Antonio Hernandez Fimbres

Expediente 1511/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1511/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Antonio Hernandez Fimbres
  • Gobernador del Estado de Sonora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    En Hermosillo, Sonora, a las doce horas con veintiún minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, quien actúa en unión de José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe de sus actos, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, con las constancias de emplazamiento de las partes y con el informe justificado rendido por algunas de las responsables. Por otro lado, se advierte que en el propio auto de radicación se estimó que dada la naturaleza del acto reclamado, no existía tercero interesado. Lo anterior, ya que no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, y se certifica que no existen escritos pendientes de acuerdo y que el expediente electrónico se encuentra debidamente integrado. El juez acuerda: Téngase por hecha la certificación que antecede, para todos los efectos legales correspondientes. A continuación, se declara abierto el periodo probatorio y se da cuenta con la prueba documental ofertada por la parte quejosa, además, documentales ofrecidas por el asesor jurídico de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su especial naturaleza los citados medios de convicción. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: téngase por perdido el derecho para expresarlos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo ******************** A-III; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito depositado el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido al día siguiente, por razón de turno, a este juzgado de Distrito, ********************solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. Por proveído de veintiocho de septiembre siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio a la representación social de la adscripción la intervención legal que le compete y, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento se llevó a cabo en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud que el acto de reclamo emana de autoridades con residencia en el ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Precisión del acto reclamado Del estudio integral del expediente y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados, los siguientes: a) De las autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, la omisión de dar respuesta a la solicitud relativa al otorgamiento de pensión presentada en ********************, y como consecuencia, de emitir el dictamen correspondiente, así como de realizar el pago de su pensión mensual. b) Del gobernador del Estado de Sonora, la omisión de revisar y resolver en definitiva dicho dictamen de pensión. Inexistencia del acto reclamado Es inexistente el acto reclamado marcado como inciso b) respecto a la autoridad denominada como gobernador del Estado de Sonora, en atención a que de autos no se advierte que las autoridades responsables pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, hayan concluido el trámite de solicitud de pensión de la parte quejosa, por lo que aún no existe el dictamen completo de la Junta Directiva del Instituto que el gobernador debe sancionar, y por tanto tampoco existe la omisión reclamada al mismo. Circunstancias que se corroboran con las constancias que obran agregadas en el sumario, pues se hace evidente que hasta la fecha en que se dicta sentencia, no se ha emitido un dictamen en torno a la solicitud de pensión formulada por la parte quejosa, ni existe la autorización para que se realice el pago de la misma, de ahí que no exista omisión en revisar y resolverla en definitiva, ni en realizar su pago. Es aplicable al particular, la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". En consecuencia, en el caso se actualiza la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo y, por ende, se debe decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." IV. Existencia de los actos reclamados Es cierto el acto reclamado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, consistente en la omisión de dar respuesta a la solicitud de pensión presentada por el quejoso el ********************, pues aun y cuando al rendir el informe justificado, lo niega, de su contenido íntegro se advierte su certeza. Además, dicha certeza se advierte de las constancias exhibidas por la parte quejosa, de las que se desprende que el Instituto responsable recibió la solicitud de pensión por parte del quejoso desde el ********************. Por la misma razón, es presuntivamente cierto el acto reclamado al subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, no obstante omitió rendir informe justificado, aun estando debidamente requerido para ello. Aunado a lo anterior, cabe mencionar que al tratarse el acto reclamado de una omisión, la carga de la prueba no corresponde a la parte quejosa, sino por el contrario a las autoridades responsables es a quienes incumbe demostrar que no incurrieron en la omisión cuestionada. Lo antes considerado tiene sustento en la tesis publicada en la página 301, Tomo XIII, correspondiente al mes de Marzo de 1994, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR LA CONSTITUCIONALIDAD QUE SE RECLAME. Cuando los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, que se estiman inconstitucionales, debe entenderse que la carga de la prueba de que no existen esas omisiones o hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las autoridades responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos." Es así, no obstante que el jefe de la Unidad Jurídica del Instituto responsable, hacen valer la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues refieren que no se encuentra dentro de sus atribuciones la aplicación del acto reclamado. Sin embargo, este órgano jurisdiccional considera que no se actualiza la causa de sobreseimiento que refiere. Ahora, no obstante la negativa del instituto, conforme al artículo 96, fracción IV, de la Ley del ISSSTESON, corresponde a dicha autoridad otorgar jubilaciones y pensiones; aunado a que la Subdirección de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones se encuentra adscrita al ISSSTESON, de ahí que la omisión reclamada sea cierta. En efecto, el artículo 96, en su fracción IV, de la Ley del ISSSTESON, refiere: "Artículo 96. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora tendrá las siguientes funciones: (.) Otorgar jubilaciones y pensiones;" De dicho numeral, se desprende que el ISSSTESON, es el encargado de otorgar las pensiones correspondientes; por tanto, si bien existe un departamento encargado de realizar el trámite correspondiente a las peticiones al respecto, dicho Instituto tiene la obligación de vigilar que la pensión se otorgue, pues la citada autoridad responsable, tiene mayor jerarquía que las áreas en que se divide. V. Causas de improcedencia Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia, sea que las partes las hagan valer o que de oficio las advierta este juzgador, de conformidad con lo establecido en artículo 62 de la Ley de Amparo. En atención a lo anterior, del estudio de las actuaciones que componen el presente juicio de amparo, este órgano de control constitucional no advierte la existencia de alguna causa que involucre improcedencia; por otra parte, las partes no invocaron algún motivo por el que estimaran improcedente el juicio. Consideraciones jurídicas Son sustancialmente fundados los argumentos expuestos por la parte promovente, en los cuales aduce, en esencia, que ha trascurrido un tiempo excesivo para la resolución de su pensión, no obstante haber presentado la solicitud en el área correspondiente del ISSSTESON. Para resolver este asunto es preciso hacer notar que se reclama el trámite relativo al otorgamiento de una pensión y conforme al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, procede suplir la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, como lo precisa el criterio de la tesis 2a. XCV/2014 de la Segunda Sala de dicho Alto Tribunal, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 11, octubre de 2014, tomo I, materia común, página 1106, de rubro y texto siguientes: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL. OPERA EN FAVOR DE LOS PENSIONADOS Y DE SUS BENEFICIARIOS. Conforme al artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca del juicio deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el administrativo; de lo cual se deduce que si bien esta norma se refiere a determinados sujetos y a dos tipos de relaciones jurídicas específicas, como son, por un lado, las personas que cumplen con su deber social y su derecho al trabajo y, por otra, quienes las emplean, ya sea dentro de un vínculo laboral o de orden administrativo, lo cierto es que las razones que en estos supuestos inspiran la obligación del órgano de amparo para suplir la deficiencia de la queja a favor del trabajador no se agotan con motivo de la jubilación o retiro de quien había estado subordinado a un empleador, pues las causas que originaron el auxilio que la ley les brindaba durante su época laboralmente activa no sólo se mantienen, sino que incluso se agudizan, porque lo habitual es que como pensionistas sus ingresos se reduzcan y, con ello, la posibilidad de contar con asesoría legal adecuada. Así, esta Segunda Sala determina que tratándose de juicios de amparo deducidos de asuntos laborales o contencioso-administrativos, en los que se controviertan el otorgamiento y los ajustes de pensiones, así como de cualquiera otra prestación derivada de éstas, ya sea por los interesados o por sus beneficiarios, el órgano de amparo queda obligado a suplir la deficiencia de la queja en favor de los demandantes de tales pretensiones, en la inteligencia de que este deber sólo tiene razón de ser cuando existan causas jurídicamente válidas para preservar u otorgar algún derecho, pues si el juzgador no advierte que dicha suplencia lo conduzca a esta finalidad provechosa para el particular, bastará con que así lo declare sin necesidad de que haga un estudio oficioso del asunto, el cual, por carecer de un sentido práctico, sólo entorpecería la pronta solución del litigio en perjuicio de los propios justiciables." Ahora, en lo que nos ocupa la parte quejosa reclama la omisión de emitir el dictamen relativo al trámite de pensión por jubilación. El artículo 59 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sonora, dispone: "Artículo 59. El derecho a la jubilación, pensión por vejez, cesantía por edad avanzada, invalidez o muerte se genera cuando el trabajador o sus familiares derechohabientes se encuentran en los supuestos establecidos en esta Ley y satisfacen los requisitos que la misma señala. Los montos de las pensiones y jubilaciones que se otorguen con base en esta Ley se incrementarán en beneficio de quienes las reciban en el mismo porcentaje en que aumente el salario mínimo general en la zona de Hermosillo, Sonora, o conforme al índice inflacionario que anualmente determine el Banco de México, el que sea mayor, con posterioridad a la fecha de su otorgamiento. El Instituto deberá resolver la solicitud de pensión en un plazo no mayor de treinta días hábiles a partir de la fecha en que quede integrado el expediente. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, el Gobernador del Estado revisará y resolverá en definitiva acerca de la solicitud de que se trate, para los efectos que expresa la primera parte del artículo 108 de esta Ley." De la lectura del artículo anterior, se desprende que el citado Instituto deberá resolver las solicitudes de pensión en un plazo no mayor de treinta días hábiles a partir de la fecha en que quede integrado el expediente. Del mismo modo, dentro de los treinta días hábiles siguientes, el gobernador del Estado revisará y resolverá en definitiva acerca de la solicitud de que se trate, para los efectos que expresa la primera parte del artículo 108 de la ley. Si en el caso se tiene acreditado que el quejoso solicitó el trámite de pensión desde el ********************, ante las oficinas de la Subdirección de Prestaciones Económicas y Sociales del Departamento de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sonora, para que le fuera otorgada la referida pensión, sin que el trámite respectivo hubiera concluido (hace más de un año con seis meses a la fecha en que se resuelve el presente asunto); es evidente que le genera perjuicio al quejoso al no respetarse el derecho que tiene a la pensión. No se desconoce el cúmulo de solicitudes con las que cuenta el ISSSTESON; sin embargo, ello no lo exime de la obligación que le impone la ley en cuanto a los plazos fijados para la gestión de las pensiones. Cabe precisar que respecto de las manifestaciones aludidas, este juzgador considera que las responsables ineludiblemente deben llevar a cabo las etapas correspondientes para lograr la conclusión del trámite para la autorización de dicha pensión a que tiene derecho la quejosa. Sin embargo, ello no las faculta para dejar de cumplir con las obligaciones que como autoridades de ese Instituto se encuentran forzadas a concluir, lo que impone conceder el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Decisión y efectos de la concesión de amparo Al haberse actualizado la causa de sobreseimiento establecida en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, respecto de la autoridad y acto consistente en la omisión de revisar y resolver en definitiva el dictamen de pensión marcado como inciso b) del considerando II, procede sobreseer en el presente juicio de derechos, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la ley de la materia, por los motivos expuestos en el considerando III que antecede. Ahora, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo y en restitución de la garantía individual violada, se concede al impetrante el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que las autoridades responsables, una vez que el presente fallo cause ejecutoria, realicen la inmediata conclusión del trámite de la pensión solicitada por la parte quejosa; salvo causa justificada que no permita conceder esa prestación, que en su caso, deberán comunicárselo mediante resolución debidamente fundada y motivada. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se Resuelve Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido ********************, respecto de los acto reclamado al gobernador del Estado de Sonora, por las razones expuestas en el considerando III, del presente fallo. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, respecto de los actos señalados en el punto II, por las razones y para los efectos referidos en los diversos apartados VI y VII de esta sentencia. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, siete de noviembre de dos mil veintitrés.********************Estado procesal. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de seis de noviembre de dos mil veintitrés, se señalaron las diez horas con cuarenta minutos del dieciséis de enero de dos mil veintiuno para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se precisa que lo correcto es, que se señalan para su celebración las doce horas con veintiún minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés.********************Notifíquese personalmente; y por oficio a las responsables.********************Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Diferimiento de audiencia constitucional (ocho días). Del estado de autos y la certificación que antecede se advierte que no ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, respecto del informe justificado rendido por una de las responsables; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las diez horas con cuarenta minutos del dieciséis de enero de dos mil veintiuno. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario de juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.magnolia

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por el coordinador de lo Contencioso Administrativo y Judicial de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en suplencia por ausencia del titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de dicha dependencia federal, quien actúa en representación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con sede en Ciudad de México, y dese vista a las partes con su contenido. Designación de delegados y domicilio. En términos de los artículos 9 y 28 de la ley de la materia, se tiene como delegados a las personas que señala y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su informe. Pasantes. Se autoriza únicamente para consulta del presente expediente al pasante que refiere en su informe. Pruebas. Se tiene a la responsable en cita ofreciendo las pruebas que menciona, instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto -legal y humana-, sin perjuicio de desahogarlas y hacer relación de ellas durante la audiencia constitucional y valorarse al dictarse la sentencia respectiva, en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario de juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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