Antonio Morales Saldaña

Expediente 1097/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1097/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
27/12/2017

Partes del expediente

  • Antonio Morales Saldaña

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista al promovente Antonio Morales Saldaña, el contenido del proveido de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete: Vista la demanda de amparo que promueve Antonio Morales Saldaña, contra actos Juez Civil del Distrito Judicial de Juárez, de quienes reclama el auto de diez de octubre de dos mil diecisiete, dictado en el cuaderno de pruebas deducido del juicio ordinario civil de nulidad de existencia de contrato privado de compraventa celebrado el quince de marzo de dos mil diez; Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1097/2017-IV. Ahora, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de derechos por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia de la controversia constitucional que permita desechar de plano la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable; es decir, debe advertirse del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hayan adjuntado, sin requerir otros elementos de juicio, de tal manera que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada, de tal forma que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido." Asimismo, con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." Con base en estas premisas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo, por cuanto hace al acto reclamado consistente en el auto de diez de octubre de dos mil diecisiete, dictado en el cuaderno de pruebas deducido del juicio ordinario civil de nulidad de existencia de contrato privado de compraventa celebrado el quince de marzo de dos mil diez, deriva del hecho de actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sensu-, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con base en lo anterior, debe decirse que en la nueva legislación, existe un cambio de definición respecto de los actos de imposible reparación, pues aun cuando anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en jurisprudencia la procedencia del juicio de amparo biinstancial respecto de violaciones procesales que afectaran a las partes en grado predominante o superior, tal criterio ya no resulta aplicable a los asuntos tramitados conforme a la nueva Ley de Amparo. Para poder explicar lo anterior, es menester señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación al deliberar y votar la contradicción de tesis 377/2013 entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en sesiones de veinte y veinticuatro de marzo de dos mil catorce, una mayoría de seis ministros se pronunció, en lo que interesa, en los siguientes términos: SESIÓN DEL VEINTE DE MARZO DE DOS MIL CATORCE "SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN: Gracias, señor Ministro Presidente. Señoras Ministras, señores Ministros, el proyecto que se ha sometido a nuestra consideración, desde luego plantea uno de los problemas que más debate han suscitado en los últimos años en cuanto a la procedencia o no del juicio de amparo; el propio criterio de este Alto Tribunal ha pasado por distintos temperamentos, en ocasiones ha considerado que este tipo de actuaciones procesales dan lugar a la inmediata aceptación de un juicio de amparo indirecto en tratándose de cuestiones que afectan de manera determinante los aspectos procesales básicos de todo enjuiciamiento. También la realidad ha mostrado que, en ocasiones, estas determinaciones que se utilizan con mucha frecuencia terminan por ser simples instrumentos que retardan la conclusión de los juicios; todos estos aspectos han sido ponderados debidamente cada vez que se toma una decisión, y es por ello que digo que, si no podríamos decir erráticos, sí por lo menos diferenciado el criterio en cuanto a que en ocasiones, se ha considerado que este tipo de amparo es procedente y en otras ocasiones que no, siempre bajo la premisa de que la personalidad es un presupuesto procesal muy importante en juicio. Desde luego que, cualquier aportación o simplemente cualquier razonamiento es valioso en tanto no teníamos una definición precisa en el orden normativo como para poder determinar si esto significaba la posibilidad de promover o no el amparo a mitad de un juicio o no lo era. En el caso concreto, más allá de lo debatible creo que el legislador hizo un gran esfuerzo por delimitar éste, que ha sido uno de los grandes aspectos a definir por los tribunales, y lo es en la medida en que modificó sustantivamente el contenido de la ley para precisar con detalle el tema de los derechos sustantivos, y para ello nos dio la definición contenida en el artículo 107 de la nueva norma, fracción V, en donde ya con toda claridad precisó este aspecto al decirnos que este tipo de actos que se dan dentro de juicio, considerados de imposible reparación, son precisamente los que afecten materialmente derechos sustantivos, esto es, derechos que no son procedimentales; esto lleva entonces, por lo menos, a reconocer que un tema que siempre fue motivo de debate queda, o por lo menos intentó ser zanjado por el propio legislador. (.) Sin embargo, hoy, como anuncié, el propio legislador fue receptivo y trató de explicar el contenido exacto de una violación sustantiva poniendo el ejemplo claro de que sólo son aquéllas que afecten los derechos contenidos en la Constitución. Y en este sentido es que me pronunciaría en contra de la determinación que se contiene en este proyecto en la medida en que considero que es el propio legislador, quien en ese ánimo de encontrar al juicio de amparo como el remedio definitivo final que no entorpezca el trámite de los juicios, el que permita a través del amparo directo definir una cuestión de éstas. (.) Es claro que el legislador, en el supuesto de que, durante un juicio, alguna de las partes considere que la aplicación de una norma le es inconstitucional, y esto podría facilitar la posibilidad de promover un amparo indirecto cuestionándola, aun en estos casos el propio legislador trató de ser cuidadoso diciendo: "Cuanta situación de constitucionalidad de leyes surja en el juicio, sólo se permitirá si se da una violación que sea de derechos sustantivos, a menos de que también pudiera constituir una violación relevante durante el juicio", si aquí utilizó la expresión constituir violación procesal relevante", bien la podía haber utilizado en el artículo 107 que estamos analizando, y ahí no la utilizó, esto demuestra que en la mente del Constituyente estaba la posibilidad de que hubiera violaciones procesales relevantes, y por ello permitió que en el amparo indirecto, en contra de leyes aplicadas precisamente en el juicio, se pudiera abrir la posibilidad para un justiciable de acudir a este instrumento, no sólo por violación sustantiva, sino por una violación procesal relevante; esta terminología no la usó en el caso concreto del artículo 107, si quisiéramos entonces entender congruentemente la vocación del legislador para regular toda una estructura procesal como lo es el juicio de amparo, teniendo a la mano y al alcance la posibilidad de promover un amparo indirecto en contra de leyes aplicadas durante el procedimiento, ya no sólo sobre aspectos enteramente sustantivos, sino también de violaciones procesales relevantes, pudo bien utilizar esta expresión para poder decir: "Contra actos surgidos dentro del juicio que afecten derechos sustantivos, o que se trate de violaciones procesales relevantes", no la utilizó, como sí lo hizo para el caso del combate de las leyes durante el procedimiento. Esto me hace entender, por lo menos a mí, la intención clara de la Ley de Amparo que, como sistema, pretende evitar al máximo la promoción de juicios de amparo que sobre decisiones enteramente procesales, esto es, no violatorias de derechos sustantivos, siempre se dejará al amparo directo la posibilidad de analizar estos presupuestos, y ahí tomar una determinación; es lo que a mí me hace entonces entender que la evolución del sistema está llevando más la figura del amparo, a que éste no resulte un instrumento que abulte, que complique la tramitación de los juicios ordinarios, a menos, como ya lo dijo el propio legislador, se trate de violaciones cometidas en derechos sustantivos protegidos por la Constitución, o tratándose del caso de leyes, cuando se dé también una violación procesal relevante, en tanto esta distinción la hizo sólo tratándose del ataque a las leyes en el procedimiento, y no en los restantes actos, estoy convencido de que para, darle una lógica a la Ley de Amparo, no podríamos establecer una de las condiciones contenidas en la regulación del amparo directo, para atribuírsela al del amparo indirecto, en donde el legislador, aun reconociendo este tipo de figuras, esto es, violaciones procesales relevantes, no las quiso así definir en el artículo 107, por ello, a pesar de que los razonamientos son muy completos, complejos y contundentes, en algunos aspectos en esta contradicción, yo estaría más por el criterio contrario, precisamente el que impide la promoción del amparo indirecto tratándose de la excepción de falta de personalidad, dejándola ésta al final del asunto, siempre supeditada a que efectivamente haya trascendido al sentido de la sentencia; esto es, posiblemente quien propuso la excepción de falta de personalidad no termine por ser quien pierda el juicio, y en caso de que esto resulte, esta violación, si así lo podríamos llamar, no tendría por qué ser entonces analizada si finalmente esta decisión no trascendió. Nadie nos puede asegurar, que por más que no haya sido aceptada una excepción de falta de personalidad, la sentencia necesariamente va a ser condenatoria. En ese sentido, en tanto existe la posibilidad de que el fallo, aun así le resulte favorable, creo que es una cuestión que debe ser analizada en el amparo directo, si es que ésta, efectivamente, trascendió al resultado de la decisión. Es cuanto, señor Ministro Presidente. (.) SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO: Gracias, señor Ministro Presidente. Voy a procurar ser muy breve o muy puntual en los argumentos, con base en los cuales no comparto la propuesta del proyecto. (.) Bajo estas circunstancias, ahora con la nueva Ley de Amparo, el artículo 107, fracción V, que ya se ha mencionado, establece, a diferencia de la anterior, una definición de lo que son los actos de imposible reparación, y no me parece que este ejercicio de darle contenido a ese concepto sea inconstitucional o vaya más allá de lo que establece la Constitución, porque precisamente es la ley reglamentaria de, entre otros, el artículo 107 constitucional. El artículo 107, dice: "Procede amparo indirecto cuando se trate de actos dentro del juicio, sólo respecto de aquellos que sean de imposible reparación." Y la ley, desarrollando ese concepto, tampoco creo que esté previendo nuevas causas o casos de improcedencia que no estén previstos en la Constitución, simplemente está desarrollando el concepto que la Constitución contiene, y ahora dice de manera expresa: "Que se entiende por actos de imposible reparación, aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales". Me parece que este cambio es sustancial, porque el artículo 114, fracción IV, de la ley anterior, no contenía un concepto de actos de imposible reparación, y se fue bordando a través de las jurisprudencias que hemos venido comentando. Actualmente, la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107, contiene una definición del concepto de imposible reparación, y me parece que, con base en esta nueva definición de este concepto, quedó atrás tanto la definición que se hizo en la 6/1991, como lo que se retomó en la tesis 4/2001, creo que con base en esta nueva definición de los actos de imposible reparación, debe replantearse el análisis de la procedencia del amparo indirecto respecto de algunas o todas las violaciones procesales porque ahora se establece como requisito que hay una afectación de índole material a los derechos sustantivos, y antes ese requisito no se exigía. En consecuencia, me parece que, tratándose del caso de la falta de personalidad, que es el que motiva esta contradicción que estamos resolviendo, no reúne los requisitos que establece el artículo 107, fracción V, para considerarla como un acto de imposible reparación, porque efectivamente, desde mi punto de vista, el tema de la personalidad dentro de un procedimiento solamente afecta derechos procesales o adjetivos. (.) Así es que considero que con la nueva definición del artículo 107, fracción V, y desde luego dándole su contexto y su aplicación a las tesis que ha venido estableciendo este Pleno conforme a la legislación vigente en cada momento, creo que hoy por hoy el tema de la falta de personalidad no reúne los requisitos que establece la ley reglamentaria del artículo 107 para poderlo considerar como un acto de imposible reparación. Y por otro lado, no advierto sustento para el tema de procedencia de amparo indirecto respecto de violaciones procesales graves o relevantes; y, en esas condiciones, me manifestaré en contra de la propuesta del proyecto. Gracias, señor Ministro Presidente. (.) SEÑOR MINISTRO AGUILAR MORALES: Gracias, señor Ministro Presidente. La verdad que, entre lo que ha dicho el señor Ministro Alberto Pérez Dayán y ahora con una extraordinaria claridad y precisión el Ministro Pardo Rebolledo, realmente me dejan sin argumentos; muchas de las cuestiones que él expresó, inclusive las platicábamos hace un momento, ya las expresó con extraordinaria claridad, insisto, y conforme las iba diciendo iba agotando todos los temas que yo quería presentarles a ustedes. (.) Quisiera, por último, y reitero y me adhiero totalmente a todas estas argumentaciones de los señores Ministros, tan es así que la nueva construcción de la Ley de Amparo no sólo se refiere, como ya lo dijo y repite lo que la Constitución establece -para eso está la ley reglamentaria, para establecer los conceptos y sus alcances- que se trata o se trate de actos de imposible reparación; ese es el concepto, ya no se hace cargo ni se hizo cargo la Ley de Amparo, no sé si por error, porque pasó desapercibido o por qué, ya no se hace cargo de conceptos tales como cuestiones de afectación de grado predominante de gran entidad, ni mucho menos; simple y sencillamente se establece con todo rigor cuál es el concepto que debe entenderse en ese sentido, e incluso este Tribunal Pleno, antes inclusive de que entrara en vigor la nueva Ley de Amparo, al resolver la modificación de jurisprudencia 13/2011, se consideró que esos conceptos de afectación en grado predominante de gran entidad, o algún otro, carecían de sustento constitucional, de modo que no podían servir de fundamento para justificar la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados dentro de un procedimiento. Esta modificación de jurisprudencia que se resolvió el ocho de enero de dos mil trece, se aprobó por mayoría de seis votos con este concepto, señalando que todos estos conceptos subjetivos que nos dijo el señor Ministro Pardo Rebolledo no tenían ninguna razón de ser. (.) En breves términos, estoy con un criterio distinto del que se nos propone en este proyecto; y por lo tanto, votaré en su momento, en contra. Gracias, señor Presidente. (.) SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Muchas gracias, señor Ministro Presidente. Señora Ministra, señores Ministros, quisiera manifestar que, como lo he mencionado en algunas otras ocasiones en donde se han discutido cuestiones relacionadas con violaciones al procedimiento, voy a manifestarme en contra del proyecto presentado por el señor Ministro Fernando Franco, desde luego con el debido respeto, y trataré de dar las razones por las cuales no coincido con el proyecto y con la propuesta. (.) En esta reforma constitucional, es importante mencionarlo, no se modificó en esta parte el artículo 107 de la Constitución. El artículo 107 de la Constitución -y esto es muy importante- dice: "Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, -es decir, las que son impugnables en juicio de amparo- con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos -y fíjense, para mí, aquí está lo importante, dicho por el Constituyente- que determine la ley reglamentaria." ¿Qué quiere decir esto? El Constituyente le está delegando al legislador ordinario determinar cuáles son aquellos procedimientos en los que se va a sujetar la procedencia del juicio de amparo, por eso dice: "son esas controversias que se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:", "Fracción III: Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los siguientes casos: b) Contra actos en juicio -fíjense, otra vez- cuya ejecución sea de imposible reparación". Entonces, no está diciéndonos en ningún momento el Constituyente Permanente que proceda respecto de violaciones procesales predominantes o en grado superior, o exorbitantes, está diciendo la Constitución, de manera específica, que procede contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, y además les dice que estos procedimientos se determinarán en la ley reglamentaria respectiva; después de esto se emitió la nueva Ley de Amparo, en la que estableció esta procedencia -como ya lo habían mencionado- en el artículo -también 107, esto fue una mera coincidencia-, artículo 107, fracciones III y V; la III nuevamente está referida a procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, y la V a procedimientos judiciales, jurisdiccionales; nos dice la fracción III: "Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de resoluciones definitivas por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado del fallo", acuérdense que, en procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, siempre será juicio de amparo indirecto, aquí no tenemos la disyuntiva de si es una vía o es otra, siempre será juicio de amparo indirecto, pero además nos dice, antes que nada, el inciso b): -seguimos en procedimientos administrativos, seguidos en forma de juicio- "actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte", fíjense: "derechos sustantivos", no dijo: "violaciones predominantes en grado superior, ni exorbitantes", nada más señaló: "derechos sustantivos". Y luego dice la fracción V, que es la que está referida al amparo judicial: "contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados de los que el Estado Mexicano sea parte", volvemos a lo mismo, se repite exactamente la misma definición. Creo que conforme al texto del artículo 107, el legislador ordinario tenía posibilidades y facultades de definir lo que era una violación de imposible reparación, porque el mismo 107, cuando le delega esa posibilidad, conforme a lo establecido en la ley reglamentaria, le está dando la facultad, pero además, no varió en cuanto al tipo de violaciones que proceden, siguieron siendo solamente las de imposible reparación, entonces el legislador federal ordinario definió -para evitar las divergencias de criterio y dar certeza jurídica- que debemos entender por violaciones de imposible reparación "que violen derechos sustantivos", entonces, para mí, esto es clarísimo. Ahora, en la exposición de motivos de la Ley de Amparo, efectivamente, no se hace ninguna aclaración al respecto, pero creo que ni siquiera lo necesita, basta leer los artículos para ver que hay una definición en este sentido, y que al haber una definición en este sentido, también va acorde con lo que la nueva Ley de Amparo quiso hacer respecto de los juicios de amparo, que fue tratar de que no se prolongaran indefinidamente, tratar de establecer que se resolvieran en un solo procedimiento, establecer el principio de concentración. (.)." SESIÓN DEL VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL CATORCE SEÑOR MINISTRO COSSÍO DÍAZ: Gracias, señor Ministro Presidente. Como anunció la Presidencia, no estuve el jueves pasado en la sesión, pero me impuse de las actas de la discusión que ustedes tuvieron el jueves pasado. (.) Creo -y lo expresaron bien algunos de los señores Ministros, me pareció realmente muy puntual la exposición de todos los que estuvieron en contra del proyecto- que la propia fracción V del artículo 107 de la nueva Ley de Amparo, con la cual tenemos que resolver, está señalando que estos actos de imposible reparación son los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución; y mi impresión es que, con independencia del modelo que se planteó con la comisión del año 1999, de tratar de darle una concentración al juicio de amparo directo, para efecto de que la mayor cantidad de violaciones procesales posibles se concentraran en ese amparo directo y no se pulverizaran en una gran cantidad de incidencias -por llamarlo de esta manera- en el proceso, sino que fuéramos llegando a un proceso más concentrado, creo que hay una definición puntual de afectación material de derechos sustantivos tutelados en la Constitución. Sé, desde luego, que se puede considerar, y se considera al debido proceso o a la tutela judicial efectiva, --como lo queramos llamar de acuerdo con la acepción doctrinal que sigamos, que desde luego son este tipo de derechos-- pero creo que lo único que se está diciendo es que se concentre la violación en un momento en donde esa violación pueda tener una afectación y no que simple y sencillamente se estén abriendo, insisto, este conjunto de incidencias que se dan en el caso concreto. Igualmente, la solución que se buscó por algunos compañeros, también muy interesante, prevista en el penúltimo párrafo de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo, en el sentido de reparaciones posibles por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, me pregunto si en este sentido y bajo esta óptica, el desechamiento de una excepción de falta de personalidad tiene esa naturaleza relevante, como para abrir la lógica o romper la lógica general del juicio de amparo en su concentración. En lo personal no encuentro, a diferencia de lo que podía suceder en el arraigo, que esto tenga una connotación relevante al extremo de que por esa cuestión se abra la incidencia. Insisto, creo que no es tanto, porque ambas posiciones de las que se está discutiendo y de las que históricamente ha habido en este muy debatido problema, hemos discutido siempre, es -me parece- si esa violación debe tener la posibilidad de reparación inmediata o debe tener una posibilidad de reparación concentrada al inicio del proceso. Al votarse el ocho de enero del año pasado, la solicitud de modificación de jurisprudencia 13/2011, voté en un sentido muy semejante al que estoy ahora expresando, y para no tener más tiempo del debido en esta discusión, señor Ministro Presidente, insisto, me vuelvo a manifestar en contra del proyecto. Muchas gracias. SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted, señor Ministro Cossío. Daré mi punto de vista en este asunto. Ha sido muy interesante volver a tener la oportunidad de revisar los criterios que se han emitido por este Alto Tribunal, en este tema. (.) En el análisis de su servidor, en relación con ello, habré de decirles, muchos de ustedes lo supieron, en un principio tenía la simpatía con el proyecto, pero se fue decantando de tal manera que nos fuimos a los criterios, como todos ustedes, y sí me convenzo ahora de que en el tema concreto de procedencia de amparo indirecto, en tema de personalidad en materia laboral, me lleva a estar en contra del proyecto. Las razones que justificaron la excepción de la tesis 4/2001, lo único, desde mi particular punto de vista y en función de estadísticas, ha sido la complicación total, ha sido contraria la intención que este Tribunal Pleno o animó a este Tribunal Pleno a advertir esa situación de excepción en el criterio ordinario de la procedencia en el amparo indirecto y en el amparo directo. Realmente se ha revertido en perjuicio de los justiciables esta situación en este tema concreto. De esta suerte, sí me pronunciaría, respetuosamente, y con esas salvedades que he señalado en contra del proyecto, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra resoluciones que versen en cuestiones de personalidad en la materia laboral tal y como lo señala la tesis del criterio concreto que fue materia de esta contradicción de criterios y así votaré. Está a la consideración. Señor Ministro Pérez Dayán. (.) SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted, señor Ministro Franco. Creo que el asunto está suficientemente discutido, vamos a tomar una votación en relación con el fondo del asunto. Se pone a su consideración, para efectos de votación, la propuesta del proyecto, en el sentido de que debe subsistir el criterio del Pleno, según el cual el juicio de amparo indirecto en contra de las resoluciones que hablan sobre cuestiones de personalidad. ¿De acuerdo? A favor o en contra de la propuesta del proyecto. Señor secretario, por favor. SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí, señor Ministro Presidente. SEÑOR MINISTRO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA: A favor del proyecto. SEÑOR MINISTRO COSSÍO DÍAZ: En contra. SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: En contra. SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Con el proyecto. SEÑOR MINISTRO ZALDÍVAR LELO DE LARREA: Con el proyecto. SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO: En contra del proyecto. SEÑOR MINISTRO AGUILAR MORALES: En contra. SEÑOR MINISTRO VALLS HERNÁNDEZ: A favor del proyecto. SEÑORA MINISTRA SÁNCHEZ CORDERO: Por todas las razones que manifesté en sesiones anteriores, en favor del proyecto. SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN: En contra del proyecto. SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE SILVA MEZA: En contra. SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Señor Ministro Presidente, me permito informarle que existe una mayoría de seis votos en contra de la propuesta del proyecto. SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: EN CONSECUENCIA, SE DESECHA EL PROYECTO DE LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 377/2013 Y SE RETURNA EN EL ORDEN QUE CORRESPONDA." De la anterior transcripción se desprende que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de seis votos, determinó que de conformidad con la nueva Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación que resuelve la personalidad en un juicio laboral, pues en el artículo 107, fracción V, de dicha ley, el legislador delimitó los actos de imposible reparación, estableciendo como tales únicamente a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, esto es, derechos que no son procedimentales, con la clara intención de evitar al máximo la promoción de juicios de amparo respecto de decisiones enteramente procesales, en atención al principio de concentración, esto es, para que la mayor cantidad de violaciones procesales se concentraran en el juicio de amparo directo, que es donde esa violación puede producir una afectación. En esos términos, estimaron que el legislador ordinario, a fin de dar certeza jurídica, desarrolló el concepto de "actos de imposible reparación" contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que con base en esa definición quedó atrás la diversa que se hizo en la tesis 4/2001 y, por tanto, conforme a la legislación vigente en este momento, el tema de la falta de personalidad no reúne los requisitos que establece la ley reglamentaria del artículo 107 constitucional para poder considerarlo como una cuestión de imposible reparación. Así, los argumentos expuestos dieron origen a la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el seis de junio de dos mil catorce en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido es el siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Lo anterior, resulta relevante en este asunto, pues el acto reclamado en el presente juicio consiste en el auto de diez de octubre de dos mil diecisiete, dictado en el cuaderno de pruebas deducido del juicio ordinario civil de nulidad de existencia de contrato privado de compraventa celebrado el quince de marzo de dos mil diez. Acuerdo reclamado que dice: "estado que guardan los autos del cuaderno de pruebas de la actora principal y el de la demandada, en el que se dictó el auto de dieciséis de agosto del año en curso, en el que se requirió a mi colitigante para que designara perito, con el apercibimiento de ley para el caso de no hacerlo, así como al escrito presentado el veinticinco del citado mes y año, por parte de la aquí tercero interesada con el que designa perito quien fue requerido a través de la oferente para que compareciera a aceptar el cargo en su cuaderno de pruebas, según lo que es incorrecto ya que debió haber sido en el cuaderno de pruebas de la demandada y que para no violar garantías individuales procede a desposar el escrito de veinticinco de agosto de Virginia Paula Pérez Macías en el que anexa copias certificadas del notario publico dos del distrito Judicial de Hidalgo para ser engrosadas al cuaderno de pruebas de la demandada para los efectos legales correspondientes" Esto es, la violación reclamada tiene como efecto la continuación del juicio de origen, por tanto, sólo tiene efectos meramente procesales y, por ende, no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de una sentencia adversa a los intereses de la parte aquí promovente, por lo que debe decirse que dicha determinación no tiene una ejecución de imposible reparación, dado que sus consecuencias no afectan materialmente algún derecho sustantivo contenido en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Se dice lo anterior pues el juicio ordinario civil de nulidad de existencia de contrato privado de compraventa, aún se encuentra en trámite, por ende, se reitera que la materia de la resolución reclamada es un tema que sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, toda vez que bien podría repararse si la sentencia resulta favorable a las pretensiones de la inconforme. Además, cabe precisar que tal determinación no deja en estado de indefensión jurídica a la parte quejosa, pues en caso de que la sentencia resulte adversa a sus intereses, entonces esa violación procesal sería reclamable en amparo directo, en tanto se trata de una violación de reparación posible por no afectar derechos sustantivos. Asimismo, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la procedencia del juicio constitucional, partiendo de la base de determinar si el acto controvertido afecta materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. Sirven de apoyo a lo anterior las tesis aisladas CCLXXVI/2012 (10a) y CCLXXV/2012 (10ª), ambas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." En suma, al resultar evidente la materia de la resolución reclamada es un tema que sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales; por tanto, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia del juicio de amparo previstas en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sentido en consecuencia, con fundamento en el diverso numeral 113 de la ley de la materia, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida, por ser notoriamente improcedente la demanda de derechos fundamentales. Por otro lado, en términos del artículo 12 de la ley de la materia se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que señala para tales efectos, ya que si bien en el escrito de demanda, se advierte el domicilio particular del quejoso, lo cierto es que el mismo es en cumplimiento a lo establecido en la fracción I, del artículo 108 de la Ley de Amparo; teniéndose como autorizado en términos amplios del citado numeral, a Víctor Hugo Vazquez Lopez por encontrarse debidamente registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este juicio, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que el presente juicio se tramite sin dilación alguna. Se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se informa a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la inclusión de sus datos personales en la publicación de las actuaciones y resolución que se emitan en este asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las mismas se publiquen sin supresión de datos.

  2. Principal

    Notifico por medio de lista a la parte quejosa el contenido del acuerdo del quince de diciembre de dos mil diecisiete, que en la parte que interesa dice: Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Antonio Morales Saldaña; con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se ordena realizar la anotación de que el presente expediente es destruible una vez que transcurra el plazo de cinco años, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo vigésimo primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Por otra parte, aun cuando los documentos exhibidos por la parte quejosa en su demanda de amparo, así como en el transcurso del procedimiento, no se ubican en la hipótesis del artículo segundo, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, déjese a su disposición, los cuales podrá recoger dentro del plazo de noventa días, apercibida que de no hacerlo así, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente. Finalmente, a pesar de que la parte promovente nada manifestó con relación a lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al hacerse público el auto que desecho la demanda, no deberán suprimirse los datos sensibles de dicho auto y demás constancias; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto.

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