Apolinar Basilio Flores

Expediente 428/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
428/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
03/05/2016

Partes del expediente

  • Apolinar Basilio Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refieren los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de quince de abril de dos mil dieciséis (fojas 12 a 18), mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por **********, por propio derecho, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta Ciudad. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento del juicio en que se actúa, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con apoyo en el artículo 214 de la ley en consulta, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Luego, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción I, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se destruirá en su totalidad, porque se desechó la demanda de amparo. En cumplimiento a lo que establecen los puntos décimo primero, párrafo segundo, del capítulo tercero, vigésimo y vigésimo primero del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente a criterio de esta juzgadora no es de relevancia documental, histórica ni jurídica, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo, promovida por****, por propio derecho, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, con sede en esta ciudad y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno bajo el número de folio 428/2016 y fórmese expediente. Ahora, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de amparo, es necesario seguir los lineamientos establecidos en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, del análisis íntegro de la demanda es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia. En tal sentido, se tiene que el peticionario de amparo Apolinar Basilio Flores, reclama en esencia la resolución interlocutoria de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, dictada en el juicio laboral 642/2015, en la que se declara improcedente el incidente de falta de personalidad interpuesto por el peticionario de amparo contra quien compareció en representación de la demandada al juicio de origen. Respecto de lo cual, esta Juzgadora advierte que el juicio de amparo intentado deviene improcedente respecto del acto reclamado expresamente, precisado en el capítulo respectivo, al actualizarse la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Los numerales y ordenamiento legal antes invocados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". Es pertinente precisar que el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada, establecía que cuando se reclamaran actos de tribunales judiciales emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto sería procedente cuando tuviesen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, esa ley, no señalaba que debía entenderse por ejecución de imposible reparación; sin embargo, la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció dos criterios orientadores a partir de los cuales se calificaba la procedencia del juicio de amparo contra actos de esa naturaleza. Así, se dijo que un acto dentro del juicio tenía una ejecución irreparable: a) Cuando sus consecuencias afectaran de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y, b) Cuando sus consecuencias afectaran a las partes en grado predominante o superior. Las tesis temáticas sobre los actos que dentro del juicio tienen una ejecución de imposible reparación y la procedencia del amparo indirecto contra resoluciones sobre personalidad (en la que se determinó la procedencia del juicio de amparo indirecto), son las siguientes: La primera es la sustentada por el Pleno de nuestro máximo tribunal, publicada en la página 9, del Tomo XX, Octubre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 180415, de rubro y texto siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Asimismo, la diversa Jurisprudencia P./J. 4/2001, del Tomo XIII, Enero de 2001, Novena Época, localizable en la página 11, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 190368, que expresa lo siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. Ahora bien, con la Ley de Amparo vigente, el artículo 107, fracción V, que con anterioridad se transcribió, sí establece lo que debe entenderse por un acto que dentro de juicio sea de imposible reparación. De esta manera, se pone de manifiesto que ahora los actos de ejecución irreparable, únicamente son aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior que antes establecía la Jurisprudencia ya mencionada. En torno a la vigencia de la Jurisprudencia sustentada sobre la interpretación de la Ley de Amparo abrogada, el artículo sexto transitorio del decreto de la nueva ley establece que: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley"; por lo cual, se considera que el texto de la nueva ley no permite la aplicación de la Jurisprudencia ya mencionada, en tanto que se opone al texto expreso de lo que debe entenderse por un acto de ejecución irreparable. Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan; es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales; es decir, aquéllos que lesionen el interés de una de las partes en el juicio que perdure cualquiera que sea el sentido de la resolución que se pronuncie en éste o bien haga imposible la prosecución del procedimiento, es decir, que cause a una de las partes un agravio no reparable en dicho fallo. Ahora bien, para establecer la improcedencia en el presente juicio, procede hacer una reseña de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad argumentó la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. a) Con fecha dieciocho de diciembre de dos mil quince, presentó formal demanda en la vía ordinaria laboral, en contra de Fredy o Alfredo Vázquez Adame y/o quien resultara responsable o propietario de la obra en construcción de la Escuela Telesecundaria de la Comunidad de Alpoyaconcingo perteneciente al Municipio de Ahuacotzingo, Guerrero, Región de la Montaña y/o Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Chilpancingo, en la que les reclamó diversas prestaciones. b) Demanda que fue admitida por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, registrada con el número 642/2015, misma que en el auto de radicación señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación demanda y excepciones, para el diecisiete de marzo de dos mil dieciséis. c) En la audiencia de ley prevista en el párrafo anterior, compareció el actor quejoso con su apoderado legal, mientras que por las demandadas, se hizo constar la presencia de **********, quien compareció como apoderado legal de ******e y, por el codemandado Instituto Mexicano del Seguro Social, se hizo constar la presencia de Adalberto Pérez Lira, como apoderado legal de dicho organismo. d) Durante la audiencia señalada, el apoderado legal de la parte quejosa en la intervención de la etapa de demanda y excepciones al correr traslado con el escrito de contestación de demanda y documentos, se inconformó con la comparecencia de Rigoberto Santos Pacheco e interpuso incidente de falta de personalidad en contra de dicho compareciente; motivo por el cual, dicha incidencia se resolvió en ese momento, acto que constituye el acto reclamado en el presente juicio. Ahora bien, el acto que ahora se reclama consistente en la resolución interlocutoria de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, dictada en el juicio laboral 642/2015, en la que se declara improcedente el incidente de falta de personalidad interpuesto por el peticionario de amparo contra quien compareció en representación de la demandada al juicio de origen, si bien constituye un acto que afecta derechos procesales, dado que en ella se declaró improcedente el incidente de personalidad planteado contra el compareciente de la parte demandada, lo cierto es que constituye una afectación formal. Esto es, no constituye una afectación a derechos sustantivos del ahora peticionario de amparo, dado que tiene como consecuencia que se continúe con la tramitación del juicio en sus diversas etapas, pero esos efectos son meramente formales y pueden desaparecer si en la resolución definitiva el quejoso obtiene sentencia favorable, de modo que el derecho afectado es de naturaleza adjetiva o procesal, ya que no existe la afectación material sobre algún derecho sustantivo reconocido en la Constitución o en los Tratados Internacionales, como la libertad, la propiedad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, entre otros. Por tanto, el que se hubiere declarado improcedente el incidente de personalidad planteado por el aquí quejoso contra quien compareció en representación de la parte demandada del juicio laboral 642/2015, en este momento no constituye un acto que genere una imposible reparación a los aquí inconformes, pues dicha determinación, en su caso, lleva implícita infracción a derechos adjetivos, con efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene un laudo favorable, en virtud de que los Tribunales laborales tienen la obligación de examinar la procedencia de la acción y determinar si se configuraron o no sus elementos. En esas condiciones, la resolución reclamada, no satisface las condiciones para que sea considerada como un acto dentro del juicio que tenga una ejecución irreparable, dado que constituye una violación de índole procedimental, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, el juicio de garantías indirecto procede únicamente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. En el presente asunto no se dan los presupuestos legales exigidos en el precitado artículo, dado que el acto reclamado antes precisado, no le causa de manera directa e inmediata a la parte quejosa, algún perjuicio cierto e inmediato de sus derechos sustantivos tutelados por la constitución federal, y en los tratados internacionales en el que el Estado Mexicano sea parte, pues no producen una afectación a las partes en el juicio en grado predominante, pues puede acontecer que al emitirse el laudo que resuelva el fondo del juicio de origen, sea favorable a los intereses del hoy quejoso, supuesto bajo el cual la afectación que en sus intereses jurídicos pudiere sufrir, sería subsanada; y, en caso contrario, podría ocurrir al juicio de amparo directo en contra de la resolución definitiva, donde podría alegar tanto la violación procesal que reclama, así como otras violaciones que en su perjuicio considere se cometieran durante la secuela procesal, razones por las cuales se concluye que la demanda de amparo resulta improcedente. Las consideraciones anteriores tienen sustento en la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, página 39, con registro 2006589, cuyo rubro y texto son: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En tales condiciones, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, lo que obliga a desechar la demanda en estudio por su notoria improcedencia, con fundamento en el precitado artículo 113 de la propia ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que al efecto se indica en su demanda y como su autorizado en términos del artículo 12 de la ley de amparo a Joel Ríos Serrano, por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.

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