Antonio Tovar Muñoz

Expediente 506/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
506/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
09/08/2021

Partes del expediente

  • Antonio Tovar Muñoz

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el quejoso no interpuso recurso de queja en contra del auto de veintisiete de julio de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que el quejoso omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por **************, por su propio derecho, contra actos del Magistrado Propietario de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en Guanajuato, capital, y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 506/2021-II. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora bien del estudio integral de la demanda, se desprende que el quejoso acude a esta instancia constitucional, reclamando: La resolución de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, dictada por el Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, dentro del toca de apelación 18/2021, que confirma la negativa de la orden de aprehensión pronunciada por el Juez Primero Penal de Partido de esta ciudad, en la causa penal 184/2021. Del Juez Primero Penal de Partido de esta localidad, la resolución de cinco de abril de dos mil veintiuno dentro del proceso penal 171/2021, así como del auto que lo declara firme, recaído sobre el oficio 701/2021 emitido por el Agente del Ministerio Público. La falta de notificación personal del auto de radicación del recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso; así como de la audiencia de ley denominada de "vista"; y, de la resolución recaída al citado medio de impugnación, endilgadas al Magistrado y Actuario de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie respecto de los actos acotados en los incisos 1) y 2) se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 -fracción XIV- de la Ley de Amparo, que estatuye: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico de quince días para la presentación de la demanda correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. De lo anterior se sigue que el artículo 18 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para presentar la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que la parte quejosa se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso b) es necesario que esté acreditado que la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos de los que se duele, pues sólo de esta manera el término de quince días para presentar la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que conoció. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada, es necesario apuntar que de las manifestaciones vertidas por el propio quejoso en su inicial de demanda, a las que se les otorga valor pleno como CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)."; se desprende que el mismo refiere que: Tuve conocimiento BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD de los actos reclamados y que se le atribuyen al C. Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, lo fue el día primero de julio del año en curso por medio de correo electrónico enviado al suscrito por parte del juzgado Primero Penal de Partido en la Ciudad de Celaya, Gto., donde se me notificó la última resolución de la responsable al quejoso derivada del acto reclamado. El acto dictado por la SEGUNDA Autoridad Responsable tuve conocimiento con fecha seis de abril del año en curso y que se le atribuye al C. Juez Primero Penal de Partido de Celaya, Gto." Es decir, de sus propias manifestaciones se desprende que el solicitante del amparo tuvo conocimiento de los actos que reclama desde el seis de abril y uno de julio, ambos de dos mil veintiuno. Circunstancia que no deja lugar a dudas que el quejoso se hizo sabedor de los actos que reclama en esta instancia constitucional, con setenta y cinco y dieciséis días de anticipación a la presentación del presente juicio de amparo; por lo que, el término de quince días que establece el mencionado artículo 17 de la Ley de Amparo, para instar el juicio constitucional, transcurrió sin que lo haya hecho. De lo anterior se advierte que en el caso concreto, el término genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto ante el Juez de Distrito competente, comenzó para el quejoso a partir del día hábil siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados, esto es, a partir del siete de abril y dos de julio de la anualidad que corre; respecto del primero le feneció el veintisiete de abril del mismo año, descontándose los días diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco del citado mes y año; y, por lo que ve al segundo el veintidós de julio pasado, descontándose los días tres, cuatro, diez, once, diecisiete y dieciocho de julio de la presente anualidad, por ser inhábiles. De ahí que si el quejoso presentó la demanda que se analiza el veintitrés de julio de dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, es inconcuso que se hizo con posterioridad al término que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, ante lo cual resulta manifiesto que se actualice en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; por ende, los actos reclamados por la parte quejosa fueron consentido tácitamente por el recurrente. Ahora bien, respecto de los actos acotados con el número 3) de la presente determinación, se estima que también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, como a continuación se expone: En principio, es necesario precisar el contenido del artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.)" A su vez, el contenido del diverso artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso." De lo anterior se advierte que la disposición legal y constitucional transcritas establecen el principio de definitividad en el juicio de amparo, consistente en que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. Este principio es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa a través de la protección de derechos fundamentales, de modo que para acudir a él es necesario interponer en la vía ordinaria procedente los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan. Sin embargo, de las disposiciones transcritas se advierten excepciones al principio de definitividad, es decir, que no se está obligado a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que procedan contra los actos reclamados, en los siguientes casos: a) Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional (artículo 61, fracción XVIII, inciso a), de la Ley de Amparo). b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal (artículo 61, fracción XVIII, inciso b), de la Ley de Amparo). c) Contra actos que afecten personas extrañas al juicio (artículo 107, fracción III, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 61, fracción XVIII, inciso c) de la Ley de Amparo). d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso (inciso d), fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo). e) Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, en cuyo caso el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo de manera directa (fracción XVIII, último párrafo del artículo 61 de la Ley de Amparo). Luego, los actos que se reclaman en este apartado, no se encuentran dentro de alguno de los supuestos de excepción antes precisados, por ende, la parte quejosa no está exenta de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden contra el acto reclamado. Lo anterior se afirma, en razón a que cuando se reclaman infracciones de legalidad reguladas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con lo previsto en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, existe la obligación de agotar el principio de definitividad previamente a la promoción del juicio de amparo, lo cual acontece en el caso concreto, pues tal como se advierte del escrito de demanda, el quejoso es parte formal en el procedimiento penal de origen; de ahí la obligación de agotar los recursos ordinarios previstos en la legislación común. Por tanto, conforme a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el promovente de amparo está obligado a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan conforme a la ley que rige el acto reclamado. Luego, para que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, es necesario que concurran las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. b) Que la Ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa. c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada. d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Establecido lo anterior, se advierte que contra de los actos reclamados consistentes en la falta de notificación personal del auto de radicación del recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso; así como de la audiencia de ley denominada de "vista"; y, de la resolución recaída al citado medio de impugnación, endilgadas al Magistrado y Actuario de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, procede el incidente de nulidad de notificaciones, cuya procedencia se encuentra contenida en los artículos 88 y 101 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales establecen lo siguiente: Artículo 88. Nulidad de la notificación. La notificación podrá ser nula cuando cause indefensión y no se cumplan las formalidades previstas en el presente Código." Artículo 101. Declaración de nulidad. Cuando haya sido imposible sanear o convalidar un acto, en cualquier momento el Órgano jurisdiccional, a petición de parte, en forma fundada y motivada, deberá declarar su nulidad, señalando en su resolución los efectos de la declaratoria de nulidad, debiendo especificar los actos a los que alcanza la nulidad por su relación con el acto anulado. El Tribunal de enjuiciamiento no podrá declarar la nulidad de actos realizados en las etapas previas al juicio, salvo las excepciones previstas en este Código. Para decretar la nulidad de un acto y disponer su reposición, no basta la simple infracción de la norma, sino que se requiere, además, que: Se haya ocasionado una afectación real a alguna de las partes, y II. Que la reposición resulte esencial para garantizar el cumplimiento de los derechos o los intereses del sujeto afectado." Así las cosas, el citado artículo 88 del ordenamiento procedimental penal anteriormente mencionado, el cual está comprendido en el capítulo V de tal legislación, denominado "Notificaciones y Citaciones", que contienen las reglas de tiempo, forma, modo y lugar para realizar las notificaciones y su impugnación, establecen que cuando una notificación se omitiere, o se realiza en forma distinta a la prevista en dicho capítulo, o como en el caso se reclama, procede el incidente de nulidad de notificaciones. Al respecto, conviene establecer que el incidente referido procede contra aquellas diligencias y/o notificaciones que se hicieran en forma distinta a la establecida por la ley, o se hayan omitido realizar; dicho incidente tiene por efecto lograr que el Tribunal declare nulas tales actuaciones por estimarse que fueron ignoradas por el promovente, por no poder subsistir o no haber sido practicadas de manera legal sin la existencia previa y validez de otras. No obstante lo anterior, la ley también prevé que si el interesado cumple con la carga que le fue impuesta, o ejercita la facultad procesal que en derecho le corresponde, respecto de la resolución no notificada o mal notificada, dicho incidente se desechará de plano y la notificación y/o diligencia surtirá efectos como si se hubiera realizado conforme a la ley. En conclusión, de una interpretación sistemática de los artículos antes invocados, se concluye que todas las diligencias y/o notificaciones que se consideren practicadas ilegalmente o que no hayan sido practicadas, relativas a los juicios del orden penal, son impugnables mediante el incidente de nulidad de notificaciones, previsto en el artículo 88 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, se advierte que en contra de los actos reclamados procede el incidente de nulidad de notificaciones, previsto en los artículos 88 del citado ordenamiento legal, ello en virtud de que el quejoso es parte en el proceso de origen, lo cual se traduce en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Así, del análisis de los preceptos legales antes transcritos, el suscrita arriba a la conclusión de que en la especie concurren los requisitos exigidos para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, pues el acto reclamado fue emitido por el Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con lo cual se cumple con el primero de los requisitos antes relacionados, pues proviene de un tribunal judicial. El segundo y tercero de los requisitos antes señalados también se colman en el caso a estudio, si se toma en consideración el contenido de los artículos 88 y 101del Código de Nacional de Procedimientos Penales, de los cuales se advierte la procedencia de un medio de impugnación que debió hacer valer la parte quejosa en el procedimiento de origen (incidente de nulidad de notificaciones), previo a la promoción del juicio de amparo. Por tanto, resulta inconcusa la procedencia de un recurso o medio de defensa ordinario por virtud del cual los actos reclamados pueden ser modificado, revocado o nulificado, a saber, el incidente de nulidad de notificaciones, previsto en los artículos 88 y 101 del Código Nacional de Procedimientos Penales; con lo cual se colma el cuarto de los requisitos precisados en párrafos precedentes; de ahí que, resulta exigible que el peticionario de amparo, previo a acudir al juicio de amparo indirecto, agote el recurso ordinario previsto por la ley que rige la controversia de origen, el cual se encuentra a su alcance, dado que como ya se dijo se trata de una de las partes formales dentro del juicio ordinario civil de origen (parte demandada). Además, se hace la precisión de que en la presente determinación no se sostiene que el acto reclamado no sea un acto de imposible reparación, sino que, aun cuando lo fuere, ello no constituye una excepción al principio de definitividad, como quedó demostrado con antelación, por ende, el quejoso debió agotar los recursos ordinarios previstos en la legislación que rige el acto reclamado para combatir tal determinación. Consecuentemente, al quedar plenamente demostradas las causas de improcedencia reguladas por las fracciones XIV y XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Por otra parte, téngase al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su demanda de amparo, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ****************, en virtud de obrar su cédula profesional número *********** registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; a **************, en términos de la última parte, del segundo párrafo, del citado numeral, por no encontrarse en ese supuesto. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial.

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