Antonio Silva Cabrera

Expediente 52/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 12 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
52/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
09/05/2019

Partes del expediente

  • Antonio Silva Cabrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Juicio de amparo 52/2019 En nueve de mayo de dos mil diecinueve, Angélica Bobadilla Larios, secretaria de juzgado certifico que: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que sí existe un documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión transcurrió del veinticuatro de abril al ocho del mes y año en curso, sin que haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el once de abril de dos mil diecinueve. Que dentro de dicho juicio no se tramitó incidente de suspensión. No existen pruebas por devolver a las autoridades responsables. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a nueve de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada el once de abril de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó el juicio en que se actúa y negó el amparo y protección solicitados; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por los numerales 86 de la Ley de la Materia, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente es susceptible de depuración; en razón de que por un lado se negó la protección constitucional solicitada. Asimismo dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del referido acuerdo. Por otra parte, en virtud de que obra agregado un documento original exhibido por el quejoso (foja 9); con fundamento en lo dispuesto por el punto décimo primero, último párrafo, del mencionado Acuerdo General, se le requiere para que dentro del término de NOVENTA DÍAS HÁBILES, contado a partir del día siguiente al que sea notificado del presente auto, comparezca debidamente identificado y en horas hábiles, a recibir el documento de que se trata, apercibido de que, en caso de no hacerlo, éste seguirá la suerte del presente expediente. Notifíquese; personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Angélica Bobadilla Larios, secretaria que autoriza y da fe. Vicky

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA ANTONIA SILVA CABRERA, LA DETERMINACIÓN DE NUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "... Zacatecas, Zacatecas, a nueve de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada el once de abril de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó el juicio en que se actúa y negó el amparo y protección solicitados; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por los numerales 86 de la Ley de la Materia, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente es susceptible de depuración; en razón de que por un lado se negó la protección constitucional solicitada. Asimismo dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del referido acuerdo. Por otra parte, en virtud de que obra agregado un documento original exhibido por el quejoso (foja 9); con fundamento en lo dispuesto por el punto décimo primero, último párrafo, del mencionado Acuerdo General, se le requiere para que dentro del término de NOVENTA DÍAS HÁBILES, contado a partir del día siguiente al que sea notificado del presente auto, comparezca debidamente identificado y en horas hábiles, a recibir el documento de que se trata, apercibido de que, en caso de no hacerlo, éste seguirá la suerte del presente expediente. Notifíquese; personalmente al quejoso. ..."

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 52/2019; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de enero de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Antonio Silva Cabrera, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridades que enseguida se describen: Autoridad responsable: Sexagésima Segunda Legislatura del estado de Zacatecas. Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas. Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas. Tesorero Municipal de Guadalupe, Zacatecas. Actos reclamados: De la Sexagésima Segunda Legislatura del estado de Zacatecas: -La aprobación y expedición de los artículos 42, 43 y las tablas de valores unitarios y zonas catastrales de terrenos establecidas en éste último, de la Ley de Ingresos del municipio de Guadalupe, para el ejercicio fiscal de 2019. Del gobernador del estado de Zacatecas: -La expedición de los artículos 42, 43 y las tablas de valores unitarios y zonas catastrales de terrenos establecidas en éste último de la Ley de Ingresos del municipio de Guadalupe, para el ejercicio fiscal de 2019. Del secretario de Finanzas del Gobierno del estado y tesorero de Guadalupe, Zacatecas. -El pago erogado relativo al cobro del impuesto predial. Actos que, a su parecer, resultan violatorios de los derechos fundamentales contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de amparo se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, misma que fue registrada bajo el número 52/2019 y previo cumplimiento de una prevención formulada, en acuerdo de treinta de enero de dos mil diecinueve, se admitió a trámite; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en los términos de la presente acta; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción II, de la Ley de Amparo y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que los actos reclamados se atribuyen a autoridades que residen en el territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados que constituyen el objeto de la litis efectivamente planteada en este juicio, consisten en: De la Sexagésima Segunda Legislatura del estado de Zacatecas: -La aprobación y expedición de los artículos 42 y 43 y las tablas de valores unitarios y zonas catastrales de terrenos establecidas en éste último, de la Ley de Ingresos del municipio de Guadalupe, para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve. Del gobernador del estado de Zacatecas: -La expedición de los artículos 42 y 43 y las tablas de valores unitarios y zonas catastrales de terrenos establecidas en éste último de la Ley de Ingresos del municipio de Guadalupe, para el ejercicio de dos mil diecinueve. Del secretario de Finanzas del Gobierno del estado y tesorero de Guadalupe, Zacatecas: -El pago erogado relativo al cobro del impuesto predial. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Secretario de Finanzas del Gobierno del estado de Zacatecas, al rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos reclamados (fojas 27 a 43); sin que la impetrante de amparo hubiese aportado pruebas dentro del procedimiento constitucional que desvirtúen tal negativa. Por otra parte, respecto al cobro reclamado al tesorero Municipal de Guadalupe, Zacatecas, también es inexistente. En efecto, la recepción del pago del tributo autoliquidado por el contribuyente, no implica una actuación unilateral por parte de las autoridades exactoras, porque no obedece a una orden o requerimiento expreso de la autoridad encargada de recaudar los tributos, sino más bien atiende al cumplimiento de una obligación establecida en la ley, a la cual el contribuyente sujetará al orden constitucional cuando la impugne con motivo del acto de aplicación, consistente en la realización del pago respectivo. Es así, porque la circunstancia consistente en que la autoridad exactora reciba el importe autoliquidado por el contribuyente, no envuelve un actuar positivo de aquélla, pues no constituye una conducta tendente a querer que se realice el acto en sí, o que desee que se manifiesten sus efectos. Así, la tarea de recibir o cobrar el impuesto autoliquidado, no conlleva una declaración de voluntad unilateral por parte del órgano del Estado. Es sustento de lo argumentado, el criterio previsto en la jurisprudencia 2a./J. 153/20074, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora". En la ejecutoria que dio origen al criterio anterior, la Segunda Sala consideró en relación con la recepción de los tributos autoliquidados: "...la circunstancia consistente en que la autoridad exactora reciba el importe autoliquidado por el contribuyente, no envuelve un actuar positivo de aquélla, pues no constituye una conducta tendiente a querer que se realice el acto en sí o que desee que se manifiesten sus efectos, pues poco le importa a la unidad receptora del pago si el contribuyente lo realiza o no, pues en tal caso, posteriormente, sólo el contribuyente deberá soportar las consecuencias de su omisión. En su caso, tal situación únicamente implica una actitud de mero trámite, ante la voluntad manifestada externamente por el propio particular que acude espontáneamente a la oficina recaudadora a enterar el impuesto que, por medios propios, se ha autoliquidado, es decir, se trata de una actitud pasiva frente a la recaudación voluntaria que realiza el particular. Lo anterior, porque la tarea de recibir o cobrar el impuesto autoliquidado, no conlleva una declaración de voluntad unilateral por parte del órgano del Estado, tendiente a la obtención de un fin determinado, pues las indicadas acepciones de "recibir" y "cobrar", no demuestran los extremos citados, como se advierte de su significado tomado del Diccionario de la Lengua Española: "Recibir: Tomar uno lo que le dan o lo que le envían. Hacerse cargo uno de lo que le dan o le envían." "Cobrar: Recibir dinero como pago de algo." Así, es posible concluir que cuando el quejoso con motivo de la autoliquidación del tributo, considera que ha sufrido en su perjuicio el primer acto de aplicación de la disposición legal que le impone la carga tributaria reflejada en el pago correspondiente y, por tal motivo, la sujeta al orden constitucional mediante la interposición del juicio de amparo indirecto, los actos consistentes en la determinación, cuantificación, liquidación, recaudación, cobro y recepción del pago del impuesto enterado, que de manera general le atribuye a las autoridades ejecutoras, no son imputables a éstas, pues como se ha visto, la existencia de un acto de autoridad no puede derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la propia conducta que, en su caso, despliegue o exteriorice la propia autoridad". Por tanto, cuando el quejoso reclama la recepción del pago del impuesto enterado motu proprio no es imputable a las autoridades ejecutoras, pues no constituyen actos de autoridad, al derivarse de la actitud del particular frente al mandato legal. En relación con el impuesto predial para los municipios del Estado de Zacatecas, el numeral 8 de la ley de hacienda municipal de dicha entidad federativa dispone que el pago de esa contribución deberá efectuarse en la Tesorería Municipal correspondiente, dentro de los primeros veinte días del primer mes de cada bimestre, lo cual, por regla general, implica que dicho entero corresponde directamente al contribuyente, pues no se regula como presupuesto de tal acción, la intervención previa de la autoridad exactora. Lo anterior se corrobora con el contenido de los artículos 21 y 22 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios, ya que de dichos preceptos se desprende que, salvo disposición en contrario, corresponde a los obligados al pago de contribuciones la exacta determinación, liquidación, y declaración de las contribuciones a su cargo. Luego, al no haber disposición expresa que prevea lo contrario, debe entenderse que el pago del impuesto predial en referencia se trata de una autoliquidación a cargo del contribuyente, por lo que no implica un acto atribuible a la autoridad exactora. En el caso, el quejoso reclama el cobro del impuesto predial en favor del municipio de Guadalupe, Zacatecas. Así, el acto en comento se integra por la aplicación de las normas reclamadas en virtud del entero de los tributos reclamados, el cual realizó el amparista en cumplimiento de la obligación tributaria regulada en la ley, porque no se encuentra acreditada la intervención de la autoridad fiscal en la determinación y cobro del tributo en referencia, es decir, no consta un acto en el que se determinen dichos aspectos. De ahí que, los actos de aplicación se concretan en las obligaciones derivadas de la actitud del contribuyente frente a la ley. Por tanto, en conformidad con lo expuesto, los pagos realizados constituyen una autoliquidación, pues, como se expuso, es al propio contribuyente a quien le corresponde cumplir con las obligaciones fiscales derivadas de las disposiciones en comento, mediante el pago de éstas ante la autoridad fiscal correspondiente. En consecuencia, no son ciertos los actos reclamados materia de este considerando, dado que el entero del impuesto reclamado, se insiste, corresponde al contribuyente por mandato legal, por lo que no es atribuible a las autoridades exactoras, pese a que pueda constituir un acto de aplicación de las normas reclamadas. En las relatadas condiciones, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo que ve a los actos reclamados al Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas y al Tesorero Municipal de Guadalupe, Zacatecas. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, y sin prueba en contrario eficiente e idónea aportada por el impetrante del amparo que desvirtúe dicha negativa, de la citada autoridad responsable; consecuentemente, se sobresee en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley que rige el juicio constitucional. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia VI.2°.J/20, que es del siguiente tenor literal: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo. " CUARTO. Certeza del acto reclamado. El Gobernador y la Sexagésima Segunda Legislatura del Estado, al rendir sus informes justificados, aceptaron la existencia de los actos que se les reclaman (fojas 47 a 52, 54 a 75). Además, la existencia de las disposiciones legales combatidas se acreditan en términos de los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en cuanto disponen que sólo los hechos estarán sujetos a prueba y los notorios pueden ser invocados de oficio por el propio órgano jurisdiccional, de modo que la existencia del ordenamiento legal reclamado constituye un hecho notorio que no es objeto de prueba, al tratarse de una norma general publicada en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, agosto de 2000, tomo XII, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191452, de rubro y texto siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA EDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". También resulta aplicable a la consideración precedente, la tesis aislada V.2°.214 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 205, febrero de 1995, tomo XI-I, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 209107, de rubro y texto siguiente: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas". La tesorera municipal de Guadalupe, Zacatecas, manifestó ser ciertos los actos de ejecución (foja 45). Por tanto, se encuentra acreditada la existencia de los actos reclamados. QUINTO. Causales de improcedencia. En el caso, la autoridad responsable Sexagésima Segunda Legislatura del Estado, por conducto de su representante al rendir el informe con justificación, señala por una parte que el juicio de amparo deviene improcedente en tanto que, la aplicación de los artículos no le causa perjuicio al quejoso, al no contemplar las disposiciones impugnadas el cálculo del impuesto predial pagado. El citado argumento de improcedencia es ineficaz, en tanto que, el quejoso acredita su interés jurídico para acudir al juicio constitucional, con el recibo de pago con folio 41761 anexado a la demanda de garantías, con el cual, acredita el pago del impuesto predial por el año fiscal dos mil diecinueve y al que atribuye la aplicación de los artículos reclamados; de ahí que, con ello justifica el interés jurídico para acudir al juicio de amparo. Por otra parte, agrega la citada Sexagésima Segunda Legislatura del Estado, que el juicio de amparo a la vez deviene improcedente, porque no se formularon conceptos de violación por el quejoso, para analizar la constitucionalidad del acto reclamado, en tanto que, los argumentos que realiza en torno a la contribución impugnada se calcula con base en elementos que no existen en el articulado de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalupe, Zacatecas. El anterior argumento de la responsable es ineficaz, pues como la propia responsable lo indica, al formular el quejoso argumentos de inconstitucionalidad que hace derivar de los artículos reclamados por el pago del impuesto predial realizado; ello constituye conceptos de violación y materia del fondo del juicio y no de improcedencia como lo hace valer, en tanto que, son relativos a calificar la legalidad de los preceptos controvertidos. De modo tal, que al realizar el quejoso argumentos a título de conceptos de violación, es que no se actualiza la hipótesis de improcedencia aducida por la autoridad responsable. Al no existir diversa causa de improcedencia que se haga valer por las partes, se procede al análisis de los conceptos de violación, cuya transcripción es innecesaria pues de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 74 de la Ley de Amparo, no es una exigencia formal transcribir los conceptos de violación, sino basta se lleve a cabo su análisis completo. SEXTO. Examen constitucional del acto reclamado. Los conceptos de violación resultan inoperantes por lo siguiente. La parte quejosa hace consistir el acto reclamado, en la aplicación de los artículos 42 y 43 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, que se le aplicaron al realizar el pago del impuesto predial para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve. En la demanda de amparo trascribe los artículos impugnados que refiere son del contenido siguiente: "Artículo 42.- Es base del impuesto predial, la superficie de terreno y construcción de los inmuebles, tomando en consideración la zona de su ubicación, uso y tipo. Artículo 43.- El importe tributario se determinará con la suma de 2.0000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria, más, lo que resulte de aplicar la siguiente tarifa, de conformidad con lo establecido en la Ley de Catastro del Estado de Zacatecas y su Reglamento, de acuerdo a lo siguiente: l. PREDIOS URBANOS: a) Zonas: UMA DIARIA I.........................0.0013 II...... ..............0.0025 III...... ................0.0044 IV......................0.0075 V....................0.0107 VI..................... 0.0176 VII.................. ..0.0271 El pago del impuesto predial de lotes baldíos se cobrará en un tanto más con respecto al importe que le corresponda a las zonas II y III, una vez y media más con respecto al informe que le corresponda a las zonas IV y V; y dos veces más al importe que corresponda a las zonas VI y VII. II. POR CONSTRUCCIÓN: a) Habitación: UMA diaria Tipo A................................................................ 0.0151 Tipo B..................................................................... 0.0064 Tipo C..................................................................... 0.0051 Tipo D.....................0.0032 b) Productos: Tipo A....................0.0189 Tipo B....................0.0151 Tipo C....................0.0095 Tipo D....................0.0051 El Ayuntamiento se obliga a exhibir públicamente las zonas urbanas establecidas y los tipos de construcción. III. PREDIOS RÚSTICOS: A) Terrenos para siembra de riego: UMA diaria 1 Sistema de Gravedad, por cada hectárea..... 0.8733 2 Sistema de Bombeo, por cada hectárea .....0.6398 b) Terrenos para siembra de temporal y terrenos de agostadero: 1. De 1 a 20 hectáreas, pagarán por el conjunto de la superficie, 2.0000 veces la Unidad de Medida y actualización diaria, más por cada hectárea, $1.50 (un peso cincuenta centavos), y 2. De más de 20 hectáreas pagarán por el conjunto de la superficie, 2.0000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria, más por cada hectárea, $3.00 (tres pesos). Los titulares de la parcela ejidal o comunal, cuya superficie total no exceda de 20 hectáreas, no obstante que posean en lo individual, diversos títulos, pagarán en forma integrada, como si se tratara de una sola unidad parcelaria, no fragmentada. En el caso de parcelas ejidales cuya situación se acredite ante la oficina recaudadora como de pleno dominio o en zona de expansión para convertirse en área urbana, industrial o de servicios, el impuesto se causará por solar y atendiendo a la naturaleza actual del uso del suelo. [...]" Ahora, conforme al contenido de los anteriores artículos, la quejosa señala como conceptos de violación: "De lo anterior, se advierte que el contribuyente debe saber, primero, en qué tipo de clasificación y zona se encuentra el inmueble conforme al artículo 56 de Reglamento de la Ley de Catastro del Estado de Zacatecas y anexo denominado "Padrón de Colonias por Zonas y Código Postal", posteriormente, deliberar entre un monto mínimo y un monto máximo, para obtener el valor del terrero y así determinar el primer concepto de la base gravable del impuesto, Ahora, el criterio para conocer la clasificación de la ubicación del terreno, deriva del anexo denominado "Padrón de Colonias por Zonas y Código Postal", en el cual se zonifica la ciudad por colonias, atendiendo a los servicios que se describen en la tabla de valores unitarios y zonas catastrales de terrenos. Sin embargo, no está previsto cómo la autoridad conoció dichos servicios para clasificar las colonias; tampoco está previsto en la ley la forma de determinar el factor aplicable entre el valor mínimo y valor máximo por metro cuadrado de terreno, ya que incluso no se establece cómo se obtienen dichos valores o con base en qué procedimiento se determinaron. Luego, es evidente que ello permite un margen de discrecionalidad que se traduce en arbitrariedad de la autoridad administrativa en lo relativo a la determinación de un elemento que incide en la base gravable del impuesto predial, lo que resulta violatorio de la garantía de legalidad tributaria. Lo anterior es así, porque conforme al artículo 14 de la Ley de Catastro del Estado de Zacatecas, la aprobación de la zonificación catastral del territorio y de los valores unitarios del suelo y de construcción se hará cada año por la Secretaría de Finanzas a propuesta de la Dirección de Catastro y Registro Público y por los ayuntamientos a través del presidente municipal. Además, si bien el artículo 16 de la aludida legislación prevé los parámetros que deben considerarse para determinar la zonificación catastral y de valores unitarios de suelo aplicables en los sectores catastrales de las zonas urbanas, lo cierto es que éstos no se ven reflejados en la tabla de valores unitarios y zonas catastrales de terrenos contenida en el artículo 43 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalupe, para el Ejercicio Fiscal 2019, ni en su anexo denominado "Padrón de Colonias por Zonas y Código Postal", por ejemplo, la edad del sector, el índice socioeconómico de los habitantes y las políticas de ordenamiento y regulación del territorio que sean aplicables; de ahí la discrecionalidad y la consecuente arbitrariedad de la autoridad para fijar dichos aspectos y la imposibilidad para el gobernado de conocer en forma clara los elementos que tuvo en cuenta aquélla para la determinación de la base gravable del impuesto predial. Cabe precisar que el margen de arbitrariedad de la autoridad también se ve reflejado en la circunstancia de que para establecer la clasificación de las zonas en la tabla de valores unitarios y zonas catastrales de terrenos contenida en el artículo 43 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalupe, para el ejercicio fiscal 2019, no se describe como arriba a dicha conclusión o como marca que tipo de predio ha de pagarse. De lo expuesto, se deduce que en la ley no se describe a qué tipo de asentamientos se refiere, pues se itera, se emplean criterios ambiguos para su descripción, como es "donde se desarrollan espacios diferenciados para sus usos (mixto)", "en grupos, conceptualizada con prototipos", "consolidado", "que a través del tiempo, los servicios se otorgaron por el municipio o programas sociales promovidos por los habitantes" y "en la periferia de la mancha urbana"; tampoco se particulariza qué tipo de servicios, infraestructura o equipamiento urbano hacen la distinción para considerar que pertenecen a una u otra clasificación, porque únicamente se menciona que es "óptima", "adecuada", "no consolidada", "regulares", "regular a mala no consolidada" y "de regular a mala", sin que con ello se colme con el principio de legalidad tributaria, dado que se permite a la autoridad establecer, a su arbitrio, en qué clasificación se encuentra el predio de los gobernados, al no existir parámetros claros para efectuar dicho ejercicio, pues carecen de descripción legal los factores que inciden en un elemento esencial del impuesto predial, a saber, la base." En ese contexto, los montos mínimo y máximo de valor por metro cuadrado de terreno precisados en las referidas tablas, también vulneran el aludido principio constitucional recaudatorio, dado que no se advierte cuál es el procedimiento para fijarlos, porque si bien la Ley de Catastro en su artículo 16 prevé los parámetros que deben considerarse para determinar la zonificación catastral y de valores unitarios de suelo aplicables en los sectores catastrales en las zonas urbanas, lo cierto es que éstos no se ven reflejados en la tabla de valores unitarios y zonas catastrales de terrenos contenida en el artículo 43 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalupe, ni en diversa normatividad. Por lo tanto, resulta arbitraria la determinación de los referidos montos mínimos y máximos, pues no basta que la autoridad los fije en la ley para considerarlos apegados al principio de legalidad tributaria, sino que además es necesario que se establezca un procedimiento para su fijación, aunado a que deben ser proporcionales y perseguir una finalidad constitucionalmente válida para ello pues, en caso contrario, se dejaría a criterio abierto de la autoridad administrativa la determinación del monto mínimo y máximo por metro cuadrado de terreno, lo cual incide de manera directa en la base gravable del impuesto predial, sin reflejar realmente el valor real de dichos conceptos (metro cuadrado de terreno), sino la discrecionalidad que el creador de la norma dejó a la autoridad exactora para estipularlos. Estos mismos vicios se advierte en la tabla de valores unitarios de construcción, porque se determina una clasificación por tipo "mínima", atendiendo a si es una vivienda con materiales precarios, sin proyecto, construida sin mano de obra calificada, instalaciones visibles, un solo nivel, techumbre de lámina, sin acabados, espacios construidos de estructura provisional o mixta; "económica", si es una vivienda con materiales de regular calidad, con crecimiento progresivo con proyecto ajustado, construida con mano de obra común, instalaciones mixtas, hasta dos niveles, con losa, acabados de calidad económica y espacios construidos en estructura fija; "interés social" si es una vivienda construida en grupos, conceptualizada con prototipos, cuanta con un proyecto e infraestructura adecuados con acabados económicos; "residencial medio" generalmente conceptualizada como vivienda individual, con espacios diferenciados por sus usos: sala comedor, recamaras, cocina, al menos un baño y medio, con buenos acabados, con infraestructura adecuada; "residencial de lujo" si tiene espacios diferenciados por sus usos: sala comedor, recamaras con baños y vestidor, cocina, espacios para cubrir necesidades adicionales, con un proyecto adecuado y acabados de calidad, la infraestructura adecuada y tratamiento especial a la seguridad del lugar; y, "residencial plus" si cuenta con espacios diferenciados por sus usos: sala comedor, recamaras con baño y vestidor, cocina, espacios para cubrir necesidades adicionales, con un proyecto adecuado y acabados de calidad, con instalación especiales integradas (climatizada desde su origen), la infraestructura adecuada y tratamiento especial a la seguridad del lugar. En ese contexto, si la tabla de mérito atiende a diversos factores para clasificar una vivienda, se observa que estos son genéricos y ambiguos, porque no están definidos en la ley ni en diversa normatividad, para que el gobernado tenga la certeza del encuadramiento adecuado a cada una de dichas categorías (.)". Sin embargo, el quejoso al formular los conceptos de violación, parte de premisas equivocadas; pues el contenido de los artículos impugnados y señalados por el quejoso, no corresponde con el contenido de los artículos 42 y 43 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, mismos que son del contenido siguiente: "Artículo 42. Para los efectos de este impuesto, salvo prueba en contrario, se presume que el propietario del suelo lo es también de las construcciones. En todo caso, los predios quedaran perfectamente afectos al pago del impuesto y sus accesorios, independientemente de quien detente la propiedad o posesión de los mismos. Artículo 43. Los recibos de pago por concepto de impuesto predial, únicamente avalan el pago de la anualidad, sin otorgar el derecho de propiedad a quien o nombre de quien lo realice." De este modo, contrario a lo indicado por el quejoso, los artículos reclamados (texto de la ley de ingresos del municipio de Guadalupe, Zacatecas), aun y cuando por el contenido de los mismos, tienen que ver con el impuesto predial, en tanto que disponen circunstancias relativas a la presunción de la propiedad y que con independencia de quien la detente, se encuentran sujetos al pago del impuesto predial y el recibo de ello, solo avala el pago de la anualidad sin otorgar derecho de propiedad a quien lo realice. De modo alguno, establecen los elementos esenciales de la contribución relativas al objeto, base, tarifa, época de pago, como tampoco se precisa en estos la tabla de valores o referencia alguna a zonas catastrales, como lo indica el quejoso en los conceptos de violación que formula y en ese sentido es que tales argumentos de manera alguna controvierten los artículos 42 y 43 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalupe impugnados. Al respecto sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE TIENEN COMO SUSTENTO UN POSTULADO NO VERÍDICO [APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 108/2012 (10a.) La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia en cita, determinó que los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su estudio pues, al partir de una suposición no verdadera, su conclusión es ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida; principio que aplica a los conceptos de violación cuyo sustento es un postulado que resultó no verídico, ya que entre los motivos de inconformidad expuestos en el recurso de revisión y en el amparo directo, existe una identidad jurídica sustancial; consecuentemente, en ambos casos, es ocioso su análisis ya que no favorecen los intereses del promovente, por ende, merecen el calificativo de inoperantes." Además, no se soslaya de dentro de la suplencia indicada en la Ley de Amparo y conforme al criterio jurisprudencial que adelante se indica, ello es también, cuando se incurra en el error de cita del precepto con el contenido impugnado y que contemple el caso controvertido por el impetrante; lo anterior, porque aún y cuando el artículo 45 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalupe, Zacatecas para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, contempla la forma y términos de la obtención del pago de impuesto predial reclamado, es de contenido distinto al señalado por el quejoso, pues dicho artículo es del tenor siguiente: "Artículo 45.- El monto tributario se determinará con la suma de 2.0000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria, más, lo que resulte de aplicar la siguiente tarifa, de conformidad con lo establecido en la Ley de Catastro y su Reglamento: I. PREDIOS URBANOS: a) Zonas: UMA diaria I..........................................................................0.0131 II.................................................................. 0.0151 III................................................................. 0.0162 IV.............................................................. 0.0237 V............................................................ 0.0340 VI................................................................ 0.0406 VII.................................................................... 0.0622 b) El pago del impuesto predial de lotes baldíos se cobrará un tanto más con respecto al importe que les corresponda a las zonas II y III; una vez y media más con respecto al importe que les corresponda a las zonas IV y V; y dos veces más al importe que correspondan a las zonas VI y VII; II. POR CONSTRUCCIÓN: a) Habitación: Tipo A.......................................................... 0.0384 Tipo B.......................................................0.0261 Tipo C......................................................... 0.0119 Tipo D...................................................... 0.0072 b) Productos: Tipo A........................................................... 0.0522 Tipo B......................................................... 0.0384 Tipo C......................................................... 0.0197 Tipo D......................................................... 0.0119 El Ayuntamiento se obliga a exhibir públicamente las zonas urbanas establecidas y los tipos de construcción. III. PREDIOS RÚSTICOS: a) Terrenos para siembra de riego: 1. Sistema de Gravedad, por cada hectárea... 1.1390 2. Sistema de Bombeo, por cada hectárea... 0.8342 b) Terrenos para siembra de temporal y terrenos de agostadero: 1. De 1 a 20 hectáreas, pagarán por el conjunto de la superficie, 3.0000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria; más, por cada hectárea $3.00 (tres pesos), y 168 SUPLEMENTO AL PERIÓDICO OFICIAL Gobierno del Estado de Zacatecas 2. De más de 20 hectáreas pagarán por el conjunto de la superficie, 2.0000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria; más, por cada hectárea, $6.40 (seis pesos, cuarenta centavos); IV. PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS: Este impuesto se causa a razón del 1.5% sobre el valor de las construcciones. V. MINAS QUE NO CUENTEN CON PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS, SÓLO LA EXTRACCIÓN: Este impuesto se causará a razón de 11.0000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria por hectárea que tenga en posesión o lo señale la concesión expedida." Luego, tampoco puede estimarse que exista error en el artículo reclamado por el quejoso, para el análisis respectivo, dado que el artículo citado por el impetrante es de contenido distinto al que contempla el impuesto reclamado. Sirve de apoyo la jurisprudencia que no contraviene la Ley de Amparo actual, del rubro y texto siguiente: "ERRORES NUMÉRICOS O CUALQUIER OTRO DE POCA IMPORTANCIA. DEBEN SER CORREGIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y LOS JUECES DE DISTRITO, APLICANDO ANALÓGICAMENTE EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 79 de la Ley de Amparo establece, en su parte conducente, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito deberán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y que podrán examinar en su conjunto los agravios, los conceptos de violación y los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda. Aplicando el precepto en comento, por analogía y mayoría de razón, se estima que dichos órganos jurisdiccionales deben corregir también el error en la cita del número del expediente de amparo en que se incurre en el escrito de agravios en la revisión, así como cualquier otro error numérico o mecanográfico, de poca importancia, que también a través de una corrección pueda permitir la procedencia del juicio de garantías o de los recursos previstos en la Ley de Amparo, evitándose en esa forma caer en rigorismos excesivos, que dejen en estado de indefensión al particular en aquellos casos en los que el juicio de garantías o el recurso correspondiente, se interponen en la forma y dentro de los plazos que establece la ley de la materia para cada caso concreto". Luego, al no controvertir el quejoso el contenido de los artículos impugnados que dice contemplan el pago del impuesto predial, es que sus argumentos devengan inoperantes y ante lo cual, resulta procedente negar la protección de la justicia federal solicitada. La negativa de amparo se hace extensiva a los actos de ejecución al no reclamarse por vicios propios, sino derivado de la inconstitucionalidad atribuida al acto de la ordenadora y por el cual se niega la protección solicitada. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se Sobresee el juicio de amparo promovido por Antonio Silva Cabrera, contra los actos, autoridades y por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso Antonio Silva Cabrera, contra las autoridades y consideraciones expuestas en el considerando sexto de esta resolución. Notifíquese; personalmente. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, hasta hoy once de abril de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante el secretario José Luis Cuevas Nolasco, que autoriza y da fe. 90, 76

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DE DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019), ANTONIA SILVA CABRERA LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "...V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 52/2019; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de enero de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Antonio Silva Cabrera, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridades que enseguida se describen: Autoridad responsable: Sexagésima Segunda Legislatura del estado de Zacatecas. Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas. Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas. Tesorero Municipal de Guadalupe, Zacatecas. Actos reclamados: De la Sexagésima Segunda Legislatura del estado de Zacatecas: -La aprobación y expedición de los artículos 42, 43 y las tablas de valores unitarios y zonas catastrales de terrenos establecidas en éste último, de la Ley de Ingresos del municipio de Guadalupe, para el ejercicio fiscal de 2019. Del gobernador del estado de Zacatecas: -La expedición de los artículos 42, 43 y las tablas de valores unitarios y zonas catastrales de terrenos establecidas en éste último de la Ley de Ingresos del municipio de Guadalupe, para el ejercicio fiscal de 2019. Del secretario de Finanzas del Gobierno del estado y tesorero de Guadalupe, Zacatecas. -El pago erogado relativo al cobro del impuesto predial. Actos que, a su parecer, resultan violatorios de los derechos fundamentales contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de amparo se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, misma que fue registrada bajo el número 52/2019 y previo cumplimiento de una prevención formulada, en acuerdo de treinta de enero de dos mil diecinueve, se admitió a trámite; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en los términos de la presente acta; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción II, de la Ley de Amparo y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que los actos reclamados se atribuyen a autoridades que residen en el territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados que constituyen el objeto de la litis efectivamente planteada en este juicio, consisten en: De la Sexagésima Segunda Legislatura del estado de Zacatecas: -La aprobación y expedición de los artículos 42 y 43 y las tablas de valores unitarios y zonas catastrales de terrenos establecidas en éste último, de la Ley de Ingresos del municipio de Guadalupe, para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve. Del gobernador del estado de Zacatecas: -La expedición de los artículos 42 y 43 y las tablas de valores unitarios y zonas catastrales de terrenos establecidas en éste último de la Ley de Ingresos del municipio de Guadalupe, para el ejercicio de dos mil diecinueve. Del secretario de Finanzas del Gobierno del estado y tesorero de Guadalupe, Zacatecas: -El pago erogado relativo al cobro del impuesto predial. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Secretario de Finanzas del Gobierno del estado de Zacatecas, al rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos reclamados (fojas 27 a 43); sin que la impetrante de amparo hubiese aportado pruebas dentro del procedimiento constitucional que desvirtúen tal negativa. Por otra parte, respecto al cobro reclamado al tesorero Municipal de Guadalupe, Zacatecas, también es inexistente. En efecto, la recepción del pago del tributo autoliquidado por el contribuyente, no implica una actuación unilateral por parte de las autoridades exactoras, porque no obedece a una orden o requerimiento expreso de la autoridad encargada de recaudar los tributos, sino más bien atiende al cumplimiento de una obligación establecida en la ley, a la cual el contribuyente sujetará al orden constitucional cuando la impugne con motivo del acto de aplicación, consistente en la realización del pago respectivo. Es así, porque la circunstancia consistente en que la autoridad exactora reciba el importe autoliquidado por el contribuyente, no envuelve un actuar positivo de aquélla, pues no constituye una conducta tendente a querer que se realice el acto en sí, o que desee que se manifiesten sus efectos. Así, la tarea de recibir o cobrar el impuesto autoliquidado, no conlleva una declaración de voluntad unilateral por parte del órgano del Estado. Es sustento de lo argumentado, el criterio previsto en la jurisprudencia 2a./J. 153/20074, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora". En la ejecutoria que dio origen al criterio anterior, la Segunda Sala consideró en relación con la recepción de los tributos autoliquidados: "...la circunstancia consistente en que la autoridad exactora reciba el importe autoliquidado por el contribuyente, no envuelve un actuar positivo de aquélla, pues no constituye una conducta tendiente a querer que se realice el acto en sí o que desee que se manifiesten sus efectos, pues poco le importa a la unidad receptora del pago si el contribuyente lo realiza o no, pues en tal caso, posteriormente, sólo el contribuyente deberá soportar las consecuencias de su omisión. En su caso, tal situación únicamente implica una actitud de mero trámite, ante la voluntad manifestada externamente por el propio particular que acude espontáneamente a la oficina recaudadora a enterar el impuesto que, por medios propios, se ha autoliquidado, es decir, se trata de una actitud pasiva frente a la recaudación voluntaria que realiza el particular. Lo anterior, porque la tarea de recibir o cobrar el impuesto autoliquidado, no conlleva una declaración de voluntad unilateral por parte del órgano del Estado, tendiente a la obtención de un fin determinado, pues las indicadas acepciones de "recibir" y "cobrar", no demuestran los extremos citados, como se advierte de su significado tomado del Diccionario de la Lengua Española: "Recibir: Tomar uno lo que le dan o lo que le envían. Hacerse cargo uno de lo que le dan o le envían." "Cobrar: Recibir dinero como pago de algo." Así, es posible concluir que cuando el quejoso con motivo de la autoliquidación del tributo, considera que ha sufrido en su perjuicio el primer acto de aplicación de la disposición legal que le impone la carga tributaria reflejada en el pago correspondiente y, por tal motivo, la sujeta al orden constitucional mediante la interposición del juicio de amparo indirecto, los actos consistentes en la determinación, cuantificación, liquidación, recaudación, cobro y recepción del pago del impuesto enterado, que de manera general le atribuye a las autoridades ejecutoras, no son imputables a éstas, pues como se ha visto, la existencia de un acto de autoridad no puede derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la propia conducta que, en su caso, despliegue o exteriorice la propia autoridad". Por tanto, cuando el quejoso reclama la recepción del pago del impuesto enterado motu proprio no es imputable a las autoridades ejecutoras, pues no constituyen actos de autoridad, al derivarse de la actitud del particular frente al mandato legal. En relación con el impuesto predial para los municipios del Estado de Zacatecas, el numeral 8 de la ley de hacienda municipal de dicha entidad federativa dispone que el pago de esa contribución deberá efectuarse en la Tesorería Municipal correspondiente, dentro de los primeros veinte días del primer mes de cada bimestre, lo cual, por regla general, implica que dicho entero corresponde directamente al contribuyente, pues no se regula como presupuesto de tal acción, la intervención previa de la autoridad exactora. Lo anterior se corrobora con el contenido de los artículos 21 y 22 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios, ya que de dichos preceptos se desprende que, salvo disposición en contrario, corresponde a los obligados al pago de contribuciones la exacta determinación, liquidación, y declaración de las contribuciones a su cargo. Luego, al no haber disposición expresa que prevea lo contrario, debe entenderse que el pago del impuesto predial en referencia se trata de una autoliquidación a cargo del contribuyente, por lo que no implica un acto atribuible a la autoridad exactora. En el caso, el quejoso reclama el cobro del impuesto predial en favor del municipio de Guadalupe, Zacatecas. Así, el acto en comento se integra por la aplicación de las normas reclamadas en virtud del entero de los tributos reclamados, el cual realizó el amparista en cumplimiento de la obligación tributaria regulada en la ley, porque no se encuentra acreditada la intervención de la autoridad fiscal en la determinación y cobro del tributo en referencia, es decir, no consta un acto en el que se determinen dichos aspectos. De ahí que, los actos de aplicación se concretan en las obligaciones derivadas de la actitud del contribuyente frente a la ley. Por tanto, en conformidad con lo expuesto, los pagos realizados constituyen una autoliquidación, pues, como se expuso, es al propio contribuyente a quien le corresponde cumplir con las obligaciones fiscales derivadas de las disposiciones en comento, mediante el pago de éstas ante la autoridad fiscal correspondiente. En consecuencia, no son ciertos los actos reclamados materia de este considerando, dado que el entero del impuesto reclamado, se insiste, corresponde al contribuyente por mandato legal, por lo que no es atribuible a las autoridades exactoras, pese a que pueda constituir un acto de aplicación de las normas reclamadas. En las relatadas condiciones, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo que ve a los actos reclamados al Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas y al Tesorero Municipal de Guadalupe, Zacatecas. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, y sin prueba en contrario eficiente e idónea aportada por el impetrante del amparo que desvirtúe dicha negativa, de la citada autoridad responsable; consecuentemente, se sobresee en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley que rige el juicio constitucional. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia VI.2°.J/20, que es del siguiente tenor literal: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo. " CUARTO. Certeza del acto reclamado. El Gobernador y la Sexagésima Segunda Legislatura del Estado, al rendir sus informes justificados, aceptaron la existencia de los actos que se les reclaman (fojas 47 a 52, 54 a 75). Además, la existencia de las disposiciones legales combatidas se acreditan en términos de los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en cuanto disponen que sólo los hechos estarán sujetos a prueba y los notorios pueden ser invocados de oficio por el propio órgano jurisdiccional, de modo que la existencia del ordenamiento legal reclamado constituye un hecho notorio que no es objeto de prueba, al tratarse de una norma general publicada en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, agosto de 2000, tomo XII, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191452, de rubro y texto siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA EDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". También resulta aplicable a la consideración precedente, la tesis aislada V.2°.214 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 205, febrero de 1995, tomo XI-I, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 209107, de rubro y texto siguiente: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas". La tesorera municipal de Guadalupe, Zacatecas, manifestó ser ciertos los actos de ejecución (foja 45). Por tanto, se encuentra acreditada la existencia de los actos reclamados. QUINTO. Causales de improcedencia. En el caso, la autoridad responsable Sexagésima Segunda Legislatura del Estado, por conducto de su representante al rendir el informe con justificación, señala por una parte que el juicio de amparo deviene improcedente en tanto que, la aplicación de los artículos no le causa perjuicio al quejoso, al no contemplar las disposiciones impugnadas el cálculo del impuesto predial pagado. El citado argumento de improcedencia es ineficaz, en tanto que, el quejoso acredita su interés jurídico para acudir al juicio constitucional, con el recibo de pago con folio 41761 anexado a la demanda de garantías, con el cual, acredita el pago del impuesto predial por el año fiscal dos mil diecinueve y al que atribuye la aplicación de los artículos reclamados; de ahí que, con ello justifica el interés jurídico para acudir al juicio de amparo. Por otra parte, agrega la citada Sexagésima Segunda Legislatura del Estado, que el juicio de amparo a la vez deviene improcedente, porque no se formularon conceptos de violación por el quejoso, para analizar la constitucionalidad del acto reclamado, en tanto que, los argumentos que realiza en torno a la contribución impugnada se calcula con base en elementos que no existen en el articulado de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalupe, Zacatecas. El anterior argumento de la responsable es ineficaz, pues como la propia responsable lo indica, al formular el quejoso argumentos de inconstitucionalidad que hace derivar de los artículos reclamados por el pago del impuesto predial realizado; ello constituye conceptos de violación y materia del fondo del juicio y no de improcedencia como lo hace valer, en tanto que, son relativos a calificar la legalidad de los preceptos controvertidos. De modo tal, que al realizar el quejoso argumentos a título de conceptos de violación, es que no se actualiza la hipótesis de improcedencia aducida por la autoridad responsable. Al no existir diversa causa de improcedencia que se haga valer por las partes, se procede al análisis de los conceptos de violación, cuya transcripción es innecesaria pues de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 74 de la Ley de Amparo, no es una exigencia formal transcribir los conceptos de violación, sino basta se lleve a cabo su análisis completo. SEXTO. Examen constitucional del acto reclamado. Los conceptos de violación resultan inoperantes por lo siguiente. La parte quejosa hace consistir el acto reclamado, en la aplicación de los artículos 42 y 43 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, que se le aplicaron al realizar el pago del impuesto predial para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve. En la demanda de amparo trascribe los artículos impugnados que refiere son del contenido siguiente: "Artículo 42.- Es base del impuesto predial, la superficie de terreno y construcción de los inmuebles, tomando en consideración la zona de su ubicación, uso y tipo. Artículo 43.- El importe tributario se determinará con la suma de 2.0000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria, más, lo que resulte de aplicar la siguiente tarifa, de conformidad con lo establecido en la Ley de Catastro del Estado de Zacatecas y su Reglamento, de acuerdo a lo siguiente: l. PREDIOS URBANOS: a) Zonas: UMA DIARIA I.........................0.0013 II...... ..............0.0025 III...... ................0.0044 IV......................0.0075 V....................0.0107 VI..................... 0.0176 VII.................. ..0.0271 El pago del impuesto predial de lotes baldíos se cobrará en un tanto más con respecto al importe que le corresponda a las zonas II y III, una vez y media más con respecto al informe que le corresponda a las zonas IV y V; y dos veces más al importe que corresponda a las zonas VI y VII. II. POR CONSTRUCCIÓN: a) Habitación: UMA diaria Tipo A................................................................ 0.0151 Tipo B..................................................................... 0.0064 Tipo C..................................................................... 0.0051 Tipo D.....................0.0032 b) Productos: Tipo A....................0.0189 Tipo B....................0.0151 Tipo C....................0.0095 Tipo D....................0.0051 El Ayuntamiento se obliga a exhibir públicamente las zonas urbanas establecidas y los tipos de construcción. III. PREDIOS RÚSTICOS: A) Terrenos para siembra de riego: UMA diaria 1 Sistema de Gravedad, por cada hectárea..... 0.8733 2 Sistema de Bombeo, por cada hectárea .....0.6398 b) Terrenos para siembra de temporal y terrenos de agostadero: 1. De 1 a 20 hectáreas, pagarán por el conjunto de la superficie, 2.0000 veces la Unidad de Medida y actualización diaria, más por cada hectárea, $1.50 (un peso cincuenta centavos), y 2. De más de 20 hectáreas pagarán por el conjunto de la superficie, 2.0000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria, más por cada hectárea, $3.00 (tres pesos). Los titulares de la parcela ejidal o comunal, cuya superficie total no exceda de 20 hectáreas, no obstante que posean en lo individual, diversos títulos, pagarán en forma integrada, como si se tratara de una sola unidad parcelaria, no fragmentada. En el caso de parcelas ejidales cuya situación se acredite ante la oficina recaudadora como de pleno dominio o en zona de expansión para convertirse en área urbana, industrial o de servicios, el impuesto se causará por solar y atendiendo a la naturaleza actual del uso del suelo. [...]" Ahora, conforme al contenido de los anteriores artículos, la quejosa señala como conceptos de violación: "De lo anterior, se advierte que el contribuyente debe saber, primero, en qué tipo de clasificación y zona se encuentra el inmueble conforme al artículo 56 de Reglamento de la Ley de Catastro del Estado de Zacatecas y anexo denominado "Padrón de Colonias por Zonas y Código Postal", posteriormente, deliberar entre un monto mínimo y un monto máximo, para obtener el valor del terrero y así determinar el primer concepto de la base gravable del impuesto, Ahora, el criterio para conocer la clasificación de la ubicación del terreno, deriva del anexo denominado "Padrón de Colonias por Zonas y Código Postal", en el cual se zonifica la ciudad por colonias, atendiendo a los servicios que se describen en la tabla de valores unitarios y zonas catastrales de terrenos. Sin embargo, no está previsto cómo la autoridad conoció dichos servicios para clasificar las colonias; tampoco está previsto en la ley la forma de determinar el factor aplicable entre el valor mínimo y valor máximo por metro cuadrado de terreno, ya que incluso no se establece cómo se obtienen dichos valores o con base en qué procedimiento se determinaron. Luego, es evidente que ello permite un margen de discrecionalidad que se traduce en arbitrariedad de la autoridad administrativa en lo relativo a la determinación de un elemento que incide en la base gravable del impuesto predial, lo que resulta violatorio de la garantía de legalidad tributaria. Lo anterior es así, porque conforme al artículo 14 de la Ley de Catastro del Estado de Zacatecas, la aprobación de la zonificación catastral del territorio y de los valores unitarios del suelo y de construcción se hará cada año por la Secretaría de Finanzas a propuesta de la Dirección de Catastro y Registro Público y por los ayuntamientos a través del presidente municipal. Además, si bien el artículo 16 de la aludida legislación prevé los parámetros que deben considerarse para determinar la zonificación catastral y de valores unitarios de suelo aplicables en los sectores catastrales de las zonas urbanas, lo cierto es que éstos no se ven reflejados en la tabla de valores unitarios y zonas catastrales de terrenos contenida en el artículo 43 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalupe, para el Ejercicio Fiscal 2019, ni en su anexo denominado "Padrón de Colonias por Zonas y Código Postal", por ejemplo, la edad del sector, el índice socioeconómico de los habitantes y las políticas de ordenamiento y regulación del territorio que sean aplicables; de ahí la discrecionalidad y la consecuente arbitrariedad de la autoridad para fijar dichos aspectos y la imposibilidad para el gobernado de conocer en forma clara los elementos que tuvo en cuenta aquélla para la determinación de la base gravable del impuesto predial. Cabe precisar que el margen de arbitrariedad de la autoridad también se ve reflejado en la circunstancia de que para establecer la clasificación de las zonas en la tabla de valores unitarios y zonas catastrales de terrenos contenida en el artículo 43 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalupe, para el ejercicio fiscal 2019, no se describe como arriba a dicha conclusión o como marca que tipo de predio ha de pagarse. De lo expuesto, se deduce que en la ley no se describe a qué tipo de asentamientos se refiere, pues se itera, se emplean criterios ambiguos para su descripción, como es "donde se desarrollan espacios diferenciados para sus usos (mixto)", "en grupos, conceptualizada con prototipos", "consolidado", "que a través del tiempo, los servicios se otorgaron por el municipio o programas sociales promovidos por los habitantes" y "en la periferia de la mancha urbana"; tampoco se particulariza qué tipo de servicios, infraestructura o equipamiento urbano hacen la distinción para considerar que pertenecen a una u otra clasificación, porque únicamente se menciona que es "óptima", "adecuada", "no consolidada", "regulares", "regular a mala no consolidada" y "de regular a mala", sin que con ello se colme con el principio de legalidad tributaria, dado que se permite a la autoridad establecer, a su arbitrio, en qué clasificación se encuentra el predio de los gobernados, al no existir parámetros claros para efectuar dicho ejercicio, pues carecen de descripción legal los factores que inciden en un elemento esencial del impuesto predial, a saber, la base." En ese contexto, los montos mínimo y máximo de valor por metro cuadrado de terreno precisados en las referidas tablas, también vulneran el aludido principio constitucional recaudatorio, dado que no se advierte cuál es el procedimiento para fijarlos, porque si bien la Ley de Catastro en su artículo 16 prevé los parámetros que deben considerarse para determinar la zonificación catastral y de valores unitarios de suelo aplicables en los sectores catastrales en las zonas urbanas, lo cierto es que éstos no se ven reflejados en la tabla de valores unitarios y zonas catastrales de terrenos contenida en el artículo 43 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalupe, ni en diversa normatividad. Por lo tanto, resulta arbitraria la determinación de los referidos montos mínimos y máximos, pues no basta que la autoridad los fije en la ley para considerarlos apegados al principio de legalidad tributaria, sino que además es necesario que se establezca un procedimiento para su fijación, aunado a que deben ser proporcionales y perseguir una finalidad constitucionalmente válida para ello pues, en caso contrario, se dejaría a criterio abierto de la autoridad administrativa la determinación del monto mínimo y máximo por metro cuadrado de terreno, lo cual incide de manera directa en la base gravable del impuesto predial, sin reflejar realmente el valor real de dichos conceptos (metro cuadrado de terreno), sino la discrecionalidad que el creador de la norma dejó a la autoridad exactora para estipularlos. Estos mismos vicios se advierte en la tabla de valores unitarios de construcción, porque se determina una clasificación por tipo "mínima", atendiendo a si es una vivienda con materiales precarios, sin proyecto, construida sin mano de obra calificada, instalaciones visibles, un solo nivel, techumbre de lámina, sin acabados, espacios construidos de estructura provisional o mixta; "económica", si es una vivienda con materiales de regular calidad, con crecimiento progresivo con proyecto ajustado, construida con mano de obra común, instalaciones mixtas, hasta dos niveles, con losa, acabados de calidad económica y espacios construidos en estructura fija; "interés social" si es una vivienda construida en grupos, conceptualizada con prototipos, cuanta con un proyecto e infraestructura adecuados con acabados económicos; "residencial medio" generalmente conceptualizada como vivienda individual, con espacios diferenciados por sus usos: sala comedor, recamaras, cocina, al menos un baño y medio, con buenos acabados, con infraestructura adecuada; "residencial de lujo" si tiene espacios diferenciados por sus usos: sala comedor, recamaras con baños y vestidor, cocina, espacios para cubrir necesidades adicionales, con un proyecto adecuado y acabados de calidad, la infraestructura adecuada y tratamiento especial a la seguridad del lugar; y, "residencial plus" si cuenta con espacios diferenciados por sus usos: sala comedor, recamaras con baño y vestidor, cocina, espacios para cubrir necesidades adicionales, con un proyecto adecuado y acabados de calidad, con instalación especiales integradas (climatizada desde su origen), la infraestructura adecuada y tratamiento especial a la seguridad del lugar. En ese contexto, si la tabla de mérito atiende a diversos factores para clasificar una vivienda, se observa que estos son genéricos y ambiguos, porque no están definidos en la ley ni en diversa normatividad, para que el gobernado tenga la certeza del encuadramiento adecuado a cada una de dichas categorías (.)". Sin embargo, el quejoso al formular los conceptos de violación, parte de premisas equivocadas; pues el contenido de los artículos impugnados y señalados por el quejoso, no corresponde con el contenido de los artículos 42 y 43 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, mismos que son del contenido siguiente: "Artículo 42. Para los efectos de este impuesto, salvo prueba en contrario, se presume que el propietario del suelo lo es también de las construcciones. En todo caso, los predios quedaran perfectamente afectos al pago del impuesto y sus accesorios, independientemente de quien detente la propiedad o posesión de los mismos. Artículo 43. Los recibos de pago por concepto de impuesto predial, únicamente avalan el pago de la anualidad, sin otorgar el derecho de propiedad a quien o nombre de quien lo realice." De este modo, contrario a lo indicado por el quejoso, los artículos reclamados (texto de la ley de ingresos del municipio de Guadalupe, Zacatecas), aun y cuando por el contenido de los mismos, tienen que ver con el impuesto predial, en tanto que disponen circunstancias relativas a la presunción de la propiedad y que con independencia de quien la detente, se encuentran sujetos al pago del impuesto predial y el recibo de ello, solo avala el pago de la anualidad sin otorgar derecho de propiedad a quien lo realice. De modo alguno, establecen los elementos esenciales de la contribución relativas al objeto, base, tarifa, época de pago, como tampoco se precisa en estos la tabla de valores o referencia alguna a zonas catastrales, como lo indica el quejoso en los conceptos de violación que formula y en ese sentido es que tales argumentos de manera alguna controvierten los artículos 42 y 43 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalupe impugnados. Al respecto sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE TIENEN COMO SUSTENTO UN POSTULADO NO VERÍDICO [APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 108/2012 (10a.) La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia en cita, determinó que los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su estudio pues, al partir de una suposición no verdadera, su conclusión es ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida; principio que aplica a los conceptos de violación cuyo sustento es un postulado que resultó no verídico, ya que entre los motivos de inconformidad expuestos en el recurso de revisión y en el amparo directo, existe una identidad jurídica sustancial; consecuentemente, en ambos casos, es ocioso su análisis ya que no favorecen los intereses del promovente, por ende, merecen el calificativo de inoperantes." Además, no se soslaya de dentro de la suplencia indicada en la Ley de Amparo y conforme al criterio jurisprudencial que adelante se indica, ello es también, cuando se incurra en el error de cita del precepto con el contenido impugnado y que contemple el caso controvertido por el impetrante; lo anterior, porque aún y cuando el artículo 45 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalupe, Zacatecas para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, contempla la forma y términos de la obtención del pago de impuesto predial reclamado, es de contenido distinto al señalado por el quejoso, pues dicho artículo es del tenor siguiente: "Artículo 45.- El monto tributario se determinará con la suma de 2.0000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria, más, lo que resulte de aplicar la siguiente tarifa, de conformidad con lo establecido en la Ley de Catastro y su Reglamento: I. PREDIOS URBANOS: a) Zonas: UMA diaria I..........................................................................0.0131 II.................................................................. 0.0151 III................................................................. 0.0162 IV.............................................................. 0.0237 V............................................................ 0.0340 VI................................................................ 0.0406 VII.................................................................... 0.0622 b) El pago del impuesto predial de lotes baldíos se cobrará un tanto más con respecto al importe que les corresponda a las zonas II y III; una vez y media más con respecto al importe que les corresponda a las zonas IV y V; y dos veces más al importe que correspondan a las zonas VI y VII; II. POR CONSTRUCCIÓN: a) Habitación: Tipo A.......................................................... 0.0384 Tipo B.......................................................0.0261 Tipo C......................................................... 0.0119 Tipo D...................................................... 0.0072 b) Productos: Tipo A........................................................... 0.0522 Tipo B......................................................... 0.0384 Tipo C......................................................... 0.0197 Tipo D......................................................... 0.0119 El Ayuntamiento se obliga a exhibir públicamente las zonas urbanas establecidas y los tipos de construcción. III. PREDIOS RÚSTICOS: a) Terrenos para siembra de riego: 1. Sistema de Gravedad, por cada hectárea... 1.1390 2. Sistema de Bombeo, por cada hectárea... 0.8342 b) Terrenos para siembra de temporal y terrenos de agostadero: 1. De 1 a 20 hectáreas, pagarán por el conjunto de la superficie, 3.0000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria; más, por cada hectárea $3.00 (tres pesos), y 168 SUPLEMENTO AL PERIÓDICO OFICIAL Gobierno del Estado de Zacatecas 2. De más de 20 hectáreas pagarán por el conjunto de la superficie, 2.0000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria; más, por cada hectárea, $6.40 (seis pesos, cuarenta centavos); IV. PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS: Este impuesto se causa a razón del 1.5% sobre el valor de las construcciones. V. MINAS QUE NO CUENTEN CON PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS, SÓLO LA EXTRACCIÓN: Este impuesto se causará a razón de 11.0000 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria por hectárea que tenga en posesión o lo señale la concesión expedida." Luego, tampoco puede estimarse que exista error en el artículo reclamado por el quejoso, para el análisis respectivo, dado que el artículo citado por el impetrante es de contenido distinto al que contempla el impuesto reclamado. Sirve de apoyo la jurisprudencia que no contraviene la Ley de Amparo actual, del rubro y texto siguiente: "ERRORES NUMÉRICOS O CUALQUIER OTRO DE POCA IMPORTANCIA. DEBEN SER CORREGIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y LOS JUECES DE DISTRITO, APLICANDO ANALÓGICAMENTE EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 79 de la Ley de Amparo establece, en su parte conducente, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito deberán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y que podrán examinar en su conjunto los agravios, los conceptos de violación y los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda. Aplicando el precepto en comento, por analogía y mayoría de razón, se estima que dichos órganos jurisdiccionales deben corregir también el error en la cita del número del expediente de amparo en que se incurre en el escrito de agravios en la revisión, así como cualquier otro error numérico o mecanográfico, de poca importancia, que también a través de una corrección pueda permitir la procedencia del juicio de garantías o de los recursos previstos en la Ley de Amparo, evitándose en esa forma caer en rigorismos excesivos, que dejen en estado de indefensión al particular en aquellos casos en los que el juicio de garantías o el recurso correspondiente, se interponen en la forma y dentro de los plazos que establece la ley de la materia para cada caso concreto". Luego, al no controvertir el quejoso el contenido de los artículos impugnados que dice contemplan el pago del impuesto predial, es que sus argumentos devengan inoperantes y ante lo cual, resulta procedente negar la protección de la justicia federal solicitada. La negativa de amparo se hace extensiva a los actos de ejecución al no reclamarse por vicios propios, sino derivado de la inconstitucionalidad atribuida al acto de la ordenadora y por el cual se niega la protección solicitada. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se Sobresee el juicio de amparo promovido por Antonio Silva Cabrera, contra los actos, autoridades y por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso Antonio Silva Cabrera, contra las autoridades y consideraciones expuestas en el considerando sexto de esta resolución. Notifíquese; personalmente. ..."

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