ANTONIO y/o JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ GUZMAN
Expediente 251/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 251/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- ANTONIO y/o JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ GUZMAN
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos se advierte que transcurrió el término legal a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera la determinación de quince de marzo del año en curso, en que se desechó su demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicho acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, como se advierte de la certificación que antecede, que no obran documentos originales, debe decirse que en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es susceptible de destrucción; una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.
- Principal
A sus autos la demanda de amparo presentada por ***********, contra actos del Juez Civil de Partido, con residencia en Uriangato, Guanajuato; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 251/2016. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de mérito, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la resolución de dieciocho de febrero del año en curso, emitido en el juicio 26/2004, relativa al recurso de revocación que la parte contraria del quejoso interpuso -contra el acuerdo de dos de febrero pasado-. Y como consecuencia de tal determinación, la desposesión del local comercial que se encuentra en la parte frontal derecha del inmueble ubicado en la calle *** de Uriangato, Guanajuato. Ahora, conforme a lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda de amparo, que motiva su desechamiento de plano, en razón a que en la especie se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo vigente, que en lo que interesa, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "(.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". De acuerdo con esta disposición legal, el amparo indirecto es improcedente contra actos o violaciones acaecidas en el procedimiento de ejecución de sentencia, pues éstas deben ser alegadas y, en su caso, reparadas en el juicio que se interponga en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, que es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; así lo enfatizó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 32/2001, del tenor: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Lo anterior, es así ya que de las manifestaciones realizadas por el promovente del amparo, se advierte que promovió el diverso juicio de amparo 89/2016 del índice de éste órgano jurisdiccional, contra actos del Juez Civil de Partido de Uriangato, y otra autoridad, y de las constancias que integran dicho expediente, las cuales se invocan como hecho notorio, se aprecian los siguientes antecedentes: El quejoso es demandado en el juicio ordinario civil C-26/2004, sobre cumplimiento de convenio de terminación de copropiedad de inmueble. En dicho juicio, las partes celebraron un acuerdo sobre el cumplimiento de las prestaciones, el cual se elevó a cosa juzgada. Por diligencia de diecinueve de mayo de dos mil quince, se llevó a cabo la venta judicial del inmueble, adjudicado a *********. Posteriormente, ante el incumplimiento por parte del demandado, se ordenó su ejecución y, en razón de ello, se adjudicó parcialmente a la actora Raquel ***********, el inmueble ubicado en la calle ***, de Uriangato, Guanajuato. El veintitrés de octubre de dos mil quince, se ejecutó la posesión parcial a favor de la adjudicataria ***********; lo anterior, a virtud de que una fracción del bien (local comercial) estaba siendo ocupada por un tercero ajeno, como arrendatario, a lo que se fijaron ciertas condiciones previas a la ejecución en su totalidad. En auto de veintiocho de octubre de dos mil quince, se aprobó la diligencia de posesión parcial que antecede. Inconforme el quejoso, interpuso recurso de apelación en la que la sala responsable confirmó el auto recurrido, mediante resolución de doce de enero del presente año. En proveído de dos de febrero del año en curso, se negó la petición de la adjudicataria, para entregarle la posesión total del inmueble de mérito; esto es, la fracción que restaba. Ella se inconformó en contra del citado auto. En resolución de dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, se revocó para el efecto de ordenar la posesión (Resolución aquí señala como acto reclamado). De lo anterior, queda de manifiesto que el impetrante del amparo es parte formal y material en el juicio de origen, ya que tiene el carácter de demandado. Por lo anterior, es dable concluir que la parte quejosa debe sujetarse a las reglas que regulan dicho procedimiento, es decir, tratándose de actos pronunciados en el período de ejecución de una sentencia, el amparo indirecto sólo procederá contra la última resolución dictada en el período de ejecución del fallo definitivo; lo anterior, debido a que en el caso la ejecución del acto reclamado, esto es, la orden de entrega y posesión material a la adjudicataria, resulta estrechamente ligada a la cosa juzgada, donde como ya se dijo el quejoso, en su carácter de demandado, ya fue oído y vencido. En efecto, sobre dicho particular, tenemos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 215/2009, si bien es cierto estableció que el juicio de amparo indirecto procede aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, ello únicamente acontecerá cuando el acto infrinja directamente derechos sustantivos del impetrante, a condición de que esos derechos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. De tal forma, el máximo tribunal estimó que con el juicio de amparo no se debe pretender impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable (supuesto en el cual se encuentra el presente asunto), pues el acto reclamado es consecuencia directa y está encaminado a cumplir con el convenio elevado a categoría de sentencia definitiva en el juicio natural, sobre terminación de mancomunidad, lo cual constituye cosa juzgada, cuya ejecución no puede verse interrumpida con la promoción del juicio de amparo. Al respecto, es oportuno citar la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Página 6, Materia Común, Novena Época, que a la letra dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En esta tesitura, tenemos que en la especie los actos reclamados, descritos en párrafos que anteceden, no son el último acto de ejecución en el procedimiento para cumplimentar el convenio elevado a la categoría de sentencia definitiva dictada en el juicio natural, porque el único efecto que generan los actos combatidos es que se lleve a cabo la orden de entrega y posesión del inmueble a la adjudicataria, lo que de ninguna forma puede ser impugnable a través del juicio de amparo, pues, como ya se vio, de acuerdo con el tercer párrafo de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en los actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, la que se entiende como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido en el resultado de la resolución; de ahí lo improcedente del presente juicio de garantías. Robustece lo aquí deducido, la jurisprudencia número 734, publicada en la página 1204, del apéndice 1917-1988 al Semanario Judicial de la Federación que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo." En efecto, el acto reclamado se emitió en ejecución de sentencia, con la fuerza de cosa juzgada, respecto del cual el juicio de amparo prospera sólo hasta que se pronuncie la resolución final en ese procedimiento, la que en todo caso irrogue el perjuicio a que alude el hoy inconforme y cuando proceda el juicio de amparo, donde tendrá la oportunidad de hacer valer todas las violaciones al procedimiento que se hayan cometido durante ese período, como las que aquí alega. No sobra decir, que los actos que aquí se combaten, no son ejecución de sentencia que deriven de un procedimiento de remate de un inmueble; puesto que, de los antecedentes enunciados con antelación, se desprende que emanan de la venta judicial llevada a cabo dentro del juicio ordinario civil 26/2004, sobre acción de terminación de mancomunidad y no de un embargo judicial, por lo que no se encuentra en la hipótesis prevista en el último párrafo de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la presente demanda por ser manifiesta y notoriamente improcedente, en términos de lo dispuesto el artículos 107, fracción IV, (interpretado en sentido contrario), y 61, fracción XXIII, de la ley de la materia. Es aplicable por las consideraciones que establece, la tesis sustentada por Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en la Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, tomo III, segunda parte-1, enero-junio de 1989, página 257, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, DESECHAMIENTO DE LA. Es correcto el desechamiento de la demanda de garantías, cuando el acto reclamado se hace consistir en la resolución que desecha las pruebas propuestas, ya que de conformidad con los artículos 159, fracción III, y 161, ambos de la Ley de Amparo, las violaciones a las leyes del procedimiento, sólo podrán reclamarse en la vía de amparo al promoverse la demanda contra el laudo." Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado; por tanto, con fundamento en lo previsto por el numeral 27, fracción III, inciso a), de la ley de la materia, se ordena realizar esta notificación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista, y autorizando en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado ***********, toda vez que cuenta con cédula profesional número 2343228, inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales.
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