Antonio Salvador Artiaga
Expediente 691/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 691/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/05/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Antonio Salvador Artiaga
Actuaciones
- Principal
En veinticinco de mayo de dos mil quince, el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, ---------------------------------------------------------------------- C E R T I F I C O:------------------------Que el término de cinco días que prevé el artículo 98, de la Ley de Amparo vigente, para interponer el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de esa propia legislación, en contra del auto dictado por este Juzgado el ocho de mayo del año en curso, dentro del juicio de amparo en que se actúa, transcurrió del día dieciocho al veintidós del mes y año citados.- Doy fe. En la misma fecha el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veinticinco de mayo de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término de cinco días señalado por el artículo 98, de la Ley de Amparo en vigor, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de esa propia legislación, en contra del auto dictado por este Juzgado el doce de mayo de dos mil quince, en el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ********************; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente en que se actúa, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de que se desechó la demanda de amparo con que se formó el mismo; además de que este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico, ni es de relevancia documental que amerite su conservación. Una vez que transcurran los tres años que establece el Primer Párrafo del Punto Décimo Primero del Acuerdo en cita, remítase el presente expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. En razón de que el indicado proveído no requiere ejecución material, con apoyo en el numeral 214, de la Ley de Amparo en vigor, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Finalmente, devuélvase al Juez Tercero del Ramo Civil de la capital el juicio especial hipotecario 93/2010, que obra por separado. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. Bjm.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, a ocho de mayo de dos mil quince. Vista la razón asentada por el Actuario Judicial adscrito en cuatro de mayo del año en curso, en el sentido de que no le fue posible notificar al tercero interesado Jorge Arturo Márquez Contreras, en su carácter de representante legal de la empresa aseguradora Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, Sociedad Civil, la sentencia de treinta de abril de dos mil quince, toda vez que no señaló domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, no obstante que de autos se advierte que fue debidamente emplazada a juicio; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de quince de diciembre de dos mil catorce; y la notificación de la sentencia de mérito, así como las subsecuentes que sean de carácter personal, practíquesele por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firmó el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del Secretario que autoriza, licenciado Jorge Martín Zamora González.- DOY FE.
- Principal
SE NOPTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 08 D EMAYO DE 2015, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) D ELA LEY DE AMPARO. "ZACATECAS, ZACATECAS, OCHO DE MAYO DE DOS MIL QUINCE. Téngase por recibido el oficio de cuenta que suscribe la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, por el que remite los autos del juicio de amparo directo civil 322/2015, del que se advierte que mediante acuerdo de treinta de abril del año en curso, ese órgano colegiado determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de garantías promovida por el licenciado Ricardo Ramírez Flores, en su carácter de abogado patrono de ANTONIO SALVADOR ARTIAGA, contra actos del Juez Tercero del Ramo Civil de la capital y otras autoridades; y ordena se remita a este órgano jurisdiccional, para los efectos de su competencia; en consecuencia, este Juzgado de Distrito asume el conocimiento del presente asunto; acúsese el recibo de estilo correspondiente. Fórmese el expediente respectivo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y asígnesele el número 691/2015. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." En el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, toda vez que este resolutor considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, último párrafo, ambos de la Ley de Amparo vigente. Dichas disposiciones normativas, señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]." El peticionario de garantías, señaló como acto reclamado el auto de doce de marzo de dos mil quince, dictado por el Juez Tercero del Ramo Civil de la capital, dentro del juicio hipotecario 93/2010, promovido por Armando Reynoso Estrada, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, en contra del aquí quejoso ANTONIO SANDOVAL ARTIAGA; que señaló día y hora para que tenga verificativo la diligencia de remate en primer almoneda, pública subasta al mejor postor del bien inmueble hipotecado, citando a las partes para que comparezcan a la diligencia fijando como postura legal el valor otorgado por el perito de $1,130,000.00 (un millón ciento treinta mil pesos 00/100 moneda nacional). De lo apuntado en párrafos precedentes, se advierte que el auto reclamado fue dictado dentro de la etapa ejecución de sentencia, por lo que no se está en el supuesto de que se trate del último acto dictado dentro del procedimiento de ejecución, pues por última resolución, que sería en todo caso, contra la cual procedería el juicio de amparo indirecto, debe entenderse a aquella en la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado; y al efecto, el proveído reclamado que señaló día y hora para que tenga verificativo la diligencia de remate en primera almoneda del bien embargado en el juicio hipotecario 93/2010, forma parte de un procedimiento de ejecución de sentencia dictado dentro del referido sumario, por lo que dicha determinación no constituye la última resolución dictada en la etapa de ejecución; lo que significa que tales actos que no dan lugar a que se actualice el contenido del último párrafo de la fracción IV del artículo 107, de la Ley de Amparo. En otras palabras el auto que reclama el promovente a la autoridad que señala como responsable, forma parte de la fase de ejecución que tiene como finalidad dar cabal cumplimiento a la sentencia elevada a la categoría de cosa juzgada, de la que deriva el acto reclamado, y si tal acto forma parte de un procedimiento de ejecución, no es sino hasta que el referido Juez Tercero del Ramo Civil de la capital, ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado, puede impugnar las violaciones que ahora reclama. Asimismo, cabe destacar que la finalidad que persigue el legislador en el último párrafo de la aludida fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, es evitar que dentro de un procedimiento de ejecución de sentencia se abuse de la promoción del juicio de garantías; motivo por el cual dicha instancia constitucional solamente procede a trámite cuando se trata de la última resolución en la que la autoridad responsable se pronuncia en relación al otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado. En relación con el tema de que se trata, conviene traer a colación -por identidad de razones- la Jurisprudencia número P./ J.32/2001, resultado de la contradicción de Tesis 27/99, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la Página 31, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril del 2001, Novena Época; cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESION ULTIMA RESOLUCION, A QUE SE REFIERE EL PARRAFO SEGUNDO DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Así como el criterio sustentado por el Pleno del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en la Tesis número XX. 291 K, visible en la Página 545, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Noviembre de 1994, Octava Época, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo título y contenido a la letra dicen: "ULTIMA RESOLUCION DICTADA EN LA FASE DE EJECUCION DEL JUICIO RESPECTIVO. ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA. Si el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en la fase de ejecución del juicio respectivo, tal circunstancia hace improcedente el amparo indirecto, pues si bien es cierto que tal precepto dispone que el amparo se pedirá ante el juez de Distrito contra actos de Tribunales judiciales ejecutados fuera de juicio o después de concluido, también lo es, que debe entenderse que se refiere a la última resolución dictada en esa fase de ejecución, por lo que si esta hipótesis no se actualiza, el amparo promovido en esos términos resulta improcedente en términos de la fracción XVIII, del artículo 73, de la Ley de Amparo en relación con la fracción III, del artículo 114 de la ley en comento." En las condiciones apuntadas, y atendiendo a que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo vigente, el acto que en esta instancia constitucional no constituye la última resolución dictada en la etapa de ejecución de sentencia, debe concluirse que en el caso concreto el juicio de amparo indirecto deviene notoriamente improcedente, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia analizada; y, en esa tesitura, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de garantías que nos ocupa. En otro aspecto, a fin de facilitar la consulta de este expediente, con el especial hipotecario 93/2010, cuadernillo de incidente de nulidad de actuaciones, cuaderno de pruebas de la parte actora y cuadernillo de incidente no especificado, que remitió el Juez responsable, se determina formar cuaderno de prueba por separado. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Unión número 101, interior 20, Zona Centro de esta ciudad. Finalmente, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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