Antonio Ortiz Ríos
Expediente 1102/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1102/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Antonio Ortiz Ríos
Actuaciones
- Principal
PRAL. 1102/2017 M3-A#.San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Se declara firme el desechamiento del recurso de queja. ..., que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo 1102/2017, del índice de este Juzgado (fojas 15 a 24). ...archívese este expediente como definitivamente concluido. Notifíquese.
- Principal
PRAL. 1102/2017 M3-A#. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete. Se agrega oficio. Agréguese el oficio 16845/2017, firmado por el secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en este municipio, mediante el que acusa recibo del diverso oficio 29062/2017, del índice de este Juzgado, a través del cual le fue remitido el a) original del juicio de amparo 1102/2017 y b) original y copia del escrito en que se interpuso el recurso de queja; para la sustanciación de dicho medio de impugnación interpuesto por Enrique Molina Segura, autorizado de la parte quejosa Antonio Ortiz Ríos, contra el acuerdo dictado el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, que sobreseyó en el juicio fuera de audiencia (fojas 15 a 24). Asimismo, informa que dicho tribunal radicó el expediente con el registro 276/2017, y desechó el recurso de queja por improcedente. Notifíquese.
- Principal
PRAL. 1102/2017 M3-A#.San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de octubre de dos mil diecisiete. Notifíquese personalmente.
- Principal
NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA Número de expediente: 1102/2017 Acuerdo: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete. Demanda de amparo y registro. Con el oficio 33411/2017, recibido en este Juzgado el veintiséis de este mes, suscrito por la juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec; al que anexa el juicio de amparo 1109/2017 promovido por Antonio Ortiz Ríos; fórmese expediente, y regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 1102/2017. Se acepta competencia. Ahora, visto el acuerdo de veinticinco de septiembre de esta anualidad, inserto al oficio de cuenta, se advierte que la juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en este municipio, declinó competencia, por conocimiento previo, a favor de este órgano jurisdiccional, para seguir conociendo del juicio de amparo promovido por Antonio Ortiz Ríos, por estimar actualizado el supuesto de relación previsto en el artículo 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, al haber relación con el diverso juicio de amparo 873/2017, del índice de este Juzgado, promovido igualmente por Antonio Ortiz Ríos. Por ello, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, por las razones que se exponen y que este órgano jurisdiccional comparte, se acepta la competencia declinada y este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto; lo anterior, comuníquese a la autoridad declinante y acúsese recibo del juicio de amparo de que se trata. Se solicitan constancias. Sin que pase desapercibido para este órgano jurisdiccional que el expediente recibido únicamente se encuentra integrado con a) las boletas de turno, b) demanda de amparo, c) auto admisorio de dieciocho de este mes, d) razón de notificación por lista de diecinueve siguiente y e) razón de entrega de copia de demanda a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Advirtiéndose que se solicitó informe justificado a las autoridades responsables y, además, del auto inserto al oficio de cuenta, es posible deducir que el veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete se recibieron diversas constancias deducidas del juicio de amparo 873/2017, del índice de este órgano jurisdiccional. Por lo tanto, a fin de estar en condiciones de integrar debidamente el expediente en que se actúa, solicítese atentamente a la titular del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, se sirva remitir el acuse de recibo correspondiente a la recepción de la petición de informe justificado, el auto de veinticinco de septiembre del año en curso, y el oficio y constancias remitidas por este Juzgado derivadas del juicio de amparo 873/2017. Convalidación de actuaciones. Comuníquese esta determinación a las partes, informándoles que se convalidan las actuaciones practicadas por la autoridad jurisdiccional oficiante. Compensación. Envíese atento oficio a la encargada de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en este municipio, para que este asunto sea contabilizado y realice la compensación correspondiente, por el sistema computarizado de tal oficina; lo anterior, a fin de compensar la carga de trabajo de cada órgano jurisdiccional; por ello, solicítese la boleta correspondiente. Actualización de una causa de improcedencia. Ahora, del análisis de este asunto, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dado que el quejoso no agotó el principio de definitividad que aquélla exige para la procedencia del juicio constitucional; numeral que, en lo conducente, dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.). XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)". En efecto, el principio de definitividad que impera en el juicio de amparo y que se encuentra contemplado en la fracción transcrita, dispone que antes de acudir al juicio de amparo, el promovente del amparo debe agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios establecidos en la ley que rige el acto, que tengan por objeto modificar, revocar o nulificar la resolución recurrida, ante la autoridad competente. Ahora, el artículo 62 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. Sentado lo anterior, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado en esta instancia constitucional, se hace consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO.- El oficio número PE/DGPVE/DJ/1934/2017, mediante la cual me da contestación a la petición entregada el día 14 de Agosto del año 2015". Acto que atribuye al a) director General de la Policía Vial Estatal (antes Director de Tránsito del Estado) y al b) jefe del Departamento Jurídico de la Dirección General de la Policía Vial Estatal. Así, el acto reclamado en este juicio consiste, esencialmente, en la resolución emitida mediante oficio PE/DGPVE/DJ/1934/2017, la cual constituye una controversia de carácter administrativo entre el quejoso (particular) y las autoridades de la administración pública del Estado (autoridades responsables). Al respecto, los artículos 1º y 82, fracción IV, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, establecen: Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de interés social, se aplicará en todo el Estado de Oaxaca en los actos administrativos y los procedimientos que desarrollen las Dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, Entidades Paraestatales y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, cuando estas emitan resoluciones administrativas de cualquier naturaleza; por los Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Oaxaca, por las Dependencias de estos y por sus Entidades Paramunicipales, en los términos establecidos por el artículo 111 segundo párrafo, fracciones VI y VII de la Constitución Política del Estado. De igual forma regulará la organización y funcionamiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Estado de Oaxaca y la impartición de la Justicia Administrativa en el Estado de Oaxaca. La presente Ley no será aplicable a las materias de carácter electoral, de justicia agraria y laboral, resoluciones administrativas que tengan relación con la defensa de los derechos humanos, con las actividades desarrolladas por la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca; ni por las dictadas por el Ministerio Público en ejercicio de sus funciones constitucionales de investigación de los delitos o de la representación social. NI con los conflictos suscitados entre los integrantes de los Ayuntamientos ni por la elección de las autoridades auxiliares de carácter municipal. Artículo 82.- El Tribunal tiene competencia para resolver las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten: I. Entre los particulares y las autoridades de la administración pública del Estado; los Organismos públicos Descentralizados y Desconcentrados; II. Entre los municipios y el Gobierno del Estado, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) de la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; III. Entre dos o más municipios, derivados de los acuerdos o convenios administrativos de colaboración; IV. Entre los particulares y la administración pública municipal, en los casos a que se refieren las fracciones VI y VII del artículo 111 de la Constitución Local. Cuando de acuerdo a las leyes de la materia, los municipios cuenten con organismos locales que diriman las controversias particulares y la administración pública municipal, el Tribunal tendrá competencia como instancia revisora de los anteriores. V. Entre particulares y otros organismos públicos, cuando las leyes de la materia le conceden competencia expresa al Tribunal. De los preceptos citados, se advierte que dicha legislación es de orden público y de interés social, que se aplicará en todo el Estado de Oaxaca en los actos administrativos y los procedimientos que desarrollen las Dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, Entidades Paraestatales y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, cuando estas emitan resoluciones administrativas de cualquier naturaleza; y si bien contiene excepciones para su aplicación y conocimiento de ciertos asuntos, éstas son únicamente las siguientes: a) En las materias de carácter electoral; b) Justicia agraria; c) Laboral; d) Resoluciones administrativas que tengan relación con la defensa de los derechos humanos; e) Con las actividades desarrolladas por la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca; f) Las dictadas por el Ministerio Público en ejercicio de sus funciones constitucionales de investigación de los delitos o de la representación social; g) Conflictos suscitados entre los integrantes de los Ayuntamientos, o por la elección de las autoridades auxiliares de carácter municipal. Ahora, si, en el caso, se reitera, el quejoso reclama la resolución emitida mediante oficio PE/DGPVE/DJ/1934/2017, en donde las autoridades responsables determinaron carecer de competencia para efectuar el pronunciamiento correspondiente a la indemnización solicitada por el quejoso (foja 6 reverso), es inconcuso que en contra de la misma procede un medio ordinario de defensa ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Oaxaca, pues conforme al artículo 82 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, es a aquella a quien corresponde resolver las controversias de carácter administrativo y fiscal. Lo anterior, en razón de que el acto reclamado se trata de una determinación de carácter administrativa, emitida por autoridades pertenecientes a una dependencia del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado; entonces, en su contra procede un medio ordinario de defensa ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Oaxaca. Cabe indicar que no pasa desapercibido lo manifestado por el quejoso, en el sentido de que, al no entrar al fondo del asunto la responsable, no existe recurso alguno que agotar; sin embargo, el artículo 82 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca establece que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Oaxaca tiene competencia para resolver las controversias de carácter administrativo que se susciten entre los particulares y las autoridades de la administración pública del Estado, sin que especifique que deba atenderse al sentido de la resolución. Por ello, el sentido de la resolución emitida por las autoridades, favorable o no para el particular -quejoso-, no es determinante para la procedencia del medio legal de defensa ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Oaxaca, pues la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca alude a las resoluciones administrativas de cualquier naturaleza. Además, el acto reclamado no se encuentra en alguna de las excepciones previstas en el artículo 1, párrafo segundo, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, para que, en el caso, no le sea aplicable la citada ley. Por tanto, la parte quejosa estuvo en condiciones de recurrir el acto reclamado a través de la vía judicial administrativa en términos de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, antes de acudir a esta instancia constitucional. En consecuencia, dado que no se advierte que el quejoso hubiera accionado, previamente ese medio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Oaxaca, es evidente que no se agotó el principio de definitividad que exige la Ley de Amparo para la procedencia del juicio constitucional. En ese contexto, con fundamento en el artículo 61, fracción XX, en relación con el numeral 62, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo promovido por Antonio Ortiz Ríos. Precisiones. Cabe señalar que no se actualiza alguna excepción al principio de definitividad prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, específicamente por lo que hace a la suspensión del acto reclamado, pues la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, en los artículos 185 a 193, no prevé menores alcances o plazos más largos que los previstos en la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión del acto reclamado. Dado que si bien la Ley de Amparo prevé veinticuatro horas para proveer sobre la suspensión del acto reclamado y la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca dispone que el magistrado concederá o negará la suspensión provisional a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud, dicho tiempo es equivalente, porque, conforme a los dos ordenamientos, lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita y, en su caso, provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite; de ahí que la ley aplicable al asunto (Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca) no exige mayor término para proveer sobre la suspensión. Tiene sustento lo anterior, en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013) (registro 2008807). Finalmente, debe decirse que la causa de improcedencia analizada se interpretó de manera estricta, sin que ello implique vulnerar derechos humanos consagrados en su caso, en tratados internacionales, pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Es ilustrativa al respecto la tesis 2a. CLVII/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, registro 165538, página 324, del rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben interpretarse de manera estricta, de manera que la salvaguarda de la Constitución y de las garantías individuales a través de dicho proceso sea efectiva, de lo cual deriva que ante distintas posibles interpretaciones de las fracciones que componen el artículo 73 de la Ley de Amparo, el juez debe acoger únicamente aquella que se haya acreditado fehacientemente, evitando dejar, con base en presunciones, en estado de indefensión al promovente, lo que es acorde al derecho a la tutela judicial efectiva previsto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, que condicionan la actuación de todos los poderes públicos, incluido el juez de amparo. De igual forma, la tesis III.4o.(III Región) 14 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, Materia Constitucional, registro 2004217, página 1641, del tenor siguiente: DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. Finalmente, la tesis III.2o.C.3 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, Materia Común, registro 2002537, página 2066, del rubro y texto siguiente: IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Domicilio y persona autorizada para oír notificaciones. De conformidad con las constancias de autos (foja 6), se tiene como domicilio del quejoso el indicado en su demanda de amparo, y por autorizado para oír y recibir notificaciones, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Enrique Molina Segura. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, de la Constitución Federal, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso la Información Pública, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que las resoluciones que se dicten en este juicio, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; y que tienen el derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales para que, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, determine si tal oposición puede surtir efectos, considerando si es información reservada; y de esta manera, respetando el derecho a su privacidad, la decisión de la publicación de sus datos, sea acorde a sus intereses; sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de la resolución dictada, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de las partes, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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