Apolinar Domínguez Cantela

Expediente 571/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
571/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
22/10/2020

Partes del expediente

  • Apolinar Domínguez Cantela
  • Apolinar Domínguez Cantela y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de octubre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de cinco días previsto por el ordinal 98 de la Ley de Amparo, para que la parte inconforme interpusiera el recurso de queja en contra del acuerdo de cinco de octubre de dos mil veinte, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que el solicitante de amparo haya impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo previsto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto en donde se desechó de plano la demanda de amparo ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y como en el proveído de once de septiembre de la presente anualidad se desechó de plano el escrito inicial, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de octubre de dos mil veinte. Vista la razón de cuenta, se advierte la imposibilidad que tuvo la actuaria judicial adscrita a este Juzgado Federal para notificar a la parte quejosa el auto de cinco de octubre de dos mil veinte, en virtud de que el domicilio que proporcionó para oír y recibir notificaciones (Avenida **, número **, interior **) no existe en el centro de la ciudad alguna avenida con ese nombre; asimismo, no indica el nombre de alguna colonia o municipio a la que pertenezca dicho domicilio. En tal sentido, dado que el domicilio que la parte disidente señaló para oír notificaciones resultó inexacto, con fundamento en lo previsto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo se ordena la notificación a la parte quejosa del acuerdo de cinco de octubre de dos mil veinte, así como las subsecuentes aun las de carácter personal por medio de lista, que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, hasta en tanto señale un domicilio correcto para recibir notificaciones. NOTIFÍQUESE." inserción San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de octubre de dos mil veinte. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese con el número 571/2020. Desechamiento. Conforme a lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de amparo que se recibe, pues se advierte la improcedencia de la misma, numeral el cual es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio. En efecto el artículo citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento el libelo de amparo, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto; de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable sobre dicho tópico, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Proceder que tiene como base constitucional lo establecido en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que supuestos de improcedencia se actualiza en el caso. En razón de ello, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este juzgador estima desechar de plano la demanda promovida por Apolinar Domínguez Cantela, porque se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracciones IV y V del propio ordenamiento. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido de las disposiciones jurídicas invocadas, las cuales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". El segmento normativo transcrito en primer orden establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano o de la Ley de Amparo. Por otro lado, el arábigo inserto en último orden dispone que en un juicio de amparo se decretará el sobreseimiento cuando se advierta que se actualice una causal de improcedencia y cuando de las constancias de autos aparece claramente demostrado que no existe el acto reclamado. Enseguida es necesario establecer que el derecho de petición consagrado por el artículo 8 de la Constitución Federal encierra la facultad que tiene todo gobernado para hacer peticiones a los funcionarios públicos siempre y cuando éstas se formulen por escrito, de manera pacífica y respetuosa, acotando que tratándose de la materia política solo podrán hacerlo los ciudadanos de la república. A la solicitud realizada en los términos referidos, la autoridad se encontrará obligada a emitir un acuerdo por escrito que deberá hacerlo del conocimiento del peticionario en breve término. Bajo esa línea de pensamiento tenemos que para que exista la obligación por parte de los funcionarios públicos de dar contestación a las peticiones formuladas por los gobernados debe de existir una solicitud hecha por escrito de forma pacífica y respetuosa, tal como lo establece la jurisprudencia XXI.1o.P.A. J/27 del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito (9ª), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, página 2167, Marzo de 2011, materia Constitucional, con el rubro siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS". Del criterio jurisprudencial anterior se advierte que los elementos del derecho de petición son los siguientes: I. La petición: que debe de formularse de forma pacífica a una autoridad y recabarse la constancia de su entrega. II. La respuesta: que la autoridad deberá de emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; asimismo, la contestación deberá ser congruente con la petición planteada y notificarla de forma personal al promovente. Ahora, es necesario traer a contexto lo previsto por el artículo 26 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, que señala: "Artículo 26. Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo para algún supuesto en particular, la dependencia, entidad u organismo descentralizado, desconcentrado, paraestatal o paramunicipal deberá resolver lo conducente en un plazo no mayor a noventa días naturales. Transcurrido el plazo aplicable, sin que se haya dictado resolución, ésta se entenderá en sentido positivo o negativo al promovente, en términos de lo que disponga la Ley. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver. Igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido negativo. En el caso de que se recurra al sentido positivo o negativo según sea el caso, por falta de resolución, y ésta a su vez no se resuelva dentro del mismo término, se entenderá confirmado el sentido de la misma." Del precepto transcrito se desprende que la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca estatuye que las autoridades estatales o municipales deberán resolver lo conducente en cuanto al ejercicio del derecho de petición en un plazo no mayor a noventa días naturales. En el caso, Apolinar Domínguez Cantela reclama de la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca, la omisión de dar contestación a su escrito presentado el veintitrés de septiembre del año en curso, cabe señalar que el promovente en el apartado del acto reclamado manifiesta que lo presentó el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte; sin embargo, en el presente caso se tomará como fecha la que señaló en los antecedentes del acto reclamado que relata bajo protesta (veintitrés de septiembre de dos mil veinte). Tal situación se destaca porque el artículo 26 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, estatuye que los órganos estatales o municipales deberán resolver lo conducente en cuanto al ejercicio del derecho de petición en un plazo no mayor a noventa días naturales, lapso que se entiende como el que racionalmente se requiere para estudiar la petición y acordarla. En ese contexto, se tiene en cuenta que a la fecha de la promoción del presente juicio de amparo indirecto -el dos de octubre de dos mil veinte- sólo han transcurrido nueve días naturales desde que el disidente presentó el ocurso que contiene sus peticiones -veintitrés de septiembre de dos mil veinte- (aun cuando se tomara como fecha el veinticuatro), por lo que la responsable aún se encuentra dentro del plazo legal de noventa días naturales para emitir la contestación correspondiente; de ahí que la omisión atacada sea inexistente, lo que conduce a estimar que en cuanto a ese acto reclamado se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracciones IV y V del propio ordenamiento. Por consiguiente, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable las causales de improcedencia analizadas, porque con ningún medio de prueba podrían desvirtuarse, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de amparo se desecha de plano la demanda de amparo, respecto del acto precisado atribuido a la responsable señalada. Apoya lo anterior, por sus argumentos, la jurisprudencia número 749, publicada en la página 505, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." Es necesario precisar que la determinación adoptada no deja en estado de indefensión a Apolinar Domínguez Cantela, porque en el supuesto de que la autoridad responsable no haya dado respuesta al escrito que presentó el veintitrés de septiembre del año en curso y hubiese transcurrido el plazo previsto por el arábigo 26 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca puede volver a promover el juicio constitucional en el caso de que lo estime conveniente. Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir acuerdos y notificaciones el que indica, y por autorizados para tales efectos a las personas que menciona, toda vez que no se encuentran registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a la actuaria judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Herramientas a disposición de las partes, para la consulta del expediente. Se hace del conocimiento de las partes que con base en el referido acuerdo general 21/2020, pueden comunicarse a este órgano jurisdiccional vía telefónica y por correo electrónico a fin de conocer el estado procesal de su asunto, para tal fin pueden acceder al sitio de internet serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea en donde encontrarán el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" a través del cual pueden consultar las listas de acuerdos y de sesión de Juzgados y Tribunales de Circuito, el directorio de órganos jurisdiccionales, así como agendar una cita para acudir a este Juzgado a consultar este expediente. En el entendido de que deberán ajustarse al procedimiento indicado en los artículos 3 a 7 del multicitado acuerdo 21/2020, para generar un código QR individualizado, a fin de que asista un máximo de dos personas por cita, quienes deberán identificarse debidamente, someterse al control sanitario de ingreso y respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las persona que para tal fin autoricen puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previa coordinación con la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a las reglas de la consulta física, a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran este expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia o resolución que se llegue a dictar, se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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