Apolonia Lázaro Catalán
Expediente 999/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 999/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Apolonia Lázaro Catalán
- Apolonia Lázaro Catalán y Otros.
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. En principio, agréguese a los autos el oficio y anexo enviados vía electrónica por la Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto con número de orden 513/2023 y número de origen E-252/2023, del índice de este Juzgado Federal, que le fuera enviado a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, notificara a la parte quejosa el auto de tres de agosto de dos mil veintitrés. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y dese de baja la citada comunicación oficial. Ahora bien, de la constancia remitida por el juzgado exhortado se advierte que se encuentra debidamente notificada la parte quejosa del auto tres de agosto de la presente anualidad, circunstancia que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. En otro orden, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Acapulco, Guerrero, por medio del cual hace del conocimiento que admitió a trámite el conflicto competencial propuesto por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, cuyo número de registro es ********************; lo que transcribe en vía de notificación para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Bianca Sayuri Mora Peralta, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargada del Despacho por periodo vacacional de la Titular de este órgano jurisdiccional, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", autorizada en sesión celebrada el tres de julio de dos mil veintitrés, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/4018/2023, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio con número de folio de correspondencia 13900, signado electrónicamente por la Persona Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto con número de orden 493/2023 y numero de origen E-237/2023, del índice de este Juzgado Federal, que le fuera enviado a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, notificara a la parte quejosa el auto veintiuno de julio de la presente anualidad; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y dese de baja la citada comunicación oficial. Ahora bien, de las constancias remitidas por el homólogo, se advierte que se encuentra debidamente notificada la parte quejosa del auto veintiuno de julio de la presente anualidad, circunstancia que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. En otro contexto, agréguese a los autos la boleta de turno recibida vía correo electrónico, relativa al conflicto competencial planteado por este órgano jurisdiccional, de la cual se desprende que dicho asunto fue turnado al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco de Juárez, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, tres de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el oficio y anexos signados por la persona Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, por medio del cual estima carecer de competencia para resolver el presente juicio de amparo, promovido por **************************************. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero insiste en declinar la competencia por las razones siguientes: El Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en ********************, estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo al considerar que el acto reclamado en el presente juicio de amparo comenzó a ejecutarse en la residencia de este órgano jurisdiccional, esto es por anteriormente encontrarse recluida en el centro regional de reinserción social con residencia en esta ciudad. Por lo que, resulta competente para conocer de la demanda de mérito este órgano jurisdiccional. Al respecto, la suscrita difiere de los argumentos realizados por dicho Juez Federal, por lo cual se insiste y reitera en que la competencia para conocer del presente juicio de amparo debe recaer en el mencionado juzgado, esto es así, dada las consideraciones expuestas en auto de veintiuno de julio de la presente anualidad. Sobre el tema se insiste que, la parte quejosa reclama, la falta de trabajo remunerado y la lejanía familiar que representa estar recluida en un centro de reclusión fuera del lugar de donde vive su familia, que trasciende en su libertad personal y emocional por sufrir de una enfermedad crónica, pidiendo en esencia el traslado voluntario del Centro Federal Femenil N° 16 "CPS" Morelos, al diverso Centro de Reinserción Social de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. Reiterando que, la competencia para conocer de la solicitud de traslado voluntario que se sustenta en la necesidad de estar cerca de su hija y familiar corresponde, en primer término, a la autoridad penitenciaria donde se encuentra interna, en términos de los artículos 107, 108, fracción I y 109 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, donde se establece que toda persona privada de la libertad en los centros de reclusión está legitimada para formular peticiones administrativas a la autoridad penitenciaria donde se encuentra interna, en contra de hechos, actos u omisiones relacionados con las condiciones de internamiento, las que deberán ser sustanciadas conforme a la ley nacional en comento, a fin de que la autoridad penitenciaria provea sobre la necesidad del servicio requerido hasta garantizar condiciones de internamiento dignas y seguras. Tal y como lo ilustra la Tesis aislada I.10o.P.8 P (11a.), localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Undécima Época, Libro 21, Enero de 2023, Tomo VI, página 6351 (registro 2025798), de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UNA SOLICITUD DE TRASLADO VOLUNTARIO QUE SE SUSTENTA EN LA NECESIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA REQUERIDA POR UNA RECLUSA. SE SURTE A FAVOR DE LA AUTORIDAD PENITENCIARIA DONDE SE ENCUENTRA INTERNA. Hechos: Una interna en un centro de reinserción social de la Ciudad de México solicitó a un Juez de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, ser trasladada voluntariamente a diverso centro de reclusión, lo que sustentó en la necesidad de atención médica especializada que requiere su precario estado de salud; como la autoridad judicial no tenía noticia de que la reclusa estuviese compurgando la ejecución de alguna pena, declinó el conocimiento del asunto al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal que instruye el procedimiento de la interesada; debido a que el Juez Federal consideró carecer de competencia para pronunciarse al respecto, porque el centro de reinserción en el que se encuentra la reclusa forma parte del sistema penitenciario de orden local, declinó en favor de un Juez en Materia Penal de Ejecución de Sanciones Penales del Sistema Penal Acusatorio de la Ciudad de México, quien a su vez no aceptó la competencia porque estimó que esa solicitud versaba sobre la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la competencia para conocer de la solicitud de traslado voluntario que se sustenta en la necesidad de atención médica especializada requerida por una reclusa corresponde, en primer término, a la autoridad penitenciaria donde se encuentra interna, en términos de los artículos 107, 108, fracción I y 109 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Justificación: Acorde con los artículos 107, 108, fracción I y 109 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, toda persona privada de la libertad en los centros de reclusión está legitimada para formular peticiones administrativas a la autoridad penitenciaria donde se encuentra interna, en contra de hechos, actos u omisiones relacionados con las condiciones de internamiento, las que deberán ser sustanciadas conforme a la ley nacional en comento, a fin de que la autoridad penitenciaria provea sobre la necesidad del servicio requerido hasta garantizar condiciones de internamiento dignas y seguras. Por ello, la autoridad competente para conocer, no de un traslado voluntario propiamente dicho, sino de la asistencia médica solicitada, sea preventiva, de tratamiento para el cuidado de la salud y si el caso lo requiere, de una asistencia médica avanzada en un centro penitenciario distinto, corresponde al director del centro de reinserción donde se encuentra la persona recluida, no sólo porque el lugar se encuentre bajo el ámbito de su competencia, sino también porque la petición debe decidirse en relación con el tipo de asistencia médica que brinda el centro penitenciario, a fin de proporcionar la asistencia médica requerida (de primer nivel, avanzada o bien, hasta su remisión a un centro de salud público), todo esto en los términos que establezcan la ley y demás disposiciones administrativas que le sean aplicables." Por su parte, el artículo 24 de la Ley Nacional de Ejecución Penal señala que son competentes para conocer del procedimiento de ejecución penal la autoridad jurisdiccional en cuya circunscripción territorial se encuentre la persona privada de la libertad, independientemente de la circunscripción territorial en la que se hubiese impuesto la sanción en ejecución, dada la aplicación obligatoria de esa norma en todo el territorio nacional, de conformidad con el artículo 73, fracción XXI, inciso c), Constitucional, y 2 de la ley nacional de referencia, se debe entender que la norma en análisis contempla también una distinción por razón de fuero, pues en un sistema federal como el nuestro, los fueros constitucional, federal y local pueden coexistir en un mismo territorio. En esas condiciones, cuando se promueva una controversia judicial relativa a las condiciones de internamiento en un centro penitenciario, la distinción del fuero competente para conocer de la misma deberá resolverse en atención al que corresponda con el del centro penitenciario en el que se encuentre la persona privada de su libertad, pues es el órgano judicial competente para resolver sobre la legalidad de las disposiciones normativas con base en las cuales se habrá de resolver el conflicto, como sería el reglamento del centro penitenciario y las demás condiciones administrativas que sirvan de sustento para ordenar su operación. Esto obedece también a un principio de concentración, pues de adoptarse un criterio de competencia en función del fuero del órgano que emitió la resolución que mantiene a la persona privada de su libertad, no se resolvería el problema en muchos otros supuestos, pues habrá casos en los que una persona se encuentre privada de su libertad con motivo de diversas causas penales que se lleven ante órganos jurisdiccionales de distintos fueros, lo que generaría incertidumbre para la persona en reclusión, respecto dela autoridad a la que debe acudir para oponer la controversia. En ese contexto, queda demostrado que el acto reclamado tiene efectos positivos y ejecución material toda vez que se hace consistir en el traslado voluntario del Centro Federal Femenil N° 16 "CPS" Morelos, al diverso Centro de Reinserción Social de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; esto es, sus efectos trascienden al mundo fáctico, porque la autoridad que habrá de determinar sobre el traslado es la autoridad jurisdiccional en cuya circunscripción territorial se encuentre la persona privada de la libertad. Apoya las anteriores consideraciones la Tesis Jurisprudencial 1a./J. 10/2021 (11a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Undécima Época, Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, página 1703 (registro 2023554), de rubro y texto: "CONTROVERSIAS RELACIONADAS CON CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. ES COMPETENTE PARA RESOLVERLAS LA JUEZA O EL JUEZ DE EJECUCIÓN DEL TERRITORIO Y FUERO DEL CENTRO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron posturas contrarias en torno a la Jueza o al Juez de Ejecución que es competente para conocer de una controversia judicial sobre las condiciones de internamiento de una persona privada de su libertad con motivo de una pena de prisión o prisión preventiva impuesta por un órgano jurisdiccional de un fuero y entidad federativa diversa de aquella que corresponde al centro penitenciario en el que se encuentra recluida, en términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Criterio jurídico: La competencia para conocer de una controversia judicial sobre las condiciones de internamiento corresponde a la autoridad jurisdiccional de ejecución del mismo fuero y territorio del centro penitenciario en el que se encuentra la persona privada de su libertad, con independencia del fuero o entidad federativa en la que se emitió la determinación que restringió su libertad personal. Justificación: El artículo 24 de la Ley Nacional de Ejecución Penal señala que son competentes para conocer del procedimiento de ejecución penal la autoridad jurisdiccional en cuya circunscripción territorial se encuentre la persona privada de la libertad, independientemente de la circunscripción territorial en la que se hubiese impuesto la sanción en ejecución. Dada la aplicación obligatoria de esa norma en todo el territorio nacional, de conformidad con el artículo 73, fracción XXI, inciso c), constitucional, y 2 de la ley nacional de referencia, se debe entender que la norma en análisis contempla también una distinción por razón de fuero, pues en un sistema federal como el nuestro, los fueros constitucional, federal y local pueden coexistir en un mismo territorio. En esas condiciones, cuando se promueva una controversia judicial relativa a las condiciones de internamiento en un centro penitenciario, la distinción del fuero competente para conocer de la misma deberá resolverse en atención al que corresponda con el del centro penitenciario en el que se encuentre la persona privada de su libertad, pues es el órgano judicial competente para resolver sobre la legalidad de las disposiciones normativas con base en las cuales se habrá de resolver el conflicto, como sería el reglamento del centro penitenciario y las demás condiciones administrativas que sirvan de sustento para ordenar su operación. Esto obedece también a un principio de concentración, pues de adoptarse un criterio de competencia en función del fuero del órgano que emitió la resolución que mantiene a la persona privada de su libertad, no se resolvería el problema en muchos otros supuestos, pues habrá casos en los que una persona se encuentre privada de su libertad con motivo de diversas causas penales que se lleven ante órganos jurisdiccionales de distintos fueros, lo que generaría incertidumbre para la persona en reclusión, respecto de la autoridad a la que debe acudir para oponer la controversia." En mérito de lo expuesto, y al insistir este juzgado federal en declinar la competencia para conocer de la demanda de amparo por las razones expuestas en párrafos precedentes; con fundamento en el artículo 48, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, remítanse los autos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en Turno, con residencia en ********************, para que conozca del conflicto competencial. Sin necesidad de formar cuaderno de antecedentes toda vez que ya existe, formado con motivo de la incompetencia planteada el veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Lo anterior, hágase del conocimiento del Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, para los efectos legales procedentes. En otro orden, la quejosa se encuentra interna en el Centro Penitenciario Federal Número 16, CPS, Femenil Morelos, en Ocotlán del Río, Morelos; en conciencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Morelos, en turno, con residencia en Cuernavaca, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado federal, ordene a quien corresponda se constituya en el Centro Penitenciario Federal Número 16, CPS, Femenil Morelos, en Ocotlán del Río, Morelos, y notifique a la quejosa ********************el presente proveído, haciéndole entrega de copia simple del mismo. Una vez hecho lo anterior, se sirva devolver la referida comunicación oficial con las constancias de notificación respectiva, o en su defecto, con el impedimento que tenga para ello. Notifíquese y por exhorto a la parte quejosa.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda presentado por Apolonia Lázaro Catalán, por propio derecho, contra actos del Director del Centro Federal Femenil Número 16 CPS Morelos, y otra autoridad. Registro demanda, tramitación e integración del expediente electrónico y físico. Anótese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE de registro de juicios de amparo con el número 999/2023-MESA-B2 que le corresponde. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el numeral SEXTO transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, fórmese el expediente electrónico, y en lo conducente el expediente físico. Con apoyo en los preceptos legales 24, 251, 252, 253 y 263 del referido acuerdo general, se ordena a la persona oficial judicial "C" la digitalización diaria de todas las promociones, documentos que presenten las partes, comparecencias, certificaciones devolución de documentos, títulos de crédito, entre otros, audiencias, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; a las personas actuarias, se ordena la digitalización y vinculación al expediente electrónico diariamente de todas las constancias de notificaciones personales y de oficios, actas, citatorios y razones de notificación o de imposibilidad que elaboren, sellos de lista, así como de todo lo correspondiente al área de actuaría; y a las personas secretarias se ordena cerciorarse de la debida integración del expediente correspondiente. INCOMPETENCIA En principio, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 107, fracción VII, dispone como norma general de competencia, que el amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos de autoridad administrativa, se promoverá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciando en la audiencia la sentencia. La ejecución del acto es un factor de competencia que facilita a las personas el acceso al amparo, al prever que podrá presentarse la demanda ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado deba ejecutarse, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. El artículo 37 de la Ley de Amparo, desarrolla la disposición constitucional y establece las hipótesis para fijar la competencia del Juez de Distrito: a) El que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En estas hipótesis, el denominador común es que el acto por su naturaleza conlleva una ejecución material, y en los verbos utilizados, se prevé los tres posibles momentos, la inminencia de la ejecución, con las palabras deba tener ejecución o trate de ejecutarse; la acción que se actualiza en el momento, cuando la ejecución ya se está desarrollando, que se halla en el gerundio "ejecutando" y la acción pasada, lo que ya ocurrió, al usar el verbo "ejecutado". b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. c) La ejecución debe ser material porque cuando ésta no se produce ni se puede producir, la competencia se surte para el Juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. La naturaleza de los actos reclamados puede dar lugar a que sean positivos, declarativos o negativos, o prohibitivos; si es declarativo o negativo no tendrá ejecución material; puesto que la primera solamente es un reconocimiento formal de la realidad, y la segunda, implica una abstención, una negativa de la autoridad a obrar en tal o cual sentido, mientras que en los prohibitivos es una orden de la autoridad tendiente a impedir una conducta del particular afectado, por lo que si la autoridad se rehúsa u omite actuar en la forma solicitada por la parte quejosa, u ordena un no hacer, es incuestionable que ese tipo de actos carece de ejecución material. En cambio, si el acto tiene efectos positivos, participará en la característica de ejecutable, ya que sus efectos transcienden al mundo fáctico, verbigracia, al ordenar la autoridad la realización de alguna conducta o imponer una medida de apremio. Aunque los actos puedan expresarse en forma negativa, su naturaleza es positiva cuando entrañan la privación del ejercicio de un derecho o cuando en virtud de esa negativa la autoridad pueda actuar en forma positiva afectando la esfera jurídica del quejoso; por lo que cualquiera que sea la forma de expresión que emplee la autoridad, sea concediendo o negando lo que se le pidió, sea ordenando o prohibiendo, para definir la naturaleza negativa del acto habrá que analizar, en cada caso, si el mismo redunda en una abstención de otorgar o reconocer a la parte quejosa el derecho que le corresponde; o para definir su carácter positivo, habrá de advertir si impone a la quejosa una carga a la que no se está obligada, o le priva o limita algún derecho que figura en su patrimonio jurídico; y si por estas consecuencias habrá una ejecución material que incida en la esfera jurídica del quejoso. Entonces el artículo 37 de la Ley de Amparo, cuando utiliza las palabras "ejecución material", está definiendo el denominador común para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo. Tal expresión debe entenderse en el sentido de que, con la emisión del acto reclamado, se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o porque sus efectos conlleven a esa situación; es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo factico o real. Entonces, lo esencial es determinar si el acto o resolución reclamada requiere de ejecución material, esto es, que deba ejecutarse; y, lo que hace la diferencia es el lugar donde deba ejecutarse, se ha tratado de ejecutar, se esté ejecutando o si el acto ya se ejecutó; por lo que también ha de atenderse a sí esas acciones materiales ocurren en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, en razón de que la primera se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. En el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama, la falta de trabajo remunerado y la lejanía familiar que representa estar recluida en un centro de reclusión fuera del lugar de donde vive su familia, que trasciende en su libertad personal y emocional por sufrir de una enfermedad crónica, pidiendo en esencia el traslado voluntario del Centro Federal Femenil N° 16 "CPS" Morelos, al diverso Centro de Reinserción Social de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. Sobre el tema, la competencia para conocer de la solicitud de traslado voluntario que se sustenta en la necesidad de estar cerca de su hija y familiar corresponde, en primer término, a la autoridad penitenciaria donde se encuentra interna, en términos de los artículos 107, 108, fracción I y 109 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, donde se establece que toda persona privada de la libertad en los centros de reclusión está legitimada para formular peticiones administrativas a la autoridad penitenciaria donde se encuentra interna, en contra de hechos, actos u omisiones relacionados con las condiciones de internamiento, las que deberán ser sustanciadas conforme a la ley nacional en comento, a fin de que la autoridad penitenciaria provea sobre la necesidad del servicio requerido hasta garantizar condiciones de internamiento dignas y seguras. El artículo 24 de la Ley Nacional de Ejecución Penal señala que son competentes para conocer del procedimiento de ejecución penal la autoridad jurisdiccional en cuya circunscripción territorial se encuentre la persona privada de la libertad, independientemente de la circunscripción territorial en la que se hubiese impuesto la sanción en ejecución, dada la aplicación obligatoria de esa norma en todo el territorio nacional, de conformidad con el artículo 73, fracción XXI, inciso c), Constitucional, y 2 de la ley nacional de referencia, se debe entender que la norma en análisis contempla también una distinción por razón de fuero, pues en un sistema federal como el nuestro, los fueros constitucional, federal y local pueden coexistir en un mismo territorio. En esas condiciones, cuando se promueva una controversia judicial relativa a las condiciones de internamiento en un centro penitenciario, la distinción del fuero competente para conocer de la misma deberá resolverse en atención al que corresponda con el del centro penitenciario en el que se encuentre la persona privada de su libertad, pues es el órgano judicial competente para resolver sobre la legalidad de las disposiciones normativas con base en las cuales se habrá de resolver el conflicto, como sería el reglamento del centro penitenciario y las demás condiciones administrativas que sirvan de sustento para ordenar su operación. Esto obedece también a un principio de concentración, pues de adoptarse un criterio de competencia en función del fuero del órgano que emitió la resolución que mantiene a la persona privada de su libertad, no se resolvería el problema en muchos otros supuestos, pues habrá casos en los que una persona se encuentre privada de su libertad con motivo de diversas causas penales que se lleven ante órganos jurisdiccionales de distintos fueros, lo que generaría incertidumbre para la persona en reclusión, respecto de la autoridad a la que debe acudir para oponer la controversia. En ese contexto, queda demostrado que el acto reclamado tiene efectos positivos y ejecución material toda vez que se hace consistir en el traslado voluntario del Centro Federal Femenil N° 16 "CPS" Morelos, al diverso Centro de Reinserción Social de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; esto es, sus efectos trascienden al mundo fáctico, porque la autoridad que habrá de determinar sobre el traslado es la autoridad jurisdiccional en cuya circunscripción territorial se encuentre la persona privada de la libertad. Consecuentemente, en el caso opera la regla prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, relativa a que existe un lugar en el que el acto tendrá ejecución, porque lo relevante es que la materialización de la ejecución del acto reclamado será en el Estado de Morelos. Por tanto, con fundamento en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, se estima que es juez competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, el que reside en el Estado de Morelos. En consecuencia, este Juzgado Federal declara carecer de competencia legal para conocer del presente asunto, y con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda al Juez de Distrito en el Estado de Morelos en Turno, con sede en Cuernavaca, a fin de que decida si acepta o no la competencia planteada, para así estar en aptitud de proveer lo relativo, solicitándole atentamente el acuse de recibo correspondiente y copia certificada de la determinación que se dicte. Cuaderno de antecedentes. Con copia de las constancias necesarias fórmese cuaderno de antecedentes. En otro orden, la quejosa se encuentra interna en el Centro Penitenciario Federal Número 16, CPS, Femenil Morelos, en Ocotlán del Río, Morelos; en conciencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Morelos, en turno, con residencia en Cuernavaca, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado federal, ordene a quien corresponda se constituya en el Centro Penitenciario Federal Número 16, CPS, Femenil Morelos, en Ocotlán del Río, Morelos, y notifique a la quejosa Apolonia Lázaro Catalán el presente proveído, haciéndole entrega de copia simple del mismo. Una vez hecho lo anterior, se sirva devolver la referida comunicación oficial con las constancias de notificación respectiva, o en su defecto, con el impedimento que tenga para ello. Juicio en línea. Conforme lo establece el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, además, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Consulta del expediente. Hágase del conocimiento de las partes que, en caso de requerirlo, en términos de la circular 12/2009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante; en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Transparencia y datos personales. El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince, así como en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, también divulgada en dicho medio de comunicación oficial, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, del último cuerpo legal, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo regulado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que contempla las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el diario supracitado, el seis de febrero de dos mil catorce. Igualmente, que la sentencia que se dicte en el presente asunto es pública; que les asiste el derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales y, en caso de allegar constancias que estimen son de considerarse reservadas y confidenciales, deberán expresar la norma jurídica que les atribuye tal carácter; en la inteligencia que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique con dichos datos. En ese sentido, con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley y su publicación, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de sentencias especializado en el Sistema de Justicia Penal Adversarial, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de marzo de dos mil veinte. Se informa a las partes que están en posibilidad de consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente juicio constitucional, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; por tanto, en atención a lo estipulado en los artículos 34, 35, 36, y 55, y demás relativos de dicho acuerdo general, previa solicitud expresa y acceso otorgado, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, como firma electrónica o certificado digital institucional, podrán consultar el expediente electrónico relativo, así como solicitar que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales respectivas, en términos del artículo 26, fracción IV, de la legislación de la materia Finalmente, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jonny Reyes Infante, que autoriza y da fe.
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