queja. Es aplicable por analogía la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 34, Tomo VII, Febrero de 1998, Materia Civil, Común, Registro 196877, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE CUANDO SE RECLAMA EN AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado diversos criterios procesales y sustantivos en torno a la imposición del arresto como medida de apremio, cuando se impugna en el juicio de garantías, bajo la consideración fundamental de que si bien dicho acto es de naturaleza formalmente civil, de conformidad con la autoridad jurisdiccional que lo ordena, también ha atendido, de manera preponderante, al estado de privación de la libertad personal del gobernado a que se expone con su ejecución, privación que se ha estimado como de protección superior, jurídica y axiológicamente. Por tanto, como la suplencia de la queja deficiente en materia penal, prevista en el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, opera aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios del quejoso, siendo su finalidad proteger la libertad personal y otorgar seguridad jurídica a los gobernados, a través del dictado de una resolución de amparo que examine, de manera completa y acuciosa, el acto mediante el cual se ha ordenado dicha privación de la libertad, debe concluirse que en los juicios de amparo en que aparezca como acto reclamado la imposición del referido arresto como medida de apremio, deberá suplirse la queja deficiente aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios del afectado, con fundamento en lo dispuesto en la fracción VI del invocado precepto legal, que resulta aplicable a los actos reclamados en materia civil." Así, en el caso se advierte que no se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento, aunado a que el acto reclamado carece de una debida fundamentación y motivación; de ahí que, resulta fundado el motivo de queja que hace valer la quejosa. En efecto, debe decirse que la determinación reclamada deriva de un procedimiento administrativo sancionador, ya que el procedimiento se desplegó como una manifestación de la potestad punitiva del Estado (elemento material), puesto que su sustanciación fue con la intención de determinar si era procedente condenar o sancionar una conducta que se estima reprochable para el Estado por la ejecución de un hecho que la ley califica como falta administrativa, en aras de salvaguardar el orden público y el interés general; es decir, ese procedimiento tuvo fin represivo o retributivo derivado de una conducta que se considera administrativamente ilícita, y con base en la cual se impuso una sanción. Luego, debe también precisarse que dicha determinación administrativa debe cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, apegado al principio de legalidad consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Principio que se incumplió en la imposición de la sanción administrativa impugnada en esta instancia constitucional. En efecto, el artículo 16 Constitucional, en su primer párrafo, establece, entre otras cosas, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Obligación que se impone a las autoridades con el objetivo de evitar actuaciones arbitrarias; asimismo, a fin de garantizar el derecho de legalidad y seguridad jurídica de los gobernados, a los cuales les interesa conocer las consideraciones en las que se basan las autoridades para emitir los actos de molestia, para luego, estar en posibilidad de defenderse en las instancias correspondientes. Bajo esas consideraciones, para que un acto de autoridad tenga validez legal, debe estar fundado y motivado; entendiéndose por lo primero, la expresión precisa del precepto legal aplicable y por lo segundo, el señalamiento puntual de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tuvieron en consideración para su emisión. Sirve como sustento a lo previamente referido, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 52, Tomo II, Apéndice 1917-1995 del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Como bien se indicó en el apartado de antecedentes del acto reclamado, el síndico municipal de San Cristóbal Amatlán, Miahuatlán, Oaxaca, al recibir el parte informativo del Comandante de la Policía y a su vez presentar al ahora quejoso, como motivo de la agresión física propiciada al ciudadano ***, determinó lo siguiente: "Que siendo las once horas con treinta minutos del cinco de abril de dos mil diecinueve, comparece el ciudadano **, Comandante de la Policía Municipal de San Cristóbal Amatlán, quien presenta al señor ** y pone la vista el Parte informativo de esta propia fecha, del cual se desprende la agresión física que cometió el señor *** sobre la persona del ciudadano **, por lo cual se le tiene a bien tomar el acuerdo siguiente: ÚNICO; Que pos usos y costumbres de nuestra población, se impone un arresto de cárcel de 36 horas al señor **, por la agresión física en contra de Raymundo Santiago, y por escandalizar en la vía pública de nuestra población en San Cristóbal Amatlán, por lo cual se ordena dejar en los separos municipales al señor **, hasta que cumpla con el arresto impuesto." En ese tenor, si bien es cierto que en términos del numeral 71 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, los síndicos se les confieren diversas facultades, entre ellas auxiliar a las autoridades ministeriales en las diligencias que correspondan. Cierto es también que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. Así se advierte que la determinación en estudio emitida por el síndico municipal de San Cristóbal Amatlán, Miahuatlán, Oaxaca, deviene de una inadecuada motivación, en la medida que el referido representante del municipio fue omiso en expresar todos los datos que tuvo a su alcance, todos los elementos que tomó en consideración a efecto de establecer la detención por el lapso de treinta y seis horas. Es decir, no expuso las razones que tuvo en consideración para individualizar el arresto en contra del inconforme, precisamente por el lapso de treinta y seis horas. Además, no dio a conocer al quejoso las condiciones particulares, la gravedad y las circunstancias en la comisión de la infracción que lo llevaron a aplicar dicha sanción; asimismo, fue omiso en precisar la forma en que iba a computar las horas de arresto impuestas al quejoso, ni tampoco señaló cuándo finalizaba dicho cómputo. Información que resultaba necesaria a fin de que el quejoso tuviera certeza jurídica respecto al inicio y conclusión de su detención. Información que debía precisarse porque a partir de la fecha y hora que fue detenido el quejoso, debía iniciarse el cómputo de las treinta y seis horas impuestas como arresto, y no cuando fue puesto presentado ante las oficinas del Ayuntamiento de San Cristóbal Amatlán, Miahuatlán, Oaxaca. En esa tesitura, se insiste, correspondía a la autoridad responsable motivar y razonar las causas particulares y especiales preexistentes en torno a la conducta del aquí quejoso, y el por qué consideró necesaria la aplicación de la sanción privativa de libertad, exponiendo claramente las razones de su individualización por el lapso de treinta y seis horas; máxime, que en tratándose del arresto que ocasiona la privación temporal de la libertad, inevitablemente se tiene el deber de razonar los motivos o circunstancias que tenga en cuenta para imponer tal medida, que es la extrema y más severa, particularizándose las circunstancias procesales que ameriten su imposición, precisamente por el término que considere legalmente procedente. Es aplicable por analogía la jurisprudencia número 89/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, editada en la página 11, tomo XXII, septiembre de 2005, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que impone: "ARRESTO COMO MEDIO DE APREMIO HASTA POR 36 HORAS. SUS LÍMITES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). El artículo 42, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León establece que para hacer cumplir sus determinaciones, los Magistrados y los Jueces pueden emplear como medio de apremio el arresto hasta por 36 horas, entendiéndose dicho lapso como el límite máximo que debe imponerse, pues la preposición "hasta" se emplea para expresar el término de tiempo, y si bien el mencionado precepto no señala expresamente un límite mínimo, éste debe entenderse como el de una hora, por ser ésta la unidad utilizada para imponer la referida medida de apremio. Además, para determinar el tiempo de arresto que corresponde al sujeto sancionado, la autoridad jurisdiccional debe cumplir con los principios de fundamentación y motivación previstos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual deberá razonar y pormenorizar los motivos para fijar la duración de tal medida, tomando en cuenta elementos objetivos que correspondan a la gravedad de la infracción cometida, así como elementos subjetivos referidos a las circunstancias personales del infractor". DECISIÓN Las anteriores consideraciones, permiten sostener que la autoridad responsable no fundó y motivó la sanción que impuso a la quejosa, consistente en un arresto administrativo por treinta y seis horas, con lo que la dejó en estado de indefensión; de ahí, que el mismo carezca de validez legal. Así, al resultar fundado el concepto de violación planteado por la parte quejosa, suplido en su deficiencia, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal para los efectos que se precisan en el siguiente considerando. EFECTOS DE LA CONCESIÓN. Conforme lo establece el artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, se precisa que los efectos de la concesión consiste en lo siguiente: Deje insubsistente la determinación de cinco de abril de dos mil veinte, en la que impuso el arresto por treinta y seis horas a **. Hecho lo anterior; y en caso de retomar el procedimiento administrativo, con libertad de jurisdicción, emita otra determinación, en la que se dicte el fallo que corresponda conforme a sus atribuciones, debidamente fundado y motivado, atendiendo a las consideraciones contenidas en esta resolución. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Apolinar Santiago Jerónimo, por propio derecho, contra actos del Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Cristóbal Amatlán, Miahuatlán, Oaxaca y otras autoridades, en términos de lo expuesto en la primera parte del considerando V de esta resolución. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ** y **, por propio derecho, contra actos del Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Cristóbal Amatlán, Miahuatlán, Oaxaca y otras autoridades, en términos de lo expuesto en la parte final del considerando V de esta resolución. TERCERO. Se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a **, en contra del acto que reclamó del Síndico Municipal del Ayuntamiento de San Cristóbal Amatlán, Miahuatlán, Oaxaca, en términos de lo expuesto en el considerando IX. Para los efectos del diverso XI de este fallo. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de noviembre de dos mil veinte. Agréguense el oficio y anexo señalados en la cuenta al expediente en que se actúa para que surtan sus efectos legales correspondientes. Ahora bien de su contenido se advierte que el administrador postal de Correos de México con sede en Oaxaca de Juárez solicita se le conceda prorroga de tiempo para remitir el acuse del oficio 14386 destinado a la autoridad en San Cristóbal Miahuatlan, Oaxaca; sin embargo el anexo que adjunta a su misiva de mérito se observa el citado acuse que ampara la entrega del comunicado 14386 dirigido al Presidente Municipal Constitucional de San Cristóbal Amatlán de Miahuatlan de Porfirio Díaz, Oaxaca; en consecuencia, al remitir lo solicitado por este órgano jurisdiccional resulta innecesario conceder dicha prorroga, por tanto, se tiene al promovente cumpliendo con los solicitado en auto del pasado veintisiete de octubre. Por otro lado, en vista que ya se notificó a las autoridades responsables el auto de tres de septiembre del año en curso por el que se les solicito remitieran copia certificada, legible y completa de todas las constancias relativas que tengan estrecha relación con el acto reclamado, consistente en la detención efectuada a la parte quejosa el cinco de abril del año en curso en San Cristóbal Amatlán, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, sin que a la fecha lo hubieren hecho. En consecuencia, fin de dictar una sentencia conforme a derecho, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo y 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, requiérase nuevamente al Presidente Constitucional, Comandante de la Policía, y Alcalde municipal, todos ellos del municipio de San Cristóbal Amatlán, del Distrito de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días remitan a este juzgado copia certificada, legible y completa de todas las constancias relativas que tengan estrecha relación con el acto reclamado, consistente en la detención efectuada a la parte quejosa el cinco de abril del año en curso en San Cristóbal Amatlán, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Apercíbaseles que de no cumplir con lo anterior o de no informar el impedimento que tenga para ello, con fundamento en los artículos 17 Constitucional, 237, fracción I, 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización1. NOTIFÍQUESE.

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