Antonio Sánchez Hernández
Expediente 1345/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 58 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1345/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 58
- Última actuación
- 10/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Antonio Sánchez Hernández
- José Antonio Ibañez Vielmas
- Jesús Rodríguez Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 58.
- Incidental
El diez de octubre de dos mil diecinueve, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 14613. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diez de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la secretaria de acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña testimonio de la resolución pronunciada el tres de octubre del año en curso, en el incidente en revisión administrativo 1358/2018, así como el original del incidente de suspensión 1345/2018. Glósese el cuaderno de antecedentes que se encontraba formado al presente expediente, previa extracción de las copias fotostáticas con las que se formó, las que deberán destruirse y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, la superioridad mediante la ejecutoria de cuenta declaró sin materia el recurso de revisión interpuesto por la directora de Seguimiento para la Consolidación del Servicio Profesional Docente, en suplencia por ausencia de la titular de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, con residencia en la ciudad de México, por los motivos expuestos en el indicado fallo; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes. Con lo anterior dese cuenta en el cuaderno principal del que deriva este incidente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de Juzgado, que autoriza y da fe. Bjm
- Principal
El diez de octubre de dos mil diecinueve, el suscrito Juan García Trejo, secretario de juzgado certifico: Que el día de la fecha, en el cuaderno incidental derivado del presente juicio se tuvo por recibido una promoción con folio 14613, suscrita por la secretaria de acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, al cual se anexó testimonio de la resolución pronunciada el tres del presente mes y año, por ese propio tribunal, en el incidente de revisión administrativa 1358/2018, así como el original de dicho incidente. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diez de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, y toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que el día de la fecha en el cuaderno incidental derivado del presente juicio, se tuvo por recibido una promoción con folio 14613, suscrita por la secretaria de acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompañó testimonio de la resolución pronunciada el tres de octubre del año en curso, por ese propio tribunal, en el incidente en revisión administrativo 1358/2018, así como el original del incidente de suspensión 1345/2018. En virtud de lo anterior, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es DEPURABLE el cuaderno original del incidente de suspensión, en razón de que se concedió la suspensión provisional y se negó y concedió la definitiva; por tanto, guárdese por separado; por otra parte en cuanto al duplicado del incidente, en su oportunidad llévese a cabo su destrucción, conforme al punto vigésimo, fracción III del aludido acuerdo. Ahora, tomando en consideración que mediante proveído de once de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 368-369), causó ejecutoria la sentencia dictada por este juzgado y se ordenó el archivo del presente juicio de amparo, por tanto, remítase el expediente en que se actúa materialmente al archivo. Finalmente, agréguese copia autorizada del presente proveído así como de once de septiembre de dos mil diecinueve, a los cuadernos incidentales. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Bjm
- Principal
El once de septiembre de dos mil diecinueve, el suscrito Juan García Trejo, secretario de juzgado CERTIFICO: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió para la parte quejosa del veintiséis de agosto al seis de septiembre del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiuno de agosto citado. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, se hace constar que se aperturó incidente de suspensión, en el que se concedió la suspensión provisional y definitiva; asimismo no se exhibió billete de depósito o algún otro medio de garantía que amerite proveer su destino. Sí existe en el incidente de suspensión un recurso de revisión pendiente por resolver. No existen constancias por devolver a las autoridades responsables. Lo que se hace constar para los efectos legales correspondientes. DOY FE. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, once de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada por este juzgado el veintiuno de agosto del año en curso, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, esa circunstancia hágase del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En atención a lo anterior, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente ES DESTRUIBLE, dado que este Juzgado considera que no contiene valor jurídico o histórico que amerite su conservación. En consecuencia, dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del referido Acuerdo. Finalmente, toda vez que en el incidente de suspensión relativo obra el recurso de revisión interpuesto por la Directora de Seguimiento para la Consolidación del Servicio Profesional Docente, en suplencia de la Titular de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, con residencia en la Ciudad de México, contra la resolución dictada en el cuaderno incidental, el cual quedó registrado como amparo en revisión administrativo 1358/2018, y que no ha sido resuelto; hágase dicha circunstancia del conocimiento del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Bjm
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las diez horas con diez minutos del veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, en el juicio de derechos 1345/2018, se encuentra en audiencia pública el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de Jesús Romero Hernández, secretario que autoriza y da fe; sin contar con la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, el secretario da lectura a la demanda de amparo (fojas 2 a 8), al informe justificado rendido por la autoridad responsable (fojas 139 a 158); así como a las demás constancias que obran en los presentes autos. A lo anterior, el Juez de Distrito provee: Téngase hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. En el periodo de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales que anexó la parte quejosa con el escrito de demanda, así como con las remitidas por la autoridad responsable. A lo que el Juez de Distrito acuerda: Con apoyo en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, ténganse admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las documentales referidas, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos: El secretario da cuenta que no obran alegatos formulados por las partes. A lo que el Juez de Distrito dispone: Con vista en la certificación secretarial de cuenta, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por perdido el derechos de las partes para formularlos. Al encontrarse debidamente integrado el expediente y no habiendo diligencias pendientes por desahogar, se procede a dictar la siguiente resolución. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1345/2018; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el seis de julio de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Antonio Sánchez Hernández, José Antonio Ibáñez Vielmas, Jesús Rodríguez Sánchez y Jorge Arturo Ávalos Renovato, demandaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra del acto y autoridades que enseguida se describen: AUTORIDAD RESPONSABLE: COORDINACIÓN NACIONAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. ACTOS RECLAMADOS: La notificación del oficio con numero de referencia 2018F1201, en el que consta que fui seleccionado para la evaluación docente de permanencia, el cual tiene como fecha de recepción el día 16 de junio del 2018, en correos no deseados. Acto que acorde a la parte quejosa resulta violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 4, 5, 14, 16 y 123, apartado A, fracción XXII, apartado B, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas y por auto de diez de julio de dos mil dieciocho se admitió a trámite; se solicitó el informe justificado; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en términos de la presente acta; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción I, inciso d, de la Ley de Amparo y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que se reclama un acto que tiene ejecución dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en: La notificación del oficio con numero de referencia 2018F1201, en el que consta que la parte quejosa fue seleccionada para la evaluación docente de permanencia. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable, rindió informe justificado aceptando parcialmente la existencia del acto reclamado; sin embargo, de su lectura se evidencia su certeza general. De ahí que se tenga cierto el mismo (fojas 139 a 182). Al respecto resulta aplicable la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Improcedencia. En la especie, no se analizará la litis constitucional, toda vez que en el presente juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; (.)." Esta causa de improcedencia se actualiza ante la presencia de un hecho extraordinario que no depende de la autoridad responsable, que motiva que el objeto sobre el cual el acto reclamado debe surtir sus consecuencias jurídicas, ha desaparecido, por lo que ya no es dable que el acto lesione al quejoso. Tiene como base la imposibilidad de que se realicen o se continúe la ejecución de los efectos del acto reclamado, por haber dejado de existir el objeto del mismo. En relación con esta causa de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió el criterio cuyo contenido no contraviene a lo dispuesto por la nueva Ley de Amparo, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." (Tesis 2a./J. 181/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 189, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). En el particular, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la notificación del oficio con numero de referencia 2018F1201, emitido por la Directora General de Permanencia de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, que contiene la orden para que la aquí parte quejosa se someta a la evaluación del desempeño del cuarto grupo de docentes y técnicos docentes y del personal que presenta su segunda y tercera oportunidad, así como el personal con funciones de dirección en educación media superior en el ciclo escolar 2018-2019, aprobados por la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Ahora bien, el contenido del acto reclamado revela que la notificación de la orden de evaluación docente a la que se sujetó al aquí quejoso, es un acto relativo a la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil trece. Sin embargo, el anterior ordenamiento legal quedó abrogado por virtud del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3º., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de mayo de dos mil diecinueve, vigente a partir del día siguiente de su publicación. En efecto, los transitorios segundo y tercero del aludido decreto, disponen literalmente lo siguiente: "Segundo. A partir de la entrada en vigor de este Decreto se abroga la Ley General del Servicio Profesional Docente, se derogan todas las disposiciones contenidas en las leyes secundarias y quedan sin efectos los reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general contrarias a este Decreto. Hasta en tanto el Congreso de la Unión expida la ley en materia del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, queda suspendida cualquier evaluación y permanecerán vigentes las disposiciones que facultan a la actual Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública, para proveer las medidas necesarias y dar cumplimiento a los procesos derivados del Servicio Profesional Docente. En la aplicación de este Decreto se respetarán los derechos adquiridos de las maestras y los maestros, los cuales no podrán ser restringidos o afectados de manera retroactiva con las disposiciones de nueva creación. Tercero. Quedan sin efectos los actos referidos a la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente que afectaron la permanencia de las maestras y los maestros en el servicio." Como se aprecia de la transcripción anterior, la Ley General del Servicio Profesional Docente, que sirvió de fundamento legal para la emisión del acto reclamado fue abrogada; de ahí que, de llegar a concluirse que la notificación de la orden para someterse al procedimiento de evaluación docente, resultase inconstitucional, los efectos del fallo protector ya no podrían surtir efecto legal o material alguno, puesto que mediante el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3º., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, se ordenó suspender cualquier evaluación docente, así como dejar sin efectos los actos de aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, que afectaron la permanencia de los maestros en el servicio. Asimismo, de estimarse ajustados a derecho los actos reclamados, la autoridad responsable no estaría en aptitud jurídica de concretar la legal notificación de la orden contenida en el oficio 2018F1201, dado que por decreto presidencial se estableció dejar sin efectos la Ley General del Servicio Profesional Docente; por tanto, ningún efecto jurídico tendría analizar el acto materia de la Litis, ya que a través del aludido decreto, se modificó el entorno en el cual éste fue emitido, lo que trae como consecuencia que la materia del acto reclamado dejó de existir. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, lo procedente es decretar el sobreseimiento en este juicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 103 fracción I y 107 constitucionales, 74, 75, 78 y 107 fracción I de la Ley de Amparo, SE R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Antonio Sánchez Hernández, José Antonio Ibáñez Vielmas, Jesús Rodríguez Sánchez y Jorge Arturo Avalos Renovato, contra el acto que reclamaron de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, en términos del considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Jesús Romero Hernández, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe.
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