Aquiles Luján Carreño
Expediente 108/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 35 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 108/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 35
- Última actuación
- 07/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Aquiles Luján Carreño
- Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, Sede Tanivet, Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 35.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de julio de dos mil veintidós. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera recurso de revisión contra la sentencia que sobreseyó en el juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Dado que se sobreseyó en este juicio de amparo conforme a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del propio acuerdo, este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso a) del numeral 21 del acuerdo de observancia general invocado; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción de este cuaderno. De igual forma, toda vez que la parte quejosa exhibió junto con su demanda de amparo, diversos documentos entre los que se encuentra una factura y otros, los cuales son considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En consecuencia, de conformidad con el numeral 18 cuarto párrafo del citado Acuerdo General, los documentos referidos quedan a disposición de la parte quejosa en la Secretaría de este órgano jurisdiccional, para que dentro del plazo de noventa días, siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este órgano jurisdiccional a recogerlos, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el presente expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE LA PARTE QUEJOSA.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de julio de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se concedió en parte la suspensión provisional y se negó la definitiva; que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió en parte la suspensión provisional y se negó la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la depuración del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) de la fracción I, artículo 18 del citado Acuerdo General. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del cuaderno original, para lo cual se ordena conservar la demanda de amparo el auto donde se proveyó lo relativo a la suspensión provisional. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 108/2022, promovido por ****, contra los actos de las autoridades que se mencionan más adelante. ANTECEDENTES Según consta en autos a juicio del quejoso, señala como autoridades responsables a las siguientes: al Juzgado del circuito judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca y otras autoridades, de quienes reclamó una orden privativa de libertad y su ejecución material, entre otros. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ****, promovió juicio de amparo mediante escrito presentado el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, a través de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec y enviado el mismo día a este Juzgado de Distrito, al que correspondió por razón de turno. El quejoso denunció la violación de los artículos 1, 14, 16, 18, 20 apartado "B" y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La demanda fue remitida a este Juzgado de Distrito por razón de turno, donde quedó registrada con el número 108/2022. Por acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, se indicó que la denominación correcta de las autoridades que el quejoso señaló como director de la Policía Vial Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca y al director de la Policía Vial Municipal del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, es: De la primera, Director General de la Policía Vial Estatal de Oaxaca. De la segunda, Director de Movilidad del Municipio de Oaxaca. En proveído de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, se precisó que las denominaciones correctas del comandante de la Guardia Nacional y del comandante de la Guardia Nacional División Caminos, ambos dependientes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de la República, son: comandante de la Guardia Nacional y director de la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional. Una vez agotados los trámites correspondientes, se llevó a cabo la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque las autoridades señaladas como responsables en este juicio de amparo indirecto tienen su residencia o los actos reclamados pretenden ejecutarse dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo, permite sostener que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables lo siguiente: Autoridades ordenadoras Juzgado del circuito judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca. Coordinador Especial de Robo de Vehículos adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Fiscal General del Estado de Oaxaca. Fiscal Especializado para la Atención a Delitos de Alto Impacto, de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Orden de aprehensión (a la autoridad jurisdiccional); Orden de aseguramiento del vehículo de motor marca BMW, año dos mil diez, tipo X6-X6 X Drive 35IA, cinco puertas, seis cilindros, motor número 05967155, serie WBAFG4102AL342851, color exterior mineral silver, color interior beige, con placas de circulación JLZ5091, del Estado de Jalisco; y la orden de su inscripción en el Registro Público Vehicular (autoridades administrativas). Autoridades ejecutoras Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Comisionado de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca. Comandante de la Guardia Nacional, dependiente de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de la República. Comandante de la Guardia Nacional División Caminos, dependiente de la Secretaria de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, del Gobierno de la República. Director General de la Policía Vial Estatal de Estado de Oaxaca. Director de Movilidad del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Ejecución material de los mandamientos emitidos. V. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Las autoridades responsables al rendir sus informes justificados, negaron categóricamente la existencia de los actos reclamados. No. Denominación autoridad responsable Sentido 1 Director de Asuntos Jurídicos en representación del fiscal General del Estado de Oaxaca Niega 2 Fiscal Especializado para la Atención a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca Niega 3 Servidor público designado por acuerdo del coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones Niega 4 Juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca Niega 5 Director de Movilidad Municipal del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez Niega 6 Jefe del Departamento de la Dirección General de Asuntos Jurídicos en representación de la Dirección General del Registro Público Vehicular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Niega 7 Director Jurídico de la Policía Estatal en representación del comisionado Niega 8 Jefe del Departamento Jurídico de la Dirección General de la Policía Vial Estatal Niega 9 Director General de Amparos y Contencioso en representación del Comandante de la Guardia Nacional Niega 10 Coordinador de las Mesas Especiales de Robo de Vehículos adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto Niega Siendo así, lo procedente es sobreseer en el juicio debido a que la parte quejosa no ofreció ni exhibió prueba alguna con la que se desvirtúe la negativa de las autoridades responsables; lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en lo conducente, dispone: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Tal precepto, establece que en el supuesto de que no llegaran a existir los actos reclamados, sin que se probare su existencia en la audiencia constitucional respectiva, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo. Cabe señalar, que la parte quejosa del juicio de amparo tiene la carga de la prueba, es decir, el promovente del amparo está obligado a demostrar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia de los actos que impugna y a justificar con pruebas, que éstos sean inconstitucionales. Resulta ilustrativa la Jurisprudencia VI.2o.J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, correspondiente a la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 210769, de rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que la autoridad ejecutora Comandante de la Guardia Nacional División Caminos, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de la República, cuya denominación correcta es director de la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional, no haya rendido informe justificado a pesar de haber quedado notificado de la solicitud del mismo desde el dieciocho de mayo de dos mil veintidós; debido a que precisamente su calidad de autoridad ejecutora hace depender su accionar de lo mandado por las autoridades ordenadoras y en virtud que todas las responsables negaron la existencia del acto reclamado, tal sobreseimiento se hace extensivo al director de la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional. Sin que sea el caso presumir la existencia del actor reclamado en términos del párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, pues, como ya se indicó, quedó demostrado no existen los actos reclamados. Asimismo, no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que al rendir informe justificado el coordinador de las Mesas Especiales de Robo de Vehículos adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, si bien negó el acto reclamado, también los es que indicó que luego de una búsqueda minuciosa en los archivos con que cuenta, encontró que el día cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en la mesa Tres de Robo de Vehículos, se inició la carpeta de investigación 36457/FDAI/UERV/2022, por el robo de la unidad de motor que defiende el quejoso en esta instancia. Con ese motivo, por acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, se requirió a la parte quejosa, para que, si era su deseo ampliara la demanda de amparo. Lo que no aconteció, por lo que, en proveído de cinco de abril de dos mil veintidós, se certificó dicha circunstancia y se ordenó continuar con la prosecución del juicio los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables originalmente. Asimismo, tales negativas no se desvirtúan con la exhibición de la factura UNIPOI 266, de trece de febrero de dos mil quince, del vehículo de motor en cuestión, que ostenta una cesión de derechos suscrita por Armando Leyva Toscano a favor del promovente del amparo, fechada el veinte de octubre -al parecer- del año dos mil diecinueve (respecto a la anotación del año suscrito con tinta azul al reverso de la citada factura se advierte remarcado el número uno "1" encima de otro arábigo que podría ser el "9" o "4" o "0" o cualquier otro); porque, dicha cesión de derechos no solo es un acto jurídico privado de fecha incierta, sino que tampoco desvirtúa de modo alguno la negativa de las autoridades responsables Como tampoco se observa que con la exhibición de los diversos recibos de pago correspondientes al refrendo anual del pago de placas vehiculares de dicho auto motor, así como la tarjeta de circulación, se advierta la existencia de los actos reclamados, debido a que estos se encuentran suscritos a nombre de Armando Leyva Toscano, y no del promovente del amparo, de ahí que la parte quejosa no aporta ningún medio de convicción, que adminiculado con la documental privada que exhibe (factura) acredite sus derechos de propiedad y posesión respecto del vehículo de motor en cuestión, ni pruebe la existencia de los actos reprochados a las responsables. Es decir, la sola exhibición de la factura -con cesión de derechos-, misma que contiene una alteración en la referida cesión, precisamente en relación al año, pues se advierte encimado el número uno sobre el penúltimo arábigo; aunado a que, pese a salvar dicho error, la citada documental resulta ser de fecha incierta, pues, no está adminiculada con ningún otro documento público, que haga presumir a este órgano jurisdiccional que el impetrante detenta la propiedad del vehículo de motor que refiere desde una fecha determinada, y aun probando ese punto, no hace fehaciente la existencia de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.4o.C. J/20, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y testo siguientes: DOCUMENTOS PRIVADOS DE FECHA CIERTA. Es verdad que conforme a lo dispuesto por el artículo 2034, fracción III del Código Civil, y las tesis de jurisprudencia emitidas, respectivamente, por la otrora Tercera Sala y la actual Primera Sala, ambas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros son: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS." e "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO.", los hechos que hacen cierta la fecha en un documento privado, son: la inscripción en el Registro Público de la Propiedad; la entrega del documento a un funcionario público en razón de su oficio, y la muerte de cualquiera de los que lo firmen. Sin embargo, la circunstancia de que el documento privado en sí no tenga alguna de esas características, no veda a quien lo exhibe de su derecho para acreditar, por cualquier otro medio, su certeza; pero esos hechos que se invoquen y demuestren deben ser tales, que de ello surja como consecuencia necesaria la existencia del documento al tiempo en que se verificaron, es decir, deben ser capaces de eliminar la posibilidad de que sea de una fecha diversa. De ahí que, se reitera, es procedente sobreseer en el juicio por inexistencia de los actos reclamados, ante la falta de pruebas idóneas para desvirtuar la negativa de las autoridades responsables. DECISIÓN En consecuencia, como la parte quejosa no demostró la existencia del acto anteriormente precisado, se sobresee en el juicio por lo que hace a dichas autoridades y actos reclamados, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de Jurisprudencia número 310, consultable en la página 209, Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 394266, de rubro y texto siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. También cobra vigencia en su aplicación al caso, la tesis aislada VI.2o.A.4K que sustenta el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, Materia Común, Novena Época del siguiente tenor: PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Precisión respecto de las jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis aisladas citadas en esta sentencia, anteriores a la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, continúan siendo obligatorias y aplicables, en términos de los artículos Décimo y Decimoprimero transitorios, respectivamente del Decreto publicado el siete de junio de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, por el cual, se reformó la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ****, contra las autoridades a que se refiere el apartado IV de esta resolución. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de junio de dos mil veintidós. Incorpórese a los autos el informe justificado del director General de Amparos y Contencioso en representación del Comandante de la Guardia Nacional, sin que haya lugar a dictar mayor proveído, en virtud que por acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, se proveyó lo relativo a una misiva de la misma autoridad con similar contenido. CÚMPLASE.
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