Antonio Vázquez Becerril

Expediente 1084/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1084/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
06/09/2023

Partes del expediente

  • Antonio Vázquez Becerril

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, mediante el cual devuelve parcialmente diligenciado el exhorto 337/2023, en atención a las razones actuariales que anteceden, de las que se desprende que los actuarios adscritos a dicho órgano, realizaron la búsqueda del quejoso directo en los principales lugares de reclusión, comandancias y hospitales; lugares en los que fueron informados que no existe registro alguno en sus bitácoras, bases de datos, sistemas y controles con el nombre del impetrante de amparo. En virtud de lo anterior, se ordena dar de baja la comunicación oficial en cita. Por otro lado, se tiene por recibido el oficio del secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito con residencia en Hermosillo, Sonora, mediante el cual acusa recibo del amparo III-1084/2023-O del índice de este órgano e informa que dicho juzgado se avocó al conocimiento del asunto; asimismo, solicita se le informe el estado que guarda el exhorto por el que se encomendó la ratificación de la demanda inicial. En virtud de lo anterior, se ordena remitir vía interconexión las actuaciones que integran el exhorto 337/2023, por el que se encomendó la búsqueda y localización del quejoso directo, así como la diligencia de ratificación, la cual no se ha podido llevar a cabo en atención a que el personal del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, al constituirse en los principales lugares de reclusión, comandancias y hospitales en dicha ciudad, les fue informado que no existe registro alguno en sus bitácoras, bases de datos, sistemas y controles con el nombre del quejoso Marco Antonio Vázquez Caballero. Lo anterior, se informa al juzgado homólogo a efecto de que se sirva tomar las medidas necesarias para continuar con la búsqueda del quejoso y ratificación del libelo inicial. En otro contexto, con fundamento en los artículo 19 fracción I inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente auxiliar en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y una vez que concluya el plazo de seis meses de archivo que prevé el artículo 19 del Acuerdo en mención, contado a partir de esta propia fecha, destrúyase este expediente dentro de los treinta días siguientes. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María Victoria Sánchez Méndez, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, en favor de********************, contra actos del Fiscal General de Justicia del Estado de Hermosillo Sonora y de otras autoridades. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número III-1084/2023-ORF. Ahora bien, la parte promovente señala como actos reclamados los siguientes: - La incomunicación, tortura y demás actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional de la cual es objeto el quejoso directo. En tal virtud, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo se decreta la suspensión de plano para que cesen de inmediato los actos reclamados en favor del quejoso directo, siempre y cuando éstos encuadren en la hipótesis del artículo 22 Constitucional, tal como las penas de muerte, de mutilación de infamia, golpes, azotes, entre otros. De igual forma, las autoridades responsables deberán informar el estado en que se encuentra el quejoso directo. En el entendido de que queda a cargo y bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad ante la cual se encuentre a disposición el quejoso directo, su integridad física y salud del mismo, a fin de que no sufra algún atentado contra su salud o su vida, de conformidad con los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo. Ello, al tratarse de actos reclamados que importan ataques a la integridad personal que pueden poner en peligro la vida e integridad física del quejoso, incluso de manera indirecta, los cuales aparentemente ocurren fuera de procedimiento o por orden emitida por autoridades de carácter administrativo. Lo anterior no implica, levantar sanciones disciplinarias impuestas por la autoridad penitenciaria al quejoso en términos del artículo 18 Constitucional y 41 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, por haber cometido alguna o algunas de las faltas disciplinarias contempladas en el diverso numeral 40 de la misma legislación. Se requiere a las autoridades responsables para que dentro del improrrogable plazo de doce horas, contado a partir de que reciban notificación del presente auto, rindan ante el juzgado competente, informe sobre el cumplimiento de la suspensión de plano, en el que indiquen el trámite otorgado a dicha suspensión, debiendo acompañar las constancias que acrediten el cumplimiento efectivo de dicha medida cautelar. Lo anterior, con el apercibimiento que de no acatar dicha suspensión, la autoridad responsable será sancionada en los términos que señala el Código Penal Federal por el delito de abuso de autoridad por cuanto a la desobediencia cometida, independientemente de cualquier otro delito en que incurra, como lo dispone el artículo 206 de la Ley de Amparo. Se autoriza a las autoridades para que rindan su informe por vía fax al número telefónico 44 33 21 54 41 (fax directo), o bien, al correo del secretario de guardia oscar.hernandez.garcia@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de que se confirme su recepción en el propio número telefónico de fax directo, o en su caso, en el teléfono móvil de dicho secretario con número 44 34 10 96 03, esto último sólo en caso de enviarse por vía electrónica. En relación con lo anterior, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que la violación a este mandato según el artículo 262, de la Ley de Amparo, prevé que será sancionada con pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Por otra parte, dadas las manifestaciones del promovente en el sentido de que los actos reclamados se encuentran ejecutando en Hermosillo, Sonora, con apoyo en el artículo 1° Constitucional, 15 y 126, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley, se ordena girar atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, en turno, cuya circunscripción territorial de la república se encuentra señalada dentro del acuerdo general 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para que igualmente en los lugares donde ejercen jurisdicción, comisione personal a su cargo para que dé cumplimiento a lo siguiente: a) Haga entrega de los oficios siguientes: OF. 19494. FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE HERMOSILLO SONORA. OF. 19495. CORDINADOR DE LA POLICÍA MINISTERIAL A NIVEL ESTATAL. CON SEDE EN HERMOSILLO SONORA, OF. 19496. DIRECTOR POLICÍA ESTATAL DEL ESTADO DE SONORA. OF. 19497. SECRETARIO DE SEGURIDAD EN EL ESTADO DE SONORA. OF. 19498. FISCAL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO de TEMPRANA ATENCIÓN ADSCRITO A LA FISCALÍA GENERAL DE ESTADO DE SONORA CON SEDE EN HERMOSILLO SONORA. OF. 19499. DIRECTOR DEL CENTRO DE RECEPCIÓN SOCIAL DEL ESTADO DEL ESTADO DE SONORA CON SEDE EN HERMOSILLO SONORA. Todos con sede en Hermosillo, Sonora. Oficios que deberán ser entregados con copia de la demanda de amparo a las citadas autoridades, debiendo asentar nombre y cargo de la persona que recibió tales constancias, previa identificación correspondiente, o bien, en caso de que se niegue a recibir los mismos o que alguna de las autoridades señaladas como responsables resulte inexistente, asiente la razón correspondiente. Asimismo, con libertad de decisión, se constituya en las instalaciones ministeriales o policiacas y de detención de la Fiscalía General de Justicia y/o Fiscalía de la Región, Delegación Estatal de la Fiscalía General de la República, Zona Militar o Marina Armada de México, hospitales y centros de atención psiquiátricos administrados por el Estado o por sus organismos descentralizados o cualquier lugar en que pueda ser localizado el quejoso directo, esto, en la ciudad de Hermosillo, Sonora y realice lo siguiente: a) Vocee al quejoso******************** en los lugares respectivos; b) En caso de localizarlo le notifique el presente auto, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, lo requiera para que ante el actuario, o bien, dentro del término de tres días contado a partir de que surta sus efectos la notificación que se le realice del presente acuerdo, manifieste si ratifica o no la demanda de amparo promovida a su favor, en la inteligencia que de no hacerlo así, se tendrá por no presentada la misma y se dejarán sin efecto todas las providencias dictadas en relación con su trámite; c) Asimismo, le requiera para que dentro del plazo de tres días señale domicilio en la ciudad en donde se encuentran ejecutando los actos reclamados, esto es, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo al momento de la diligencia, podrá realizarlo con posterioridad. d) Se dé fe del estado físico en el que se encuentre el quejoso; e) Le ratifique a la autoridad ante la cual esté detenido el agraviado la suspensión de plano decretada en párrafos precedentes, respecto de los actos reclamados de incomunicación o malos tratos, para lo cual el actuario deberá obtener el nombre, cargo, teléfono y extensión del servidor público que pueda fungir como enlace a efecto de instituir un vínculo de comunicación para las gestiones derivadas de la tramitación del presente asunto; y, f) Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza al actuario encargado de realizar la diligencia para que la efectúe aun en días y horas inhábiles, en la inteligencia de que si se entera de un domicilio diverso donde pueda localizar a los quejosos, se constituya en el lugar que se le informe y dé cumplimiento a lo encomendado, asentando la razón correspondiente. Hecho lo anterior, como lo dispone el numeral 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, devuelva la presente comunicación oficial por vía electrónica. Asimismo, a efecto de ratificar la validez de las actuaciones derivadas de esta comunicación oficial, conforme al artículo 12, inciso g), del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, se aprueba que la firma electrónica con la que se remita ésta por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, sea la de alguno de los secretarios de este órgano jurisdiccional. Prevéngase a la autoridad que tenga a su disposición al quejoso, para que otorgue las facilidades necesarias al actuario o persona encomendada, para el efecto de que pueda dar cabal y debido cumplimiento a lo ordenado en este auto, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior se dará vista al Ministerio Público Federal para los efectos de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir. Lo anterior, en el entendido de que si la autoridad respectiva o sus subordinados, se niegan a recibir el oficio derivado del presente auto, el actuario o persona encomendada, hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación; si a pesar de esto, subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha la notificación de acuerdo con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, con lo que se dará cuenta al juez para derivar la responsabilidad penal y administrativa que corresponda. Ahora bien, en el escrito de demanda la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, que su hijo se encuentra en Hermosillo, Sonora. El artículo 37 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". De lo anterior tenemos que, si los actos reclamados no requieren ejecución material será competente el juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado éstos, de lo contrario, es decir, si los actos requieren de ejecución material, el juez competente será el del lugar en donde tenga lugar la ejecución de los actos reclamados y en la especie, éste será necesariamente el del lugar en que se encuentre la persona sobre la cual se materialicen los mismos. En el caso que nos ocupa, los actos reclamados se están ejecutando en Hermosillo, Sonora, por lo que tiene aplicación el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Por tanto, como los actos se encuentran ejecutando en la ciudad de Hermosillo, Sonora lo cual se encuentra fuera del ámbito de competencia territorial de este Juzgado de Distrito, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito declina de plano la competencia al Juzgado de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, en turno, por lo que se le solicita que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas haga saber a este juzgado si acepta la competencia declinada a su favor. Es aplicable a lo anterior, el criterio ll.2o.P.16 K (10a.), sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, Décima Época, número de registro 2012019, visible en la página 2093, del Tomo lll, del Semanario Judicial de la Federación, de texto y rubro siguientes: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA U OMISIÓN DE PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A UN REO RECLUIDO EN UN CENTRO PENITENCIARIO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE ESE CENTRO. Del artículo 37 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, la negativa u omisión de proporcionar atención médica a un reo recluido en un centro penitenciario es un acto de naturaleza negativa u omisiva, pero con efectos positivos sobre la salud de aquél, pues lo que pretende el quejoso al promover el amparo es recibir ese cuidado profesional, de manera que las consecuencias de la decisión que se efectúe, beneficiarán o perjudicarán su salud, lo que se producirá, invariablemente, en el lugar donde se encuentre interno. En esas condiciones, al tratarse de un acto que sí requiere ejecución, y conforme a la primera regla establecida en el precepto citado, la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique ese centro de reclusión." En tal virtud, previo cuaderno de antecedentes que se deje en este juzgado, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase de manera inmediata por servicio de mensajería acelerada el expediente en que se actúa al Juez de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo. Con copia certificada fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para recibir notificaciones en esta ciudad y únicamente como autorizadas para tal efecto, así como para imponerse de autos a las personas que designa, quienes no podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que no les fueron conferidas expresamente. De acuerdo con el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales aun en horas y días inhábiles. De conformidad con los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables, así como a las que tengan el carácter de terceras interesadas, mediante oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente en relación con aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa, en el entendido de que las determinaciones diversas serán notificadas mediante lista que se publica en lugar visible de este juzgado, así como en la sección de servicios de la página electrónica institucional www.cjf.gob.mx consultable vía Internet. En tal virtud, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista de autos, lo cual constituye un sistema de notificación que se publica en Internet con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, y con apoyo además en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante el Acuerdo General 49/2011. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable; caso en el cual, de no ser halladas en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

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