Antonio Sandoval Campos y Otros.

Expediente 71/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
71/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
20/04/2021

Partes del expediente

  • Antonio Sandoval Campos y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese en autos el oficio que remite el Juez Menor Mixto de Acámbaro, Guanajuato, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el despacho 91/2021 del índice de este juzgado, que se le envió a efecto de notificar a la parte quejosa el proveído de nueve de marzo del año en curso. Dese de baja la citada comunicación y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Por otra parte, visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de nueve de marzo del presente año, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se determinó desechar el presente juicio de amparo. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen.

  2. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por el Juez Menor Mixto de Acámbaro, Guanajuato, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho 38/2021 del índice de este órgano jurisdiccional, que se le envió para que notificara a la parte quejosa el proveído de nueve de marzo del presente año, por las razones que expone; en ese sentido, se acuerda: Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, debiéndose dar de baja la comunicación oficial de referencia. En virtud de lo informado por la autoridad oficiante, con fundamento en los arábigos 298, 299 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese de nueva cuenta atento despacho al Juez Menor Mixto de Acámbaro, Guanajuato, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda: Se notifique personalmente a los quejosos ***************, el proveído de nueve de marzo del presente año, en el domicilio ubicado en calle ***************, Guanajuato; Les entreguen copia simple del indicado auto. Los requiera para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que les surta efectos la notificación que se le haga de este proveído, señalen domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad; y, Los aperciba que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las que tuvieran que ser de carácter personal, sin ulterior acuerdo, se practicarán por lista que se fija en los estrados de este tribunal, en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ************, por su propio derecho y como integrantes de la Comunidad *********** del municipio de Acámbaro, Guanajuato, contra actos del Comisariado Ejidal del Poblado de Arroyo de la Luna, perteneciente al municipio de Acámbaro, Guanajuato; con apoyo en el artículo 2, fracción VIII, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número de expediente 71/2021-V. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, dispositivos que estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De la interpretación de tales numerales se deduce que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman actos que no provengan de autoridades que puedan considerarse como responsables para los efectos del juicio de amparo. De igual forma, se advierte que es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, el ente público cuyos actos (lato sensu) unilaterales, son susceptibles de crear, modificar o extinguir obligatoriamente situaciones jurídicas, así como los particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Así, para identificar los actos de autoridad, se deben presentar las siguientes notas distintivas: a. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b. Que esa relación tiene su nacimiento en la norma que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c. Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d. Que para emitir esos actos, no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Apoya lo anterior la tesis número 2a. CCIV/2001, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 39, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Noviembre de 2001, que dice: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Luego, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse a las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior, ya sea que se trate de una autoridad formal o de un particular que goce de las mismas atribuciones. Pues bien, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que el acto reclamado en la presente instancia constitucional se hacen consistir esencialmente en: El desposeimiento de predios dentro de los cuales se localizan el estanque de recuperación de agua conocido como "El Apalache" y el área de espectáculos del Poblado de Arroyo Colorado, de Acámbaro, Guanajuato, por parte de los integrantes del Comisariado Ejidal del Poblado Arroyo de la Luna, perteneciente a dicho municipio. Sin embargo, se estima que a los integrantes del Comisariado Ejidal del Poblado Arroyo de la Luna de Acámbaro, Guanajuato, no les reviste el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que se está en un plano de clara coordinación y no deriva de una relación de supra-subordinación. Para justificar lo anterior, resulta necesario traer a colación el contenido de los artículos 21, 22, 32 y 33 de la Ley Agraria, que disponen: Artículo 21.- Son órganos de los ejidos: La asamblea; El comisariado ejidal; y El consejo de vigilancia. Artículo 22.- El órgano supremo del ejido es la asamblea, en la que participan todos los ejidatarios. El comisariado ejidal llevará un libro de registro en el que asentará los nombres y datos básicos de identificación de los ejidatarios que integran el núcleo de población ejidal correspondiente. La asamblea revisará los asientos que el comisariado realice conforme a lo que dispone este párrafo. Artículo 32.- El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido. Estará constituido por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes. Asimismo, contará en su caso con las comisiones y los secretarios auxiliares que señale el reglamento interno. Este habrá de contener la forma y extensión de las funciones de cada miembro del comisariado; si nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente. Artículo 33.- Son facultades y obligaciones del comisariado: Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas; Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios; Convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas; Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como informar a ésta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que éstas se encuentren; Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido." De los numerales transcritos, en lo que interesa se desprende lo siguiente: - El comisariado es un órgano del ejido, no del Estado, por lo cual no puede considerarse como autoridad; y, - Los comisariados ejidales actúan únicamente como representantes del núcleo de población ejidal y como administradores de los bienes agrarios de éstos, en atención a que sus atribuciones legales solo los faculta para actuar como órganos de dirección del poblado correspondiente. De lo expuesto, se obtiene que los comisariados ejidales no son considerados como autoridad para efectos del juicio de amparo, puesto que su carácter de órgano representativo y de ejecución son respecto del ejido y hacia su interior, respectivamente, de tal manera que se trata de cuestiones entre particulares sin coerción. Luego, si los comisariados ejidales, en sus relaciones con los sujetos del ejido, no se ubican en una posición de supra a subordinación, sino en una de coordinación, es evidente que dicho organismo no es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Máxime, que para que un acto pueda reputarse proveniente de una autoridad agraria, además de crear, reconocer, modificar o extinguir algún derecho, debe ser imponible y ejecutable aun en contra de la voluntad de los gobernados, lo que en el caso de los actos de los comisariados ejidales no acontece, pues no se advierte en la ley dispositivo alguno que les otorgue esa facultad de imperio, sino únicamente de representación del ejido y ejecución de los acuerdos de asamblea. Es aplicable a lo anterior la tesis aislada XX.133 A, con registro 208669, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-2, febrero de 1995, página 468, del tenor literal siguiente: PRESIDENTE DEL COMISARIADO EJIDAL, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA Y DEL PATRONATO DE SOLIDARIDAD RURAL. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE GARANTÍAS EL. El Presidente del Comisariado Ejidal, Presidente del Consejo de Vigilancia y del Patronato de Solidaridad Rural, no tienen el carácter de autoridad para los efectos del juicio de garantías, en razón de que, carecen de las facultades decisorias y ejecutoras a que se refiere el artículo 11 de la Ley de Amparo, esto es, tales actos no derivan de la tramitación, resolución y ejecución de expedientes agrarios para considerar que ejercen actos públicos autorizados por las propias resoluciones, sino que son órdenes provenientes de la asamblea general de ejidatarios en administración y vigilancia de los bienes agrarios que se equiparan a actos de particulares contra los cuales es improcedente la suspensión." Asimismo, la tesis aislada sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, Tomo XCI, página 2808, registro digital 321321, de rubro y texto siguientes: COMISARIADOS EJIDALES, NO TIENEN CARÁCTER DE AUTORIDAD. Debe sobreseerse en el amparo, cuando se reclaman actos del presidente de un Comisariado Ejidal, pues dichos comisariados no tienen el carácter de autoridad sino el de órgano de dirección de los ejidos, y ya con anterioridad se ha dicho que: "El Código Agrario de los Estados Unidos Mexicanos expedido el 31 de diciembre de 1942, al enumerar en su artículo 1o. las autoridades agrarias, hace omisión de los Comisariados Ejidales, los que sí aparecían conceptuados con tal carácter, por la fracción VIII del artículo 1o. del Código Agrario anterior. Tal omisión implica una derogación terminante confirmada por el artículo 4o., transitorio, del código de la materia en vigor, y entraña, indudablemente, la voluntad del Legislador de no considerar como autoridades agrarias propiamente dichas, en lo sucesivo, a los citados Comisariados Ejidales, sino propiamente órganos de dirección de los ejidos correspondientes". No se soslaya que si bien la Ley Agraria faculta a los comisariados ejidales para realizar la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido, además de convocar a la asamblea en los términos de la ley, es la voluntad de sus integrantes el origen de las disposiciones normativas a las que se someten y no a la potestad del Estado; por lo que, si la parte quejosa pretende reclamar en esta instancia constitucional las decisiones adoptadas por el comisariado ejidal, éstas no constituyen actos equivalentes a los de autoridad emitidos con motivo de la aplicación de una norma, los que en su caso son susceptibles de ser controvertidos a través del juicio de amparo indirecto. Sirve de sustento a lo narrado, en lo que interesa, la tesis con registro 214009 sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, Diciembre de 1993, página 841, de epígrafe y texto siguientes: COMISARIADO EJIDAL Y CONSEJO DE VIGILANCIA. NO SON AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El hecho de que el Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia, tengan facultades para desposeer a los ejidatarios de sus parcelas, no por esta circunstancia debe atribuírseles el carácter de autoridades responsables y por ende sus actos sean susceptibles de combatir a través del juicio de amparo, toda vez que la investidura otorgada a tales órganos por la anterior y actual legislación agraria, debe entenderse en el sentido definido por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "de órgano de dirección y vigilancia del ejido", pues aun y cuando éste sea una persona moral creada por voluntad estatal y que las decisiones de sus autoridades internas presenten las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad, no participa de la naturaleza jurídica del Estado, de consiguiente, sus actos no son de autoridad para los efectos del amparo." No pasa inadvertido para este juzgador que del análisis de lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", se desprende que establece la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no se pueden realizar análisis exhaustivos, ya que sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional. Sin embargo, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos del juicio de amparo, en virtud de que sólo sería suficiente la aplicación del criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia. Conforme a lo expuesto, a juicio de quien resuelve, en el presente asunto es suficientemente claro que el acto reclamado no se puede considerar como un acto equivalente a los de autoridad, pues como ya se dijo para que un acto pueda reputarse proveniente de una autoridad agraria, además de crear, reconocer, modificar o extinguir algún derecho, debe ser imponible y ejecutable aun en contra de la voluntad de los gobernados, lo que en el caso de los actos del comisariado ejidal no acontece, pues no se advierte en la ley dispositivo alguno que les otorgue esa facultad de imperio, sino únicamente, se insiste, de representación del ejido y ejecución de los acuerdos de asamblea. De tal suerte, se estima que el sentido de la presente decisión no podría cambiar, aunque la parte quejosa gozara de toda la secuela procesal para aportar pruebas y alegatos de su intención. De ahí que, en el presente asunto se está en presencia de un caso de excepción, en el que el auto inicial de trámite de la demanda de amparo constituye la actuación procesal oportuna para determinar que el acto reclamado no proviene de una autoridad, lo que encuentra apoyo en el criterio contenido en la tesis PC.III.L. J/5 L (10a), sustentada por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 11, octubre de dos mil catorce, Tomo II, página 1224 (registro 2007580), que dice: AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento." Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 5°, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Tomando en consideración que los promoventes del amparo señalaron como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle *************; con fundamento en los arábigos 298, 299 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento despacho al Juez Menor Mixto de aquella ciudad, para que en auxilio de las labores de este Juzgado ordene se notifique personalmente a la parte quejosa la presente determinación en el referido domicilio; asimismo, se le requiera para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que se le haga de este proveído, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad; con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las que tuvieran que ser de carácter personal, sin ulterior acuerdo, se practicarán por lista que se fija en los estrados de este tribunal, en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo. En términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se les tiene proponiendo como forma especial y expedita de contacto el correo electrónico ***********, a fin de establecer el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario. Se hace la precisión que el correo electrónico proporcionado no puede tenerse como domicilio para oír y recibir notificaciones, ya que dicho supuesto no está previsto en la Ley de Amparo y el correo al que alude el indicado Acuerdo General únicamente es para establecer contacto en caso de estimarse necesario. Por otra parte, se tiene a la parte quejosa autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a **********, al contar con cédula profesional número 4274103 registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal en cita a la diversa persona que menciona, por así haberlo solicitado. Con apoyo en lo dispuesto en el arábigo 13 de la ley de la materia se designa como representante común a ********. Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial.

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