Apolinar Castro Bautista

Expediente 711/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
711/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
12/07/2017

Partes del expediente

  • Apolinar Castro Bautista
  • María del Refugio Almazán Ávila

Actuaciones

  1. Principal

    A sus autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual informa que se avocó al conocimiento del juicio de amparo al rubro citado, registrándolo bajo el número de amparo directo laboral 473********************. En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el juicio en que se actúa como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo. Luego, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción I, del citado acuerdo, el cuaderno de antecedentes transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se destruirá en su totalidad, porque la suscrita se declaró legalmente incompetente para conocer la demanda de amparo. Finalmente, en cumplimiento a lo que establecen los puntos décimo primero, párrafo segundo, del capítulo tercero, vigésimo y vigésimo primero del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente a criterio de esta juzgadora no es de relevancia documental, histórica ni jurídica, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio.

  2. Principal

    Visto el escrito de demanda de amparo promovida por Apolinar Castro Bautista, por conducto de su apoderado legal Jesús Montalván Ramírez, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este órgano jurisdiccional, con el número 711/2017 y fórmese el expediente respectivo. Ahora bien, analizada la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el auto de treinta de mayo de dos mil diecisiete, dictado en el juicio laboral 571/2014, por el que la autoridad responsable declara la caducidad de la instancia y ordena el archivo del precitado juicio como asunto total y definitivamente concluido. Por lo tanto, la suscrita considera que este juzgado de distrito no es legalmente competente para conocer de la demanda de garantías en estudio. Lo anterior es así, pues el artículo 170, de la Ley de Amparo dispone: "El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." Por su parte, el artículo 47 de la Ley de Amparo, dispone: ".Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda." En efecto, de los artículos en comento, se advierte que el amparo directo procede, contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que ponen fin al juicio, respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas y que se promoverá por conducto de la autoridad responsable. En el caso a estudio, el auto de treinta de mayo de dos mil diecisiete, dictado en el juicio laboral 571/2014, por el que la autoridad responsable declara la caducidad de la instancia y ordena el archivo del precitado juicio como asunto total y definitivamente concluido; constituye una resolución que pone fin al juicio, toda vez que la ley 248 del Estado de Guerrero, no concede recurso ordinario alguno por el que dicha resolución pueda ser modificada o revocada. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 139/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y seis del Tomo XVI, diciembre de dos mil dos, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro electrónico 185437, que establece: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO AGRARIO. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO QUE LA DECRETA, ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De la interpretación sistemática de los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se concluye que el amparo directo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito es procedente contra la resolución que declara la caducidad por inactividad procesal en términos del artículo 190 de la Ley Agraria, en virtud de que ese acto importa la emisión de una resolución que pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal, dictada por un tribunal administrativo, como lo es un Tribunal Unitario Agrario, respecto de la cual, las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno por el que dicha resolución pueda ser modificada o revocada, de manera que en ese supuesto resultará improcedente el recurso de revisión en materia agraria contenido en el numeral 198 de la Ley Agraria, e inaplicable la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional relativa prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." En tal virtud, este Juzgado Federal declara carecer de competencia legal para conocer de la presente demanda; por consiguiente, se determina remitir el presente expediente con sus anexos, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito en Turno, con residencia en esta ciudad, para que resuelva lo que en derecho corresponda, con fundamento en el artículo 41 de la Ley de Amparo. Fórmese, cuaderno de antecedentes con las constancias necesarias del expediente en que se actúa, para los efectos legales procedentes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda; y, dada la materia del juicio como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica, aunado a que se aprecia que la parte quejosa no es parte patronal. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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