Antonio Manzano Carreón
Expediente 614/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 1 actuación registrada, la última del 16 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 614/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 16/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Antonio Manzano Carreón
Actuaciones
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, dieciséis de junio de dos mil veintiuno. 1. Radicación. Fórmese expediente con el escrito y anexo de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo. 2. Incompetencia por razón de territorio. Visto el escrito de demanda de cuenta, se advierte que este órgano jurisdiccional carece de competencia territorial para conocer de la demanda que se atiende, por los motivos que a continuación exponen. Para arribar a tal determinación, es pertinente traer a colación lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De tal precepto se obtienen las siguientes reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de distrito, en cuanto al conocimiento del juicio de amparo: a) El último párrafo del precepto en comento establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda; b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora; y, c) La tercera previsión normativa, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye más bien un matiz de la segunda regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. A este respecto, debe precisarse que el propósito del legislador al establecer las referidas reglas de competencia, fue facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que él pueda disponer de mejores posibilidades de defensa y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Pues bien, visto el caso que nos ocupa a la luz de esas reglas de competencia territorial, resulta de manera clara que se configura la segunda de ellas. Ello en virtud, según lo señalado por la parte quejosa, el acto reclamado a la autoridad ordenadora Primera Sala Mixta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, consiste en lo siguiente: "constituye la resolución de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, dictada por la Primera Sala Mixta del Supremo Tribunal de Justicia del estado (sic) de Sonora, con residencia en esta ciudad, en el toca penal 04/2021, donde confirmó la resolución de exclusión de medios de prueba, dictada en la audiencia oral intermedia de uno de diciembre de dos mil veinte, en donde se excluyeron las pruebas periciales en Psicología y psiquiatría, así como el informe de autoridad que debería rendir el Director del Centro de Reinserción Social, con domicilio ampliamente conocido en Puerto Peñasco, Sonora, dictada por la Juez de Control del Distrito Ocho del Poder Judicial del Estado de Sonora, con cabecera en Puerto Peñasco, Sonora, en el proceso penal 72/2019, así como de la autoridad señalada como ejecutora reclamo su ejecución." Ahora, se observa que el acto tildado de inconstitucional, deriva del procedimiento jurisdiccional 72/2019 del índice del juez de Control del Distrito Ocho del Poder Judicial del Estado de Sonora, con cabecera en Puerto Peñasco, Sonora, el cual se encuentra en trámite; además, el aquí quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Puerto Peñasco, Sonora. En ese contexto, resulta incuestionable que el acto reclamado tiene ejecución material en Puerto Peñasco, Sonora; por tanto, la competencia se surte a favor de un juez de distrito que ejerza jurisdicción en Nogales, Sonora. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 1ª./J. 147/2005, sustentada por la Primera Sala del Más Alto Tribunal del País, consultable en la página 174, del Tomo XXIII, Enero de 2006, Materia Penal, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de voz y contenido siguientes: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal." De igual forma, resulta aplicable a lo anterior, por las consideraciones que la contienen, la jurisprudencia 2a./J. 192/2008, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, Novena Época, Registro 168187, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, Materia(s): Civil, Página: 606, de rubro y texto: "COMPETENCIA EN AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO DE APELACIÓN QUE APRUEBA UNA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RADIQUE EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA QUE DEBA EJECUTAR EL ACTO. Cuando en la demanda de garantías se reclama la resolución recaída a un recurso de apelación que aprueba la planilla de liquidación de intereses moratorios fijada por un Juez de primera instancia, debe considerarse que dicha sentencia lleva inmersa una ejecución material que es susceptible de suspenderse en caso de solicitarse la medida cautelar relativa, siendo sus efectos que el fallo no se ejecute, esto es, que no se obligue al pago de los intereses, debiendo permanecer las cosas en el estado que guardan. En estas condiciones, independientemente de que la Sala responsable no sea la que en su momento requiera el pago ni lleve a cabo el embargo respectivo en caso de desacato, la resolución combatida sí es ejecutable, pues lo que se determina es la cantidad cierta que una de las partes en el juicio natural debe pagar por concepto de intereses moratorios y, por ende, se actualiza el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, que determina que es competente para conocer del juicio de garantías el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado." En las relatadas consideraciones, conforme a lo establecido en el Acuerdo General 3/2013, punto cuarto, fracción XV, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, corresponde el conocimiento de la presente demanda al juez de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Nogales. Bajo esa línea de pensamiento, se concluye, que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer y pronunciarse en torno al acto que aquí se controvierte y declina la competencia a favor del juez de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Nogales en turno, a quien deberá remitirse la demanda, para que resuelva dentro del plazo establecido en el primer párrafo del precitado artículo 48 de la Ley de Amparo, si acepta o no la competencia que se declina. Fórmese el cuadernillo de antecedentes correspondientes y háganse las anotaciones pertinentes en el libro uno de juzgado de registro de juicios de amparo. 3. Domicilio. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su libelo constitucional. 4. Autorizados. En cuanto a la persona que menciona en su demanda, se autoriza en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tenga su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, se autoriza sólo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. Ahora, del análisis al ocurso que atiende, la parte promovente solicita que las notificaciones se le realicen a través del correo electrónico amparo.penal.hmo@gmail.com. Por otro lado, Atento a lo previsto por el artículo 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, resulta necesario que las personas interesadas cuenten con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; en ese contexto, al no proporcionar el "Nombre de Usuario" generado por el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no resulta factible proveer de conformidad la petición de la parte quejosa. No obstante lo anterior, se tomará en consideración el correo electrónico que indica, para establecer el contacto respectivo, con fundamento en el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. 5. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 6. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 7. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, último párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal1, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 8. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto segundo del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa.
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