ANTONIO LOPEZ MERINO y Otros.
Expediente 1128/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 15 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1128/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 02/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- ANTONIO LOPEZ MERINO y Otros.
- Antonio Lopez Merino
- Ismael Huerta Garrido
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dos de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el veintiséis de abril de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del ocho al veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable Encargado del Despacho de la Delegación Estatal en Puebla de la Procuraduría General de la República, en apoyo a su informe justificado, devuélvasele el anexo I, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo. Apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Finalmente, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de abril de dos mil diecisiete. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de cuatro de abril de dos mil diecisiete, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. En principio, es necesario indicar que mediante sentencia dictada el treinta de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 93 a 101), el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, resolvió conceder al amparo a los quejosos Antonio López Merino e Ismael Huerta Garrido, para los efectos siguientes: "(...) NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo para el efecto de la autoridad responsable realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el oficio FED/PUE/PBL/0002845/2015, de cuatro de julio de dos mil quince (fojas 80 a 84 del juicio de amparo), y con plenitud de jurisdicción, dicte otro en el que explique pormenorizadamente, porque no aplican, en el caso, para la devolución de los vehículos relacionados a la carpeta de investigación C.I.FED/PUE/PBL/0002845/2015, los artículos 245, 246 y 328 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como porque sí aplica el diverso ordinal 239, fracción II, y 327, fracción V, del mismo código, para lo cual debe exponer las causas, motivos y circunstancias que apoyen su consideración, de manera que permita una defensa adecuada y completa a los ahora quejosos; pues de las constancias de autos se advierte que el hecho por el cual se vinculó a proceso a las personas involucradas, fue por los constitutivos de robo en la modalidad de posesión ilícita de hidrocarburo, previsto y sancionado por el artículo 368, Quáter, fracción I, párrafo tercero, del Código Penal Federal, dentro de la causa penal PUE/345/2015, hecho respecto del cual por determinación de veinte de abril de dos mil dieciséis (fojas 340 a 342 del tomo de pruebas), se declaró el sobreseimiento total del proceso, resolución en la que se ordenó hacer cesar todas las medidas cautelares que se decretaron en el mismo, por lo que dentro de la citada causa penal no se advierte que haya quedado alguna investigación pendiente en relación al delito por el que se inició proceso; en todo caso, para actuar en la manera en que lo hizo la responsable debe existir por separado otro hecho posiblemente delictivo vigente en otra carpeta de investigación y no dentro de la misma, en la que como se dijo, se declaró el sobreseimiento total del proceso. (.)" Inconforme con dicha sentencia, la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado de Distrito interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro del amparo en revisión 378/2016; tribunal de alzada que el dos de febrero pasado decidió confirmar la sentencia recurrida y amparar a la parte quejosa para los efectos que se precisaron en la sentencia recurrida (fojas 194 a 223). En virtud de lo anterior, por acuerdo dictado el diecisiete de febrero de dos mil diecisiete (fojas 224 a 226), este órgano jurisdiccional requirió a las autoridades responsables 1. Encargado del Despacho de la Delegación Estatal en Puebla de la Procuraduría General de la República y 2. Agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Agencia Primera investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación el cumplimiento a la referida ejecutoria de amparo. Así las cosas, las referidas autoridades responsables, mediante oficios FAPST/534/2017 y AMPF/016/2017 (fojas 235 a 248), remitieron copia certificada de la resolución dictada el veintidós de febrero de dos mil diecisiete, dentro de la carpeta de investigación FED/PUE/PBL/0002845/2015, en la que en pretendido acatamiento a la ejecutoria de amparo, se realizó lo siguiente: 1) Dejó sin efecto el oficio FAPST/1401-1/2015 de cuatro de julio de dos mil dieciséis; y, 2) Decidió no levantar el aseguramiento de los vehículos afectos y ordenar al Agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Agencia Primera investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación remitir al Fiscal General del Estado de Puebla (denominación correcta) un desglose de la carpeta de investigación de origen, a fin de que realizara una investigación sobre los hechos probablemente constitutivos del delito previsto en el artículo 253 bis del Código Penal del Estado de Puebla. Sin embargo, al no ajustarse tal decisión a las consideraciones y efectos establecidos en la sentencia de amparo, dictada el treinta de septiembre de dos mil dieciséis, la cual fue confirmada por el Tribunal de Alzada, esta autoridad en auto de quince de marzo de dos mil diecisiete requirió nuevamente su cumplimiento a las autoridades responsables (fojas 261 a 267). Así las cosas, por oficio FAPST/850/2017 de veintidós de marzo de dos mil diecisiete (fojas 278 a 281), el Encargado de la Delegación Estatal en Puebla de la Procurador General de la República, remitió copia para conocimiento del diverso oficio FAPST/828/2017 de veinte de marzo del mismo año, dirigido al Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Primera Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación mediante el cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: -Dejó sin efectos la resolución dictada el veintidós de febrero de dos mil diecisiete, dentro de la carpeta de investigación FED/PUE/PBL/0002845/2015, con la que se pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; -Dejó sin efectos el oficio FAPST/1401-1/2016 de cuatro de julio de dos mil dieciséis, así como la resolución que contiene (acto reclamado), dictados dentro de la misma carpeta de investigación; y, -Con plenitud de jurisdicción que le fue concedida, ordenó al referido fiscal establezca la devolución de los vehículos afectos a sus legítimos propietarios, ello al no existir investigación pendiente vigente al momento de la comisión del delito de robo de hidrocarburo, en su modalidad de posesión simple, que dio origen a la carpeta de investigación FED/PUE/PBL/0002845/2015, y que se encuentren en investigación en carpetas diversas, tal como lo exige el numeral 239 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así, por oficio AMPF/030/2017 de treinta de marzo de dos mil diecisiete (fojas 290 a 293), el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Primera Investigadora Puebla de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Puebla, remitió copia para conocimiento de los oficios I-810/2017 y I-811/2017 dirigidos al representante del Servicio de Grúas Annavi, por medio de los cuales le ordena devuelva los vehículos afectos a Ismael Huerta Merino, quien acreditó ser el legítimo propietario de los mismos. Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de abril de dos mil diecisiete. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de cuatro de abril de dos mil diecisiete, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. En principio, es necesario indicar que mediante sentencia dictada el treinta de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 93 a 101), el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, resolvió conceder al amparo a los quejosos Antonio López Merino e Ismael Huerta Garrido, para los efectos siguientes: "(...) NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo para el efecto de la autoridad responsable realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el oficio FED/PUE/PBL/0002845/2015, de cuatro de julio de dos mil quince (fojas 80 a 84 del juicio de amparo), y con plenitud de jurisdicción, dicte otro en el que explique pormenorizadamente, porque no aplican, en el caso, para la devolución de los vehículos relacionados a la carpeta de investigación C.I.FED/PUE/PBL/0002845/2015, los artículos 245, 246 y 328 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como porque sí aplica el diverso ordinal 239, fracción II, y 327, fracción V, del mismo código, para lo cual debe exponer las causas, motivos y circunstancias que apoyen su consideración, de manera que permita una defensa adecuada y completa a los ahora quejosos; pues de las constancias de autos se advierte que el hecho por el cual se vinculó a proceso a las personas involucradas, fue por los constitutivos de robo en la modalidad de posesión ilícita de hidrocarburo, previsto y sancionado por el artículo 368, Quáter, fracción I, párrafo tercero, del Código Penal Federal, dentro de la causa penal PUE/345/2015, hecho respecto del cual por determinación de veinte de abril de dos mil dieciséis (fojas 340 a 342 del tomo de pruebas), se declaró el sobreseimiento total del proceso, resolución en la que se ordenó hacer cesar todas las medidas cautelares que se decretaron en el mismo, por lo que dentro de la citada causa penal no se advierte que haya quedado alguna investigación pendiente en relación al delito por el que se inició proceso; en todo caso, para actuar en la manera en que lo hizo la responsable debe existir por separado otro hecho posiblemente delictivo vigente en otra carpeta de investigación y no dentro de la misma, en la que como se dijo, se declaró el sobreseimiento total del proceso. (.)" Inconforme con dicha sentencia, la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado de Distrito interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro del amparo en revisión 378/2016; tribunal de alzada que el dos de febrero pasado decidió confirmar la sentencia recurrida y amparar a la parte quejosa para los efectos que se precisaron en la sentencia recurrida (fojas 194 a 223). En virtud de lo anterior, por acuerdo dictado el diecisiete de febrero de dos mil diecisiete (fojas 224 a 226), este órgano jurisdiccional requirió a las autoridades responsables 1. Encargado del Despacho de la Delegación Estatal en Puebla de la Procuraduría General de la República y 2. Agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Agencia Primera investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación el cumplimiento a la referida ejecutoria de amparo. Así las cosas, las referidas autoridades responsables, mediante oficios FAPST/534/2017 y AMPF/016/2017 (fojas 235 a 248), remitieron copia certificada de la resolución dictada el veintidós de febrero de dos mil diecisiete, dentro de la carpeta de investigación FED/PUE/PBL/0002845/2015, en la que en pretendido acatamiento a la ejecutoria de amparo, se realizó lo siguiente: 1) Dejó sin efecto el oficio FAPST/1401-1/2015 de cuatro de julio de dos mil dieciséis; y, 2) Decidió no levantar el aseguramiento de los vehículos afectos y ordenar al Agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Agencia Primera investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación remitir al Fiscal General del Estado de Puebla (denominación correcta) un desglose de la carpeta de investigación de origen, a fin de que realizara una investigación sobre los hechos probablemente constitutivos del delito previsto en el artículo 253 bis del Código Penal del Estado de Puebla. Sin embargo, al no ajustarse tal decisión a las consideraciones y efectos establecidos en la sentencia de amparo, dictada el treinta de septiembre de dos mil dieciséis, la cual fue confirmada por el Tribunal de Alzada, esta autoridad en auto de quince de marzo de dos mil diecisiete requirió nuevamente su cumplimiento a las autoridades responsables (fojas 261 a 267). Así las cosas, por oficio FAPST/850/2017 de veintidós de marzo de dos mil diecisiete (fojas 278 a 281), el Encargado de la Delegación Estatal en Puebla de la Procurador General de la República, remitió copia para conocimiento del diverso oficio FAPST/828/2017 de veinte de marzo del mismo año, dirigido al Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Primera Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación mediante el cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: -Dejó sin efectos la resolución dictada el veintidós de febrero de dos mil diecisiete, dentro de la carpeta de investigación FED/PUE/PBL/0002845/2015, con la que se pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; -Dejó sin efectos el oficio FAPST/1401-1/2016 de cuatro de julio de dos mil dieciséis, así como la resolución que contiene (acto reclamado), dictados dentro de la misma carpeta de investigación; y, -Con plenitud de jurisdicción que le fue concedida, ordenó al referido fiscal establezca la devolución de los vehículos afectos a sus legítimos propietarios, ello al no existir investigación pendiente vigente al momento de la comisión del delito de robo de hidrocarburo, en su modalidad de posesión simple, que dio origen a la carpeta de investigación FED/PUE/PBL/0002845/2015, y que se encuentren en investigación en carpetas diversas, tal como lo exige el numeral 239 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así, por oficio AMPF/030/2017 de treinta de marzo de dos mil diecisiete (fojas 290 a 293), el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Primera Investigadora Puebla de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Puebla, remitió copia para conocimiento de los oficios I-810/2017 y I-811/2017 dirigidos al representante del Servicio de Grúas Annavi, por medio de los cuales le ordena devuelva los vehículos afectos a Ismael Huerta Merino, quien acreditó ser el legítimo propietario de los mismos. Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Primera Investigadora Puebla de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Puebla y anexo, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber desahogado el requerimiento formulado en auto de veinticuatro de marzo pasado y por ende haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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