Antonio Mendoza Romero

Expediente 874/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
874/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
02/04/2019

Partes del expediente

  • Antonio Mendoza Romero

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete (foja 23), se ordenó el archivo de este asunto; sin embargo se estableció que el cuaderno de antecedentes en que se actúa era destruible una vez transcurridos cinco años posteriores a la notificación del auto citado. No obstante, toda vez que se está en la hipótesis a que se refiere el Capítulo Quinto, punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la aclaración que el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción una vez transcurridos seis meses posteriores a la notificación del auto que ordenó su archivo; en consecuencia, toda vez que a la fecha ya transcurrió en exceso dicho plazo, procédase a su inmediata destrucción.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio 16326 signado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual, informa que el Tribunal en el que se encuentra adscrito aceptó la competencia planteada por este juzgado, quedando registrada con el número de amparo directo 1166/2017 de su índice, asimismo, hace de nuestro conocimiento que ordenó desglosar el original del escrito de demanda, y remitirlo a la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, para que conforme a lo establecido en el artículo 178, fracciones I,II y III de la ley de la materia, asiente la certificación correspondiente en la demanda de derechos fundamentales, asimismo para que rinda su informe justificado. En ese orden, del estado de autos se obtiene que este expediente está concluido y que es de aquellos a los que se refiere el Capítulo Quinto, punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por tanto, en términos de lo establecido en el punto segundo, fracción VI, cuarto, noveno, fracción I, décimo fracción I, décimo primero, párrafo segundo y vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 en comento, se autoriza la destrucción del cuaderno de antecedentes derivado del juicio de amparo 874/2017-I, toda vez que no existen actuaciones pendientes, ni se está dentro de alguna de las causas de excepción a que se refiere el acuerdo en cita y al tratarse de un asunto concluido remítase al archivo definitivo en calidad de "archivo reciente", sin que pueda calificarse de relevancia documental, valor jurídico e histórico, inclusive, no contiene información reservada, conforme al punto vigésimo tercero, Capítulo Quinto del acuerdo citado; datos que deberán insertarse en la carátula del expediente en conformidad con el punto décimo primero, segundo párrafo, de la normatividad en consulta, en el entendido de que la destrucción de este expediente procederá transcurridos cinco años posteriores a la notificación del presente; por tanto, inclúyase en la relación de asuntos susceptibles de destrucción; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales correspondientes.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, a través del cual acusa recibo del oficio 28712/2017, con el que se remitió el juicio de amparo indirecto 874/2017-I del que deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa, toda vez que este juzgado federal se declaró incompetente para conocer de la demanda presentada por Antonio Mendoza Romero, por derecho propio y en su calidad de Expresidente Municipal de Chiautempan, Tlaxcala, mismo que quedó registrado con el número de amparo directo 1166/2017 de su índice. Ahora, del contenido del oficio de cuenta, se advierte que la superioridad requirió al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala -autoridad responsable-, para que en el plazo de tres días, remita a dicho órgano colegiado el expediente 2/2017-A del índice de la autoridad en comento, para determinar la procedencia o no del juicio de amparo directo en mención. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo presentada por Antonio Mendoza Romero, por derecho propio y en su calidad de Expresidente Municipal de Chiautempan, Tlaxcala, contra actos del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 874/2017-I. Ahora, del contenido del escrito de demanda se advierte que el promovente Antonio Mendoza Romero, por derecho propio y en su calidad de Expresidente Municipal de Chiautempan, Tlaxcala, reclama del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, lo siguiente: La resolución de nueve de agosto de dos mil diecisiete, dictada dentro del expediente 2/2017-A, en la cual se confirma el desechamiento del Juicio de Protección Constitucional de treinta de enero del año en curso, emitido por la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, resolución que fue notificada al aquí quejoso el treinta y uno de agosto del año en curso. En el caso resulta pertinente señalar que la competencia constituye un presupuesto procesal de análisis previo a cualquier otra cuestión, por lo que se procede a examinar si en la especie se satisface este requisito. Lo anterior en virtud de que este órgano jurisdiccional se estima legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo presentada por Antonio Mendoza Romero, por derecho propio y en su calidad de Expresidente Municipal de Chiautempan, Tlaxcala, por razón de la vía. En ese sentido, conviene señalar que los artículos 34, 47, 170 y 176 de la Ley de Amparo, disponen: ... De conformidad con lo dispuesto en las normas legales antes transcritas, procede el amparo directo, del cual conocerá el Tribunal Colegiado que corresponda, contra sentencias definitivas o laudos y contra las resoluciones que sin decidir el fondo del juicio en lo principal lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso o medio de defensa ordinario, por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas; entendiéndose por las primeras, aquellas que decidan el juicio en lo principal y, por las segundas, las que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido. Explicado lo anterior, debe mencionarse que del contenido de los artículos 107, fracción V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afectan personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, los cuales serán del conocimiento del Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. Para mayor comprensión resulta oportuno transcribir el contenido de los preceptos citados: ... En la especie, se advierte que el acto reclamado consistente en el resolución de nueve de agosto de dos mil diecisiete, dictada dentro del expediente 2/2017-A, en la cual se confirma el desechamiento del Juicio de Protección Constitucional de treinta de enero del año en curso, emitido por la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, no encuadra en ninguno de los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto. Ahora, para mejor comprensión en el sentido de la presente determinación, se estima oportuno realizar una narración de los antecedentes de los actos reclamados, derivados del juicio contencioso de origen, remitido en copia certificada por la autoridad señalada como responsable, siendo éstos los siguientes: A través del escrito presentado el veintitrés de enero de dos mil diecisiete, Antonio Mendoza Romero, por derecho propio y en su calidad de Expresidente Municipal de Chiautempan, Tlaxcala, promovió juicio de protección constitucional, contra la no aprobación de la cuenta pública del Municipio de Chiautempan, Tlaxcala, por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil quince, emitida por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala, demanda que fue radicada con el número 02/2017, del índice del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. El treinta de enero de los actuales, la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, determinó desechar por improcedente la demanda interpuesta. Inconforme con tal determinación, el veintiocho de abril del año en curso, la parte quejosa, interpuso recurso de revocación, admitiéndose el citado medio de impugnación y remitiéndose al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Con fecha nueve de agosto de dos mil diecisiete, el Pleno en comento, emitió resolución, en la cual confirma el desechamiento del juicio de protección constitucional -acto reclamado en el presente juicio-, resolución que fue notificada al aquí quejoso el treinta y uno de agosto de la presente anualidad. De lo expuesto se obtiene que al haberse confirmado el desechamiento del juicio de protección constitucional promovido por la parte quejosa, subsiste éste último, siendo que el mismo constituye una actuación con la que se puso fin al juicio. ... En efecto, de acuerdo con lo establecido en los artículos 107, fracción V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170 de la Ley de Amparo, en relación con el 37, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el juicio de amparo directo (que conoce un Tribunal Colegiado de Circuito), procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio, emitidos por órganos jurisdiccionales terminales, como en el caso sucede. Por tanto, toda vez que el acto reclamado es la resolución de nueve de agosto de dos mil diecisiete, dictada dentro del expediente 2/2017-A, en la cual se confirma el desechamiento del Juicio de Protección Constitucional de treinta de enero del año en curso, emitido por la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, y por lo tanto continúa vigente ésta última, es que se considera que el competente legalmente para conocer de la demanda de amparo es el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, pues de conformidad con el artículo 37, fracción I, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dichos órganos jurisdiccionales son los competentes para conocer de los juicios de amparo promovidos contra resoluciones que ponen fin al juicio, dictadas por tribunales administrativos. Así, el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de resoluciones que decidan el juicio de origen en lo principal o lo den por concluido, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. En tales condiciones, este juzgado se declara legalmente incompetente para conocer y resolver el juicio de amparo promovido por Antonio Mendoza Romero, por derecho propio y en su calidad de Expresidente Municipal de Chiautempan, Tlaxcala, quien reclama del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, la resolución de nueve de agosto de dos mil diecisiete, dictada dentro del expediente 2/2017-A, en la cual se confirma el desechamiento del Juicio de Protección Constitucional de treinta de enero del año en curso, emitido por la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, resolución que fue notificada al aquí quejoso el treinta y uno de agosto del año en curso. Por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 47, párrafo primero, de la Ley de Amparo, previa notificación a la parte quejosa, remítase el expediente 874/2017-I, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, para los efectos legales conducentes. Por otro lado, con copia de la demanda fórmese cuaderno de antecedentes debidamente identificado. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en su demanda esto es el despacho jurídico ubicado en calle Diego Muñoz Camargo, número cincuenta y nueve, interior tres, de la ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala, teniéndose como autorizado con todas las facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a César Pérez Hernández, por contar con cedula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para tales efectos (oír y recibir notificaciones) a Guadalupe Torres Sánchez, Yesenia Rodríguez Carmona, Maricela Hernández Reyes, Rogelio Aztatzi Coyomatzi y Eder Escobar Cruz por así solicitarlo expresamente la parte quejosa. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este juicio, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que el presente juicio se tramite sin dilación alguna. Se autoriza a cualquier Secretario (a) adscrito (a) a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se informa a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la inclusión de sus datos personales en la publicación de las actuaciones y resolución que se emitan en este asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las mismas se publiquen sin supresión de datos.

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