Antonio Xala Ruiz

Expediente 169/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
169/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
23/04/2021

Partes del expediente

  • Antonio Xala Ruiz

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que no fue recurrida dentro del término legal la determinación de veinticinco de marzo del año en curso, por la cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que quedó firme. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse las hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Por lo que ve al original del incidente de suspensión, a consideración del suscrito será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), del citado acuerdo, toda vez que se negó la suspensión definitiva del acto reclamado; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para su mejor resguardo. Atendiendo al artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo de seis meses. Tomando en consideración que resulta innecesaria la retención de las copias certificadas del juicio oral ordinario F-2013/2019, que como justificación a su informe remitió el Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, devuélvansele y hágase del conocimiento que no es necesario que acuse recibo. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Agréguense a sus autos los oficios signado por la Juez Cuarto Civil de Partido, con sede en esta ciudad, y la Magistrada Supernumeraria de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justica en el Estado de Guanajuato, a través de los cuales acusan recibo de los diversos 870/2021 y 871/2021 del índice de este juzgado, con el que se notificó el proveído de diez de marzo del año en curso, y se les devolvieron los tomos de pruebas que se formaron con motivo de las constancias que adjuntaron a su informe justificado.

  3. Principal

    Visto el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, mediante el cual transcribe el proveído de veintidós de los actuales dictado por el titular de su adscripción, en el que con fundamento en los artículos 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, estimó que este órgano jurisdiccional es quien debe conocer de la demanda de amparo presentada por *************, contra actos del Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de esta ciudad y otra autoridad, dada la vinculación con el diverso juicio de amparo *********** de la estadística de este Juzgado y, como consecuencia, ordenó remitir el juicio de amparo 482/2020-III de su índice, el original y duplicado de los cuadernos relativos al incidente de suspensión, así como un tomo de pruebas; al respecto, se acuerda: a. En términos del artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el suscrito se avoca al conocimiento del asunto. b. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2, fracción VIII, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 169/2021-V. c. Hágase lo anterior del conocimiento del órgano jurisdiccional oficiante, así como de la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, residente en esta ciudad, para efecto de compensación las cargas de trabajo con motivo de que este tribunal conocerá de la demanda de amparo que inicialmente se remitió al Juzgado Octavo de Distrito del Estado de Guanajuato. d. Infórmese a las responsables que toda comunicación relacionada con el acto reclamado en el presente juicio deberá dirigirse a este Juzgado Federal. e. No se ordena la tramitación del incidente de suspensión respectivo, debido a que en interlocutoria de catorce de octubre de dos mil veinte, dictada en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 482/2020-III, de la estadística del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, se proveyó respecto a la suspensión definitiva; por lo que, únicamente intégrense los cuadernos correspondientes, con el número de registro que le corresponde al presente expediente. f. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde. En razón de que la fiscal federal adscrita solicitó la autorización del acceso a los expedientes electrónicos en materia de amparo que se llevan en este Juzgado, como se advierte en el cuaderno de varios de la estadística de este órgano jurisdiccional, el cual constituye un hecho notorio para el suscrito en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia; con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 39, 40 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le autoriza el acceso al expediente electrónico que se lleva con motivo del presente juicio de amparo, así como para que se le practiquen las notificaciones que a su parte corresponde por esa vía; para tal efecto se le tiene proporcionando el usuario ***********, dado de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. g. Pues bien, a efecto de proveer respecto del presente juicio de amparo el suscrito advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 108, fracción III y 5°, fracción II, del propio ordenamiento legal, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;" Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Del análisis conjunto de los preceptos transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando en la demanda de amparo no se señale a la autoridad responsable que se estima dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado. En efecto, de acuerdo con lo establecido en la fracción III del numeral 108 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, uno de los requisitos de la demanda de amparo es el de señalar a las autoridades responsables. Dicha obligación se impone en función de que el señalamiento de la autoridad entraña un acto dirigido a satisfacer un presupuesto procesal indispensable para la integración de la litis en el juicio constitucional, habida cuenta que la autoridad responsable funge en ese proceso federal como parte formal y material que litiga sus intereses. De tal manera, que la falta de señalamiento de ésta constituye un motivo de improcedencia, pues esta omisión impide considerar integrada la litis en el juicio constitucional. Ahora, de las constancias que conforman este contradictorio se advierten lo siguiente: El quejoso *********** esencialmente reclama la orden de separación de cuerpos emitida el veintinueve de septiembre de dos mil veinte, por el Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, dentro del expediente************* de su estadística. La ejecución de la determinación anterior se la atribuyó al actuario adscrito al Juzgado Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de esta localidad. Del análisis efectuado al informe justificado rendido por el juez responsable, el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, quien inicialmente conoció del presente juicio, advirtió que la medida de separación cónyuges reclamada fue dictada por el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, en la resolución emitida el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, en el toca de apelación ************ de su índice. Con motivo de lo anterior, mediante proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, se requirió al quejoso para que dentro del término de quince días legalmente computado, manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Toda vez que el requerimiento no fue desahogado, el diez de marzo del año en curso se hizo efectivo el apercibimiento decretado y se continuó el juicio únicamente por los actos y autoridades señaladas en el escrito inicial de demanda. Bajo las anteriores consideraciones, se patentiza que en la especie no se encuentra integrada la relación jurídica-procesal respecto al acto que se tacha de inconstitucional; pues ante la omisión del quejoso en señalar como autoridad responsable al Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, por ser quien dictó la medida de separación de cónyuges en el toca de apelación ***********, que constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional, este juzgador no puede resolver sobre la constitucionalidad o no del mismo. Esto es, la omisión en que incurrió el solicitante del amparo genera, en su perjuicio, una deficiencia en la integración de la relación procesal de este juicio, porque este tribunal se encuentra impedido para estudiar el fondo del negocio y, como consecuencia, analizar la constitucionalidad del acto que se reclama, porque, se insiste, era necesario que se hubiera llamado a juicio como autoridad responsable a aquélla quien lo ordenó. Por ello, ante esa omisión es indiscutible que jurídicamente no es posible resolver de fondo el presente sumario constitucional, ya que de hacerlo se violarían derechos tanto adjetivos como sustantivos en perjuicio de la referida autoridad, pues no obstante que se previno al quejoso para que la señalara como responsable no cumplió con el requisito establecido en la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo. Consideración que cobra relevancia, porque de conformidad con la fracción II del artículo 5º de la ley de la materia, autoridad responsable es, con independencia de su naturaleza formal, "(.) la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas Por consiguiente, se reitera, si el inconforme no designó como responsable al Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, ello impide analizar la constitucionalidad del acto tildado de ilegal, al ser atribuible a una autoridad que no fue llamada a juicio, no obstante que el quejoso tuvo la oportunidad para hacerlo. Además, este juzgador se encuentra imposibilitado para requerir nuevamente al quejoso para que designe como responsable a la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, toda vez que precluyó su derecho de enmendar su demanda, sin que sea jurídicamente aceptable hacerlo de oficio. Por las razones que contiene, se invoca la tesis 2a. I/94, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, Julio de 1994, página 59, que es del tenor siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE. OMISIÓN DE SU SEÑALAMIENTO EN LA DEMANDA. NO ES MOTIVO DE SUPLENCIA DE LA QUEJA, AUNQUE EL QUEJOSO SEA UN TRABAJADOR. Conforme a lo dispuesto en el artículo 116, fracción III, de la Ley de Amparo, el señalamiento de la autoridad responsable es una obligación a cargo de la parte quejosa y no del juez de Distrito. Consecuentemente, si no se llama a juicio a una autoridad por la omisión del quejoso de señalarla como responsable, tal omisión no puede ser suplida en términos del artículo 76 bis de la citada ley, aun cuando el quejoso sea un trabajador, ya que la suplencia de la deficiencia de la queja opera exclusivamente en relación con la deficiencia de los conceptos de violación o de los agravios." Por tanto, es inconcuso que respecto del acto reclamado que se analiza se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción III del diverso numeral 108 del propio ordenamiento legal, por lo que se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional. Se invoca la tesis 2a.CLXIV/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 113, Tomo IX, Enero de 1999 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DAR LE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, noviembre, página 195, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento". Paralelamente la jurisprudencia VI. 3o.J/44, emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en la página 67de l tomo 74, Febrero de 1994 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y texto siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS, SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso no señaló como autoridades responsables a quienes suscribieron el acuerdo que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, no es posible examinar la constitucionalidad del mismo, puesto que tales autoridades no fueron llamadas a juicio, incumpliendo el quejoso con lo previsto por el artículo 116 fracción III de la Ley de Amparo, debiendo sobreseer el juicio de garantías conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 11 y 116, fracción III, del mismo ordenamiento legal." En términos del artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su demanda de amparo, y autorizando en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que señala, por así haberlo solicitado. De igual forma, se tiene a la tercera interesada *************, señalado domicilio oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ************** de esta ciudad, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a*************, al contar con cédula profesional número *************, registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19 téngasele proponiendo como forma especial y expedita de contacto el correo electrónico *********, así como el número telefónico ***********. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Con las copias certificadas del juicio oral ordinario ************ del índice del Juzgado Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, se ordena formar un tomo de pruebas para el mejor manejo del expediente. Finalmente, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se invita a las partes para que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.

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