Antonio Meléndez Rugerio
Expediente 1073/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 7 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1073/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 11/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Antonio Meléndez Rugerio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Incidental
El Juez acuerda: Téngase por hecha la relación precedente de constancias; y, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe previo que emite el Titular del Enlace Jurídico de la Coordinación de Compañía de Seguridad en Vías de Comunicación Tlaxcala de la Guardia Nacional. PRUEBAS. El secretario certifica que ninguna de las partes ofreció prueba alguna. El Juez acuerda: Toda vez que no existe pruebas pendientes por desahogar, se concluye dicho período procesal. ALEGATOS. Enseguida, se abre la de alegatos, en la que el Secretario hace constar que las partes no hicieron manifestaciones en tal sentido. El Juez determina: Sin alegatos de las partes, se cierra esta fase. CONCLUSIÓN DE LA AUDIENCIA. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia, y el Juez procede a dictar la resolución que en derecho corresponda. R E S O L U C I Ó N VISTO; para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1073/2023-II. R E S U L T A N D O PRIMERO. Solicitud de suspensión. Antonio Meléndez Rugerio, solicitó la suspensión definitiva contra actos del Juez Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer y otras autoridades, que hizo consistir en: La orden de busca, aprehensión y detención, así como su ejecución. SEGUNDO. Admisión del incidente. Mediante auto de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, se admitió la incidencia a trámite, solicitó a las autoridades responsables su informe previo, proveyó sobre la suspensión provisional, y fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental. TERCERO. Audiencia incidental. La audiencia incidental se llevó a cabo conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, en función de que está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el presente incidente. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se dispone que la resolución que decida sobre la suspensión definitiva deberá contener: "La fijación clara y precisa del acto reclamado"; por tanto, del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama: La orden de busca, aprehensión y detención, así como su ejecución. TERCERO. Efectos para los cuales se pide la suspensión La parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados, para los efectos siguientes: ".solicito se me conceda la suspensión provisional y en su caso la definitiva, pues de ejecutar el acto reclamado, seria de imposible reparación al privarme de mi libertad.". (sic). Atento a lo anterior, en la presente determinación se resolverá la procedencia de la suspensión únicamente en los términos en que fue solicitada; por similitud se cita la jurisprudencia del rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS". CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados La autoridad responsable Titular del Enlace Jurídico de la Coordinación de Compañía de Seguridad en Vías de Comunicación Tlaxcala de la Guardia Nacional, al rendir su respectivo informe previo negó la existencia del acto reclamado; negativa que no fue desvirtuada por la parte quejosa. Así pues, al no haber aportado la parte quejosa prueba alguna en contrario que desvirtuara la negativa de la autoridad citada, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, lo procedente es NEGAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA por falta de materia sobre la cual decretarla respecto de la autoridad citada. Resulta aplicable al caso la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 356 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, Octubre de 1992, que dice: "INFORME PREVIO. LA NEGATIVA DE LOS ACTOS NO DESVIRTUADA. Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y no se desvirtúa tal negativa, deben tenerse como inexistentes los mismos." QUINTO. Existencia de los actos reclamados Ante todo, es menester precisar que la resolución en donde se resuelve sobre la suspensión no es inamovible e inalterable, sino que puede variar a partir de hechos supervenientes que revelen la existencia de razones que hagan posible la concesión de la suspensión, tal como lo pone de manifiesto el artículo 154 de la Ley de Amparo. Ahora, por su parte las autoridades responsables: Titular del Departamento de Policía de Investigación en el Estado de Tlaxcala. Oficial Encargado de Grupo del Departamento de Policía de Investigación en el estado de Tlaxcala; y, Juez Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer. Al rendir sus informes previos aceptaron la existencia de los actos reclamados. SEXTO. Consideración previa Previo a establecer sobre la procedencia o no de la suspensión respecto a los actos reclamados, es pertinente señalar que en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se señala que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual los órganos jurisdiccionales, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberán realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Así, cabe decir que la suspensión del acto reclamado tiene por objeto primordial mantener viva la materia de amparo, para impedir que el acto que lo motiva se consume irreparablemente, lo que traería como consecuencia que se haga ilusoria para la parte quejosa la protección de la justicia federal. Además, se indica que, con excepción de los casos en que proceda la suspensión de oficio en términos de los artículos 126 y 127 de la Ley de Amparo, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos a que se contrae el diverso 128 del mismo cuerpo de leyes, a saber: Que la solicite el quejoso; y Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, en el presente caso, sí se cumplen con los requisitos señalados en el artículo 128 de la Ley de Amparo, pues esta: a) Es solicitada por la parte quejosa, en el caso, Antonio Meléndez Rugerio; y b) Con su concesión no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público (dadas las medidas de aseguramiento que se imponen en este propio auto). SÉPTIMO. Se concede suspensión definitiva Al respecto, toda vez que es existente una orden de aprehensión dictada en contra del quejoso, dentro de la causa judicial 601/2023, por los hechos que probablemente constituyen el delito de violación, mismo que es considerado grave y amerita prisión preventiva, de conformidad con el artículo 434 del Código Penal para el Estado de Tlaxcala, así como lo previsto en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; con fundamento en los artículos 162, párrafo primero, 163, 166, fracción II, y 168 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada por la parte quejosa para los efectos siguientes: 1.- La parte quejosa queda a disposición de este Juzgado de Distrito sólo en lo que se refiere a su libertad, pero a disposición de la autoridad que deba juzgarlo (en caso el Juzgado Tercero de Control y de Juico Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer), para la continuación del procedimiento. 2.- El quejoso Antonio Meléndez Rugerio no deberá ser detenido por ninguna de las autoridades responsables, pero quedará sujeto a las medidas de aseguramiento que más adelante se le impondrán, en atención a las siguientes consideraciones. Inaplicación del artículo 166, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el supuesto de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. El artículo 166 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 166. Cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, se estará a lo siguiente: I. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; II. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido, bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional de amparo estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. Cuando el quejoso ya se encuentre materialmente detenido por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en la fracción I de este artículo. Si el quejoso incumple las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable. En el caso de órdenes o medidas de protección impuestas en cualquiera de las etapas de un procedimiento penal se estará a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 128." Como se podrá apreciar, cuando el amparo se pida contra orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, la suspensión se deberá decretar para diversos efectos, ya sea que el delito por el cual se haya dictado el acto reclamado amerite o no prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional. En el primer supuesto (fracción I), el efecto es que permanezca privado de la libertad a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. En el segundo (fracción II), la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido, bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional de amparo estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. Empero, debe indicarse que en el caso de que el delito por el cual se haya dictado el acto reclamado amerite prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, en ejercicio de un control de convencionalidad ex officio, este órgano jurisdiccional inaplicará el artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo, por las razones siguientes. En primer lugar, el 11 de febrero de 2022 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó en el Semanario Judicial de la Federación la jurisprudencia P./J. 2/2022 (11a.), en la que sostuvo el criterio de que los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación cuando actúan en amparo directo e indirecto deben realizar control de regularidad constitucional ex officio, tanto respecto de las disposiciones procesales que regulan el juicio de amparo, como sobre las normas sustantivas y procesales que se aplicaron en el acto reclamado. Dicho criterio se localiza en la tesis de jurisprudencia P./J. 2/2022 (11a.), con registro digital 2024159, de la Undécima Época, de rubro y contenido siguiente: "CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. CONTENIDO Y ALCANCE DEL DEBER DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DE REALIZARLO AL CONOCER JUICIOS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO [ABANDONO DE LAS TESIS AISLADAS P. IX/2015 (10a.) Y P. X/2015 (10a.)]. Hechos: Diversos Tribunales Colegiados de Circuito discreparon en torno al alcance del control de regularidad constitucional ex officio en el juicio de amparo, respecto a si debe limitarse a las leyes procesales que rigen el juicio de amparo (Ley de Amparo, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Código Federal de Procedimientos Civiles) o debe incluir, también, las normas procesales y sustantivas aplicadas en el acto reclamado. Criterio jurídico: Los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación cuando actúan en amparo directo e indirecto deben realizar control de regularidad constitucional ex officio, tanto respecto de las disposiciones procesales que regulan el juicio de amparo, como sobre las normas sustantivas y procesales que se aplicaron en el acto reclamado. Justificación: Conforme a lo dispuesto en los artículos 1o., 103 y 133 de la Constitución General, así como a lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el expediente varios 912/2010, el control de regularidad constitucional debe realizarse por los Juzgados de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito, en el ámbito de sus competencias y procedimientos. Así, de una nueva reflexión, este Tribunal Pleno considera necesario abandonar el criterio reflejado en las tesis aisladas P. IX/2015 (10a.) y P. X/2015 (10a.), de títulos y subtítulos: "CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL EX OFFICIO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN EJERCERLO SÓLO EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA." y "CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL EX OFFICIO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN FACULTADOS PARA EJERCERLO RESPECTO DE NORMAS QUE RIGEN EL JUICIO DE ORIGEN.", porque dichos órganos jurisdiccionales, para dar cumplimiento al mandato constitucional de proteger, respetar y prevenir violaciones a los derechos humanos previsto en el artículo 1o. constitucional, deben realizar control ex officio tanto sobre las disposiciones procesales que regulan el juicio de amparo, directo e indirecto (Ley de Amparo, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo), como sobre cualesquiera disposiciones aplicadas en los actos reclamados cuya constitucionalidad revisan en el juicio constitucional. Lo anterior, porque se estima que el ejercicio de ese control es necesario para proteger los derechos humanos reconocidos constitucionalmente; es compatible con razones de seguridad jurídica porque no interfiere con el funcionamiento de instituciones como la preclusión o la cosa juzgada; y armoniza con el funcionamiento del sistema, ya que respeta el régimen federal y la distribución de competencias entre los órganos jurisdiccionales; en el entendido de que el resultado de ese control se limita a la inaplicación de normas generales en el acto concreto de aplicación sin generar efectos futuros y de que, cuando ese control lo realice el Tribunal Colegiado de Circuito, tanto en amparo directo como indirecto en revisión, con fundamento en los artículos 64, párrafo segundo, y 73, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, aplicables por identidad de razón, y con la finalidad de permitir a las partes conocer la realización del control de regularidad constitucional ex officio, éste deberá publicar previamente el proyecto de sentencia y dar vista a las partes, para que tengan la oportunidad de exponer lo que a su derecho convenga." En segundo lugar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recientemente emitió dos sentencias en las que declaró la inconvencionalidad de la figura de la prisión preventiva oficiosa prevista en el artículo 19 constitucional, las cuales son: 1. La sentencia de siete de noviembre de dos mil veintidós, en el caso Tzompaxtle Tecpile y otros vs México; y, 2. La sentencia de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, en el caso García Rodríguez y otros vs México. Del contenido de ambas sentencias se advierte que la Corte Internacional, en lo referente a la prisión preventiva, ha establecido que para que una medida cautelar restrictiva de la libertad no sea arbitraria y no se vea afectado el derecho a la presunción de inocencia, es necesario que: a) Se presenten presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito y con la vinculación de la persona procesada a ese hecho; b) Esas medidas cumplan con los cuatro elementos del "test de proporcionalidad", es decir, con la finalidad de la medida que debe ser legítima (compatible con la Convención Americana), idónea para cumplir con el fin que se persigue, necesaria y estrictamente proporcional; y, c) La decisión que las impone contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones desarrolladas. En el entendido de que, por lo que respecta al primer punto, para que se cumplan los requisitos para restringir el derecho a la libertad personal a través de una medida cautelar como la prisión preventiva, deben existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente que un hecho ilícito ocurrió y que la persona sometida al proceso pudo haber participado en ese ilícito, debiendo enfatizarse que este presupuesto no constituye en sí mismo una finalidad legítima para aplicar una medida cautelar restrictiva a la libertad, ni tampoco es un elemento que sea susceptible de menoscabar el derecho a la presunción de inocencia contenido en el artículo 8.2 de la Convención Americana. En lo atinente al segundo punto, la Corte internacional ha afirmado que corresponde a la autoridad judicial desarrollar un juicio de proporcionalidad al imponer una medida privativa de libertad, porque la prisión preventiva es una medida cautelar y no una medida de carácter punitivo, por lo que la regla debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal, por lo que corresponde a la autoridad judicial imponer medidas de esta naturaleza únicamente cuando acredite que: a) la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea compatible con la Convención; b) que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin perseguido; c) que sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto, y d) que resulten estrictamente proporcionales, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. Así, estableció que la prisión preventiva sólo se debe imponer cuando sea necesaria para la satisfacción de un fin legítimo, a saber: que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia; ello, porque las medidas privativas de la libertad en el marco de procedimientos penales son convencionales, siempre que tengan un propósito cautelar, es decir, que sean un medio para la neutralización de riesgos procesales, en particular, a la finalidad relacionada con la comparecencia al proceso, sin que la gravedad del delito imputado sea, por sí misma, justificación suficiente de la prisión preventiva; asimismo, indicó que el peligro de fuga no puede medirse únicamente sobre la base de la gravedad de la posible pena a imponer, sino que debe evaluarse con referencia a una serie de otros factores relevantes que pueden confirmar la existencia de un peligro de fuga, como por ejemplo aquellos relacionados con el hogar, ocupación, bienes, y lazos familiares, afirmando que el peligro de que el acusado obstaculice la conducción adecuada de los procedimientos no se puede inferir en abstracto, sino que tiene que estar respaldado por evidencia objetiva, por ejemplo, el riesgo de presión sobre testigos o la pertenencia a una organización criminal o una pandilla. En cuanto a la necesidad, precisó que al ser la privación de la libertad una medida que implica una restricción a la esfera de acción individual, corresponde exigir a la autoridad judicial que imponga dicha medida, únicamente cuando considere que los demás mecanismos previstos en la ley, que impliquen un menor grado de injerencia en los derechos individuales, no son suficientes para satisfacer el fin procesal. Ahora, en lo referente al tercer punto, la Corte ha considerado que cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, violatoria del artículo 7.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por lo que ha dejado establecido que la prisión preventiva debe estar sometida a revisión periódica, de tal forma que no se prolongue cuando no subsistan las razones que motivaron su adopción, en el entendido de que el juez no tiene que esperar hasta el momento de dictar sentencia absolutoria para que una persona detenida recupere su libertad, sino que debe valorar periódicamente si las causas, necesidad y proporcionalidad de la medida se mantienen, y si el plazo de la privación a la libertad ha sobrepasado los límites que imponen la ley y la razón. En cualquier momento en que parezca que la prisión preventiva no satisface estas condiciones, deberá decretarse la libertad, sin perjuicio de que el proceso respectivo continúe; máxime que, precisó, son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio ordenamiento, por lo que en la determinación al respecto, deben ofrecer los fundamentos suficientes que permitan conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad, la cual, para que no se erija en una privación de libertad arbitraria de acuerdo con el artículo 7.3 de la Convención Americana, es decir, debe estar fundada en la necesidad de asegurar que el detenido no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia. Así, la Corte Interamericana de Derechos humanos estableció que, entre otros, el numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente a la prisión preventiva oficiosa, es inconvencional, porque en el mismo no se hace referencia a las finalidades de la prisión preventiva, ni a los peligros procesales que buscaría precaver; tampoco se propone ponderar a través de un análisis la necesidad de la medida frente a otras medidas menos lesivas para los derechos de la persona procesada, como lo serían las medidas alternativas a la privación a la libertad, sino sólo se limita a establecer preceptivamente la aplicación de la prisión preventiva oficiosa para los delitos que revisten cierta gravedad una vez establecidos los presupuestos materiales sin que se lleve a cabo un análisis de la necesidad de la cautela frente a las circunstancias particulares del caso. Las dos sentencias de la Corte Internacional son de observancia obligatoria para el suscrito juzgador federal, en virtud de que, conforme a las obligaciones internacionales adquiridas soberanamente por México, todos sus Poderes deben cumplir con lo ordenado en las sentencias emitidas contra el Estado Mexicano. Lo anterior, tiene su fundamento en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que establece el principio pacta sunt servanda, y que prescribe que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe y, para el caso específico del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, en el artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece que los Estados Parte se comprometen a cumplir la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en todo caso en que sean partes. En este sentido se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CXLIV/2014 (10a.), publicada con registro digital 2006181, en la página 823, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del contenido siguiente: "SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES DEL ESTADO MEXICANO, INCLUYENDO EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DEBEN ACATAR LO ORDENADO EN AQUÉLLAS. El Poder Judicial de la Federación tiene la obligación de acatar una orden que le incumba por estar contenida en una sentencia de un tribunal internacional, como sería el caso de juzgar a los perpetradores de violaciones de derechos humanos declaradas por el organismo internacional. Así, conforme a las obligaciones internacionales adquiridas soberanamente por México, todos sus Poderes deben cumplir con lo ordenado en las sentencias emitidas contra el Estado Mexicano. Esto tiene su fundamento en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que establece el principio pacta sunt servanda, y que prescribe que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe y, para el caso específico del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, en el artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece que los Estados Parte se comprometen a cumplir la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en todo caso en que sean partes." Con base en lo anterior, los fallos dictados por la Corte Interamericana de Derechos humanos obligan al suscrito juzgador de amparo a inaplicar aquellas disposiciones que regulan el incidente de suspensión en los que la figura de la prisión preventiva oficiosa determine la procedencia y los efectos que debe adquirir la concesión de la suspensión provisional o, en su caso, la definitiva, por virtud de la declaratoria de inconvencionalidad que emitió el mencionado tribunal supranacional. En el presente caso, como ya se dijo, la fracción I del artículo 166 de la ley de la materia determina ".Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad.", esto es, la porción normativa transcrita limita o restringe los efectos de la suspensión a que el quejoso permanezca privado de la libertad en el lugar que el órgano jurisdiccional de amparo determine. En cambio, la fracción II prevé que la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido, bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional de amparo estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. En consecuencia, resulta procedente inaplicar el artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo, respecto a los efectos que prevé para la suspensión que se debe otorgar en contra de órdenes de aprehensión o reaprehensión o de medidas cautelares que impliquen privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, cuando el delito por el cual se haya dictado el acto reclamado amerite la prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional. De ahí que se provee la suspensión solicitada en los términos que disponen los artículos 162, párrafo primero, 163, 166, fracción II, y 168 de la Ley de Amparo, para los efectos precisados en párrafos anteriores. Hágase del conocimiento de las partes que la violación a este mandato equivale a la comisión de un delito equiparable al de abuso de autoridad, según lo dispone el artículo 261, fracción III de la Ley de Amparo, que de llegar a consumarse daría lugar al ejercicio de la acción penal en contra de las autoridades responsables. Limitantes de la medida cautelar concedida. En la inteligencia que la medida cautelar concedida no tiene como efecto que las responsables suspendan el procedimiento del que emana el acto reclamado, ya que no debe obstaculizarse o paralizarse, para no transgredir disposiciones de orden público. Asimismo, la suspensión que se concede no surtirá efecto legal alguno si se sorprende al quejoso en flagrante delito, o si se trata de alguno de los casos de urgencia que señala la ley, en cuyo caso podrá detenérseles porque así lo autoriza el artículo 16 constitucional, cuando bajo responsabilidad del Agente del Ministerio Público se haya ordenado la detención de la agraviada no podrá ser retenido por más de cuarenta y ocho horas, o noventa y seis, según corresponda, término dentro del cual deberá ordenar su libertad o su consignación ante la autoridad judicial. OCTAVO. Medidas de aseguramiento. Ahora bien, se imponen las siguientes medidas de aseguramiento, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables el auto que declare que causó ejecutoria la sentencia dictada en el juicio del cual deriva este incidente. Fijación de garantía para suspensión definitiva. Con fundamento en los artículos 136 y 168 de la Ley de Amparo, se impone al quejoso la obligación de exhibir ante este Juzgado, dentro del plazo de cinco días legalmente computado, la garantía por el importe de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), en cualquiera de las formas autorizadas por la ley. Presentación ante la autoridad. Por otra parte, se le indica al quejoso que deberá presentarse ante la autoridad responsable, para la continuación del proceso del cual deriva el acto reclamado; y, Presentación ante la autoridad cuando sea requerido. También se le indica que deberá presentarse ante la autoridad responsable, tantas y cuantas veces le sea requerido. Se apercibe a la parte quejosa que, en caso de que no cumpla con las medidas de aseguramiento fijadas en este proveído o, de ser el caso, con las obligaciones del procedimiento penal de donde emane el acto reclamado, la suspensión será revocada y se comunicará a las autoridades responsables, en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 167 de la Ley de Amparo, quedando expeditas las facultades de las autoridades responsables para ejecutar la orden que reclama. Requerimiento a autoridad. Asimismo, en términos del artículo 143 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Juez Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, para que, una vez notificada de la presente determinación, señale fecha para que tenga verificativo la audiencia inicial dentro de la causa judicial 601/2023-III de su índice, la cual deberá informar a este órgano jurisdiccional, con la suficiente anticipación, a fin de estar en condiciones de informar oportunamente a la parte quejosa, con el objeto de que comparezca a la misma. Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad que en caso de no dar cumplimiento a los requerimientos formulados en los términos indicados, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma1 al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero, de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 237 , fracción I y 259 de la Ley de Amparo. RESUELVE: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva a Antonio Meléndez Rugerio, por los actos y autoridades precisadas en el considerando cuarto de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva a Antonio Meléndez Rugerio, por los actos y autoridades precisadas en el considerando quinto de esta interlocutoria. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar, Secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
Apizaco, Tlaxcala, diez de agosto de dos mil veintitrés. Informe previo. Agréguese a los autos el oficio signado por la Juez Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe previo, el cual será relacionado en la audiencia incidental. Vista a las partes. Con el contenido del informe de referencia, dese vista a las partes, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia incidental. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, diez de agosto de dos mil veintitrés******************** Informe justificado******************** Agréguese el oficio signado por la Juez Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su respectivo informe justificado******************** Se declina competencia por conocimiento previo******************** Ahora bien, de un análisis a las constancias que acompaña la autoridad responsable a su informe justificado, consistentes en copia autenticada de la causa judicial ******************** de su índice, se estima que el presente asunto debe returnarse al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, tomando en consideración de que el mismo tuvo conocimiento previo de un juicio de amparo (********************de su índice) que guarda relación con el presente controvertido constitucional, al derivar los actos reclamados de la causa judicial precisada con antelación******************** Lo anterior, pues de los artículos 45, fracción II, 46, fracción II y 46 Quater, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince y adicionado por Acuerdo General sin número publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de marzo de dos mil veintidós, se desprende lo siguiente: 1******************** Los asuntos se turnarán mediante el sistema automatizado de turno que administra la Dirección de Gestión Judicial, de forma relacionada cuando el sistema automatizado de turno arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad dentro de una temporalidad de cinco años, atendiendo a la fecha de ingreso o recepción en la oficina de correspondencia común, al órgano jurisdiccional que tenga el último antecedente registrado, sin que para ello sea relevante si se abordó algún análisis del fondo del asunto******************** 2******************** Cuando el juicio de amparo indirecto sea promovido contra actos provenientes del mismo expediente administrativo seguido en forma de juicio o jurisdiccional, originado en una misma secuela procesal, se turnará al órgano jurisdiccional que tenga el último juicio de amparo registrado en el sistema en relación con esos asuntos******************** 3******************** Cuando se turne un asunto al órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá directamente con sus anexos, al juzgado o tribunal que considere debe conocer; recibido dicho asunto por el órgano requerido éste decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo******************** En el caso particular, en específico del capítulo de antecedentes, se advierte que el uno de agosto del año en curso, la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado -orden de aprehensión-, toda vez que en esa fecha, se llevó a cabo en el domicilio del quejosos, un cateo emitido por la Juez Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer******************** Por otra parte, de las documentales que remitió la autoridad responsable Juez Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, como apoyo a su informe con justificación, consistentes en copia autenticada de la causa judicial ********************, se desprende el juicio de amparo ********************del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, que fue promovido por ********************, por propio derecho, contra actos del Juez Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, y otras autoridades, los cuales hizo consistir en: La orden de investigación, búsqueda, aprensión y detención dictada en su contra, así como su ejecución******************** De lo anterior, se advierte los actos reclamados en el presente juicio de amparo, así como en el diverso ********************del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, derivan de la misma causa judicial ********************; por tanto, resulta claro que el conocimiento del presente asunto corresponde al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en esta ciudad, puesto que se considera que es un criterio general de relación de asuntos cuando el juicio de amparo indirecto sea promovido contra actos derivados de un mismo procedimiento administrativo o jurisdiccional, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos******************** En consecuencia, el presente asunto encuadra en la hipótesis de relación prevista en la fracción II del artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y, en ese tenor, se concluye que el presente asunto debe turnarse al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en esta ciudad por ser dicho órgano quien conoció previamente del juicio de amparo **************************************** En consecuencia, con fundamento en el artículo 46, penúltimo párrafo, del acuerdo general multicitado, previa formación del cuaderno de antecedentes, remítase al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en esta ciudad el presente asunto, así como las documentales que la autoridad responsable adjuntó a su informe justificado, para los efectos legales que tenga a bien determinar******************** De igual modo, solicítese respetuosamente informe a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, lo resuelto respecto a esta determinación******************** Se deja sin efectos audiencia constitucional Atento a lo anterior, se dejan sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las DIEZ HORAS CON DOS MINUTOS DEL SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES******************** Notifíquese personalmente******************** Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar, Secretario que autoriza y da fe********************
- Incidental
En Apizaco, Estado de Tlaxcala, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Informes previos. Agréguense a los autos los oficios signados por el Oficial Encargado de Grupo y Titular, ambos del Departamento de Policía de Investigación en el Estado de Tlaxcala; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos sus informes previos, los cuales serán relacionados en la audiencia incidental. Vista a las partes. Con el contenido de los informes de referencia, dese vista a las partes, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la audiencia incidental. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
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