Antonio Gutiérrez Camarena
Expediente 1070/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 19 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1070/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 14/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Antonio Gutiérrez Camarena
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, catorce de marzo de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el catorce de febrero de dos mil veintidós, por la cual por una parte se sobreseyó en el presente juicio y por otra negó el amparo y protección. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y depúrese en virtud que por una parte se sobreseyó en el presente juicio y por otra negó el amparo y protección. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado, correspondiente al registro de juicios de amparo con el número que le corresponda; y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Incidente de suspensión. Acuérdese lo conducente en relación con la valoración y destino de los cuadernos incidentales de suspensión que derivan del presente juicio de amparo. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Auto. Hermosillo, Sonora, catorce de marzo de dos mil veintidós. Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta fecha causó ejecutoria la sentencia dictada en el juicio de amparo y se ordenó el archivo del sumario como asunto concluido; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa: Valoración del original. Con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, destrúyase el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se negó la suspensión definitiva en la presente incidencia. Valoración del duplicado. En términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Antonio Gutiérrez Camarena, respecto de los actos precisados en el apartado III del presente fallo, por las razones expuestas en el mismo. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Antonio Gutiérrez Camarena, contra los actos y las autoridades precisadas en el considerando IV de este fallo, por las razones expuestas en el diverso V. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy f Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las once horas con treinta y siete minutos del catorce de febrero de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario de juzgado con quien actúa y da fe, declaró abierta la presente audiencia. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes y los informes con justificación rendidos por las autoridades responsables. Asimismo, se hace constar que revisado el estado procesal de autos, se advierte que en proveído de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, se reservó proveer respecto al señalamiento de tercero interesado; el juez acuerda: atento al contenido de los informes justificados, se concluye que no existe tercero interesado, al no actualizarse alguna de las hipótesis establecidas en el artículo 5o., fracción III, de la Ley de Amparo. Abierto el período de pruebas, el secretario hace constar que las partes no las anunciaron; el juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para ofrecerlas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que las partes no los formularon; el juez acuerda: téngase por perdido el derecho para expresarlos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 1070/2021; y Antecedentes y trámite del juicio de amparo 1. Por escrito recibido el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, por la Oficina de Correspondencia Común de los juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, remitido el siguiente día hábil por razón de turno a este órgano jurisdiccional, Antonio Gutiérrez Camarena solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos de los jueces adscritos al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades. 2. El veinte de septiembre del año anterior, se admitió a trámite la demanda, se solicitó a las autoridades responsables informe justificado, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. 3. Seguido el trámite correspondiente, previos diferimientos, tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede, y concluye con el dictado de esta sentencia, de acuerdo con los considerandos siguientes: Competencia 4. Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud que los actos reclamados podrían tener ejecución en el distrito judicial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. Precisión de los actos reclamados 5. Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados, la orden de aprehensión, detención y comparecencia. Inexistencia de los actos reclamados 6. No son ciertos los actos reclamados a las siguientes autoridades responsables, en su denominación correcta, por así haberlo manifestado al rendir informe justificado: Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora. Ciudad. (en atención al oficio 20565/2021). Foja 39. Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente. (en atención al oficio 20566/2021). Foja 58. Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur. (en atención al oficio 20567/2021). Fojas 44 a 46. Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte. (en atención al oficio 20568/2021). Fojas 48 a 50. Jefe de Causas y Atención Ciudadana del Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno. Ciudad. (en atención al oficio 20569/2021). Foja 57. Juez Encargado del Trámite de la Unidad de Gestión Judicial Uno del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México. (en atención al oficio 20570/2021). Fojas 64 y 65. Juez Encargado del Trámite de la Unidad de Gestión Judicial Dos del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México. (en atención al oficio 20571/2021). Fojas 66 y 67. Juez Encargado del Trámite de la Unidad de Gestión Judicial Tres del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México. (en atención al oficio 20572/2021). Foja 68. Juez Encargado del Trámite de la Unidad de Gestión Judicial Cuatro del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México. (en atención al oficio 20573/2021). Foja 69 y 70. Juez Encargado del Trámite de la Unidad de Gestión Judicial Cinco del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México. (en atención al oficio 20574/2021). Fojas 71 y 72. Juez Encargado del Trámite de la Unidad de Gestión Judicial Siete del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México. (en atención al oficio 20576/2021). Foja 73. Juez Encargado del Trámite de la Unidad de Gestión Judicial Ocho del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México. (en atención al oficio 20577/2021). Fojas 74 y 75. Juez Encargado del Trámite de la Unidad de Gestión Judicial Nueve del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México. (en atención al oficio 20578/2021). Fojas 77 y 78. Juez Encargado del Trámite de la Unidad de Gestión Judicial Once del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México. (en atención al oficio 20580/2021). Foja 79. Juez Encargado del Trámite de la Unidad de Gestión Judicial Doce del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México. (en atención al oficio 20581/2021). Fojas 80 y 81. Director General de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. Ciudad. (en atención al oficio 20583/2021). Foja 41. Jefe General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México. (en atención al oficio 20584/2021). Foja 93. 7. Ahora, la parte quejosa no aportó pruebas que corroboraran las aseveraciones planteadas en su demanda de amparo, ni desvirtuaran las negativas formuladas por las autoridades; lo que ineludiblemente lleva a concluir la inexistencia de los actos reclamados. 8. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." 9. De igual manera, resulta aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." 10. En las relatadas condiciones, al ser inexistentes los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en el apartado que antecede, deberá decretarse el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, en términos de lo establecido en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. IV. Certeza de los actos reclamados 11. Por otra parte, el juez encargado del Trámite de la Unidad de Gestión Judicial Seis del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México y el juez encargado del Trámite de la Unidad de Gestión Judicial Diez del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México, fueron omisos en rendir su respectivo informe justificado, no obstante encontrarse debidamente notificados mediante oficios 20575/2021 y 2579/2021 de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, como se advierte de las constancias que obran en autos; por ende, en términos de lo establecido en el artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, en el caso se actualiza la presunción de certeza de los actos precisados en el apartado 5 del considerando II del presente fallo. 12. Certeza que debe hacerse extensiva al acto de ejecución atribuido a la autoridad responsable ejecutora jefe Regional de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Sonora, de esta ciudad, pues no obstante haberlo negado, al presumirse ciertos los actos de los jueces apenas mencionados, es claro que el consistente en la ejecución de aquel debe tenerse por cierto. Análisis de fondo 13. Es infundado el concepto de violación expuesto por el quejoso en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, de la Ley de Amparo, dado la naturaleza de los actos en estudio. 14. Sin que sea necesario para su estudio transcribir el concepto de violación esgrimido, pues no existe precepto legal que obligue al juzgador a ello; además, tal circunstancia no deja en estado de indefensión al quejoso, al no privarle de la oportunidad para recurrir esta sentencia y alegar lo que estimare pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. 15. Así, el quejoso aduce esencialmente respecto de los actos reclamados que los mismos violan en su perjuicio los derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no ha cometido ninguna conducta que se ubique en algún delito. 16. Ahora, previo a examinar el aludido concepto de violación, analizado aún en suplencia de la queja, se impone acudir a ciertos aspectos generales que giran en torno a la interpretación del artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. 17. Así, cabe destacar que lo relativo a la obligación oficiosa del Juez de Distrito de recabar pruebas o actuaciones procesales que no obren en el expediente, para demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, prevista en el diverso numeral 75, párrafo tercero, del mismo cuerpo legal, no emerge en el caso justiciable, merced a que, esta hipótesis únicamente surge cuando la autoridad responsable ya rindió su informe con justificación y las constancias relativas se estiman necesarias para la emisión de la sentencia constitucional; sin embargo, cuando la autoridad es omisa y el acto reclamado a ella, no es en sí mismo violatorio de derechos fundamentales, no tiene aplicación el precitado dispositivo legal, pues en esos casos debe aplicarse el numeral 117, conforme al cual, corresponde a la parte quejosa demostrar que el acto reclamado es inconstitucional. 18. Retomando el análisis del artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, atinente a la presunción de certeza del acto reclamado, se advierten dos hipótesis distintas, a saber: El acto reclamado sea inconstitucional en sí mismo, en cuyo caso, la parte quejosa queda relevada de probar lo que resulta evidente: su inconstitucionalidad; y El acto reclamado no sea inconstitucional en sí mismo, en este supuesto, la parte impetrante se encuentra obligada a demostrar que el actuar de la autoridad es contrario a las normas elementales constitucionales, por lo que tal actuar le depara un daño o perjuicio judicial tutelado. 19. Para entender cuándo se está en alguno de los supuestos antes destacados se hace necesario precisar que la inconstitucionalidad o no, a la que el artículo analizado alude, entraña entender, si la autoridad señalada como responsable, conforme a la legislación a ella aplicable, puede o no actuar en los términos que se le reclaman; es decir, sopesar si la emisión de la actuación controvertida cumple el principio elemental de legalidad, el cual, en tratándose de órganos gubernamentales, se traduce en la posibilidad de hacer únicamente lo que la ley les permite hacer. 20. De tal suerte que ante la presunción de certeza de un acto reclamado, a una potestad que no rindió su informe, para determinar si aquél tiene la calidad de inconstitucional (en sí mismo), deberá analizarse si la legislación que regula a esa autoridad, le faculta o no para actuar en los términos que lo hizo. 21. Así, en el supuesto de que la normatividad aplicable no le permita actuar como lo hizo, la inconstitucionalidad del acto reclamado será manifiesta; y, en caso contrario, esto es, de tener facultades para actuar en los términos reclamados, será necesario que el quejoso aporte elementos de prueba para evidenciar que el ejercicio de la facultad concedida por la ley es contraria a los principios mínimos de legalidad, y así estar en posibilidad de concederle la protección constitucional. 22. En el caso concreto, los actos reclamados consisten en una orden de aprehensión, detención y comparecencia, que se tuvieron por presuntamente ciertos, ante la omisión de las autoridades responsables que han quedado precisadas con anterioridad, los cuales, son actos que la legislación les permite realizar a los jueces que fueron omisos, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que la propia legislación le exige; en el caso concreto, conforme a lo previsto por el artículo 16, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 23. En ese orden argumentativo, los actos reclamados de trato, constituyen una actuación que válidamente puede efectuar los jueces señalados como responsables (omisos en rendir el informe justificado), como en el caso acontece; de ahí que su actuar no pueda ser catalogado como inconstitucional en sí mismo, en los términos del artículo 117, párrafo tercero, ya analizado en los párrafos precedentes. VI. Decisión 24. En consecuencia, al ser inexistentes los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en el apartado III, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, en términos de lo establecido en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. 25. Por otra parte, en relación con los actos catalogados como presuntivamente ciertos, enunciados en el apartado IV, no puede estimarse que sean en sí mismos, violatorios de derechos fundamentales, porque: i) la legislación aplicable, esto es, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevén la posibilidad de que las responsables actúe en los términos reclamados; y ii) el quejoso no probó y/o preparó pruebas, a efecto de que este órgano jurisdiccional pudiera obtenerlas, para poder realizar el estudio de su constitucionalidad o no, aún en suplencia de la queja en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por lo que, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal instado. 26. Negativa que se hace extensiva a la autoridad ejecutora jefe Regional de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Sonora, de esta ciudad, en identidad argumentativa, al haber sido impugnado como consecuencia del acto primigenio y no por vicios propios. VII. Resuelve Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Antonio Gutiérrez Camarena, respecto de los actos precisados en el apartado III del presente fallo, por las razones expuestas en el mismo. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Antonio Gutiérrez Camarena, contra los actos y las autoridades precisadas en el considerando IV de este fallo, por las razones expuestas en el diverso V. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Jvr
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintiséis de enero de dos mil veintidós. Informe justificado. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio suscrito por la autoridad responsable jefe General de la Policía de investigación de la Fiscalía General de Justicia, con sede en Ciudad de México, por medio del cual rinde informe justificado; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe de ley y dese vista a las partes con su contenido. Delegados y Domicilio. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas que refieren en sus informes y como domicilio para recibir notificaciones los indicados en los oficios que se atienden. Notifíquese. Así lo acordó y firma Juan de Dios Velasco Romero, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargado del despacho por vacaciones del titular, conforme al artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en relación con el artículo transitorio tercero del "Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley Federal de Defensoría Pública; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles", autorizado en términos del oficio CCJ/ST/0047/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
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