Antonio Soto Barrera

Expediente 1090/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1090/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
08/11/2022

Partes del expediente

  • Antonio Soto Barrera

Actuaciones

  1. Principal

    El ocho de noviembre de dos mil veintidós, se da cuenta al juez dentro del juicio de amparo III-1090/2022-O, con una promoción registrada con el número 17095. Conste. Morelia, Michoacán, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado que rinde el Director de lo Contencioso adscrito a la Dirección General Jurídica en representación de la Secretaría de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas las documentales que remite la autoridad responsable en cita, en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Ahora bien, visto el estado de autos se advierte que en el presente asunto el quejoso reclama lo siguiente: La omisión de entrega de placas y tarjeta de circulación, así como el holograma correspondiente. Luego, la procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el Juez de Distrito aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia II.1o. J/5, octava época, registro 222780, cuyo rubro y texto a la letra dicen: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". 06/10/23 14:30:49 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.35.21 Leonardo Rojas Barragán En virtud de lo anterior, cabe destacar que el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, instituye que el juicio de amparo será improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. El representante de la responsable en su informe justificado señaló que el aquí quejoso Antonio Soto Barrera, en su calidad de contribuyente realizó su pago de placas y holograma el tres de febrero de dos mil veintidós y que en ese momento existía un déficit en el inventario de placas, por lo que se le informó al quejoso que una vez que se contara con el material respectivo podría presentarse a realizar su canje. Asimismo, de las constancias que remitió la autoridad responsable se aprecia que el catorce de octubre de dos mil veintidós compareció el quejoso Antonio Soto Barrera ante las instalaciones de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, a realizar el canje de placas y tarjeta de circulación, momento en el que se levantó constancia de trámite vehicular en la que consta la firma del quejoso en señal de recibo a su entera satisfacción de lo siguiente: I. Placas: PMB-334-C; II. Holograma: 0726691; III. Tarjeta de circulación: 1669504-3; y, IV. Recibo de pago: 40102277615. De lo anterior, se sirvió la responsable remitir copia certificada a efecto de acreditar la entrega recepción de dichos rubros, documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno de acuerdo con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de materia. 06/10/23 14:30:49 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.35.21 Leonardo Rojas Barragán Luego, en atención a la entrega de placas, tarjeta de circulación y holograma solicitados por el quejoso en su calidad de contribuyente, trae como consecuencia que el acto reclamado cesara en sus efectos, pues la constancia en copia certificad de trámite vehicular de catorce de octubre de dos mil veintidós, constituye una situación jurídica que destruye la que dio origen al amparo y repone al peticionario de amparo en el goce del derecho violado, pues al levantar dicha constancia se hizo descripción de los elementos entregados al quejoso. De ahí que se ha dejado de afectar su esfera jurídica, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos del acto reclamado han desaparecido totalmente, sin que hayan dejado huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de especificar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho violado, obligando a la autoridad responsable a obrar en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, lo que el mismo exija, cuando como en el caso, el acto reclamado sea de carácter omisivo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 193758, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se 06/10/23 14:30:49 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.35.21 Leonardo Rojas Barragán surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Consecuentemente, como en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con apoyo además, en el dispositivo 63, fracción V, de la invocada ley, se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto del acto atribuido a la autoridad responsable. Robustece lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de Justicia del País, correspondiente a la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro , cuyo rubro y texto narran: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". El sobreseimiento se decreta fuera de audiencia sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, contrario a lo que dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve como sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 184572, cuyo rubro y texto expresan literalmente: 06/10/23 14:30:49 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.35.21 Leonardo Rojas Barragán "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En atención a lo anterior, se dejan sin efectos las diez horas con diez minutos del ocho de noviembre de dos mil veintidós señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese por lista, personalmente y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    AUDIENCIA INCIDENTAL En Morelia, Michoacán, a las doce horas con diez minutos del dieciocho de octubre de dos mil veintidós, el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho en términos del artículo 44, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia del titular contenida en oficio de la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 183, fracción II, de la Declaratoria para el inicio de la observancia de las nuevas reglas de la Carrera Judicial y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia incidental correspondiente al juicio de amparo III-1090/2022-O, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, el secretario hace constar que el presente incidente se encuentra integrado para ser resuelto en definitiva. El encargado del despacho acuerda: Con fundamento en los artículos 140 y 144 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación anterior para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio el secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció prueba alguna. A lo que el encargado del despacho provee: Se declara precluído el derecho de las partes para ofrecer medios de convicción dentro de la presente incidencia. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. En relación con lo anterior el encargado del despacho acuerda: Se declara precluido el derecho de las partes para formularlos. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia y se pasan los autos a la vista del encargado del despacho, quien resolverá en definitiva esta incidencia. C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. La parte quejosa señaló como autoridades responsables y acto reclamado lo siguiente: Autoridad responsable: Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán. Acto reclamado: Omisión de entregar placas y tarjeta de circulación, así como holograma correspondiente. Segunda. La autoridad responsable no rindió su informe previo, no obstante de encontrarse debidamente notificada del oficio 19947, con fecha trece de los actuales. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Amparo se presume cierto el acto que se le reclama. Ahora bien, la parte quejosa solicita la suspensión definitiva del acto reclamado consistente en la omisión de entregar placas y tarjeta de circulación, así como holograma correspondiente. Luego, si bien es cierto el acto reclamado constituye una conducta omisiva de la cual era común negar la medida cautelar en virtud de diversos criterios emitidos por el máximo tribunal de nuestro país. Como ejemplo de ello tenemos la tesis XXI.2o.11 K, de los Tribunales Colegiados de Circuito, en materia común, visible en la página 214, del Tomo V, Abril de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE OMISIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA EN CONTRA DE LOS. Si del análisis que de los actos reclamados hace el Juez de Distrito, advierte que se hacen consistir en una abstención u omisión por parte de las autoridades responsables en la realización de dichos actos, debe considerarse que la suspensión provisional solicitada al respecto es improcedente, en virtud de que de acuerdo con su naturaleza, no requieren de ejecución material alguna; por tanto, no pueden ser materia de la medida cautelar solicitada." Sin embargo, en la actualidad la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece, contiene el artículo 147, que en su segundo párrafo establece que la suspensión del acto podrá concederse atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, y podrá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guardan, y de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Lo cual fue materia de análisis por parte de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis número 1a./J. 70/2019 (10a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 286, número de registro digital: 2021263, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior." Jurisprudencia de la cual se advierte de su simple interpretación textual, que para poder otorgar la concesión de la medida cautelar es necesario tener por acreditada la apariencia del buen derecho, como primer requisito. Por ello, atendiendo al contenido de la demanda se puede concluir que en este momento procesal no se puede tener por acreditada la apariencia del buen derecho, ya que no se cuenta con los elementos necesarios para ello, pues los argumentos que como conceptos de violación plantea el quejoso derivan de cuestiones fácticas que este resolutor estará en condiciones de verificar si ocurrieron o no, cuando se cuente con el informe justificado y sus pruebas, esto es, en audiencia constitucional, incluso en la actualidad ni siquiera el acto reclamado está preciso, pues puede ser uno u otro. Sin que se estime con lo anterior que se va en contra de la jurisprudencia de rubro "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO NO PUEDE INVOCARSE PARA NEGARLA", pues lo que este juzgador sostiene es que de momento no se cuentan con los elementos suficientes para tener por acreditada la apariencia del buen derecho y por ende la posible inconstitucionalidad del acto reclamado. Por las razones expuestas con antelación se determina negar la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa. Lo anterior, tomando en cuenta que cuando se trata de una medida cautelar con efectos conservativos la intensidad o grado de análisis de la apariencia del buen derecho es mínima o nula, ya que basta con acreditar interés jurídico o legítimo y una vez que eso ocurre hacer una ponderación simultánea con el orden público e interés social; por el contrario, cuando se trata de medidas cautelares con efectos anticipados como la que solicita, la intensidad o grado de análisis de la apariencia del buen derecho es muy alta ya que se tiene que hacer un estudio provisional o preventivo del acto reclamado y si se advierte que este es aparentemente inconstitucional en ese momento debe hacerse la ponderación simultánea con el orden público e interés social. Sin embargo, en el caso que nos ocupa de momento no se cuenta con elementos para realizar dicho análisis, si no que ello será posible hasta sentencia. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se resuelve: Único. Se niega a Antonio Soto Barrera la suspensión definitiva del acto reclamado, en términos de la consideración segunda de esta resolución. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho en términos del artículo 44, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia del titular contenida en oficio de la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 183, fracción II, de la Declaratoria para el inicio de la observancia de las nuevas reglas de la Carrera Judicial y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de octubre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, con fundamento en los artículos 1°, 5°, 6°, 33, 35, 107, 108, 110, 112 y 116 de la Ley de Amparo en vigor, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se admite a trámite la demanda de amparo promovida por Erick Simón Soto Guevara, en su calidad de apoderado jurídico de Antonio Soto Barrera, carácter que se le reconoce en términos del artículo 6 de la Ley de Amparo, en virtud del poder notarial que se sirvió anexar de forma digital a su libelo. Lo anterior, toda vez que dicho promovente cumple con la protesta contemplada por el artículo 3° fracción VI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Pues los documentos públicos que se ingresen a un expediente electrónico mediante el uso de Firma Electrónica conservarán el valor probatorio que les corresponde conforme a la legislación aplicable, siempre y cuando al presentarse por vía electrónica se manifieste bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento impreso. Ya que en caso contrario, el órgano jurisdiccional que conozca del asunto podrá solicitar, de manera oficiosa o a petición de algunas de las partes legitimadas para tal efecto, el cotejo con el documento original, o su incorporación al expediente hasta el momento procesal oportuno. Demanda de amparo que presenta contra actos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número III-1090/2022-O. De acuerdo con los artículos 115, 125 y 128 de la Ley de Amparo, con copia de la demanda tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión de los actos reclamados, toda vez que dicha medida cautelar fue solicitada expresamente por la parte quejosa. Con copia de la demanda de amparo, dése al agente del Ministerio Público Federal la intervención correspondiente, quien deberá asentar el acuse de recepción respectivo, lo anterior con fundamento en los artículos 5°, fracción IV y 110 de la Ley de Amparo. Para la celebración de la audiencia constitucional con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las diez horas con diez minutos del ocho de noviembre de dos mil veintidós. De conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe con justificación, que deberá rendir de la manera siguiente: a) En caso de que los actos reclamados resulten inexistentes y por ende innecesaria su justificación, de conformidad con el derecho de pronta y expedita administración de justicia tutelado por el artículo 17 Constitucional, así como por principio de economía procesal, cuyo objetivo es tener procedimientos ágiles, que se desenvuelvan en el menor tiempo posible y con el menor empleo de recursos, rinda su informe dentro del plazo de cinco días, contado a partir de que reciba el oficio de notificación respectivo; o bien, b) Si son ciertos los actos reclamados, rinda su informe dentro del plazo de quince días, contado a partir de que reciba el oficio de notificación del presente auto, en el entendido de que en dicho informe deberá exponer las razones y fundamentos que considere pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos, debiendo acompañar en su caso, copia debidamente certificada de las constancias que avalen la existencia de los mismos y que soporten su emisión. En relación con el inciso a) que antecede, con fundamento en los artículos 117 de la Ley de Amparo y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, se autoriza a la autoridad responsable para que rinda su informe por vía fax al número telefónico 01 443 3 21 54 41, sin perjuicio de lo realice enseguida mediante oficio que remita a este juzgado por una sola ocasión, independientemente de que reciba el oficio por el que se le requiere el mismo en dos vías (telegráfica y posteriormente postal), ya que basta con atender la primera comunicación recibida. Asimismo, deberá rendir el informe justificado requerido con copia certificada de las documentales que justifiquen la constitucionalidad de los actos reclamados, tomando en consideración las siguientes directrices: 1. Si algunas de las fojas del expediente de origen se encuentran ilegibles o pierden su continuidad, en virtud de que así se encuentran en el mismo, aclare dicha circunstancia y señale el número de folio que corresponde a cada una de ellas; 2. En el caso de que las constancias sean legibles, pero las reproducciones que se obtengan de éstas no, deberá efectuar su transcripción con la indicación y folio correspondientes al remitirlas a este juzgado; y, 3. Observe que las copias que remita se encuentren debidamente ordenadas, atendiendo a su legibilidad, continuidad, orden cronológico y totalidad, o bien, realice las aclaraciones respectivas si así obran en el expediente a que pertenecen. En el entendido de que en caso de no rendir el informe en el tiempo y forma requeridos, se presumirán ciertos los actos reclamados respectivos, salvo prueba en contrario, de acuerdo con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que en caso de que remita el expediente original del que derivan los actos reclamados, es su obligación conservar testimonio autorizado íntegro del mismo, ya que en el supuesto de necesitarlo para realizar alguna actuación, este juzgado no podrá devolverlo por ser imprescindible para resolver el juicio de amparo y en su caso el recurso de revisión, por lo que queda bajo su responsabilidad obtener las copias conducentes para su resguardo. Asimismo, se requiere a la autoridad responsable para el efecto de que en su informe haga del conocimiento de este juzgado si la parte quejosa o alguna otra persona ha promovido juicio de amparo indirecto relacionado con los actos reclamados o derivado del expediente de origen, informando el número de juicio y el Juzgado de Distrito a que corresponde, apercibida que en caso de no hacerlo, de acuerdo con el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá un multa de manera individual, por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA). De conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable, que en caso de no rendir su informe justificado o lo haga sin acatar las directrices que fueron trazadas con anterioridad, se hará acreedora a una multa individual por cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostentan y emolumentos que por esa causa reciben. En términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, requiérase a las partes para que en el supuesto de cesación de efectos de los actos reclamados o en caso de que se actualice alguna causa notoria de sobreseimiento, lo hagan saber a este juzgado de manera inmediata, apercibidas que en caso de no hacerlo, de conformidad con el artículo 238, en relación con el diverso 251, ambos de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de manera individual por el equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA). Por otra parte, se informa a la autoridad responsable que no es necesario que acuse recibo de los oficios derivados del presente juicio, salvo que le sean solicitados expresamente y se le proporcione plazo específico para ello. Con apoyo en los numerales 9 y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, téngase como delegados a las personas que, en su caso, designe la autoridad responsable y por señalados los domicilios para recibir notificaciones que llegue a designar en autos. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del numeral 79 del ordenamiento legal invocado), desde ahora se le apercibe, en el sentido de que en caso de que alguna autoridad responsable no exista en la denominación señalada en la demanda, mediante auto se suspenderá toda comunicación con la misma quedando fuera de juicio y en la audiencia constitucional que se celebre no se hará referencia a ésta, o bien, en la propia audiencia se hará el pronunciamiento respectivo sobre su inexistencia, sin que sea necesario realizar señalamiento alguno en la sentencia respecto de los actos reclamados que se le atribuyan, de acuerdo con los artículos 5°, fracción II y 108, fracción III, de la ley de la materia, interpretados en sentido contrario. Por otro lado, se reserva proveer sobre la existencia de parte tercera interesada, hasta que obren en autos las documentales relativas a los actos reclamados, de donde se advierta a quién, en su caso, le asiste dicho carácter de acuerdo con el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo. En atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que no existe inconveniente en que se les permita imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Ahora, en atención a la instrumental relativa al juicio de amparo en que se actúa, así como la presuncional en su doble aspecto, legal y humana, dada su propia y especial naturaleza, se admiten y se tienen por desahogadas con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo. Se tiene como autorizadas para tal efecto a las personas que designa, quienes podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se verificará una vez que promuevan con dicho carácter; o bien, hasta que acrediten dentro del presente expediente, con documento idóneo, estar facultadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ya que en caso contrario, solamente se les tendrá como autorizadas para recibir notificaciones e imponerse de los autos. De conformidad con los artículos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte promovente el acceso al expediente electrónico a través del "Nombre de Usuario" licericksoto, registrados en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial Federal, por lo que se ordena asociarlos al presente juicio mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De igual forma, como lo solicita se ordena practicarle las notificaciones de manera electrónica en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se exhorta a las partes para que realicen lo siguiente: 1. Obtengan su firma electrónica FIREL; se registren como usuarios de los Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; soliciten a este órgano jurisdiccional el acceso a este expediente y la práctica de notificaciones de manera electrónica y, en la medida de lo posible, realicen todas sus promociones por esa vía. 2. En relación con las autoridades responsables, se exhorta a los funcionarios públicos a rendir sus informes o cumplir sus requerimientos a través de la plataforma referida en el párrafo que antecede, tomando en consideración que en ocasiones la logística de su trabajo no lo permite, por lo que se les requiere para que en su caso, proporcionen a este órgano una dirección de correo electrónico a través de la cual se puedan mantener las comunicaciones oficiales y dirijan sus informes y demás solicitudes al correo institucional 7jdo11cto@correo.cjf.gob.mx; sin que lo anterior implique que se sustituya la facultad de este juzgado de solicitar, cuando el caso lo amerite, que la comunicación se realice de manera ordinaria. 3. Asimismo, para que las autoridades proporcionen el nombre, cargo, teléfono fijo o móvil del servidor público que pueda fungir como enlace a efecto de instituir un vínculo de comunicación para las gestiones derivadas de la tramitación del presente asunto. 4. Deberán tomar en cuenta que la revisión de expedientes o la práctica de diligencias presenciales se encuentran restringidas, por lo que su asistencia al local que ocupa este juzgado deberá realizarse previa cita y la obtención del código QR, en los términos establecidos en dicho acuerdo (apartado denominado "Agenda OJ" en los Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación). 5. Continúen con la permanencia de medidas para evitar el contagio del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad denominada coronavirus (COVID-19). Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones relativas al presente juicio, aun en horas y días inhábiles. De conformidad con los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables, así como a las que tengan el carácter de terceras interesadas, mediante oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente en relación con aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa, en el entendido de que las determinaciones diversas serán notificadas mediante lista que se publica en lugar visible de este juzgado, así como en la sección de servicios de la página electrónica institucional www.cjf.gob.mx consultable vía Internet. En tal virtud, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista de autos, lo cual constituye un sistema de notificación que se publica en Internet con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, y con apoyo además en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante el Acuerdo General 49/2011. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable; caso en el cual, de no ser halladas en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    MEl diez de octubre de dos mil veintidós, se da cuenta al juez para formar el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo III-1090/2022-O, con copia de la demanda que antecede. Conste. Morelia, Michoacán, diez de octubre de dos mil veintidós. Como está ordenado en el cuaderno principal, con las copias de la demanda de amparo que anteceden, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo III-1090/2022-O, promovido por Erick Simón Soto Guevara, en su calidad de apoderado jurídico de Antonio Soto Barrera, contra actos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán. Con fundamento en los artículos 125, 128, 138, 140, 141, 142 y 144, pídase a la autoridad responsable su informe previo, que deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, contado a partir del momento al en que reciba la notificación del presente acuerdo. En el entendido que de no rendir el informe en el tiempo y forma referidos, se presumirán ciertos los actos que se le atribuyen, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 142 de la ley reglamentaria vigente. De conformidad con el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable que en caso de no rendir su informe previo, se hará acreedora a una multa, equivalente a cien unidades de medidas de actualización, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostenta y emolumentos que por esa causa recibe. Sin perjuicio de lo anterior, se hace saber a la autoridad responsable que el artículo 262 de la Ley de Amparo, establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a 06/10/23 14:30:49 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.35.21 Leonardo Rojas Barragán nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión, que entre otros, al rendir el informe previo o con justificación expresen un hecho falso o niegue la verdad o se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo. De acuerdo a lo que dispone el artículo 138 de la Ley de Amparo se señalan para la celebración de la audiencia incidental las doce horas con diez minutos del dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Ahora bien, la parte quejosa solicita la suspensión provisional del acto reclamado consistente en la omisión de entregar placas y tarjeta de circulación, así como holograma correspondiente. Luego, si bien es cierto el acto reclamado constituye una conducta omisiva de la cual era común negar la medida cautelar en virtud de diversos criterios emitidos por el máximo tribunal de nuestro país. Como ejemplo de ello tenemos la tesis XXI.2o.11 K, de los Tribunales Colegiados de Circuito, en materia común, visible en la página 214, del Tomo V, Abril de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE OMISIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA EN CONTRA DE LOS. Si del análisis que de los actos reclamados hace el Juez de Distrito, advierte que se hacen consistir en una abstención u omisión por parte de las autoridades responsables en la realización de dichos actos, debe considerarse que la suspensión provisional solicitada al respecto es improcedente, en virtud de que de acuerdo con su naturaleza, no requieren de ejecución material alguna; por tanto, no pueden ser materia de la medida cautelar solicitada." 06/10/23 14:30:49 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.35.21 Leonardo Rojas Barragán Sin embargo, en la actualidad la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece, contiene el artículo 147, que en su segundo párrafo establece que la suspensión del acto podrá concederse atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, y podrá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guardan, y de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Lo cual fue materia de análisis por parte de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis número 1a./J. 70/2019 (10a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 286, número de registro digital: 2021263, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin 06/10/23 14:30:49 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.35.21 Leonardo Rojas Barragán prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior." Jurisprudencia de la cual se advierte de su simple interpretación textual, que para poder otorgar la concesión de la medida cautelar es necesario tener por acreditada la apariencia del buen derecho, como primer requisito. Por ello, atendiendo al contenido de la demanda se puede concluir que en este momento procesal no se puede tener por acreditada la apariencia del buen derecho, ya que no se cuenta con los elementos necesarios para ello, pues los argumentos que como conceptos de violación plantea el quejoso derivan de cuestiones fácticas que este resolutor estará en condiciones de verificar si ocurrieron o no, cuando se cuente con el informe justificado y sus pruebas, esto es, en audiencia constitucional, incluso en la actualidad ni siquiera el acto reclamado está preciso, pues puede ser uno u otro. Sin que se estime con lo anterior que se va en contra de la jurisprudencia de rubro "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO NO PUEDE INVOCARSE PARA NEGARLA", pues lo que este juzgador sostiene es que de momento no se cuentan con los elementos suficientes para tener por acreditada la apariencia del buen derecho y por ende la posible inconstitucionalidad del acto reclamado. Por las razones expuestas con antelación se determina negar la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa. 06/10/23 14:30:49 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.35.21 Leonardo Rojas Barragán Lo anterior, tomando en cuenta que cuando se trata de una medida cautelar con efectos conservativos la intensidad o grado de análisis de la apariencia del buen derecho es mínima o nula, ya que basta con acreditar interés jurídico o legítimo y una vez que eso ocurre hacer una ponderación simultánea con el orden público e interés social; por el contrario, cuando se trata de medidas cautelares con efectos anticipados como la que solicita, la intensidad o grado de análisis de la apariencia del buen derecho es muy alta ya que se tiene que hacer un estudio provisional o preventivo del acto reclamado y si se advierte que este es aparentemente inconstitucional en ese momento debe hacerse la ponderación simultánea con el orden público e interés social. Sin embargo, en el caso que nos ocupa de momento no se cuenta con elementos para realizar dicho análisis, si no que ello será posible hasta sentencia. Por otra parte, se informa a la autoridad responsable que no es necesario que acuse recibo de los oficios derivados del presente juicio, salvo que le sea solicitado expresamente y se le proporcione plazo específico para ello. Con apoyo en los numerales 9 y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, téngase como delegados a las personas que, en su caso, designe la autoridad responsable y por señalado el domicilio para recibir notificaciones que llegue a designar en autos. En atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que no existe inconveniente en que se les permita imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos. 06/10/23 14:30:49 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.35.21 Leonardo Rojas Barragán Asimismo, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídase a la parte quejosa copia del presente auto, previa identificación y recibo que se deje en autos para debida constancia legal Se tiene como autorizadas para tal efecto a las personas que designa, quienes podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se verificará una vez que promuevan con dicho carácter; o bien, hasta que acrediten dentro del presente expediente, con documento idóneo, estar facultadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ya que en caso contrario, solamente se les tendrá como autorizadas para recibir notificaciones e imponerse de los autos. De conformidad con los artículos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte promovente el acceso al expediente electrónico a través del "Nombre de Usuario" licericksoto, registrados en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial Federal, por lo que se ordena asociarlos al presente juicio mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De igual forma, como lo solicita se ordena practicarle las notificaciones de manera electrónica en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. De acuerdo con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales aun en horas y días inhábiles. 06/10/23 14:30:49 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.35.21 Leonardo Rojas Barragán De conformidad con los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables, así como a las que tengan el carácter de terceras interesadas, mediante oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente en relación con aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa, en el entendido de que las determinaciones diversas serán notificadas mediante lista que se publica en lugar visible de este juzgado, así como en la sección de servicios de la página electrónica institucional www.cjf.gob.mx consultable vía Internet. En tal virtud, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista de autos, lo cual constituye un sistema de notificación que se publica en Internet con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, y con apoyo además en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c) de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se 06/10/23 14:30:49 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.35.21 Leonardo Rojas Barragán encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como responsable; caso en el cual de no ser hallados en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe. ORF Razón.- En esta fecha se giró (giraron) el (los) oficio (s) 19947 a la (s) autoridad

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