Antonio Mendoza Albines

Expediente 665/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
665/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
26/07/2023

Partes del expediente

  • Antonio Mendoza Albines

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL 665/2023 MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de julio de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que feneció el plazo a que se refiere el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento legal, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de once de julio de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya interpuesto. 2. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida resolución. 3. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la resolución sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 4. Archivo de expediente. Considerando que en resolución de once de julio de dos mil veintitrés se desechó la demanda de amparo, y toda vez que en esta fecha queda firme, sin que exista asunto pendiente por diligenciar; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu) y 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 20, fracción IV, y 23 del acuerdo general en cita, se comunica a las partes que este expediente es DESTRUIBLE; por lo que será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, una vez cumplido el término, se realizara la destrucción correspondiente y se remitirá el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, dentro de los treinta días siguientes. 6. Instrucción a Secretaría. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de destruible. Asimismo, se le instruye al (a la) secretario (a) que haga la revisión y verifique que, en el expediente electrónico se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 7. Precisión sobre devolución de documento. Como la parte quejosa exhibió con la demanda de amparo un documento en copia certificada, el mismo no constituye un documento original, con fundamento en el artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; por ello, no es preciso ordenar la devolución respectiva; sin perjuicio de que la parte quejosa lo solicite, de convenir a su interés. Notifíquese. Así lo proveyó Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho durante las vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, con las facultades derivadas de la interpretación del numeral 161 de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, comunicado por la secretaria técnica de Comisión Permanente mediante oficio CCJ/ST/3773/2023, de la misma fecha; y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA (AVISO) PRAL 665/2023 MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de julio de dos mil veintitrés. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo presentada el diez de julio de dos mil veintitrés en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y turnada en la misma fecha a este órgano jurisdiccional, promovida por **********************, por propio derecho, contra actos del director del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca; fórmese expediente con el registro *************. 2. Precisión sobre Acuerdo General aplicable. Se comunica a las partes procesales que, de conformidad con el artículo tercero transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se concluyó el esquema con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus covid-19, y a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós se reanudaron labores de forma regular en los órganos jurisdiccionales federales; por lo que, en lo subsecuente, para la tramitación de este juicio de amparo, deberán estarse a las disposiciones previstas en el referido Acuerdo General, vigente a partir del siete de ese mes y año. 3. Aspectos concernientes a la integración del expediente. Con la precisión que lo relativo a la integración y consulta de los expedientes electrónicos se regirá por las bases establecidas en el numeral 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, con las reformas previstas en el referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós. Bajo esa condición, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós los expedientes físicos se integran únicamente con aquellos documentos recibidos por esa vía, como así lo establece el artículo sexto transitorio del mencionado Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós; sin que se obstaculice la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. 3.1. Instrucción a secretaria encargada del expediente. Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, supervise el registro diario de movimientos de los expedientes a su cargo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera que se asegure la permanente actualización y veracidad de la información, en términos del artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; con las reformas del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Al efecto, se puntualiza que la oficial judicial "A" adscrita a este órgano jurisdiccional deberá registrar los datos e información del seguimiento procesal de cada asunto, de manera inmediata, como lo establece el numeral 181 de la normatividad invocada. 4. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, registro 180663, rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el caso, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - - - . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Como se ve, la causa de improcedencia referida no establece un motivo concreto, pues requiere complementarse con otra norma jurídica o, en su caso, con la jurisprudencia del Pleno, de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados de Circuito. En ese sentido, el artículo 6° de la Ley de Amparo prevé que para que una persona pueda acudir al juicio de amparo en su carácter de quejosa, se requiere que, efectivamente, el acto u omisión que reclama afecte sus derechos fundamentales: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. (...)". En el caso, el quejoso reclama del director del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca: La omisión de dar contestación al escrito de doce de abril de dos mil veintitrés, mediante el cual interpuso recurso de revisión. Sin embargo, con fundamento en los numerales referidos, este juicio de amparo se torna improcedente en razón que, por ahora, el quejoso carece de interés jurídico para su promoción, pues no existe violación a sus derechos fundamentales que le produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica; por lo siguiente: El artículo 8° de la Constitución Federal dispone que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; además, que a toda petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Es decir, tal precepto normativo no establece un plazo en el que las autoridades (federales, locales o municipales) deben dar contestación a las solicitudes presentadas por los gobernados, limitándose a señalar que los funcionarios o empleados públicos tienen la obligación de dar una respuesta en breve término, entendiéndose por éste, el periodo racional y justificado para estudiar y acordar la petición, conforme a su complejidad, las circunstancias específicas del caso, las cargas de trabajo de la autoridad y, además, atendiendo los términos que para ello fijen las leyes. Bajo ese tenor, es menester acudir a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca que, en su artículo 13, señala: "Artículo 13.- Ninguna ley ni autoridad podrá limitar el derecho de petición, con tal que ésta se formule por escrito o por medios electrónicos, de manera pacífica y respetuosa. En asuntos políticos, sólo podrán ejercerlo los ciudadanos de la República. La autoridad a quién se dirija la petición tiene la obligación de contestarla por escrito o por medio electrónico solicitado, en el término de diez días, cuando la ley no fije otro, y hacer llegar desde luego su respuesta al peticionario. A las peticiones que se realicen en lengua indígena se les dará respuesta en la misma forma, quedando a cargo del Estado la labor de traducción o interpretación". Como se advierte, la Constitución local establece un plazo genérico de diez días para que las autoridades del Estado de Oaxaca contesten las peticiones de los gobernados, siempre y cuando la ley de la materia no fije otro. En la especie, en este juicio de amparo se señala como autoridad responsable al Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, cuyo actuar se rige por la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, en términos de su artículo 1° , al ser una dependencia centralizada del Ejecutivo Estatal; sin que obste que en el escrito que anexa la quejosa con la demanda de amparo, se precisa que promovió recurso de revisión en términos del artículo 66 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, pues ésta fue derogada por la citada Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca. Bajo ese contexto, de los artículos 23 y 26 de esa Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca se desprende que la dependencia, entidad u organismo descentralizado, desconcentrado, paraestatal o paramunicipal deberá resolver lo conducente en cuanto al ejercicio del derecho de petición en un plazo no mayor a noventa días naturales, como se muestra a continuación: "ARTÍCULO 23.- El administrado deberá promover lo que a sus derechos convenga ante las autoridades responsables a las que se refiere el ámbito de aplicación de la presente Ley, y la autoridad deberá respetar el derecho de petición a la que se constriñen los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, pero si no lo hicieren, operará de inmediato la negativa ficta". "ARTÍCULO 26. Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo para algún supuesto en particular, la dependencia, entidad u organismo descentralizado, desconcentrado, paraestatal o paramunicipal deberá resolver lo conducente en un plazo no mayor a noventa días naturales. Transcurrido el plazo aplicable, sin que se haya dictado resolución, ésta se entenderá en sentido positivo o negativo al promovente, en términos de lo que disponga la Ley. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver. Igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido negativo. En el caso de que se recurra al sentido positivo o negativo según sea el caso, por falta de resolución, y ésta a su vez no se resuelva dentro del mismo término, se entenderá confirmado el sentido de la misma". Por tanto, si en este asunto se reclama del director del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca la omisión de dar contestación al escrito presentado el doce de abril de dos mil veintitrés -como se advierte del sello de recibido-, mediante el cual interpuso recurso de revisión, es evidente que entre esa fecha y la de presentación de la demanda de amparo -diez de julio de dos mil veintitrés-, no ha transcurrido el plazo de 90 días con el que cuenta la responsable para atender la solicitud formulada de conformidad con el artículo 26 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca. Máxime que es un hecho notorio que dicha dependencia por cambio de sus oficinas a un nuevo domicilio informó que suspendió sus labores y declaró inhábiles los días 22, 23, 24, 25 y 26 de mayo de dos mil veintitrés, como se advierte del comunicado que emitió dicha dependencia. En esas condiciones, la autoridad señalada como responsable se encuentra dentro del plazo legal para analizar la petición del promovente y emitir la contestación correspondiente: de ahí que, por ahora, la parte quejosa, jurídicamente, no puede alegar una violación a su derecho de petición consagrado en el artículo 8° constitucional. Por tratar sobre el particular, se invoca la jurisprudencia XIX1o5 K, visible en la página 633, tomo IV, septiembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, de la Novena Época: "DERECHO DE PETICIÓN. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACION EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo". 4.1 Decisión. Por lo expuesto y fundado, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6°, de la Ley de Amparo, procede desechar, de plano, la demanda de amparo promovida por ************************, por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Con la precisión que la determinación adoptada no deja en estado de indefensión al peticionario de amparo, porque en el supuesto de que la autoridad responsable no atienda la solicitud que presentó el doce de abril de dos mil veintitrés en el plazo legal para ello, el quejoso podrá promover de nueva cuenta el juicio constitucional, en caso de que lo estime conveniente. 4.2 Acceso a la justicia. La actualización de la causa de improcedencia en estudio no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA" . 5. Domicilio y autorizados. a) Domicilio. De conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda. b) Autorizados. Asimismo, con fundamento en el numeral 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado en términos amplios a ******************************** (con número de cédula profesional **********), por haber encontrado registrada su cédula en la base de datos del sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales (http://ciber.cjf.gob.mx/RegProf), y por autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a las diversas personas que menciona por así señalarlo expresamente. 6. Publicación de versión pública de sentencia. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes (con excepción de la quejosa, quien en la demanda ya se opuso a la publicación de sus datos), que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de la resolución o sentencia que llegue a dictarse, se instruye a la secretaria encargada de este expediente, verifique que, en su momento, sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Respecto a la oposición de parte quejosa a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al emitir sentencia. 7. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente; en el entendido que, conforme a los lineamientos establecidos en el multicitado Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, en caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna; tomando en consideración que la firma electrónica da certeza y validez jurídica a la integridad del expediente electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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