Antonio Mendoza Ramos

Expediente 794/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
794/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
14/11/2023

Partes del expediente

  • Antonio Mendoza Ramos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos, de los que se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia con fecha de cinco de octubre de dos mil veintitrés, en la que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa Antonio Mendoza Ramos, en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. SE ORDENA DEVOLVER CONSTANCIAS A AUTORIDAD RESPONSABLE. Devuélvanse a la autoridad responsable Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 38, con sede en Colima, Colima, las constancias que remitió en apoyo de su informe justificado, consistente en el juicio agrario 677/2018 de su índice. REQUERIMIENTO A LA RESPONSABLE Ahora, tomando en consideración que se concedió el amparo a la parte quejosa, requiérase a las autoridades responsables, para que en términos del ordinal 192 párrafo segundo de la Ley de Amparo en vigor, dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente auto, informe sobre el cumplimiento dado al fallo protector, remitiendo copia certificada que acredite lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del tiempo señalado, le será impuesta una multa, conforme al artículo 258 de la ley antes citada; y si aun así es omiso se dará inicio al procedimiento previsto en el diverso ordinal 193 de la ley en aplicación. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO Para tal efecto, con fundamento en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; hágase del conocimiento de la autoridad responsable que la obligación que le fue impuesta en la ejecutoria de amparo es para los efectos siguientes: " 1.Si a la fecha en que cause ejecutoria el presente fallo de amparo, aún no se ha dado cumplimiento a la sentencia agraria; de inmediato, deberá verificar si ya transcurrió el término de diez días otorgado a la autoridad registral para el cumplimiento de la sentencia respectiva, en el entendido de que para ello deberá tomar en consideración la fecha en la que dicha autoridad recibió la documentación remitida mediante oficio 2075/2022, pues es hasta ese momento en el que tuvo los elementos materiales para cumplir con el fallo. 2.En caso de que ya haya transcurrido dicho término, deberá dictar un auto en el que haga efectivo el apercibimiento formulado en auto de veintidós de agosto de dos mil veintidós, en el que se remitió al diverso de veintiuno de enero de dos mil veinte, consistente en una multa equivalente a diez unidades de medida y actualización vigente en el país al momento de hacerse efectiva. 3. Hecho lo anterior, requiera nuevamente a la autoridad registral para que dé cumplimiento a la sentencia agraria, bajo apercibimiento que de no hacerlo impondrá una multa, la cual deberá ser mayor a la anterior. " APERCIBIMIENTO Se apercibe a dicha autoridad que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, conforme al artículo 258 de la Ley de Amparo; y si aun así es omisa, se dará inicio al procedimiento previsto en el diverso ordinal 193 de la ley en aplicación. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Erg.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. NO HA LUGAR Agréguese el escrito de cuenta signado por la parte quejosa, atento a su contenido, dígasele no ha lugar a proveer favorablemente toda vez que de autos se advierte que en data de cinco de octubre del año en curso, se giraron los oficios 17891 y 17892 dirigidos al Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, y al Jefe del Departamento de Registro y Asuntos Jurídicos de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, sin que obren constancias de entrega de los oficios en mención, dirigidos a dichas autoridades, de lo cual se está en espera; por tanto todavía no se puede computar el término que tienen las autoridades en mención para interponer el recurso de revisión. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Erg. Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  3. Principal

    . V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número I-794/2023, promovido por Antonio Mendoza Ramos, contra actos del Delegado del Registro Agrario Nacional en Michoacán, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el veintidós de junio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, y recibido al día siguiente hábil en este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, Antonio Mendoza Ramos promovió demanda de amparo indirecto en contra del Delegado del Registro Agrario Nacional en Michoacán, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. SEGUNDO. DERECHOS HUMANOS QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. En la propia demanda de amparo, la parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 8º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por auto de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de garantías registrada con el número I-794/2023; se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; se dio la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente por materia, grado y territorio para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 36, párrafo primero, y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ello en atención a que la parte quejosa reclama omisiones de autoridad administrativa y jurisdiccional, con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de garantías, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado."; es necesario precisar los actos reclamados, que se desprenden del estudio y análisis en conjunto de la demanda de garantías y de las constancias que integran el presente sumario. Así, del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa reclama: Del Director en Jefe, Directora General de Registro y Control Documental, y Directora de Normatividad Registral, todos del Registro Agrario Nacional, con residencia en Ciudad de México; Delegado y Jefe del Departamento del Registro y Asuntos Jurídicos de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad; la omisión de dar respuesta a la solicitud 16190020935 y, como consecuencia, la falta de expedición de los títulos y certificados parcelarios correspondientes, por transmisión de derechos por sucesión (inscripción), con motivo de la sentencia dictada en el juicio agrario 677/2018. Del Magistrado Titular del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 38, con residencia en Colima, Colima, la dilación en la ejecución de la sentencia dictada el doce de julio de dos mil diecinueve, en el juicio agrario 677/2018 de su índice. CUARTO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por el Director de lo Contencioso y Encargado de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en representación del Director en Jefe, Directora General de Registro y Control Documental; y Directora de Normatividad Registral, todos del Registro Agrario Nacional, con residencia en Ciudad de México (foja 25 a 26); así como del diverso rendido por el Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, por sí y en representación del Jefe del Departamento del Registro y Asuntos Jurídicos de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad (foja 28 a 32), se advierte que niegan la existencia del acto omisivo que se les atribuye. Negativa de actos que no fue desvirtuada por la aquí quejosa, por lo que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el juicio de amparo. Máxime si se tiene en consideración que el Director de lo Contencioso y Encargado de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con residencia en Ciudad de México, destaca que la solicitud de la quejosa versa sobre la inscripción de transmisión de derechos por sucesión con motivo de la sentencia dictada en el expediente 677/2018, emitida por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 38, de tal modo que de conformidad con los artículos 22 y 24 del reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, ello es competencia de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, aunado que fue ante quien se formuló la solicitud 16190020935, según consta en el acuse de recibo exhibido por la quejosa. Asimismo, la negativa de actos vertida por el Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, por sí y en representación del Jefe del Departamento del Registro y Asuntos Jurídicos de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, se encuentra robustecida con las constancias que al efecto exhibió el quejoso, de cuyo contenido se advierte que a su solicitud recayó el acuerdo de prevención de dieciocho de junio de dos mil veinte, notificado al quejoso el doce de octubre de ese mismo año y, que, incluso, fue exhibido por la parte quejosa junto con su demanda de amparo. Por lo que la autoridad registral en comento reitera que al veintiuno de julio de dos mil veintitrés (fecha en que rindió su respectivo informe justificado), no obraba antecedente, registro o constancia con la que se acreditara que el promovente hubiera cumplido con dicha prevención. Lo anterior sin que la parte quejosa hubiera desvirtuado dichas manifestaciones. Virtud a ello resulta innecesario analizar los conceptos de violación enderezados contra la omisión y actos atribuidos a las citadas responsables. QUINTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por el Magistrado Titular del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 38, con residencia en Colima, Colima, se advierte que niega la existencia del acto reclamado. Por tanto, dada la naturaleza del acto reclamado, es necesario precisar el concepto de "omisión", pues no todo "no hacer" por parte de una autoridad constituye un acto omisivo. Esto es, para que exista una conducta calificada jurídicamente como "omisión", no basta con una referencia al curso de una actuación humana (un no hacer), sino se requiere un elemento normativo previo, el cual haga previsible el actuar que no se llevó a cabo; pues, sin duda, sólo se omite algo en el contexto en que es relevante una actuación determinada, porque existe una obligación que así lo indica. En síntesis, omitir no es un mero "no actuar", sino un no actuar conforme la ley lo obliga. Desde esa perspectiva, para que exista una omisión (como conducta -aunque negativa- cualificada por el derecho), se deben reunir dos elementos, a saber: 1. Uno deóntico, el cual consiste en una obligación de hacer, a cargo del sujeto de derecho a quien se le imputa el acto omisivo, impuesta por una norma jurídica, ya sea una ley (regla de conducta general, abstracta e impersonal), o por una resolución judicial o administrativa (regla de conducta particular, concreta y personal); y, 2. Otro óntico o fáctico, relativo a una conducta pasiva ante esa obligación, esto es, un no hacer. Con base en la diferencia entre omisión y no hacer, debe precisarse que para verificar la certeza de los actos omisivos es necesario examinar si la autoridad a la cual se atribuye esa conducta se encuentra constreñida a actuar en el sentido pretendido por la parte quejosa, ya sea por la existencia de alguna norma que así lo disponga, o bien, por una resolución judicial o administrativa que así lo ordene. Enseguida, es necesario examinar si el magistrado responsable, conforme alguna norma jurídica, se encuentra obligado a actuar en el sentido indicado por la quejosa; es decir, si acorde con las facultades y obligaciones que ineludiblemente está constreñido a ejercer, tiene el deber de vigilar el cumplimiento de los fallos dictados en los asuntos de su conocimiento. Para dilucidar esa cuestión, en principio debe precisarse que de la demanda de amparo se advierte que el quejoso se duele de que el citado magistrado responsable no ha actuado en el sentido que indica. En efecto, sobre el tema de la ejecución de los fallos agrarios, cabe precisar lo que establece el artículo 191 de la Ley Agraria: "Artículo 191. Los tribunales agrarios están obligados a proveer a la eficaz e inmediata ejecución de sus sentencias y a ese efecto podrán dictar todas las medidas necesarias, incluidas las de apremio, en la forma y términos que, a su juicio, fueren procedentes, sin contravenir las reglas siguientes: I. Si al pronunciarse la sentencia estuvieren presentes ambas partes, el tribunal las interrogará acerca de la forma que cada una proponga para la ejecución y procurará que lleguen a un avenimiento a ese respecto; y II. El vencido en juicio podrá proponer fianza de persona arraigada en el lugar o de institución autorizada para garantizar la obligación que se le impone, y el tribunal, con audiencia de la parte que obtuvo, calificará la fianza o garantía según su arbitrio y si la aceptare podrá conceder un término hasta de quince días para el cumplimiento y aún mayor tiempo si el que obtuvo estuviera conforme con ella. Si transcurrido el plazo no hubiere cumplido, se hará efectiva la fianza o garantía correspondiente. Si existiera alguna imposibilidad material o jurídica para ejecutar una sentencia relativa a tierras de un núcleo de población, la parte que obtuvo sentencia favorable podrá aceptar la superficie efectivamente deslindada, en cuyo caso la sentencia se tendrá por ejecutada, dejándose constancia de tal circunstancia en el acta que levante el actuario. En caso de inconformidad con la ejecución de la parte que obtuvo sentencia favorable, se presentarán al actuario los alegatos correspondientes, los que asentará junto con las razones que impidan la ejecución, en el acta circunstanciada que levante. Dentro de los quince días siguientes al levantamiento del acta de ejecución, el tribunal del conocimiento dictará resolución definitiva sobre la ejecución de la sentencia y aprobará el plano definitivo". De tal modo que, del marco jurídico es factible determinar que el magistrado responsable, en el ámbito de su respectiva competencia, como autoridad jurisdiccional tiene el deber de proveer la eficaz e inmediata ejecución de las sentencias, a cuyo efecto podrá hacer uso de los medios de apremio establecidos en la ley. En ese contexto, pese a que en su informe justificado el juez responsable haya negado la existencia de la omisión reclamada, dicha manifestación entraña una afirmación, esto es, que sí ha dictado medidas oportunas y eficaces tendentes a lograr la ejecución de la sentencia; por tanto, dada la naturaleza del acto omisivo reclamado, corresponde a dicha autoridad probar su dicho, esto es, que ha cumplido con su obligación. A cuyo efecto remitió copia certificada de diversas documentales que adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por tratarse de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones. Ahora bien, de dichos medios de prueba se advierte que, efectivamente, el análisis sobre la existencia del acto omisivo que se le atribuye al magistrado agrario responsable se vincula estrechamente al análisis de fondo sobre la actuación de dicha autoridad. De modo que si en su informe justificado la autoridad acepta que ha tenido que realizar diversos requerimientos a la autoridad registral a fin de lograr el cumplimiento de la sentencia, siendo que el último data del veintidós de noviembre de dos mil veintidós, y la demanda de amparo se promovió el veintidós de junio de dos mil veintitrés; entonces, es evidente que el magistrado ha incumplido con su deber, por lo cual, quien suscribe estima que lo procedente es tener por cierto el acto que se le atribuye. SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por el promovente, en función a que el suscrito no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia 2ª./J58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 50/2010, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. Los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, suplidos en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, de la Ley de Amparo, son fundados como se verá a continuación. En tal motivo de disenso el quejoso señaló que se trasgredió en su perjuicio lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, habida cuenta que el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 38 omitió proveer la eficaz e inmediata ejecución de la sentencia dictada el doce de julio de dos mil diecinueve, dentro del juicio agrario número 677/2018. Como se adelantó, tal argumento es fundado en razón de que la autoridad responsable infringió lo previsto en el artículo 17 y 27, fracciones VII y XIX de la Constitución Federal, así como 191 de la Ley Agraria (ya transcrito), en la medida de que omitió realizar lo conducente para el cumplimiento eficaz e inmediato del fallo agrario de que se trata. Esos preceptos constitucionales disponen: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. [.] Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones." "Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. [.] VII. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas. La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas. La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores. La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo establecerá los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí, con el Estado o con terceros y otorgar el uso de sus tierras; y, tratándose de ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de población; igualmente fijará los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su parcela. En caso de enajenación de parcelas se respetará el derecho de preferencia que prevea la ley. Dentro de un mismo núcleo de población, ningún ejidatario podrá ser titular de más tierra que la equivalente al 5% del total de las tierras ejidales. En todo caso, la titularidad de tierras en favor de un solo ejidatario deberá ajustarse a los límites señalados en la fracción XV. La asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, con la organización y funciones que la ley señale. El comisariado ejidal o de bienes comunales, electo democráticamente en los términos de la ley, es el órgano de representación del núcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea. La restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población se hará en los términos de la ley reglamentaria. [.] XIX. Con base en esta Constitución, el Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta impartición de la justicia agraria, con objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de le (sic) tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, y apoyará la asesoría legal de los campesinos. Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población; así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Para estos efectos y, en general, para la administración de justicia agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores o, en los recesos de ésta, por la Comisión Permanente. La ley establecerá un órgano para la procuración de justicia agraria, y [.]" De tales preceptos constitucionales se advierte que dada la importancia del principio social establecido constitucionalmente, se impone la obligación para el tribunal jurisdiccional que emite una resolución en materia agraria, de vigilar de oficio su íntegro cumplimiento. Lo cual encuentra justificación si se toma en cuenta que ello reviste gran trascendencia para la vida jurídica institucional del país, no sólo por el interés social que existe para que la verdad legal prevalezca en aras de la concordia, tranquilidad y seguridad de los campesinos, sino porque, esencialmente, constituye una forma de hacer imperar el mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, previsto en el aludido artículo 27, que es el sustento y finalidad de la organización del sector campesino y rural de nuestro país. Además, el artículo 17 de la Constitución pertenece a las garantías de seguridad jurídica y establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha explicado esos cuatro principios al realizar el análisis del derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia y respecto del que ahora interesa (justicia pronta), pues dijo que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes, en especial las autoridades que realizan labores jurisdiccionales, como la responsable. Ello, en la tesis de rubro: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES". Ahora bien, como se vio en el considerando que antecede, el artículo 191 de la Ley Agraria dispone la forma en que deben tener ejecución las sentencias en materia agraria, es decir, que los tribunales agrarios están obligados a dictar todas las medidas necesarias para el eficaz e inmediato cumplimiento de las sentencias, incluidas las medidas de apremio que fueran. En la especie, de la narración de antecedentes realizada por la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, adminiculado con las manifestaciones del magistrado responsable y la certeza del acto reclamado, se concluye que dicha autoridad ha sido omiso en dictar todas las medidas necesarias para lograr el cumplimiento total de la sentencia dictada el doce de julio de dos mil diecinueve, dentro del juicio agrario 677/2018. En razón de que si bien el magistrado responsable mediante oficio 1822/2019, de quince de julio de dos mil diecinueve, remitió a la Encargada del Despacho del registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, copia certificada de la sentencia, así como del acta de nacimiento del promovente, para que procediera a su debida inscripción (foja 84 del tomo de pruebas); y a petición de la parte quejosa, en auto de veinte de noviembre de dos mil diecinueve, requirió a la citada encargada para que dentro del término de diez días hábiles informara si había dado cumplimiento a la sentencia dictada el doce de julio de dos mil diecinueve, bajo apercibimiento que de no hacerlo se podría hacer acreedora a la medida de apremio que establece el numeral 59, fracción I, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles (foja 91 del tomo de pruebas). Asimismo, nuevamente a petición de la parte quejosa, por auto de veintiuno de enero de dos mil veinte, giró oficio a la citada autoridad registral a fin de que informara el cumplimiento dado al fallo, bajo apercibimiento que de no hacerlo se haría acreedora a una multa equivalente a diez unidades de medida y actualización vigente en el país al momento de hacerse efectiva (foja 94 del tomo de pruebas). De igual forma, virtud a la insistencia de la parte quejosa, por auto de veintidós de agosto de dos mil veintidós, formuló nuevo requerimiento a la autoridad registral a fin de que cumpliera con la sentencia, a cuyo efecto le remitió diversas documentales, lo anterior bajo apercibimiento que de no hacerlo se le haría efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veintiuno de enero de dos mil veinte (foja 97 del tomo de pruebas). En mérito de ello, por oficio SDR/DJ/2097/2022, de diez de noviembre de dos mil veintidós, el Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en Michoacán, con residencia en esta ciudad, señaló que a efecto de dar cumplimiento a lo solicitado era necesario que remitiera copia certificada de la sentencia, acompañada de la documentación necesaria para su ejecución, toda vez que después de una exhaustiva búsqueda no había sido posible la localización de dicho fallo (foja 99 del tomo de pruebas). Por lo que, mediante auto de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, el magistrado responsable ordenó remitir a la autoridad registral la documentación respectiva a fin de que estuviera en aptitud de dar cumplimiento a la sentencia (foja 100 del tomo de pruebas). Sin embargo, el magistrado responsable no ha realizado otras medidas para que se cumpla de manera rápida y eficaz la sentencia de mérito, que como se vio fue emitida desde el doce de julio de dos mil diecinueve, esto es, han trascurrido prácticamente cuatro años que la sentencia agraria fue dictada, sin que a la fecha se haya cumplido. En tal sentido, la responsable debió hacer efectivo el apercibimiento decretado contra la Encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, con fechas veintiuno de enero de dos mil y veintidós de agosto de dos mil veintidós, equivalente a una multa por diez unidades de medida y actualización vigente en el país (foja 94). En ese orden de ideas, resulta fundada la violación de derechos humanos alegada, en virtud de que la autoridad responsable no ha actuado con la debida prontitud que establece el artículo 17 Constitucional, y en acatamiento al artículo 191 de la Ley Agraria, que dispone que los tribunales agrarios están obligados a proveer a la eficaz e inmediata ejecución de sus sentencias, menos aún ha hecho uso de los mecanismos que tiene para tal efecto. En esas condiciones, es obvio que el Tribunal Agrario incurrió en un abierto retardo en la impartición de justicia, en contravención al artículo 191 de la Ley Agraria, así como 17 y 27 Constitucionales. En lo conducente, se cita la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que dice: "TRIBUNAL AGRARIO. FACULTAD QUE LE OTORGA LA LEY AGRARIA EN SU ARTÍCULO 191. PARA DICTAR MEDIDAS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS. Al disponer el artículo 191 de la Ley Agraria, que: "Los Tribunales Agrarios están obligados a proveer a la eficaz e inmediata ejecución de sus sentencias y a ese efecto podrán dictar todas las medidas necesarias, incluidas las de apremio, en la forma y términos que, a su juicio, fueren procedentes ...", claramente se advierte que la facultad que le otorga la ley a dichas autoridades para dictar las medidas necesarias, incluidas las de apremio, que a su juicio estimen procedentes, son para el eficaz cumplimiento de sus sentencias, no así para dejar sin efectos una ejecución ya realizada" En consecuencia, ante la apuntada violación al derecho humano destacado, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente conceder el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 38, con residencia en Colima, Colima, para los efectos que a continuación se precisan: Si a la fecha en que cause ejecutoria el presente fallo de amparo, aún no se ha dado cumplimiento a la sentencia agraria; de inmediato, deberá verificar si ya transcurrió el término de diez días otorgado a la autoridad registral para el cumplimiento de la sentencia respectiva, en el entendido de que para ello deberá tomar en consideración la fecha en la que dicha autoridad recibió la documentación remitida mediante oficio 2075/2022, pues es hasta ese momento en el que tuvo los elementos materiales para cumplir con el fallo. En caso de que ya haya transcurrido dicho término, deberá dictar un auto en el que haga efectivo el apercibimiento formulado en auto de veintidós de agosto de dos mil veintidós, en el que se remitió al diverso de veintiuno de enero de dos mil veinte, consistente en una multa equivalente a diez unidades de medida y actualización vigente en el país al momento de hacerse efectiva. Hecho lo anterior, requiera nuevamente a la autoridad registral para que dé cumplimiento a la sentencia agraria, bajo apercibimiento que de no hacerlo impondrá una multa, la cual deberá ser mayor a la anterior. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 77, 78, 79, 80, 155 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por Antonio Mendoza Ramos, contra los actos y autoridades que precisadas quedaron en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Antonio Mendoza Ramos, contra el acto reclamado al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 38, con residencia en Colima, Colima. El amparo se concede para los efectos precisados en el último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy cinco de octubre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo I-794/2023, promovido por Antonio Mendoza Ramos, contra actos del Director del Registro Agrario Nacional, con sede en ciudad de México, y otras autoridades; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por: Director de lo Contencioso y Encargado de la Dirección al de Asuntos Jurídicos en representación del Registro Agrario Nacional, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en representación del Director en Jefe; Directora General de Registro y Control Documental, y, Directora de Normatividad Registral . Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. Tribunal Unitario Agrario Número 38 con sede en Colima, Colima. Por otra parte, en este acto se hace CONSTAR Y CERTIFICA: Que el "DEPARTAMENTO DEL REGISTRO Y ASUNTOS JURIDICOS DE LA DELEGACIÓN DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL", fue omiso en rendir su respectivo informe justificado aun y cuando obra acuse de recibo del oficio 11137 por el que se le requirió su informe, mismo que fue entregado en data veintisiete de junio de dos mil veintitrés, (foja 21) transcurriendo el término de quince días otorgado para tal efecto del veintiocho de junio al dos de agosto, ambos de dos mil veintitrés, excluyendo de dicho término los días inhábiles correspondientes, sin que la autoridad haya cumplido con lo requerido. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de referencia. Con relación con la certificación de cuenta, se tiene como omiso en rendir su respectivo informe justificado al "DEPARTAMENTO DEL REGISTRO Y ASUNTOS JURIDICOS DE LA DELEGACIÓN DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL", sin que dicha omisión sea obstáculo resolver el presente asunto. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la parte quejosa adjuntó documentales al libelo constitucional; por otra parte el Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, insertó documental a su informe justificado; y, el Tribunal Unitario Agrario Número 38 con sede en Colima, Colima, allegó el original del juicio agrario ********************, con el que se formó un tomo de pruebas por separado; medios de convicción que se tienen por admitidos y desahogados en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. EL JUEZ: Téngase por hecha tal relación de pruebas y al no existir más pruebas que desahogar, se declara abierto el período de alegatos. Secretaria, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita formuló manifestaciones mediante escrito de alegato 471/2023. EL JUEZ: Se tienen por formulados los alegatos de la representante social adscrita; y, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. ESPERANZA FUENTES REYESCon fundamento en el artículo 26 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, el que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que la presente audiencia quedó integrada, en la hora y fecha señaladas; empero, tales datos no coincidan con aquellos en que se firma electrónicamente dicha acta y la resolución correspondiente; virtud del proceso interno para la confección y firma electrónica de las actuaciones, así como la carga de trabajo de este juzgado constitucional; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

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