Antonio Rodríguez González
Expediente 493/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 493/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Antonio Rodríguez González
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, catorce de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que no se interpuso recurso de queja dentro del término de cinco días que contempla el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de diez de septiembre de del presente año, en el que se desechó la demanda que dio origen al presente expediente; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno de este Juzgado. En otro orden de ideas, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como se advierte de la certificación de cuenta. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 21 inciso b), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del mismo precepto legal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 35 del acuerdo de que se trata, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
En razón de que la PARTE QUEJOSA ANTONIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ o su autorizado, no comparecieron ante este juzgado, dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se le dejó en el domicilio señalado en autos, el diecisiete de septiembre del año en curso, ni tampoco agotaron el procedimiento para ingresar al juzgado a notificarse, o bien, a ponerse de acuerdo con el Actuario para que les notificara; se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación del proveído de diez de septiembre de dos mil veintiuno, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. PROVEIDO DE DIEZ DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, que dice: Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde el escrito signado por el quejoso Antonio Rodríguez González, por propio derecho y Eduardo Fernando Ortiz Gómez, quien se ostenta apoderado jurídico del quejoso directo, mediante el cual, a fin de cumplir con la prevención contenida en el acuerdo de uno de septiembre del presente año, el quejoso directo comparece al presente juicio y manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que el segundo de los nombrados es su mandatario judicial dentro del juicio especial oral familiar de donde deriva el acto reclamado, pero que por cuestiones laborales en las que se encuentran los órganos jurisdiccionales del Estado de Michoacán, no les es posible adjuntar copia de las constancias que obran en el expediente 225/2019, para acreditarlo. Además, exhiben en original la certificación notarial treinta y seis mil quinientos ochenta y dos, que contienen el poder general para pleitos y cobranzas, pasado ante la fe del Notario Público número ochenta y cinco, con ejercicio y residencia en esta ciudad de Uruapan, Michoacán; por lo que, se le reconoce el carácter de mandatario judicial del quejoso a Eduardo Fernando Ortiz Gómez, en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, se le tiene cumpliendo con la prevención formulada mediante auto de uno de septiembre de dos mil veintiuno. Ahora, una vez examinada en su integridad la demanda, este órgano jurisdiccional determina que el acto que a través de esta instancia constitucional combate el peticionario de amparo es:... I.- Ante la falta total de Recursos Ordinarios para impugnarle y la violación flagrante de Derechos Humanos fundamentales del Quejoss que conlleva, se reclama EL ILEGAL PROVEÍDO DE FECHA 5 DE AGOSTO DE 2021, DICTADO POR LAS RESPONSABLES DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO ORAL FAMILIAR NO. 225/2019 QUE SE VENTILA ANTE EL JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE URUAPAN, MICHAOCÁN, y con ello la petición del Amparo y Protección de la Justicia Federal en contra del concierto de violaciones procesales previas a dicho proveído ilegal, que con tal acuerdo se actualizan, en las que se viene sistemática incurriendo por la Juez Responsable en perjuicio del Quejoso ANTONIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ durante el devenir del Procedimiento Ordinario Oral Familiar antes referido, que irónicamente versa como acción principal, sobre solicitud de convivencia familiar del hoy quejoso para con sus menores hijos, en contra de la C. ANA ALICIA MALDONADO MARTÍNEZ; acuerdo y decisiones relativas que con tal proveído insisto se actualizan, mediante los que se violan no solamente los derechos humanos de mi representado, sino también los derechos fundamentales de sus menor hijos AL DENEGARLE ILEGALMENTE SU CONVIVENCIA FAMILIAR PROVISIONAL POR ENÉSIMA OCASIÓN.". Es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: ... Análisis de procedencia del juicio de amparo. Determinado lo anterior, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen:... Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto indican:... Ahora bien, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que Eduardo Fernando Ortiz Gómez, apoderado jurídico del quejoso Antonio Rodríguez González, en la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, refirió que el acuerdo que aquí constituye el acto reclamado fue notificado al quejoso por lista publicada en los estrados del Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, el cinco de agosto de dos mil veintiuno; lo que da lugar a que la demanda de amparo se haya presentado de manera extemporánea. En efecto, el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia, el cual dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. ... De conformidad con el artículo y fracción transcritos, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales, aquellos contra los que no se promueve la demanda dentro de los términos legalmente establecidos; el cual se computará acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 del mismo ordenamiento, es decir, en el caso concreto que nos ocupa, a partir del día siguiente a aquél en que se notificó el auto que en esta vía reclama la parte quejosa. Para conocer los plazos para promover el juicio de amparo, se hace necesario precisar el contenido del artículo 17 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". Del precepto legal transcrito se advierte que la impugnación mediante el juicio de amparo de un acto que se considere inconstitucional puede hacerse dentro de diversos plazos, a saber: Primer párrafo: Quince días, regla general. Fracción I. Treinta días, cuando se reclame una norma general auto-aplicativa, o el procedimiento de extradición. Fracción II. Ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. Fracción III. Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Fracción IV. En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, podemos concluir que cuando no se actualice alguno de los supuestos de excepción especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, el plazo para promover la demanda será de quince días [regla general]. Plazo que se computará acorde a lo dispuesto por el diverso numeral 18 de la ley de la materia, a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo 17, en el que el plazo se computará a partir del día de la entrada en vigor de la norma reclamada. Asimismo, la Ley de Amparo además de prever la notificación en términos de la ley ordinaria de la cual provenga el acto reclamado, también establece la posibilidad de que el quejoso conozca el acto de manera informal, sin exigir formalismo para ello, y esté en condiciones de combatirlo, esto es, simplemente que no lo desconozca. Así, se tiene que la parte quejosa tuvo conocimiento de la existencia del acto reclamado el cinco de agosto de dos mil veintiuno, fecha en la que se le notificó por lista el auto que tilda de inconstitucional, de ahí que es ineludible que la demanda de amparo que nos ocupa se encuentra presentada fuera del término legal de quince días hábiles posteriores a que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado consistente en concreto en el auto de cinco de agosto del presente año, dictado por el Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, dentro del Juicio Ordinario Oral Familiar 225/2019, ya que así lo manifiesta en la demanda. Ello es así, toda vez que en términos del artículo 18 de la Ley de Amparo, los plazos para la presentación de la demanda de amparo indirecto se computarán a partir del día siguiente a aquél en que se notificó el auto que en esta vía reclama la parte quejosa, y por ende, tuvo conocimiento del mismo; en el caso, el cinco de agosto de dos mil veintiuno fue la fecha en la que el quejoso supo de la existencia del acto reclamado, ya que el proveído que reclama se le notifico por lista publicada en los estrados del Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán; por tanto, el primer día hábil siguiente a esa data fue el seis de ese mes y año. Sin que pase desapercibido que la parte quejosa en su escrito inicial de demanda manifestó:... De la anterior, transcripción se obtiene que los términos en materia familiar comienzan a correr desde el día siguiente hábil a aquel en que se hubiere hecho el emplazamiento, citación o cualquiera otra notificación; en este caso, la notificación se realizó por lista el cinco de agosto del presente año, y no así el nueve, como lo manifiesta la parte quejosa. De tal modo, el plazo para presentar la demanda de amparo contra el acto reclamado transcurrió del seis al veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, ello es así, en virtud de que, en dicho plazo no se computaron los días siete, ocho, catorce, quince, veintiuno y veintidós de agosto de dos mil veintiuno, por ser sábados y domingos, y por ende, inhábiles en términos del numeral 19 de la Ley de Amparo. Entonces, si la demanda de amparo fue presentada el treinta de agosto de dos mil veintiuno en buzón judicial, es evidente que ello ocurrió fuera del término legal de quince días a que se contrae el numeral 17 de la Ley de Amparo, en los términos generales ya precisados. Esto es, aun excluyendo de dicho cómputo los días no laborables, la presentación de la demanda de amparo sigue estando fuera del plazo que la ley exige para estudiar los actos reclamados; lo que refleja de manera fehaciente, un consentimiento tácito de los actos reclamados, que actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Cuarto Tribunal Colegido en Materia Civil del Primer Circuito, que señala: ... Por consiguiente, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, pues con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA en estudio por notoriamente improcedente. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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