Apolinar Meza Aguilar

Expediente 210/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
210/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
14/06/2019

Partes del expediente

  • Apolinar Meza Aguilar

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio y anexos de cuenta, signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, mediante el cual remite copia certificada del testimonio de la ejecutoria emitida en sesión de once de abril de dos mil diecinueve, en autos del recurso de queja laboral 76/2019, en la cual la Superioridad determinó: "ÚNICO. Es infundado el presente recurso de queja.". ....En tales condiciones, toda vez que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 2.....; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo como asunto totalmente concluido. También se hace la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, ....., no existen documentos originales por entregar. En su oportunidad, transfiérase el expediente al archivo judicial conforme al calendario ..... En el entendido de que el presente asunto es destruible. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del punto décimo primero del acuerdo que nos ocupa, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. ....Respecto del cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del recurso de revisión y que fue devuelto por la superioridad, por ser una reproducción de éste destrúyase, previa extracción de las constancias que obren en original. Notifíquese.

  2. Principal

    En razón de que la parte quejosa *** o sus autorizados, no comparecieron ante este juzgado, dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se le dejó en el domicilio señalado en autos, el veintitrés de abril del año en curso; se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación del proveído de veintidós de abril del dos mil diecinueve, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo. Proveído que en lo conducente dice: Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso ***, mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto de once de abril de dos mil diecinueve, en el que se desechó de plano la demanda de amparo en contra de actos de la Junta Especial número Siete, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad y otra autoridad. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja en comento, y toda vez que se desechó la demanda de amparo y no hay partes a las cuales correrle traslado, remítase el original del escrito de expresión de agravios del recurso de queja y copia del mismo al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en turno, para la substanciación del mismo. Asimismo, ríndase el informe relativo a la materia de la queja, manifestando a la Superioridad que es cierta la existencia del acuerdo recurrido, toda vez que este órgano de control constitucional dictó un auto el once de abril de dos mil diecinueve, en el juicio de amparo 210/2019, que se desechó de plano la demanda de amparo en contra de actos de la Junta Especial número Siete, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad y otra autoridad, el cual fue emitido conforme a derecho, anexando el escrito original del recurso de queja y copia para el Fiscal de su adscripción; así como copia certificada del expediente. Sin que pase inadvertido que el numeral 101 de la ley en comento, establece que el órgano jurisdiccional notificará a las demás partes la interposición del recurso para que en el plazo de tres días señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse al que deba resolver, y una vez fenecido el término, se tramitará como corresponda. Sin embargo, es evidente que al haberse desechado la demanda de amparo, no se dio intervención legal alguna a las demás partes que pudieran haber resultado en este juicio, como lo serían las autoridades responsables, Agente del Ministerio Público adscrito y, en su caso, a quien le correspondiera el carácter de tercero interesado. De ahí que a criterio de este juzgador es factible dar el trámite correspondiente al recurso en los términos ya acotados, es decir, sin necesidad de correr traslado con el escrito de expresión de agravios a las demás partes, así como tampoco requerirlas en términos del citado ordinal 101 de la ley de la materia, pues se insiste, no tuvieron intervención legal alguna en el asunto, precisamente, por el desechamiento de la demanda de amparo. Por lo antes expuesto, una vez que se notifique por lista el presente proveído, sin previo acuerdo, intégrense las constancias señaladas por este órgano jurisdiccional, a fin que sean remitidas a la Superioridad que conocerá del asunto. Apoya lo anterior, la tesis XXVII.3o.1 K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, publicada el veintiocho de marzo de dos mil catorce, del rubro y texto siguiente: "RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO QUE DESECHA O TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. SI EL RECURRENTE OMITIÓ EXHIBIR LAS COPIAS DE TRASLADO, ES INNECESARIO REQUERIRLO PARA QUE LAS EXHIBA Y NOTIFICAR A LAS PARTES LA INTERPOSICIÓN DE AQUÉL. De los artículos 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo se colige que cuando el recurso de queja se promueva mediante escrito impreso (no por vía electrónica) su tramitación exige, entre otros aspectos que: a) el recurrente exhiba sendas copias del recurso para su traslado a las demás partes; y, b) el a quo notifique a las demás partes la interposición del recurso con las copias (incluyendo al Ministerio Público de la Federación), para que en el plazo de tres días señalen las constancias que estimen necesarias para integrar el testimonio de la queja; por lo que si el Tribunal Colegiado de Circuito en turno advierte que el Juez de Distrito no realizó alguna de las anteriores obligaciones, deberá ordenar la regularización del procedimiento a fin de que aquel integre correctamente el expediente para estar en aptitud de resolver. Sin embargo, conforme al principio de economía procesal y la pronta impartición de justicia derivado del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando la queja se interpone contra el auto que desecha o tiene por no interpuesta la demanda de amparo, no amerita dicha regularización, porque aún no se ha dado intervención a parte diversa a la promovente de la demanda y porque sólo a ésta afecta la determinación recurrida; por ello, es innecesario requerir las copias de la queja, pues éstas son para notificar a las demás partes y tal notificación es irrelevante porque el fin de tal conocimiento es que aquéllas señalen las constancias que consideren deben ser remitidas al ad quem, las cuales no podrían ser otras que las relativas a la demanda de amparo, sus anexos, el auto recurrido y su constancia de notificación, las que, invariablemente, deben ser remitidas por el Juez Federal, ya que constituyen la materia sobre la que versa la queja y, al menos para ese momento, no hay actuaciones diversas para resolver.". Finalmente, hágase las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Demanda y radicación. Con la demanda de amparo de cuenta, se tiene a Apolinar Meza Aguilar, por su propio derecho, por propio derecho, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye a la Junta especial Número Siete, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad y otras; se manda formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno bajo número 119/2019. Analizada en su integridad la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama a la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, la omisión de remitir los autos a la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, al haberse declarado incompetente, en el juicio laboral J-VII-815/2018. Ahora, es este asunto se actualiza la causa notoria de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. ." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." De la lectura del precepto legal transcrito en último término, se llega a la conclusión de que respecto a las violaciones que se cometan durante el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, procede el amparo indirecto. Cabe señalar, que si bien se ha establecido como una excepción a dicha regla, cuando del contenido de la demanda el Juez de amparo advierte que existe una "abierta dilación del procedimiento" o su "paralización total", pues en ese caso el amparo si es procedente; sin embargo, dichas acepciones "abierta dilación del procedimiento" o "paralización total del procedimiento", deben analizarse considerando el derecho fundamental al "plazo razonable", como parte del debido proceso, que a su vez debe entenderse como aquella dilación que muestra el retardo en el camino procesal de forma que su desarrollo resulte superior al normal que debe llevarse en los procedimientos jurisdiccionales, causa de motivación prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que impone tomar en cuenta la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso determinado. Ahora bien, la omisión reclamada en esta vía no encuadra dentro de la regla ni excepción antes apuntadas, porque no es un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en los tratados internacionales de los en que el Estado Mexicano es parte, por los motivos siguientes; además, tampoco nos encontramos en retardo injustificado en la administración de justicia, porque el tiempo transcurrido desde la fecha en que la autoridad laboral se declaró incompetente -veintisiete de marzo de dos mil diecinueve- hasta la data en que presentó la demanda -diez de abril del año en curso-, dentro del juicio laboral J-VII-815/2018, transcurrieron catorce días, aún se encuentra dentro del concepto de plazo razonable. Para establecer si el exceso en el transcurso el plazo legal para el deber de actuar de la autoridad resulta justificado o no, debe acudirse al concepto de "plazo razonable" en la resolución de los asuntos en que se reclama una dilación procesal, que debe atenderse cada caso en particular, conforme a criterios de normatividad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, a fin de estar en aptitud de emitir un juicio sobre si en el caso concreto se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado, ya que una demora prolongada, sin justificación, puede constituir, por sí misma, una violación a los derechos dentro del proceso, contenidos tanto en los artículos 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, en relación con el artículo 17 de nuestra Carta Magna. Pues bien, de la ponderación de las circunstancias particularidades del caso que se plantea, el suscrito juzgador considera que la dilación procesal que se atribuye a la autoridad laboral no actualiza, por ahora, el supuesto de vulneración a los derechos fundamentales a que se ha hecho alusión. Ello es así, porque el quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad, que el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, se declaró incompetente y ordenó remitir de manera inmediata a la Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, los autos del juicio laboral J-VII-815/2018, sin que a la fecha de la presentación de la demanda lo hubiera hecho, lo que de ninguna manera implica una dilación al procedimiento. Sin embargo, pues para efectos de la promoción del juicio biinstancial contra dilaciones presuntamente excesivas en cualquier diligencia, deberá transcurrir al menos cuarenta y cinco días, lo anterior, si se toma en cuenta que es precisamente ese lapso el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, tolera para que el juicio permanezca inmóvil. Al respecto, es oportuno invocar la Jurisprudencia 2ª./J. 33/2019 (10ª) de la Segunda Sala, publicada el uno de Marzo de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época (2019400), cuyo rubro es : "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Por tanto, es evidente la razonabilidad en la supuesta tardanza de remitir los autos a la Junta Especial Número Treinta de la Federal en Estado, con residencia en MIchaocán, por haberse declarado incompetentes, en el juicio natural, que señala el promovente en el escrito de petición de amparo. Entonces, no ha lugar a estimar atentados los derechos tutelados por el numeral 17 Constitucional, ya que no se trata de una abierta dilación del procedimiento" o "paralización total del procedimiento", para que entonces así, sea dable la admisión de la demanda de amparo de cuenta. Por tanto, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de la Materia, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de garantías promovida por Apolinar Meza Aguilar. Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que obre en autos. Domicilio procesal y autorizados. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el que indica en su libelo constitucional y autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a J. Erika Hernández Martínez, Ricardo Zavala Mancilla, Nancy Gutiérrez Navarrete y Ariana Irais Castro, esto en razón de que los mismos acreditaron encontrarse plenamente facultado para ejercer la licenciatura en derecho, no así Oskar Ariel López Castañón, toda vez que no acredito los extremos anteriores, quien únicamente estará facultado únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, mientras que Elidia Rodríguez Valdovinos, contara únicamente dichas facultades por así haberse solicitado expresamente. Ahora, en cuanto a su petición que se faculte a sus autorizados el uso de cámaras fotográficas y otros medios electrónicos, al respecto, infórmese a la parte quejosa que la Circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, refiere únicamente que no existe inconveniente por parte del referido Órgano Colegiado, en que se permita a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los juzgados de Distrito y tribunales, a través de medios electrónicos, pero no obliga a que se autoricen dichos medios en todos los casos. Habilitación de días y horas inhábiles; autorización de firma de oficios; capturas y anotaciones del expediente. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8°, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así como para precisar las constancias, que en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto para el segundo párrafo del artículo 6°, del ordenamiento legal en cita. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  4. Principal

    En razón de que la parte quejosa APOLINAR MEZA AGUILAR o, sus autorizados, no comparecieron ante este juzgado, dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se le dejó en el domicilio señalado en autos, el dieciséis de abril de dos mil diecinueve; se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación del proveído de once de abril del año actual, queda hecho mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo. Proveído de once de abril de dos mil diecinueve que en lo conducente dice: Con la demanda de amparo de cuenta, se tiene a Apolinar Meza Aguilar, por su propio derecho, por propio derecho, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye a la Junta especial Número Siete, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad y otras; se manda formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno bajo número 119/2019. Analizada en su integridad la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama a la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, la omisión de remitir los autos a la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, al haberse declarado incompetente, en el juicio laboral J-VII-815/2018. Ahora, es este asunto se actualiza la causa notoria de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que dicen: .De la lectura del precepto legal transcrito en último término, se llega a la conclusión de que respecto a las violaciones que se cometan durante el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, procede el amparo indirecto. Cabe señalar, que si bien se ha establecido como una excepción a dicha regla, cuando del contenido de la demanda el Juez de amparo advierte que existe una -abierta dilación del procedimiento- o su --paralización total-, pues en ese caso el amparo si es procedente; sin embargo, dichas acepciones -abierta dilación del procedimiento" o "paralización total del procedimiento", deben analizarse considerando el derecho fundamental al "plazo razonable", como parte del debido proceso, que a su vez debe entenderse como aquella dilación que muestra el retardo en el camino procesal de forma que su desarrollo resulte superior al normal que debe llevarse en los procedimientos jurisdiccionales, causa de motivación prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que impone tomar en cuenta la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso determinado. Ahora bien, la omisión reclamada en esta vía no encuadra dentro de la regla ni excepción antes apuntadas, porque no es un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en los tratados internacionales de los en que el Estado Mexicano es parte, por los motivos siguientes; además, tampoco nos encontramos en retardo injustificado en la administración de justicia, porque el tiempo transcurrido desde la fecha en que la autoridad laboral se declaró incompetente -veintisiete de marzo de dos mil diecinueve- hasta la data en que presentó la demanda -diez de abril del año en curso-, dentro del juicio laboral J-VII-815/2018, transcurrieron catorce días, aún se encuentra dentro del concepto de plazo razonable. Para establecer si el exceso en el transcurso el plazo legal para el deber de actuar de la autoridad resulta justificado o no, debe acudirse al concepto de "plazo razonable" en la resolución de los asuntos en que se reclama una dilación procesal, que debe atenderse cada caso en particular, conforme a criterios de normatividad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, a fin de estar en aptitud de emitir un juicio sobre si en el caso concreto se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado, ya que una demora prolongada, sin justificación, puede constituir, por sí misma, una violación a los derechos dentro del proceso, contenidos tanto en los artículos 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, en relación con el artículo 17 de nuestra Carta Magna. Pues bien, de la ponderación de las circunstancias particularidades del caso que se plantea, el suscrito juzgador considera que la dilación procesal que se atribuye a la autoridad laboral no actualiza, por ahora, el supuesto de vulneración a los derechos fundamentales a que se ha hecho alusión. Ello es así, porque el quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad, que el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, se declaró incompetente y ordenó remitir de manera inmediata a la Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, los autos del juicio laboral J-VII-815/2018, sin que a la fecha de la presentación de la demanda lo hubiera hecho, lo que de ninguna manera implica una dilación al procedimiento. Sin embargo, pues para efectos de la promoción del juicio biinstancial contra dilaciones presuntamente excesivas en cualquier diligencia, deberá transcurrir al menos cuarenta y cinco días, lo anterior, si se toma en cuenta que es precisamente ese lapso el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, tolera para que el juicio permanezca inmóvil. Al respecto, es oportuno invocar la Jurisprudencia 2ª./J. 33/2019 (10ª) de la Segunda Sala, publicada el uno de Marzo de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época (2019400), cuyo rubro es : .... Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Por tanto, es evidente la razonabilidad en la supuesta tardanza de remitir los autos a la Junta Especial Número Treinta de la Federal en Estado, con residencia en MIchaocán, por haberse declarado incompetentes, en el juicio natural, que señala el promovente en el escrito de petición de amparo. Entonces, no ha lugar a estimar atentados los derechos tutelados por el numeral 17 Constitucional, ya que no se trata de una abierta dilación del procedimiento" o "paralización total del procedimiento", para que entonces así, sea dable la admisión de la demanda de amparo de cuenta. Por tanto, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de la Materia, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de garantías promovida por Apolinar Meza Aguilar. Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que obre en autos. Domicilio procesal y autorizados. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el que indica en su libelo constitucional y autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a J. Erika Hernández Martínez, Ricardo Zavala Mancilla, Nancy Gutiérrez Navarrete y Ariana Irais Castro, esto en razón de que los mismos acreditaron encontrarse plenamente facultado para ejercer la licenciatura en derecho, no así Oskar Ariel López Castañón, toda vez que no acredito los extremos anteriores, quien únicamente estará facultado únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, mientras que Elidia Rodríguez Valdovinos, contara únicamente dichas facultades por así haberse solicitado expresamente. Ahora, en cuanto a su petición que se faculte a sus autorizados el uso de cámaras fotográficas y otros medios electrónicos, al respecto, infórmese a la parte quejosa que la Circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, refiere únicamente que no existe inconveniente por parte del referido Órgano Colegiado, en que se permita a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los juzgados de Distrito y tribunales, a través de medios electrónicos, pero no obliga a que se autoricen dichos medios en todos los casos. Habilitación de días y horas inhábiles; autorización de firma de oficios; capturas y anotaciones del expediente. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así como para precisar las constancias, que en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto para el segundo párrafo del artículo 6, del ordenamiento legal en cita. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

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