Antonio Montes Ríos y Otros.

Expediente 1423/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 14 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1423/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
16/05/2022

Partes del expediente

  • representante comun parte quejosa Leonila González García y Otros.
  • Antonio Montes Ríos y Otros.
  • María Luisa Rosales Zarate y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación secretarial que antecede, que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia de veinticinco de abril del año en curso, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por la parte quejosa, sin que se hubiere interpuesto el aludido recurso contra dicho fallo. 1.1. Causa ejecutoria la sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 2. Plazo de diversas autoridades. Resulta innecesario jurídicamente hacer pronunciamiento y esperar a que transcurra el plazo respectivo para las autoridades responsables y para la agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado; dado que, como se precisó, en la sentencia emitida se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por la parte quejosa; por tanto, ningún agravio les genera, pues carecen de legitimación para inconformarse. 3. Se deja sin efecto la suspensión decretada. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades que fueron señaladas como responsables en este expediente, que se dejan sin efecto las providencias decretadas a favor de la parte quejosa en proveído de doce de noviembre de dos mil veinte. 4. Documentos a disposición de la parte tercera quejosa. Por otro lado, como se advierte de la certificación de cuenta, en este expediente obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa; por tanto, se deja a disposición de dicha parte esas constancias, para que dentro del plazo de noventa días siguientes a su legal notificación, acuda a este órgano jurisdiccional en días y horas hábiles a recoger las documentales de referencia; apercibida que de no comparecer en dicho plazo, sin ulterior acuerdo, serán destruidas en su momento junto con el expediente. Por ello, a efecto de que pueda presentarse a las oficinas de este Juzgado a recibir dichas documentales, se le hace del conocimiento que de conformidad a lo establecido por el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micro-sitio de "Servicios jurisdiccionales", podrá generar cita a través del sistema "Agenda OJ". 5. Publicación de los datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; por tanto, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 6. Se ordena archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 6.1. Destino. Toda vez que en diverso acuerdo de doce de noviembre de dos mil veinte, se decretó de oficio y de plano la suspensión de diversos actos reclamados por la parte quejosa; por tanto, el destino de este expediente y con fundamento en el artículo 18, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por similitud jurídica, así como atendiendo las especificaciones previstas en el punto 7.4. del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal", se precisa que este juicio de amparo es depurable; por tanto, una vez transcurrido el plazo de tres años, contado a partir de la fecha de este proveído, procédase a lo dispuesto en el penúltimo y último párrafo del artículo 18 del acuerdo mencionado. 6.2. Archivo reciente. Conforme al artículo 18, del Acuerdo en cita, se comunica a las partes que, este expediente será conservado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, dentro de los noventa días siguientes este órgano jurisdiccional depurará el expediente y, una vez terminado el proceso de depuración se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es depurable. 7. Instrucción (certificación). Asimismo, se le instruye para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 8. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO CITATORIO.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación secretarial que antecede, que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia de veinticinco de abril del año en curso, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por la parte quejosa, sin que se hubiere interpuesto el aludido recurso contra dicho fallo. 1.1. Causa ejecutoria la sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 2. Plazo de diversas autoridades. Resulta innecesario jurídicamente hacer pronunciamiento y esperar a que transcurra el plazo respectivo para las autoridades responsables y para la agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado; dado que, como se precisó, en la sentencia emitida se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por la parte quejosa; por tanto, ningún agravio les genera, pues carecen de legitimación para inconformarse. 3. Se deja sin efecto la suspensión decretada. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades que fueron señaladas como responsables en este expediente, que se dejan sin efecto las providencias decretadas a favor de la parte quejosa en proveído de doce de noviembre de dos mil veinte. 4. Documentos a disposición de la parte tercera quejosa. Por otro lado, como se advierte de la certificación de cuenta, en este expediente obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa; por tanto, se deja a disposición de dicha parte esas constancias, para que dentro del plazo de noventa días siguientes a su legal notificación, acuda a este órgano jurisdiccional en días y horas hábiles a recoger las documentales de referencia; apercibida que de no comparecer en dicho plazo, sin ulterior acuerdo, serán destruidas en su momento junto con el expediente. Por ello, a efecto de que pueda presentarse a las oficinas de este Juzgado a recibir dichas documentales, se le hace del conocimiento que de conformidad a lo establecido por el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micro-sitio de "Servicios jurisdiccionales", podrá generar cita a través del sistema "Agenda OJ". 5. Publicación de los datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; por tanto, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 6. Se ordena archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 6.1. Destino. Toda vez que en diverso acuerdo de doce de noviembre de dos mil veinte, se decretó de oficio y de plano la suspensión de diversos actos reclamados por la parte quejosa; por tanto, el destino de este expediente y con fundamento en el artículo 18, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por similitud jurídica, así como atendiendo las especificaciones previstas en el punto 7.4. del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal", se precisa que este juicio de amparo es depurable; por tanto, una vez transcurrido el plazo de tres años, contado a partir de la fecha de este proveído, procédase a lo dispuesto en el penúltimo y último párrafo del artículo 18 del acuerdo mencionado. 6.2. Archivo reciente. Conforme al artículo 18, del Acuerdo en cita, se comunica a las partes que, este expediente será conservado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, dentro de los noventa días siguientes este órgano jurisdiccional depurará el expediente y, una vez terminado el proceso de depuración se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es depurable. 7. Instrucción (certificación). Asimismo, se le instruye para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 8. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las nueve horas con veintiséis minutos del veinticinco de abril de dos mil veintidós, hora y día señalados para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo 1423/2021, como se ordenó en acuerdo de veinticinco de marzo del año en curso, Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrarla, sin asistencia de las partes. APERTURA DE LA AUDIENCIA. Abierta la audiencia, la secretaria hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran la demanda de amparo promovida por 1) Leonila González García, 2) Antonio Montes Ríos, 3) Tomasa Cruz Rodríguez, 4) Maura Rosales Ruiz, 5) Carmela Rosales Ruiz, 6) Roberto Garnica Rosales, 7) Gudelia Zarate Ríos, 8) María Luisa Rosales Zarate, 9) Emiliano Jerónimo Garnica Rosales, 10) Cirilo Garnica Pérez, 11) Miguel Garnica Pérez, 12) Felipe Rosales Ruiz, 13) Gabriel Velasco Méndez y 14) Ángel Rosales Reyes, y los informes justificados de las autoridades responsables, e informa que no existe documento alguno con el cual deba darse cuenta. Asimismo, se certifica: el plazo conferido para hacer valer el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso e) y 98 de la Ley de Amparo, contra los proveídos de: 1) cuatro de diciembre de dos mil veinte y 2) veintiocho de abril de dos mil veintiuno por los que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca (quien conoció inicialmente del asunto a través del juicio de amparo 682/2020) desechó la prueba testimonial ofrecida por la parte quejosa, ha transcurrido en exceso para aquélla, pues fue notificada el veintiuno de enero y veintiuno de mayo de dos mil veintiuno). Además, se hace constar que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, contenidos en los artículos 68 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que se hizo de su conocimiento en el auto de admisión. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. II. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el plazo que concede el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra los proveídos de 1) cuatro de diciembre de dos mil veinte y 2) veintiocho de abril de dos mil veintiuno por los que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca (quien conoció inicialmente del asunto a través del juicio de amparo 682/2020) desechó la prueba testimonial ofrecida por la parte quejosa, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado los referidos autos; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. III. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. ETAPA PROBATORIA. A continuación, en el período probatorio se hace constar que la parte quejosa ofreció las siguientes: 1. La documental consistente en: Copia simple del citatorio de catorce de agosto de dos mil veinte emitido por las autoridades del Ayuntamiento Constitucional de San Carlos Yautepec, Oaxaca. Copia simple del acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil veinte, suscrito por el director para la Atención a víctimas de violaciones de derechos humanos de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Original del acuse del escrito de cuatro de septiembre de dos mil veinte dirigido al presidente de la Comisión Permanente de Gobernación del Congreso del Estado de Oaxaca. Originales de cinco recibos de luz expedidos a favor de a) Leonila González García, b) María Luisa Rosales Zarate, c) Emiliano Jerónimo Garnica Rosales, d) Cirilo Garnica Pérez, e) Miguel Garnica Pérez. 2. La inspección judicial realizada en los domicilios de los quejosos, con residencia en San Carlos Yautepec, Oaxaca; misma que se ordenó su desahogo a través del despacho con números de orden 104/2021 y de origen 64/2021 de la estadística del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, girado al juez Mixto de Primera Instancia de San Carlos Yautepec, Oaxaca, quien devolvió esa comunicación parcialmente diligenciado. 3. La de informe, rendido por las autoridades siguientes 1) Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca; 2) Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca y 3) presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Oaxaca. Acto continuo, se acuerda: con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las citadas probanzas, las que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza. No habiendo ninguna prueba por desahogar, se cierra el periodo probatorio. ETAPA DE ALEGATOS. Abierta la fase de alegatos, se hace constar que las partes no los expresaron; ni la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado formuló pedimento alguno; por lo que se cierra esta etapa. Enseguida, se procede a dictar la sentencia respectiva. Vistos para resolver el juicio de amparo 1423/2021, de este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el doce de noviembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio que, por razón de turno, el mismo día correspondió conocer al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, 1) Leonila González García, 2) Antonio Montes Ríos, 3) Tomasa Cruz Rodríguez, 4) Maura Rosales Ruiz, 5) Carmela Rosales Ruiz, 6) Roberto Garnica Rosales, 7) Gudelia Zarate Ríos, 8) María Luisa Rosales Zarate, 9) Emiliano Jerónimo Garnica Rosales, 10) Cirilo Garnica Pérez, 11) Miguel Garnica Pérez, 12) Felipe Rosales Ruiz, 13) Gabriel Velasco Méndez, 14) Ángel Rosales Reyes y 15) Noe Miguel Montes solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del presidente Municipal de San Carlos Yautepec, Oaxaca y de otras autoridades, que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. En proveído de doce de noviembre de dos mil veinte, el Juzgado Segundo de Distrito del Estado de Oaxaca radicó la demanda, registrándola con el expediente 682/2020; desechó la misma respecto a Noé Miguel Montes, por carecer de su firma en el escrito de demanda; y admitió la misma respecto a 1) Leonila González García, 2) Antonio Montes Ríos, 3) Tomasa Cruz Rodríguez, 4) Maura Rosales Ruiz, 5) Carmela Rosales Ruiz, 6) Roberto Garnica Rosales, 7) Gudelia Zarate Ríos, 8) María Luisa Rosales Zarate, 9) Emiliano Jerónimo Garnica Rosales, 10) Cirilo Garnica Pérez, 11) Miguel Garnica Pérez, 12) Felipe Rosales Ruiz, 13) Gabriel Velasco Méndez, 14) Ángel Rosales Reyes; solicitó los informes justificados a las autoridades responsables, dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y citó a las partes a la audiencia constitucional. En auto de ocho de octubre de dos mil veintiuno el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca determinó carecer de competencia para conocer de este asunto, y remitió los autos a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, por conocimiento previo; quien, mediante acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, no aceptó la competencia declinada. Con motivo de lo anterior, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante auto de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, formuló la consulta correspondiente ante la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Mediante oficio SECNO/2405/2021 de trece de diciembre de dos mil veintiuno, firmado por la magistrada secretaria Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, declaró fundada la consulta planteada por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca y precisó que este Juzgado es competente para conocer de la demanda de amparo; y remitió los autos a este Juzgado por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca. En acuerdo de treinta de diciembre del año pasado se aceptó la competencia para conocer de este asunto; por ello, se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, en sus numerales segundo, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. De la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el juicio, se advierte que la parte quejosa reclama: La orden escrita de cancelación del servicio de agua potable emitida por el cabildo municipal de San Carlos Yautepec, Oaxaca. La orden de destierro al no permitírseles entrar y vivir en su domicilio ubicado en San Carlos Yautepec, Oaxaca. La desposesión de su propiedad al no permitírseles entrar y vivir en su domicilio ubicado en San Carlos Yautepec, Oaxaca. La imposición de una multa de $10,0000 (diez mil pesos, moneda nacional) con motivo que no se apoyó a las autoridades a defender sus cargos. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección- Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables, 1) presidente Municipal y 2) síndico Municipal, ambos de San Carlos Yautepec, Oaxaca, por sí y en representación de la 3) Asamblea General y 4) del Cabildo Municipal, de San Carlos Yautepec, Oaxaca, al rendir el informe justificado negaron los actos reclamados. Sin que las pruebas aportadas por la parte quejosa desvirtúen dicha negativa, por lo siguiente: 1. La copia simple del citatorio de catorce de agosto de dos mil veinte, emitido por las autoridades del Ayuntamiento Constitucional de San Carlos Yautepec, Oaxaca, en el cual se solicitó el apoyo para que el dieciséis de agosto de dos mil veinte se realizara el corte de las tomas de agua correspondientes a los ciudadanos(as) que no apoyaron al pueblo y que no estaban al corriente con sus servicios y cooperaciones, el cual tiene un valor indiciario y no evidencia que las autoridades responsables hayan emitido una orden escrita de cancelación del servicio de agua potable en perjuicio de la parte quejosa, pues únicamente se corrobora que se convocó a los ciudadanos de San Carlos Yautepec, Oaxaca a reunirse a efecto de realizar el corte de las tomas de agua correspondientes a los ciudadanos(as) que, en esa comunidad, no apoyaron al pueblo y que no estaban al corriente con sus servicios y cooperaciones, no así que exista una determinación escrita en el que se haya ordenado que se realizara en perjuicio de la parte quejosa el corte que se reclama; o bien, el destierro de esa comunidad, desposesión de su propiedad; o la imposición de una multa con motivo que no se apoyó a las autoridades a defender sus cargos. No pasa desapercibido que la parte quejosa, mediante escrito de veintisiete de abril del año pasado y diez de enero de dos mil veintidós, haya solicitado que la autoridad responsable remitiera copia certificada de ese citatorio, sin que se le haya acordado favorablemente su petición; sin embargo, lo anterior, no es obstáculo a lo antes señalado, pues aun cuando se hubiera remitido esa documental en copia certificada, tal circunstancia no se considera como elemento para que quede demostrado la existencia de los actos reclamados. 2. Con la copia simple del acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil veinte, suscrito por el director para la Atención a víctimas de violaciones de derechos humanos de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, se aprecia que diversas personas que habitan en la comunidad de San Carlos Yautepec, Oaxaca, se les contestó la petición respecto al corte de agua que se ha realizado en esa comunidad; sin embargo, con esa documental tampoco se corrobora la existencia de los actos reclamados, pues no se demuestra que sea en perjuicio concretamente de los aquí quejosos; además, esa documental se trata de una copia simple a la cual se le otorga valor indiciario simple. 3. Con el acuse del escrito de cuatro de septiembre de dos mil veinte dirigido al presidente de la Comisión Permanente de Gobernación del Congreso del Estado de Oaxaca, firmado por la parte quejosa (con excepción de Tomasa Cruz Rodríguez) únicamente se corrobora que ejercieron a través de ese escrito un derecho de petición ante esa autoridad y en el que se expusieron diferentes cuestiones como la reinstalación de las tomas de agua en su domicilio, pero no es una documental fehaciente para demostrar que las autoridades de San Carlos Yautepec, Oaxaca hayan emitido alguna orden escrita respecto a los actos reclamados. 4. Con los originales de cinco recibos de luz expedidos a favor de a) Leonila González García, b) María Luisa Rosales Zarate, c) Emiliano Jerónimo Garnica Rosales, d) Cirilo Garnica Pérez, e) Miguel Garnica Pérez, únicamente se demuestra el domicilio de los referidos quejosos y el servicio de luz eléctrica contratada. 5. Con la inspección judicial realizada en los domicilios de los quejosos, con residencia en San Carlos Yautepec, Oaxaca; misma que se ordenó su desahogo a través del despacho con números de orden 104/2021 y de origen 64/2021 de la estadística del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca (quien conoció inicialmente de la demanda de amparo) girado al juez Mixto de Primera Instancia de San Carlos Yautepec, Oaxaca y devuelto parcialmente diligenciado; se demuestra que los quejosos habitan en los predios en los que se realizó la inspección; asimismo, que de los mismos existen excavaciones en las líneas de suministro de agua; pero no demuestra que exista una orden escrita de cancelación del servicio de agua potable; el destierro de esa comunidad, desposesión de su propiedad; o la imposición de una multa en perjuicio de la parte quejosa con motivo que no se apoyó a las autoridades a defender sus cargos; pues si bien se advierte que no existe toma de agua, no es posible advertir que ésta sea una consecuencia de alguna orden emitida, precisamente, por las responsables. 6. Con la prueba de informe, rendido por las autoridades siguientes: 1) Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca; 2) Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca y 3) presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Oaxaca; tampoco desvirtúa la negativa de las autoridades responsables, pues: Con el informe rendido por la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca se demuestra que existe un corte de suministro de agua en el Municipio de San Carlos Yautepec, Oaxaca; asimismo, que la autoridad municipal de esa población propuso a los quejosos a pagar la cantidad de $10,000 (diez mil pesos, moneda nacional) para poder reconectarse al suministro de agua potable, como afirmó que se había acordado en la Asamblea de la comunidad, por lo que esa Secretaría exhortó a que el pago de las contribuciones de los ciudadanos se apegara a las disposiciones legales y a la señalado en la Ley de Ingresos del Municipio, razón por el cual el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno la autoridad municipal autorizó la reconexión del servicio en las tomas de los solicitantes, mediante el pago que establece la Ley de Ingresos del Municipio; sin embargo, la parte quejosa no demostró que exista una orden escrita de cancelación de las tomas de agua en su perjuicio; o bien, que a pesar de la autorización de la reconexión antes citada esta última no haya cumplido con lo anterior o que haya emitido una orden escrita de cancelación posterior o que se haya impuesto una multa de $10,000 (diez mil pesos, moneda nacional), con motivo que no se apoyó a las autoridades a defender sus cargos; es decir, no se demostró con documental idónea que exista jurídicamente una orden de cancelación. Con el informe rendido por la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca, únicamente se demostró que existe la queja DDHPO/1269/(28)/OAX/2020 interpuesta contra los servidores públicos del Ayuntamiento de San Carlos Yautepec, Oaxaca, por probables violaciones a los derechos humanos de la parte quejosa, así como que las autoridades comenzaron a quitarles las tomas de agua a los ciudadanos que no dieron el voto a su favor; empero, no de la existencia de los actos reclamados a las autoridades responsables. Finalmente, con el informe rendido por el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Oaxaca se comunica que mediante Decreto 2034 publicado el veintiséis de enero de dos mil veintiuno, se publicó la Ley de Ingresos del Municipio de San Carlos Yautepec, Oaxaca. De ahí que las pruebas ofrecidas sean ineficaces para desvirtuar la negativa de los actos reclamados. En esas condiciones, procede sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 284, consultable en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, página 236, tomo VI, registro 917818, del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por 1) Leonila González García, 2) Antonio Montes Ríos, 3) Tomasa Cruz Rodríguez, 4) Maura Rosales Ruiz, 5) Carmela Rosales Ruiz, 6) Roberto Garnica Rosales, 7) Gudelia Zarate Ríos, 8) María Luisa Rosales Zarate, 9) Emiliano Jerónimo Garnica Rosales, 10) Cirilo Garnica Pérez, 11) Miguel Garnica Pérez, 12) Felipe Rosales Ruiz, 13) Gabriel Velasco Méndez y 14) Ángel Rosales Reyes, contra los actos precisados en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en el diverso considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL.1423/2021.MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Visto el estado de autos y de las constancias que obran en el expediente electrónico se advierte mediante escrito recibido en este Juzgado el diez de enero de dos mil veintidós, la parte quejosa solicitó, entre otra cuestiones, que se requiriera al cabildo Municipal de San Carlos Yautepec, Oaxaca, a fin de que remitiera el original del citatorio de catorce de agosto de dos mil veinte; además, pidió que, en caso de no remitir dicha documental, se tendría por auténtica la copia simple de la misma que adjuntó inicialmente a la demanda de amparo; sin que manifestara la pretensión en el ofrecimiento de esa documental; ni tampoco acreditó haber realizado la petición previa establecida en el artículo 121 de la Ley de Amparo; o en su caso, que la autoridad antes señalada se haya negado a la expedición de esa documental en copia certificada. Por otro lado, en dicho auto también se le precisó que la prueba de informe que ofreció se consideraba, esencialmente, como una prueba documental y se le indicó que debía agotar inicialmente el procedimiento establecido en el numeral antes referido; sin que haya hecho manifestación al respecto o, en su caso, informado si presentó algún escrito de petición ante la autoridad correspondiente a efecto de obtener las documentales que refirió (reuniones de cabildo municipal). 2. Requerimiento. Por tanto, a efecto de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa respecto a su pretensión para ofrecer diversas documentales como pruebas en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se requiere a la parte quejosa para que, dentro del término de tres días siguientes al en que reciba la notificación de este acuerdo, informe lo siguiente: a. Deberá informar si realizó la petición establecida en el artículo 121 de la Ley de Amparo, ante la autoridad competente; o bien, en caso de afirmación, deberá acreditar dicha circunstancia con la documental respectiva. b. En caso de no haber procedido en los términos antes mencionados, dirá el hecho que pretende acreditar con el citatorio de catorce de agosto de dos mil veinte. 3. Apercibimiento. Se le apercibe que de no cumplir con lo anterior, se entenderá su desinterés por ofrecer dicha prueba; en consecuencia, en el momento procesal oportuno se resolverá conforme a derecho. 4. Se difiere audiencia constitucional. En consecuencia, a fin de dar oportunidad a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para esta fecha se difiere y se fijan las nueve horas con veintiséis minutos del veinticinco de abril dos mil veintidós, para su celebración. 5. Notificación. Efectúese la notificación de este proveído por medio de lista a la agente del Ministerio Público de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, sin necesidad de que se envíen oficios relativos, al tratarse de una determinación de mero trámite. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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