ANTONIO MACIAS ESCOBAR y Otros.

Expediente 685/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 16 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
685/2016
Año
2016
Actuaciones
16
Última actuación
28/09/2016

Partes del expediente

  • ANTONIO MACIAS ESCOBAR y Otros.
  • Isidoro Cruz Varela
  • Antonio Macias Escobar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. (SE PUBLICA POR LISTA AVISO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis. Visto, el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes mediante proveído de nueve de septiembre de dos mil dieciséis, para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, no así respecto del aquí quejoso, quien desahogó la vista que le fuera dada mediante escrito presentado ante este juzgado el doce de septiembre de dos mil dieciséis. Atento a lo anterior, aun cuando no ha transcurrido dicho término en lo que se refiere a la parte quejosa, tomando en cuenta que ésta ya dio contestación a la referida vista, a nada práctico conduciría esperar a que fenezca el término que le fue concedido, si ya se impuso de autos y se manifestó al respecto. Consecuentemente se procede analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veintiuno de junio de dos mil dieciséis (fojas 43 a 63), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa Isidoro Cruz Varela, para el efecto de que el juez responsable realizara lo siguiente: "1. Deje sin efectos el auto que dictó el veintiuno de abril de dos mil dieciséis, únicamente en la parte que fijó los montos para que el aquí quejoso pudiera gozar del beneficio de su libertad provisional bajo caución, dentro de la causa penal 509/2015 del índice de la responsable. 2. Dicte un nuevo acuerdo en el que purgue los vicios formales destacados, siguiendo los lineamientos precisados en la presente resolución, y con plenitud de jurisdicción, bajo su más estricta responsabilidad, resuelva lo procedente conforme a derecho." (fojas 63 y 63 vuelta). Dicha sentencia causó ejecutoria el ocho de julio de dos mil dieciséis, por lo que se solicitó el cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 78 a 81). Ahora bien, mediante oficio 8226 de trece de julio de dos mil dieciséis (fojas 92 y 93), la autoridad responsable Juez de lo Penal de San Pedro Cholula, Puebla, remitió inserta la resolución de esa misma fecha dictada en los autos de la causa penal 509/2015 de su índice, en la cual, siguiendo los lineamientos de la sentencia amparadora realizó lo siguiente: Dejó sin efectos la resolución reclamada de veintiuno de abril de dos mil dieciséis, únicamente en la parte en que fijó los montos para que el aquí quejoso pudiera gozar del beneficio de su libertad provisional bajo caución; Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, pronunció una nueva resolución en la que realizó el estudio de la naturaleza, modalidades y circunstancias de los delitos, las características del inculpado (condiciones personales y económicas) la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo, los daños y perjuicios causados a los ofendidos, así como la sanción pecuniaria que, en su caso, pudiera imponérsele y las probanzas con las cuales sustentó su determinación; asimismo, estableció la temporalidad del delito y las operaciones aritméticas con las cuales obtuvo los montos fijados. Mediante diverso oficio 8919 de dos de agosto de dos mil dieciséis, el juez responsable estableció la forma en que sería devuelto al inconforme el excedente de la suma que había exhibido para obtener su libertad provisional bajo caución, por la cantidad de $85,072.50 (ochenta y cinco mil setenta y dos pesos con cincuenta centavos moneda nacional), ordenando girar oficio al Jefe del Departamento de Depósitos, Fianzas y Multas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, para que procediera la devolución al aquí quejoso (foja 117). Por oficio 9063 de nueve de agosto de dos mil dieciséis, dicho juzgador remitió a esta autoridad copia certificada del acuse de recibo del diverso oficio 8920 girado al Jefe del Departamento de Depósitos, Fianzas y Multas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (foja 129). A través del oficio 9198 de doce de agosto de dos mil dieciséis, el juez responsable envió a este órgano jurisdiccional la constancia de notificación del aquí quejoso del proveído de dos de agosto de dos mil dieciséis (foja 145 vuelta). No obstante a lo anterior, mediante proveído de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis (fojas 163 a 167), esta autoridad consideró que la ejecutoria amparadora no se encontraba cumplida al no advertirse que efectivamente el Jefe del Departamento de Depósitos, Fianzas y Multas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla le hubiera devuelto al aquí quejoso el excedente de la suma que exhibió ante el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, para obtener su libertad provisional bajo caución, situación por la cual una vez más se le requirió para que diera cabal cumplimiento a la sentencia de mérito. Así, mediante oficio S.A. 7384 de siete de septiembre de dos mil dieciséis, la Jefa del Departamento de Depósitos, Fianzas y Multas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, informó lo siguiente: ".le comunico que, en seis de septiembre del año en curso, el quejoso Isidoro Cruz Varela, recibió los cheques 0002712 y 0002713 de la institución de crédito BBVA Bancomer, por la cantidad de 3,322.50 (TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS PESOS, CINCUENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL) y 81,750.00 (OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL) respectivamente, lo que hago de su conocimiento para los fines legales a que haya lugar, anexando las copias certificadas que así lo justifican." (foja 247). Y, anexó copia certificada de los documentos con lo que se acredita lo anterior, esto es, que efectivamente el quejoso Isidoro Cruz Varela, recibió los cheques 0002712 y 0002713 de la institución de crédito BBVA Bancomer, por la cantidad de 3,322.50 (TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS PESOS, CINCUENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL) y 81,750.00 (OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL) respectivamente (fojas 249 a 278). Dichas constancias son documentos públicos que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este expediente de un asunto concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis. Visto, el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes mediante proveído de nueve de septiembre de dos mil dieciséis, para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, no así respecto del aquí quejoso, quien desahogó la vista que le fuera dada mediante escrito presentado ante este juzgado el doce de septiembre de dos mil dieciséis. Atento a lo anterior, aun cuando no ha transcurrido dicho término en lo que se refiere a la parte quejosa, tomando en cuenta que ésta ya dio contestación a la referida vista, a nada práctico conduciría esperar a que fenezca el término que le fue concedido, si ya se impuso de autos y se manifestó al respecto. Consecuentemente se procede analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veintiuno de junio de dos mil dieciséis (fojas 43 a 63), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa Isidoro Cruz Varela, para el efecto de que el juez responsable realizara lo siguiente: "1. Deje sin efectos el auto que dictó el veintiuno de abril de dos mil dieciséis, únicamente en la parte que fijó los montos para que el aquí quejoso pudiera gozar del beneficio de su libertad provisional bajo caución, dentro de la causa penal 509/2015 del índice de la responsable. 2. Dicte un nuevo acuerdo en el que purgue los vicios formales destacados, siguiendo los lineamientos precisados en la presente resolución, y con plenitud de jurisdicción, bajo su más estricta responsabilidad, resuelva lo procedente conforme a derecho." (fojas 63 y 63 vuelta). Dicha sentencia causó ejecutoria el ocho de julio de dos mil dieciséis, por lo que se solicitó el cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 78 a 81). Ahora bien, mediante oficio 8226 de trece de julio de dos mil dieciséis (fojas 92 y 93), la autoridad responsable Juez de lo Penal de San Pedro Cholula, Puebla, remitió inserta la resolución de esa misma fecha dictada en los autos de la causa penal 509/2015 de su índice, en la cual, siguiendo los lineamientos de la sentencia amparadora realizó lo siguiente: Dejó sin efectos la resolución reclamada de veintiuno de abril de dos mil dieciséis, únicamente en la parte en que fijó los montos para que el aquí quejoso pudiera gozar del beneficio de su libertad provisional bajo caución; Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, pronunció una nueva resolución en la que realizó el estudio de la naturaleza, modalidades y circunstancias de los delitos, las características del inculpado (condiciones personales y económicas) la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo, los daños y perjuicios causados a los ofendidos, así como la sanción pecuniaria que, en su caso, pudiera imponérsele y las probanzas con las cuales sustentó su determinación; asimismo, estableció la temporalidad del delito y las operaciones aritméticas con las cuales obtuvo los montos fijados. Mediante diverso oficio 8919 de dos de agosto de dos mil dieciséis, el juez responsable estableció la forma en que sería devuelto al inconforme el excedente de la suma que había exhibido para obtener su libertad provisional bajo caución, por la cantidad de $85,072.50 (ochenta y cinco mil setenta y dos pesos con cincuenta centavos moneda nacional), ordenando girar oficio al Jefe del Departamento de Depósitos, Fianzas y Multas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, para que procediera la devolución al aquí quejoso (foja 117). Por oficio 9063 de nueve de agosto de dos mil dieciséis, dicho juzgador remitió a esta autoridad copia certificada del acuse de recibo del diverso oficio 8920 girado al Jefe del Departamento de Depósitos, Fianzas y Multas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (foja 129). A través del oficio 9198 de doce de agosto de dos mil dieciséis, el juez responsable envió a este órgano jurisdiccional la constancia de notificación del aquí quejoso del proveído de dos de agosto de dos mil dieciséis (foja 145 vuelta). No obstante a lo anterior, mediante proveído de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis (fojas 163 a 167), esta autoridad consideró que la ejecutoria amparadora no se encontraba cumplida al no advertirse que efectivamente el Jefe del Departamento de Depósitos, Fianzas y Multas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla le hubiera devuelto al aquí quejoso el excedente de la suma que exhibió ante el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, para obtener su libertad provisional bajo caución, situación por la cual una vez más se le requirió para que diera cabal cumplimiento a la sentencia de mérito. Así, mediante oficio S.A. 7384 de siete de septiembre de dos mil dieciséis, la Jefa del Departamento de Depósitos, Fianzas y Multas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, informó lo siguiente: ".le comunico que, en seis de septiembre del año en curso, el quejoso Isidoro Cruz Varela, recibió los cheques 0002712 y 0002713 de la institución de crédito BBVA Bancomer, por la cantidad de 3,322.50 (TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS PESOS, CINCUENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL) y 81,750.00 (OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL) respectivamente, lo que hago de su conocimiento para los fines legales a que haya lugar, anexando las copias certificadas que así lo justifican." (foja 247). Y, anexó copia certificada de los documentos con lo que se acredita lo anterior, esto es, que efectivamente el quejoso Isidoro Cruz Varela, recibió los cheques 0002712 y 0002713 de la institución de crédito BBVA Bancomer, por la cantidad de 3,322.50 (TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS PESOS, CINCUENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL) y 81,750.00 (OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL) respectivamente (fojas 249 a 278). Dichas constancias son documentos públicos que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este expediente de un asunto concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los presentes autos el oficio del Secretario Adjunto del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y, en atención a su contenido, téngasele informando las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo en su calidad de superior jerárquico de la Jefa del Departamento de Depósitos, Fianzas y Multas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla; sin que haya lugar a realizar mayor proveído al respecto, toda vez que por auto de nueve de septiembre pasado, se dió vista con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Por otro lado, agréguese a sus autos el diverso oficio signado por la Jefa del Departamento de Depósitos, Fianzas y Multas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y, en atención a su contenido, téngasele informando, el cumplimiento dado a la ejecutoria amparadora; sin que haya lugar a realizar mayor proveído al respecto, toda vez que por auto de nueve de septiembre pasado, se dió vista con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Finalmente, agréguese a los autos el escrito de Antonio Macías Escobar defensor particular del quejoso, por medio del cual en cumplimiento al auto de siete de septiembre pasado, informa a esta autoridad que recibió los cheques 0002712 y 0002713 a su favor por concepto de devolución del excedente de la suma que exhibió ante el juez responsable; de lo que toma conocimiento la suscrita Jueza Federal para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio y anexo signado por la Jefa del Departamento de Depósitos, Fianzas y Multas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."

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