Antonio Sánchez Salamanca

Expediente 289/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 30 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
289/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
30/05/2019

Partes del expediente

  • Antonio Sánchez Salamanca

Actuaciones

  1. Principal

    Radicación y registro del expediente. Con la demanda de amparo de cuenta, se tiene a Antonio Sánchez Salamanca, a través de su apoderada jurídica Liliana Hernández Escalera, carácter que se le reconoce en términos del instrumento notarial que adjunta a su demanda, contra actos que atribuye al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de los Reyes, Michoacán y otras autoridades; toda vez que la demanda de amparo fue turnada a este Juzgado de Distrito, fórmese y regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número 289/2019. Desechamiento. Determinado lo anterior, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto indican: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. Previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Asentado la anterior, se sostiene que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se estima que en el presente asunto se suerte plenamente la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de la ley de la materia, atento a que el acto reclamado, por su naturaleza y efectos, no es de imposible reparación para la procedencia del juicio que nos ocupa. En aras de justificar tal conclusión, cabe dejar establecido el texto de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, así como de los diversos 107, fracción V y 170 de la Ley de Amparo. Dichas normas jurídicas son del tenor siguiente: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:. III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: . b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." Así pues, el examen relacionado de esas disposiciones legales revela, como regla general, que en contra de actos violatorios de derechos fundamentales suscitados en el juicio es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo, pero cuando se trate de actos pronunciados en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación o, bien, que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de igual índole, procede el juicio de amparo indirecto. Para determinar cuándo se está en presencia de actos fuera del juicio que son de imposible reparación, la nueva Ley de Amparo, a diferencia de la derogada, ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance jurídico del extremo de que se trata, que no es otro más que el de imposible reparación, desde luego, para efecto de la procedencia del juicio de amparo. La primera de ellas se encuentra ubicada en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, contra actos derivados fuera de juicio o después de concluido. La segunda de esas precisiones se observa en la fracción V del propio precepto legal, cuya vocación es la de normar la misma hipótesis de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dicho. Con lo anterior queda claro que el legislador secundario otorgó mayor seguridad jurídica en torno a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal fijó su propósito de que tanto en procedimientos en forma de juicio, como en los procedimientos judiciales propiamente dicho, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación para el efecto de la procedencia del juicio de amparo, no exclusivamente necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, esto es, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan de manera actual el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, sino también deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionándose bienes jurídicos cuya fuente no derive únicamente de las leyes adjetivas aplicables. Por tanto, no hay duda de que para efecto de la procedencia del juicio de amparo indirecto, los actos reclamados deben tener una ejecución de imposible reparación, lo que se surte cuando el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma actual o presente, sin duda, antes del dictado del fallo definitivo y, a su vez, la afectación recae sobre derechos que revisten la característica de sustantivos. Sobre el particular, se invocan las tesis sustentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto dicen: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE RECURRIR A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE POR VIRTUD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (*) PODÍAN IMPUGNARSE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. Si bien es cierto que durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada era posible controvertir a través de la vía biinstancial las violaciones procesales que afectaban al gobernado en grado predominante o superior, no menos lo es que tal posibilidad se generó con motivo de la jurisprudencia indicada, ante la necesidad de brindar seguridad jurídica, pues en aquella época no existía disposición alguna que definiera a los actos de imposible reparación previstos en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, el hecho de que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo señale que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, no implica una violación al principio de progresividad, en su vertiente de no regresividad, por estimar que limita y restringe el nivel de protección alcanzado en la jurisprudencia, debido a que por regla general, la jurisprudencia -que resuelve cualquier problema de legalidad-, emitida por este Alto Tribunal, no es obligatoria para la autoridad legislativa de acuerdo con los artículos 94 de la Ley Suprema y 217 de la Ley de Amparo, pues ello implicaría vulnerar el principio de división de poderes que es la base de nuestro orden constitucional, sino por el contrario, la amplia libertad de configuración del legislador está limitada únicamente a respetar a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; luego, si el legislador federal, en uso de la facultad de libertad de configuración legislativa, estableció un concepto de "actos de imposible reparación" para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto que por disposición legal no existía, sino que por la función interpretativa de la jurisprudencia se fue adaptando de acuerdo a las circunstancias particulares de cada caso, no es posible declarar su inconstitucionalidad bajo dichos parámetros, máxime si se toma en consideración que la jurisprudencia aludida no otorgó algún derecho subjetivo que no estuviera tutelado en la Ley de Amparo abrogada, concretamente, por lo que respecta a la posibilidad de impugnar tanto actos de imposible reparación, como violaciones procesales. ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. La porción referida no eliminó un derecho ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, debido a que en ésta no se reconocía expresamente la posibilidad de que dentro de los "actos de imposible reparación" se entendiera a los procesales que afectan en grado predominante o superior, ya que ni siquiera existía disposición alguna que definiera ese concepto para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, antes bien constituía un aspecto indeterminado. Y aun cuando la Ley de Amparo vigente, construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos, en su artículo 107, fracción V, define lo que debe entenderse por tal enunciado, ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen. En el caso, la quejosa señaló como acto reclamado lo siguiente: "IV. ACTOS RECLAMADOS: DEL JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATRIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS REYES, MICHOACAN Se reclama la admisión de las Diligencias de Jurisdicción Voluntario sobre terminación de contrato, que promovió el C. Ricardo Ceja Ceja, por conducto de su Apoderado Jurídico el Licenciado Paulo Avalos Álvarez, con número de expediente 212/2019.- DEL JUEZ MENOR MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS REYES, MICHOACA.N, se reclama, la admisión de la requisitoria número 100/2019 que envió el Juzgado Segundo de Primero Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Los Reyes de Salgado, Michoacán, dado que el domicilio de mi representado se encuentra fuera del Municipio de Los Reyes de Salgado, Michoacán de Ocampo.- DEL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO MENOR MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS REYES, MICHOACAN se reclama, la inminente diligencia por posible instrucción del Juez Menor Mixto del Distrito Judicial de Los Reyes, Michoacán, de la requisitoria número 251/2019 del índice de la autoridad responsable.-." Ahora, de un análisis integral de la demanda se advierte que los actos reclamados en concreto consiste en el auto de admisión, así como la notificación que se realizó a la parte quejosa, sobre las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre terminación de contrato número 212/2012, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia En Materia Civil, con residencia en Los Reyes, Michoacán. Una vez precisado lo anterior, es evidente que el acto reclamado consistente en la admisión y la notificación de las diligencias de jurisdicción voluntaria, se limita a comunicar la petición formulada por el promovente de las diligencias, esto es, la autoridad judicial no resuelve ni ordena cuestión alguna. Por lo que a raíz de que haya practicado una notificación indubitable no es otra cosa más que darle certeza o validez a aviso que recibe el inquilino acerca de que es deseo del arrendador dar por terminado el contrato, y si bien, a partir de esa notificación de conformidad con el numeral 1639 del Código Civil del Estado de Michoacán, transcurrirán dos meses para la desocupación del inmueble, también lo es que por sí sola dicha notificación no tendrá actos de ejecución, pues este procedimiento no se contempla dentro del trámite de las diligencias de jurisdicción voluntaria, de ahí que no tendrá una ejecución que afecte a sus derechos sustantivos como es la posesión de los inmuebles arrendados, ya que una vez hecha la notificación queda satisfecha la finalidad del procedimiento prejudicial y concluye el mismo. Aunado a que la posible privación de la posesión que ostenta el quejoso de los dos locales comerciales con motivo del arrendamiento, dependerán de que el arrendador promueva el juicio sumario correspondiente que contempla el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, esto es, dicho actuar se traduce, en un acto futuro e incierto, toda vez que depende de que la persona actúe o no. De ahí que no exista afectación material sobre algún derecho sustantivo reconocido en la Constitución o en los Tratados Internacionales, con motivo de la admisión y notificación hecha valer dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria que refiere, como la libertad, propiedad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera; lo cual lleva a concluir que el acto reclamado en este juicio no puede impugnarse conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Así lo sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de la jurisprudencia del tenor siguiente: EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. En consecuencia, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que obre en autos. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Domicilio y autorizados. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el que indica en su libelo constitucional y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juan Carlos Valencia Godínez, toda vez que tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para imponerse de los autos a Juan Carlos Valencia Hernández, por así haberlo solicitado expresamente, toda vez que el presente asunto versa en materia Civil. Publicación de datos personales; capturas y anotaciones en el expediente. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así como para precisar las constancias, que en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto para el segundo párrafo del artículo 6° del ordenamiento legal en cita. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Finalmente, háganse las notaciones en el Libro de Gobierno, así como las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente.

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