Antonio Tellez García

Expediente 871/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
871/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
24/12/2019

Partes del expediente

  • Antonio Tellez García
  • Juan Carlos Tellez García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Se notifica a la parte quejosa y a la parte tercera interesada por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, la sentencia de veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el siete de agosto de dos mil diecinueve (foja 2), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, Antonio Téllez García, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite de la demanda de amparo. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que se registró bajo expediente 871/2019 y en proveído de ocho de agosto de dos mil diecinueve (foja 7) se admitió a trámite, se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, se reservó proveer sobre la existencia de tercero interesado y se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. En proveído de veintiuno de agosto de este año (foja 17) se reconoció el carácter de tercera interesada a Amelia Téllez García, en su calidad de albacea definitiva nombrada dentro de la sucesión de la que deriva el acto reclamado, radicada a bienes de Juan Carlos Téllez García. Finalmente, seguido el juicio por todos sus trámites legales, el dieciocho de octubre de este año (foja 36) tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; y, CONSIDERACIONES: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue dictado por una autoridad con residencia en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 181810, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio mencionado, el acto reclamado por la parte quejosa al Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, consiste en: La resolución de uno de julio de dos mil diecinueve dictada dentro del toca de apelación I-183/2019, que modificó la interlocutoria pronunciada en el incidente de oposición al proyecto de liquidación y partición de la masa hereditaria presentado dentro del juicio sucesorio intestamentario 28/2010, radicado a bienes de Juan Carlos Téllez García. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercera. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó el magistrado responsable al rendir su informe justificado (foja 16). Lo anterior se corrobora con las pruebas documentales que acompañó a su informe el Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, consistente en el original del toca de apelación I-183/2019, en un tomo procesal. Pruebas con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarta. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, este juzgador no advierte -de manera oficiosa- la existencia de alguna causal ni las partes hicieron valer; por lo que se procede realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinta. Estudio de los conceptos de violación dirigidos a combatir la oposición del proyecto de partición por lo que hace a los predios rústicos denominados "Llano de la Virgen". El promovente del amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Así, quien resuelve analizará en orden diverso al propuesto los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda de amparo, en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2o.C. J/304, definida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, febrero de 2009, página 1677, cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 79 de la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito pueden realizar el examen conjunto de los conceptos de violación o agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero no impone la obligación al juzgador de garantías de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente en su escrito de inconformidad, sino que la única condición que establece el referido precepto es que se analicen todos los puntos materia de debate, lo cual puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso." Para ello, procede que este juzgador traiga a cuenta los argumentos que tanto la juez de la sucesión, como el magistrado responsable sostuvieron respecto de esos inmuebles: ARGUMENTO ESTABLECIDO EN LA OPOSICIÓN AL PROYECTO DE PARTICIÓN. LO QUE RESOLVIÓ LA JUEZ DE LA SUCESIÓN. ARGUMENTO QUE SE HIZO VALER COMO AGRAVIO. LO QUE SE RESOLVIÓ EN LA APELACIÓN. No se acepta la propuesta de usufructuar dichos inmuebles en mancomunidad con los demás herederos, por lo que se solicita que se saquen a remate en subasta pública, admitiendo licitadores extraños y tomando como base para el remate su valor catastral. Es infundada la oposición porque no combate los argumentos bajo los cuales Amelia Téllez García, propone que se adjudicaran en mancomún, pues se limita a señalar que no acepta la propuesta. A ningún coheredero puede obligarse a permanecer en la indivisión de los bienes de la herencia, conforme a los artículos 210 y 394 del Código Civil del Estado de Michoacán. Es fundado, por ende, debe reprobarse el proyecto formulado a fin que la albacea presente un nuevo proyecto de partición con relación a estos inmuebles y de actualizarse las reglas previstas en los artículos 1108, 1109 y 1110 del Código Civil del Estado de Michoacán, entonces sí se procederá a su venta. Establecido lo anterior, son infundados los conceptos de violación en los que el quejoso aduce con relación a los predios materia de estudio en este apartado, que lo resuelto en el sentido que la partición de estos inmuebles se posponga hasta que la albacea presente un nuevo proyecto de partición, es contrario a los artículos 1108 y 1109 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, ya que si como lo afirma la albacea definitiva, dichos inmuebles desmerecen demasiado a través de la división material y de su parte existe oposición a continuar en copropiedad, no queda otra alternativa de acabar con la indivisión, que proceder a su venta, sin que ello requiera un nuevo proyecto de partición, ya que se entiende que, la no oposición a lo manifestado por la albacea en el sentido que esos predios desmerecen a través de la división material, es razón de sobra para aprobar su venta en subasta pública, con la admisión de licitadores extraños. Y que esa decisión de mandar a un nuevo proyecto su división, es dilatoria y entorpecedora de su derecho a una justicia pronta y expedita, sencillamente porque no hay otra alternativa posible que la venta judicial. Para dar sustento a esa calificación, debe en primer término traerse a cuenta el contenido de los artículos que el magistrado responsable citó para apoyar su determinación, a saber, 1108, 1009 y 1110 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, que dicen: "Artículo 1108. Los bienes que fueren indivisibles o que desmerezcan mucho por la división, podrán adjudicarse a alguno de los herederos con la condición de abonar a los otros el exceso en dinero. Artículo 1109. Si no pudiere realizarse lo dispuesto por el artículo anterior, y los herederos no convinieren en usufructuar los bienes en común o en otra manera de pago, se procederá a su venta, prefiriéndose al heredero que haga mejor postura. Artículo 1110. La venta se hará en pública subasta, admitiéndose licitadores extraños, siempre que haya mayoría de menores de edad, o que alguno de los herederos lo pida." Como se ve, dichas porciones normativas establecen el procedimiento específico que se debe seguir a efecto de dar por concluida la copropiedad de los bienes materia de la sucesión, la cual no tiene otra finalidad que respetar el derecho del tanto de los coherederos, a efecto de otorgarles la preferencia para adjudicarse el bien del caudal de que se trate. Bajo esas condiciones, debe entenderse que la razón del magistrado responsable de no acceder a la petición del quejoso en el sentido de ordenar la venta judicial con la intervención de licitadores extraños (artículo 1110), descansa en que no se ha agotado lo establecido en los numerales 1108 y 1109, que precisamente con la finalidad de respetar el derecho del tanto de los demás herederos, otorgan la posibilidad que sea uno de ellos el que se lo adjudique, prefiriendo desde luego al que realice la mejor postura; supuesto en el que, de aceptarse así, deberá abonarse el dinero a los hederos que no se lo adjudiquen. Por ello, aunque es cierto que el ordenar que se formule nuevamente el proyecto de división en el que se otorgue la posibilidad de adjudicarse esos bienes a unos de los herederos, puede dilatar su derecho a una justicia pronta y expedita, en este caso tal derecho debe ceder en la proporción de trato a fin de no hacer nugatorio el derecho por el tanto de lo demás coherederos; pues de lo contrario, si se le da preferencia a su derecho de una justicia pronta, se elimina por completo el derecho de preferencia de adjudicación a que se hace referencia. Se cita como sustento de lo anterior, la tesis aislada emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXXIII, Materia Civil, Página 3123, Quinta Época, Registro 349261, que dice: "DERECHO DEL TANTO DE LOS HEREDEROS. Mientras no concluya el juicio sucesorio con la división y adjudicación de los bienes a los herederos, uno de éstos no puede enajenar su defecto hereditario, sin permitir que los otros ejerciten el tanto; y es indebido confundir el derecho hereditario con un determinado bien de la sucesión, porque aun cuando éste se pierda, no por eso desaparece el interés del heredero para impedir que el coheredero enajene su derecho, sin permitirle el ejercicio del tanto." Sexta. Estudio de los conceptos de violación dirigidos a combatir la oposición del proyecto de partición por lo que hace al predio ubicado en la avenida Lázaro Cárdenas 10, tenencia de Cuanajo, municipio de Pátzcuaro, Michoacán, Respecto de este predio, el quejoso aduce que la resolución reclamada es ilegal porque aunque se trata de un incidente de oposición al proyecto de liquidación y partición de la herencia, en dicha resolución deben resolverse de fondo todos los puntos que son objeto de la litis incidental, ya que una interpretación literal de los artículos 574 y 575 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, permite concluir que resulta absurdo que no se decida respecto de las cuestiones de fondo planteadas que son esencialmente lo relativo a la venta de un inmueble. Asimismo, que la resolución reclamada es conculcatoria de sus derechos fundamentales de justicia pronta y expedita, en la medida que se pospone a resolución posterior la definición de la forma de partición del predio ubicado en la avenida Lázaro Cárdenas 10, tenencia de Cuanajo, municipio de Pátzcuaro, Michoacán; y que la responsable por lo menos debió pronunciarse en el sentido de si era o no procedente que se le adjudique ese inmueble a la albacea o si como él lo solicitó, debía procederse a la venta judicial. Conceptos de violación los anteriores que se estiman fundados y suficientes para conceder la protección constitucional, como se precisará a continuación, ya que este juzgador advierte que la resolución reclamada es ilegal, al carecer de una debida fundamentación y motivación, al no existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Para dar sustento a la calificación de los conceptos de violación hechos valer respecto de la oposición en torno al citado inmueble, procede también que este juzgador traiga a cuenta los argumentos que tanto la juez de la sucesión, como el magistrado responsable sostuvieron respecto del mismo: ARGUMENTO ESTABLECIDO EN LA OPOSICIÓN AL PROYECTO DE PARTICIÓN. LO QUE RESOLVIÓ LA JUEZ DE LA SUCESIÓN. ARGUMENTO QUE SE HIZO VALER COMO AGRAVIO. LO QUE SE RESOLVIÓ EN LA APELACIÓN. 1. No se acepta la propuesta porque ese inmueble sí admite cómoda división, ya que se rectificaron las medidas y colindancias, y por ende, se incrementó la superficie. (tomo de pruebas foja 51). 2. Si se resuelve que el inmueble no admite cómoda división, tampoco se acepta la propuesta de la albacea en el sentido que sea ella quien se adjudique ese inmueble, pagando el precio del avalúo a los otros dos coherederos. En todo caso, ese precio del avalúo se acepta si el propio quejoso se adjudica ese inmueble; de lo contrario, para que proceda la adjudicación a favor de la albacea, deberá estarse a un nuevo avalúo que presenten las partes. Por ello, solicita que el predio se saque a remate en subasta pública, admitiendo licitadores extraños y tomando como base para el remate su valor catastral. (foja 53) Que esa oposición era infundada porque no era dable que se analizara nuevamente el argumento relativo a la cómoda división, porque ese aspecto constituye cosa juzgada. (tomo de pruebas foja 67) Si ya existe pronunciamiento en torno a que ese bien no admite cómoda división, debió entonces ordenarse la venta de ese inmueble en subasta pública, admitiendo licitadores extraños y tomando como base su valor catastral. (Foja 1 del tomo de pruebas). Fue correcta la determinación de la juzgadora principal de calificar infundada la oposición, porque atendiendo al principio de firmeza del procedimiento que rige la materia, lo relativo a la cómoda división constituye cosa juzgada. Con relación al argumento de la venta judicial, se resolvió que no procedía que en apelación se analizaran y se asumiera jurisdicción, en la medida que tales argumentos en todo caso debió realizarlos al momento de la oposición, ya que por la naturaleza declarativa del proyecto de partición, el juzgador no puede examinarlo oficiosamente, sino que únicamente debe de constreñirse a ponerlo a la vista de las partes y a realizar la declaratoria correspondiente cuando transcurra el plaza y que los límites del fallo comprenden declarar la oposición no así la aprobación. Establecido lo anterior, conviene traer a cuenta lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal, que establece lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento." El derecho a la legalidad consagrado en el precepto constitucional trascrito establece, como uno de los elementos esenciales, el que todo acto de autoridad se encuentre fundado y motivado. Esto es, toda autoridad está obligada, al emitir un acto de molestia, fundarlo en ley, es decir, tener como apoyo el o los preceptos jurídicos que le permiten expedirlo y que establezcan la hipótesis que genere su emisión. De lo que se advierte que la garantía de legalidad que contempla este artículo se refiere a un principio general que tiene aplicación en materia civil, penal, administrativa y laboral, abarcando tanto a los actos administrativos como a los jurisdiccionales. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 16 de nuestra Ley Fundamental, todo acto de autoridad debe estar adecuado y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse, con precisión, el precepto aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, concretamente, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso de que se trate. Así, el precepto en mención consagra lo que la doctrina jurídica ha denominado garantía de legalidad, el cual constituye un mandamiento supremo para que toda autoridad al emitir los actos que trasciendan a la esfera jurídica de los particulares, los funde y motive suficientemente. Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en forma reiterada que por fundamentación del acto de autoridad se entiende que éste debe sustentarse en una disposición normativa de carácter general, es decir, que se cite la ley que prevea una situación concreta para la cual resulte procedente realizar el acto de autoridad. En cambio, por motivación, debe entenderse en el sentido de exponer las razones de hecho que actualizan la hipótesis normativa; de tal suerte que la motivación implica que se citen las circunstancias y modalidades del caso particular que encuadren dentro del marco general correspondiente; por tanto, si una determinada conducta no corresponde o no encuadra en el supuesto específico previsto en la norma, el acto de autoridad respectivo violará la exigencia de la motivación legal, por más que se hubiese previsto en una norma, es decir, aunque esté debidamente fundado. En síntesis, la motivación legal implica la necesaria adecuación que debe hacer la autoridad entre la norma general fundatoria del acto de molestia y el caso específico en el que éste va a operar o surtir sus efectos. Entonces, para que una autoridad cumpla con la garantía de legalidad a que se refiere el artículo 16 de la Carta Magna, es necesario que en sus determinaciones cite los preceptos legales que le sirvan de apoyo y, además, precise los razonamientos jurídicos que la condujeron a la adecuación de los hechos sometidos en la específica hipótesis normativa de que se trate. En otras palabras, para que una autoridad pueda actuar, sin violar el artículo 16 constitucional, se requiere, entre otras condiciones, que obre no sólo de acuerdo con una ley (fundamentación de su procedimiento), sino que en el caso concreto hacia el cual va encaminada su actuación se encuentren los extremos previstos o contenidos en aquélla (motivación del procedimiento). De esta manera, el juicio de amparo tiene como finalidad proteger al gobernado cuando las autoridades no ciñen su conducta a alguna disposición legal, sea de la naturaleza y categoría que fuere, obligación que se constata como consecuencia directa y necesaria del principio de legalidad y que ha confirmado la jurisprudencia de la Suprema Corte de la Nación en los términos siguientes: "Las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite"; de ahí que la ratio legis de dicho artículo no sólo es que los actos realizados por las autoridades contengan los preceptos legales en que se apoyen, sino que realmente exista motivo para emitirlos y exista un precepto de la ley que los funde. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia consultable en la página 52, número 73, del Tomo III, Parte SCJN, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Asimismo, tratándose de resoluciones jurisdiccionales, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que su fundamentación y motivación se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso, de lo que invariablemente deriva el principio de congruencia que deben cumplir tales resoluciones. La jurisprudencia que se comenta es la tesis 1a./J. 139/2005 publicada en la página 162 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXII, Diciembre de 2005, Novena Época, cuyo texto y rubro son: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso". El derecho a la legalidad que nos ocupa, comprende los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias, conforme a las cuales debe existir concordancia entre lo pedido y lo resuelto por el tribunal, sin introducir cuestión alguna que no se hubiere reclamado, ni omitir algún punto que haya sido materia de debate. Gramaticalmente se entiende por congruencia a la conformidad de extensión, concepto y alcance entre el fallo y las pretensiones de las partes formuladas en el juicio; así el principio de congruencia consiste en que las sentencias deben atender todos los planteamientos de la litis, tal como quedó formulada por medio de los escritos de demanda, contestación, réplica y dúplica, en su caso; además de desarrollar su estructura de manera lógica, debiendo existir correspondencia entre el estudio y los puntos resolutivos. Por su lado, el principio de exhaustividad, está relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que se sustenta la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia de debate. Ilustra lo expuesto, la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a fojas 77, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes: 217-228, Cuarta Parte, que dice: "CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA. EN QUÉ CONSISTE ESTE PRINCIPIO. La congruencia significa conformidad en cuanto a extensión, concepto y alcance entre lo resuelto por el órgano jurisdiccional y las demandas, contestaciones y demás pretensiones deducidas oportunamente por las partes." Asimismo, resulta aplicable el criterio contenido en la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 346, del Semanario Judicial de la Federación, XIII, Abril de 1994, Octava Época, cuyo texto y rubro son los siguientes: "CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS. PRINCIPIOS DE. Los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias, consagrados en el artículo 209 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, obligan al juzgador a decidir las controversias planteadas y contestaciones formuladas, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubiesen sido materia del debate; en esas condiciones, si la responsable dicta una resolución tomando en cuenta sólo de manera parcial la demanda y contestación formuladas, tal sentencia no es precisa ni congruente y por tanto, viola las garantías individuales del peticionario." Bajo ese panorama, este juzgador advierte que la autoridad responsable vulneró los principios antes señalados y por ello conculcó la esfera de derechos de la parte quejosa, toda vez que estaba obligada a dar contestación a los agravios formulados por la parte recurrente, conforme al principio de congruencia, exhaustividad y motivación aducidos. Se sostiene lo anterior, porque al resolver el recurso de apelación del cual deriva la resolución reclamada, la autoridad resolutora en el aspecto antes destacado, no atendió la totalidad de los argumentos que la parte quejosa hizo valer con relación al inmueble que se estudia en esta consideración, en los cuales se adujo esencialmente: Que no se aceptaba la propuesta porque ese inmueble sí admite cómoda división, ya que se rectificaron las medidas y colindancias, y por ende, se incrementó la superficie. (tomo de pruebas foja 51); Que si resolvía que el inmueble no admitía cómoda división, tampoco aceptaba la propuesta de la albacea en el sentido que sea ella quien se adjudique ese inmueble, pagando el precio del avalúo a los otros dos coherederos; que en todo caso, ese precio del avalúo se aceptaba si el propio quejoso se lo adjudica; de lo contrario, debería estarse a un nuevo avalúo que presenten las partes; y, Que solicitaba que el predio se sacara a remate en subasta pública, admitiendo licitadores extraños y tomando como base para el remate su valor catastral. (foja 53) Se realiza la afirmación relativa a que la resolución reclamada incumplió con los principios de motivación, exhaustividad y congruencia, porque con relación a los argumentos que el peticionario de amparo encaminó a la venta judicial, la juez responsable sólo indicó que la oposición era infundada porque esos aspectos ya habían sido sentenciados legalmente (foja 67 del tomo de pruebas); conclusión incorrecta, dado que el único pronunciamiento que constituye cosa juzgada, es el relativo a la cómoda división. Sin embargo, la juez natural no atendió los argumentos del quejoso en los que señaló que no aceptaba la propuesta de la albacea en el sentido que sea ella quien se adjudique ese inmueble, pagando el precio del avalúo a los otros dos coherederos; que en todo caso, ese precio del avalúo se aceptaba si el propio quejoso se lo adjudicaba; de lo contrario, debería estarse a un nuevo avalúo que presenten las partes. De la misma forma, tampoco atendió la petición del accionante del amparo en el sentido que solicitaba que el predio se sacara a remate en subasta pública, admitiendo licitadores extraños y tomando como base para el remate su valor catastral Vicio de incongruencia el anotado, en el que también incurrió el resolutor de segunda instancia, en la medida que con relación al argumento de la venta judicial, resolvió que no procedía que en apelación se analizaran esos argumentos, en la medida que tales argumentos en todo caso debió realizarlos al momento de la oposición; afirmación que conforme a lo anotado parte de una falacia, en la medida que contrario a lo sostenido por el magistrado, el quejoso sí expresó esos argumentos desde su planteamiento incidental, pues primero, planteó todo lo relativo a la cómoda división y después señaló que en caso de que insistiera en que no admitía la cómoda división, entonces se pronunciara respecto de la venta judicial. De esa forma, la sala responsable al no agotar la totalidad de los puntos que el ahora quejoso expuso en sus agravios, faltó al principio de congruencia, exhaustividad y motivación que rigen los principios rectores de la actividad jurisdiccional. Lo anterior, independientemente de que la parte quejosa tuviese o no razón en sus planteamientos, pues la total omisión de contestar fundada y motivadamente los mismos, resulta violatoria de sus derechos fundamentales y la deja en total estado de indefensión, al no saber con precisión los motivos y razones que llevaron a la autoridad a concluir en la procedencia o no de sus argumentos, lo que redunda en perjuicio del interés del peticionario de la protección constitucional. Cabe puntualizar, que ante la evidente violación formal destacada, este juzgado de Distrito no puede por iniciativa propia, analizar las omisiones a que se alude, ya que ello significaría sustituirse al criterio de la autoridad responsable, lo cual no es legalmente permisible, porque ese aspecto es una atribución de la autoridad de instancia. Resulta aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, visible en la página 353, que señala: "SENTENCIAS DE AMPARO. SE CONCRETAN A RESOLVER SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO. Sólo pueden resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que se reclama, y nunca sobre cuestiones cuya decisión compete a los Tribunales del Fuero Común." En las relatadas condiciones, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para que el Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, realice lo siguiente: Deje sin efectos la resolución de uno de julio de dos mil diecinueve dictada dentro del toca de apelación I-183/2019, que modificó la interlocutoria pronunciada en el incidente de oposición al proyecto de liquidación y partición de la masa hereditaria plantado dentro del juicio sucesorio intestamentario 28/2010, radicado a bienes de Juan Carlos Téllez García; Y, dejando intocado lo relativo a los predios rústicos denominados "Llano de la Virgen", emita otra en la que atendiendo a las consideraciones establecidas en el consideración sexta de esta resolución y purgando los vicios de fundamentación y motivación señalados, con libertad de jurisdicción resuelva dicho medio de impugnación conforme a derecho proceda y atienda todas las oposiciones planteadas por el quejoso respecto del bien inmueble ubicado en la avenida Lázaro Cárdenas 10, tenencia de Cuanajo, municipio de Pátzcuaro, Michoacán. En el entendido que, el magistrado responsable también deberá dejar incólume, lo relativo a los gastos y honorarios propuestos por la albacea definitiva, dado que respecto de este aspecto no formuló concepto de violación para combatir lo que el magistrado responsable resolvió en la sentencia reclamada, que consistió esencialmente en que en ese incidente sólo se abordan cuestiones de oposición y que los gastos y honorarios deben tramitarse en forma separada. Séptima. Publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 3°, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión ampara y protege a Antonio Téllez García, en contra del acto reclamado al Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, por las razones y para los efectos precisados en la consideración sexta de esta resolución. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio que remite la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Estado de Michoacán, con residencia en Pátzcuaro, mediante el cual remite diligenciado en sus términos el despacho 652/2019 enviado a efecto de llevar a cabo el emplazamiento a la tercera interesada Amelia Téllez García. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, dése de baja el despacho de referencia y acúsese recibo. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, agréguese el escrito firmado por la tercera interesada Amelia Téllez García, mediante el cual se apersona al presente juicio, señala domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad y autoriza para tal efecto a las personas que designa, quienes podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se verificará una vez que promuevan con dicho carácter, o bien, hasta que acrediten dentro del presente expediente, con documento idóneo, estar facultadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ya que en caso contrario, solamente se les tendrán como autorizadas para recibir notificaciones e imponerse de los autos. Se comisiona al actuario tome nota del señalamiento de domicilio para realizar las subsecuentes notificaciones. Asimismo, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídanse a su costa las copias en los términos que precisa, previa razón que por su recibo obre en autos y ténganse por autorizadas para recibirlas a las personas que menciona. Finalmente, en relación a la solicitud de uso de medios electrónicos, dígasele que se esté a lo acordado en auto admisorio que le fue notificado. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

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