Antonio Josban Ariza Velazquez

Expediente 627/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
627/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
11/10/2022

Partes del expediente

  • Antonio Josban Ariza Velazquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación con la que se da cuenta, de la que se advierte que el nueve de agosto de dos mil veintidós, se ordenó el archivo del presente juicio de amparo, en donde se indicó que, por lo que toca al original del incidente de suspensión, en donde se había concedido la suspensión provisional y negado la definitiva, se calificó como susceptible de depuración, después de haber trascurrido tres años; sin embargo, atento que tanto el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de 25 de marzo de 2020, como el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de 26 de agosto de 2020, son considerados normativa oficial, en virtud de que ambos fueron aprobados por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, como se puede constatar en la página 8 del citado Manual, se provee lo siguiente: Si bien, en el artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General de 25 de marzo de 2020, ya citado, se señala que será depurable el incidente de suspensión cuando la medida cautelar se haya concedido, ya sea la provisional, definitiva o ambas; debemos tomar en cuenta que la suspensión provisional es aquélla que se resuelve con la sola presentación de la demanda de amparo, cuya procedencia apriorística nace de una urgencia y de otorgarse, tiene por efecto que las cosas se mantengan en el estado que guardan, sin que se haga un estudio de fondo de la materia controvertida en el proceso principal; lo que sí ocurre cuando se concede la suspensión definitiva. Es por ello, que en el Capítulo 7, en particular en el apartado 7.5 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de 26 de agosto de 2020, se acota esta particularidad, precisando que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. En consecuencia, en cuanto a los autos ORIGINALES del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la suspensión provisional y SE NEGÓ LA DEFINITIVA, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General de 25 de Marzo de 2020, así como en el Capítulo 7, apartado 7.5.2 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de 26 de agosto de 2020, al haberse concedido la suspensión provisional, pero negado la definitiva, es susceptible de destrucción, transcurridos tres años, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Y, por lo que respecta al DUPLICADO del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General en cita, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes incidentales, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; por lista a las demás partes; y, cúmplase.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia de veinte de julio de dos mil veintidós, que sobreseyó en el presente juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea el caso requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que concedió y negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar la anterior valoración en las carátulas de los expedientes físicos, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables; y, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  3. Principal

    V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 627/2022, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Antonio Josban Ariza Velázquez, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O Primero. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el catorce de junio de dos mil veintidós, electrónicamente, ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, Antonio Josban Ariza Velázquez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes:" (.) AUTORIDADES RESPONSABLES. - las Juezas y Jueces de Control de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Centro con sede en el Centro de Justicia Penal de la Ciudad de Puebla; ADRIANA DE LOURDES MARTÍNEZ JIMÉNEZ, ENRIQUE LÓPEZ CRIOLLO, ÁARON HERNÁNDEZ CHINO, ROSALVA ELENA ZARATE HERRERA, MARIO CORTÉS ALDAMA, ROSA AURORA ESPEJEL PRADO, MARÍA GUADALUPE MUÑOZ PÉREZ, MAGALLY ESCAMILLA RODRÍGUEZ, ANA ALICIA PONCE FRÍAS, ROSARIO IVONNE RIVERA CALZADA, BET NIMRA PÉREZ HERNÁNDEZ, KARLA IVONNE MUNGUÍA OLMOS, ISAI LÓPEZ RIVAS. En su carácter de Autoridades Responsables Ejecutoras lo son: Director de la Agencia Estatal de Investigación. ACTO RECLAMADO.- A la Juezas y Jueces de Control de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Centro con sede en el Centro de Justicia Penal de la Ciudad de Puebla, les reclamo; La orden de búsqueda aprehensión y detención que han dictado en contra. En cuanto al Director de la Agencia estatal de investigación y elementos a su cargo, les reclamo; la ejecución de la orden emitida por el Juzgador señalado como responsable, con cuya ejecución no solo pueda ser privado de la libertad, sino que también pueda ser dañada mi integridad física..)" La parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, narró los antecedentes del caso; formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales. Segundo. Radicación de la demanda, prevención, admisión y trámite. Por tanto, en auto de dieciséis de junio de dos mil veintidós (fojas 4 a 8), se radicó la demanda con el juicio de amparo indirecto número 627/2022. En el mismo proveído, se previno a la parte quejosa para que realizara lo siguiente:"(.) PREVENCIÓN. Ahora bien, a efecto de acordar sobre su admisión, si en el caso procede o no, con fundamento en lo establecido por los artículos 108, fracción V y 114, fracciones I y II de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, dé cumplimiento a lo siguiente: ÚNICO. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, PRECISE LA FECHA EXACTA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LOS ACTOS QUE POR ESTA VÍA RECLAMA."(.)." Así, por escrito presentado el diecisiete de junio de dos mil veintidós (foja 10), la parte quejosa manifestó lo siguiente:"(.) Que por medio del presente escrito y derivado de la prevención hecho por su Señoría mediante acuerdo de fecha dieciséis de junio del año en curso, vengo a manifestar lo siguiente: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la fecha exacta que el suscrito tuvo conocimiento de los actos fue el día 14 de junio del año dos mil veintidós, es decir el día de la presentación de la presente demanda; se manifiesta lo anterior para los efectos legales a los que haya lugar.(.)" Con motivo de lo anterior, en proveído de veinte de junio de dos mil veintidós (fojas 11 a 14), se tuvo al quejoso Antonio Josban Ariza Velázquez, dando cumplimiento al requerimiento efectuado el dieciséis de junio del año en curso. En el mismo proveído, se admitió a trámite por los actos reclamados consistentes en las órdenes de busca, aprehensión y detención libradas en contra del aquí quejoso; y, su ejecución, formándose por separado y duplicado incidente de suspensión, se requirió el informe justificado a las autoridades responsables, y se le dio la intervención que legalmente le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 18). Tercero. Cita para audiencia. En auto de veinte de junio de dos mil veintidós (fojas 11 a 14), se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual, en sus fases de pruebas y alegatos, consta en los términos del acta que antecede y culmina con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades en materia penal con ejecución dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que, los actos reclamados en esta instancia constitucional consisten en:-Las órdenes de busca, aprehensión y detención libradas en contra del aquí quejoso; y,- Su ejecución. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo, primeramente, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan y, por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." La parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando segundo de esta sentencia- a las autoridades responsables siguientes: No. de orden Autoridad responsable Sentido del informe 1 A 13 Encargado de la Administración General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado - 13. Isaí Rivas López - por sí y en representación de los: Jueces de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla: 1. Adriana de Lourdes Martínez Jiménez, 2. Enrique López Criollo, 3. Aarón Hernández Chino, 4. Rosalva Elena Zárate Herrera, 5. Mario Cortés Aldama, 6. Rosa Aurora Espejel Prado, 7. María Guadalupe Muñoz Pérez, 8. Magally Escamilla Rodríguez, 9. Ana Alicia Ponce Frías, 10. Rosario Ivonne Rivera Calzada, 11. Bet Nimra Pérez Hernández y 12. Karla Ivonne Munguía Olmos. Niega Foja 19 14 Titular de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Niega Foja 30 Las autoridades responsables señaladas, al rendir su informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar tales negativas. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en este juicio. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI. 2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice:"INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Cuarto. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 74 y 75, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Antonio Josban Ariza Velázquez, por propio derecho, contra los actos reclamados y las autoridades responsables precisadas en el considerando tercero de esta resolución. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables; y, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de junio de dos mil veintidós. PEDIMENTO MINISTERIAL. Intégrese a los autos el pedimento del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, donde solicita: 1. Que se le tenga formulando alegatos; 2. Se dicte sentencia en el sentido que se niegue el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, previo análisis; y, 3. Copia de la sentencia correspondiente. Por tanto, con fundamento en los artículos 124 de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, según su artículo 2°; téngasele por hechas las manifestaciones vertidas, vía alegatos; y, en su momento, expídase a su costa copia autorizada de la constancia que indica. -Domicilio. Se hace hincapié que no ha lugar a tener por autorizado el correo electrónico que indica como medio para recibir notificaciones al no encontrarse previsto en la Ley de Amparo; sin embargo, con fundamento en los artículos 1º, fracción I, y 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020, en relación con su similar 18/2020 (este último por cuanto hace a su período de vigencia), ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, téngase dicho medio, únicamente para establecer un contacto en este período de contingencia, sin que ello implique que puedan presentar promociones, ni notificarse por ese medio y solo en casos excepcionales. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa, y por lista a las demás partes, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020.

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