Antonio Gonzalez Romero

Expediente 1285/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 15 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1285/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
28/04/2023

Partes del expediente

  • Antonio Gonzalez Romero
  • Jueza Quinto de Distrito de Amparo En Materia Civil, Administrativa Y del Trabajo Y de Juicios Federales En el Estado de Puebla
  • ANTONIO GONZALEZ ROMERO y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    PUBLICACIÓN DE CITATORIO: EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de trece de abril de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que ninguna de ellas desahogara la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. I. Antecedentes. El treinta de diciembre de dos mil veintidós, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que concedió el amparo al quejoso Antonio González Romero, respecto a la resolución dictada el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 49/2015 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, que declaró infundado el recurso de revocación interpuesto por el citado quejoso, a través de su defensora pública federal, en contra del acuerdo dictado el veintinueve de septiembre del mismo año; por las razones expuestas en el considerando octavo y para los efectos precisados en el considerando noveno de la sentencia. Mediante acuerdo emitido el dieciocho de enero de dos mil veintitrés, dicha sentencia causó ejecutoria; ello, en atención a que no fue recurrida por parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de revisión; por lo que, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable Edna Matus Ulloa, Jueza Quinta de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En auto de tres de febrero del año en curso, se vinculó al cumplimiento del fallo protector a la Subsecretaría de Centros Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, a la Fiscalía General del Estado de Puebla y al Centro Penitenciario de la ciudad de Puebla, en atención a la vista desahogada por la defensora pública federal del aquí quejoso, mediante escrito presentado -de forma electrónica- el dos de febrero de este año ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En proveído de trece de abril del actual, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada con el cumplimiento dado a la ejecutoria, para que manifestaran lo que estimaran conducente, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. II. Análisis de la ejecutoria de amparo. Mediante sentencia dictada el treinta de diciembre de dos mil veintidós, se declaró inconstitucional la resolución dictada el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 49/2015 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, que declaró infundado el recurso de revocación interpuesto por la defensora pública federal del quejoso Antonio González Romero en contra del acuerdo dictado el veintinueve de septiembre del mismo año, por el cual, entre otras cuestiones, no se acordó favorable su solicitud de cancelar los antecedentes penales derivados del referido controvertido penal ni el registro de los datos que obran en el Sistema Nacional de Información Penitenciaria del Sistema Único de Información Criminal a que se refiere la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Lo anterior por encontrarse indebidamente motivada en contravención del artículo 16 Constitucional. Ello se justificó, en lo que interesa, con base en lo siguiente: A. Se determinó que sí resulta correcto aplicar de forma retroactiva, en beneficio del gobernado, el artículo 27, fracción V, de la Ley Nacional de Ejecución Penal -que prevé la prerrogativa de cancelación de los antecedentes penales-, aun y cuando el proceso penal seguido en su contra se hubiere tramitado y resuelto con las reglas del sistema penal tradicional o mixto, vigente antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008. B. Se estimó desajustada a derecho la interpretación que la jueza responsable realizó del citado precepto legal en la resolución reclamada. Para lo cual, este órgano jurisdiccional realizó su propia interpretación y señaló que de dicho numeral se desprendía que la autoridad penitenciaria estaba obligada a mantener una base de datos de personas privadas de la libertad con la información de cada persona que ingresara al sistema penitenciario, de conformidad con lo establecido en el Sistema Único de Información Criminal, definido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. C. Asimismo, se advirtió que ese precepto legal se dividía, esencialmente, en tres secciones: i) la primera, consistente, precisamente, en la base de datos de las personas privadas de la libertad con la información de cada persona que ingresara al sistema penitenciario, que incluye el expediente médico y el expediente único de ejecución -fracciones I, II y III-; ii) la segunda, consistente en los supuestos en los que la constancia relativa a los antecedentes penales se podía extender a diversas autoridades o a diversas personas públicas o privadas -fracción IV-; y, iii) la tercera, consistente en los casos en los que se podía cancelar la constancia de antecedentes penales, la información contenida en la fracción I del propio artículo, así como la registrada en el Sistema Nacional de Información Penitenciaria del Sistema Único de Información Criminal a que se refiere la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. D. En ese tenor, se consideró que la jueza responsable mezcló, de forma equivocada, las referidas secciones, al estimar que cuando el numeral se refería a personas privadas de su libertad era también para la aplicación del beneficio de la cancelación de los antecedentes penales, cuando lo cierto era que se trataba de una referencia para la integración de la base de datos de las personas privadas de la libertad en un procedimiento penal, con la información de cada persona que ingresara al sistema penitenciario, que incluía el expediente médico y el expediente único de ejecución. E. Se dijo que entenderlo de la manera en que lo hizo la autoridad responsable implicaría, por ejemplo, que esa cancelación de antecedentes penales fuera improcedente en el supuesto en el que en la investigación no se hubieren reunido los elementos necesarios para ejercer la acción penal -inciso B) de la fracción V del precepto analizado-, en donde no necesariamente al investigado se le priva de su libertad. O bien, que un procesado que gozó de su libertad provisional bajo caución y que era absuelto en sentencia, no tuviera el derecho a que se le cancelaran los antecedentes penales generados por su formal procesamiento -inciso D) de la fracción V del precepto analizado-. Lo cual, -se precisó- iría en contra del texto literal de la norma, máxime que no se advertía alguna explicación legal para distinguir entre los procesados o sentenciados que estuvieron privados de su libertad con aquéllos que no tuvieron esa condición para negar el análisis de los supuestos de procedencia para la cancelación de los antecedentes penales. F. De igual forma, se agregó que la interpretación de la jueza responsable iría en contra de la intención del legislador al crear la norma. En efecto, se expuso que de la discusión en la Cámara de Senadores del Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, de Derechos Humanos; de Gobernación; y De Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se expidió la Ley Nacional de Ejecución Penal, se apreciaba que uno de los objetivos de la aludida ley nacional era la reinserción social de los reos que hubieren purgado sanciones penales, para que al salir de prisión no se les impidiera el trabajo, la educación o la integración familiar, tomando en cuenta que el requisito que en la mayoría de empleos imponían para contratar a un trabajador, era la carta de no antecedentes penales, lo cual era contraria a los derechos humanos. G. Se destacó que en la causa penal de origen, se ordenó notificar a la autoridad penitenciaria tanto el auto de formal prisión dictado en contra del quejoso como la determinación que tuvo por recibida la ejecutoria de segunda instancia que confirmó la sentencia condenatoria dictada en su contra; información que -se señaló- formó o tuvo que formar parte de la base de datos del sistema penitenciario descrita en el artículo 27 de la multicitada ley nacional; de ahí que, a pesar de que el quejoso estuvo en libertad en la mayor parte de su proceso -pues se verificó que solo estuvo detenido un día-, existía evidencia de la creación de antecedentes penales con motivo de dicho procedimiento. H. Entonces, con base en lo anterior y sin perjuicio de la forma en que el gobernado hubiere enfrentado su proceso penal o si le fue concedido o no algún sustitutivo de la pena de prisión, se concluyó que lo cierto era que: i) con el inicio de ese procedimiento y, en su caso, con el dictado de la sentencia correspondiente, se debía crear y mantener una base de datos (antecedentes penales) para llevar un control de los procesos que pudieran estar instruyéndose en su contra, o bien, de las condenas recaídas a fin de conocer si ha cometido algún delito anterior y ha sido condenada por ello; y, ii) aquél tendría derecho a que esos antecedentes penales se cancelaran siempre que se actualizarán las hipótesis contenidas en los incisos de la fracción V del artículo 27 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En ese sentido, el amparo solicitado se concedió para el efecto de que la autoridad responsable Edna Matus Ulloa, Jueza Quinta de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, realizara lo siguiente: 1. Dejara insubsistente la resolución reclamada. 2. Con base en lo expuesto en el considerando octavo del fallo, dictara una diversa determinación, en la que: i) declarara fundados los agravios formulados por la recurrente; y, ii) en términos de los artículos 361 y 362 del Código Federal de Procedimientos Penales, revocara el auto recurrido de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós y, con libertad de jurisdicción, dictara otro en el que analizara si se actualizaba o no alguno de los supuestos contenidos en el artículo 27, fracción V, de la Ley Nacional de Ejecución Penal para la cancelación solicitada de los antecedentes penales y del registro de los datos que obraban en el Sistema Nacional de Información Penitenciaria del Sistema Único de Información Criminal a que se refería la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero prescindiendo del argumento en el que se sostuvo que el quejoso debe o debió encontrarse privado de su libertad para la aplicación de dicha porción normativa. Finalmente, se precisó que la concesión del amparo no implicaba que se resolviera de conformidad con lo solicitado por el quejoso a través de su defensora pública federal, sino únicamente que la responsable se ciñera a los efectos de la concesión apuntados, así como a las consideraciones que los sustentaban. III. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, la autoridad responsable Edna Matus Ulloa, Jueza Quinta de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, mediante determinación emitida el veinte de enero de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal 49/2015 de su índice, realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente la resolución dictada el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, en la que se declaró infundado el recurso de revocación interpuesto por la defensora pública federal del quejoso Antonio González Romero en contra del acuerdo dictado el veintinueve de septiembre del mismo año, por el cual, entre otras cuestiones, no se acordó favorable su solicitud de cancelar los antecedentes penales derivados del referido controvertido penal ni el registro de los datos que obran en el Sistema Nacional de Información Penitenciaria del Sistema Único de Información Criminal a que se refiere la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública -acto reclamado-. 2. Con base en lo expuesto en el considerando octavo del fallo protector, dictó una diversa determinación, en la que: 2.1 Declaró fundados los agravios formulados por la recurrente; 2.2 En términos de los artículos 361 y 362 del Código Federal de Procedimientos Penales, revocó el auto recurrido de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós y con libertad de jurisdicción, dictó otro en el que al analizar si se actualizaba o no alguno de los supuestos contenidos en el artículo 27, fracción V, de la Ley Nacional de Ejecución Penal para la cancelación solicitada de los antecedentes penales y del registro de los datos que obran en el Sistema Nacional de Información Penitenciaria del Sistema Único de Información Criminal, concluyó que sí era procedente dicha cancelación, tomando en consideración que mediante determinación de veintinueve de septiembre de dos mil quince se dio por extinguida en sus términos la sentencia definitiva dictada en contra del quejoso, al acreditarse el cumplimiento al sustitutivo penal de jornadas de trabajo en favor de la comunidad. 2.3 Lo anterior, prescindiendo del argumento en el que se sostuvo que el quejoso debe o debió encontrarse privado de su libertad para la aplicación de dicha porción normativa. Luego, en acatamiento a la resolución emitida por la jueza responsable, la autoridad vinculada al cumplimiento, Directora del Centro Penitenciario de la ciudad de Puebla, realizó las siguientes gestiones: i) Mediante oficio SSP/SCP/DCPP/DJ/1717/2023, hizo del conocimiento que realizó las anotaciones correspondientes en el expediente único de ejecución penal del quejoso Antonio González Romero. ii) Mediante oficio SSP/SCP/DCPP/DJ/1986/2023, remitió copia certificada de la carátula del expediente único de ejecución, de donde constan las anotaciones realizadas. iii) Mediante oficio SSP/SCP/DCPP/DJ/3200/2023, informó que realizó la anotación correspondiente en relación con la cancelación de los antecedentes penales en la Base de Datos y Sistema de dicha institución, a nombre del quejoso y remitió copia fotostática del diverso oficio SSP/SCP/DCPP/DJ/DACT/0381/2023, con el que informó de las mismas circunstancias, empero dentro de los autos que integran la causa penal de origen. Por su parte, la diversa autoridad vinculada al cumplimiento Subsecretaría de Centros Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, por conducto de la encargada del despacho de la Dirección de Supervisión de Centros Penitenciarios, mediante oficio SSP/SUBCP/DSCP/CI/1445/2023, informó que en el Centro de información a su cargo se modificó el estatus de "EXTERNADO"; por lo que, consecuentemente, ya no generaría antecedente penal alguno respecto del quejoso Antonio González Romero. Finalmente, la otra autoridad vinculada al cumplimiento Fiscalía General del Estado de Puebla, por conducto del Coordinador General de Asuntos Jurídicos, mediante oficio FGE/CGAJ/DPC/2546/2023-REQ, informó, a través de los documentos adjuntos, que en la institución no se contaba con registro relacionado con la causa penal de origen, que si bien existía un registro a nombre del quejoso, éste correspondía a la Subsecretaría de Centros Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, del cual se sabía que ya se encontraba cancelado. IV. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, la citada jueza responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) dejó insubsistente la resolución reclamada; y, ii) dictó una diversa determinación, en la que declaró fundados los agravios formulados por la recurrente, revocó el auto recurrido de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós y, con libertad de jurisdicción, dictó otro en el que al analizar si se actualizaba o no alguno de los supuestos contenidos en el artículo 27, fracción V, de la Ley Nacional de Ejecución Penal para la cancelación solicitada de los antecedentes penales y del registro antes de los datos que obran en el Sistema Nacional de Información Penitenciaria del Sistema Único de Información Criminal antes mencionado, concluyó que sí era procedente dicha cancelación, tomando en consideración que se tuvo por extinguida en sus términos la sentencia definitiva dictada en contra del quejoso, al acreditarse el cumplimiento al sustitutivo penal de jornadas de trabajo en favor de la comunidad; todo ello, prescindiendo del argumento en el que se sostuvo que el quejoso debe o debió encontrarse privado de su libertad para la aplicación de dicha porción normativa. En suma, las autoridades vinculadas al cumplimiento a la ejecutoria informaron lo relativo a la cancelación de los antecedentes penales, ordenada por la jueza responsable. En virtud de lo expuesto, la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. V. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación, dada su trascendencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; y, por oficio a la autoridad responsable, al fiscal tercero interesado y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de abril de dos mil veintitrés. I. Vista con cumplimiento. Intégrese a los autos el oficio FGE/CGAJ/DPC/2546/2023-REQ signado por José González Zepeda, coordinador General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del estado de Puebla, con anexos; por medio del cual -en cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de cuatro de abril de la presente anualidad-, remite las constancias que acreditan dar cumplimiento al fallo protector. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta, dese vista a la partes quejoso y tercero interesado, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga. Apercibidas que, de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad encargada del cumplimiento. II. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, dada la importancia de su contenido. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por oficio al agente del Ministerio Público Federal adscrito al Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla; y por lista a las demás partes.Así lo acordó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Eliezer Melchor Aguilar secretario que autoriza y da fe. Doy fe. En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firmado electrónicamente]. El suscrito secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firmado electrónicamente].

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de abril de dos mil veintitrés.******************** I. Gestiones para el cumplimiento.********************Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guarda el expediente, se advierte que, ante la petición de la defensora pública federal del quejoso, se acordó favorable requerir a diversas autoridades policiacas y penitenciarias, como vinculadas al cumplimiento de la sentencia -no obstante, no haber sido señaladas como responsables-, de conformidad con el numeral 197 de la Ley Reglamentaria.********************1.1. Así, respecto a la autoridad vinculada al cumplimiento, directora del Centro de Reinserción Social en Puebla, se cuentan con las gestiones realizadas por la Directora del Centro Penitenciario de Puebla:********************Mediante oficio SSP/SCP/DCPP/DJ/1403/2023, solicitó los puntos resolutivos de la sentencia protectora, a efecto de dar cumplimiento a la sentencia.********************Mediante oficio SSP/SCP/DCPP/DJ/1717/2023, hizo de conocimiento que realizó las anotaciones correspondientes en el expediente único de ejecución penal del impetrante Antonio González Romero.********************Mediante oficio SSP/SCP/DCPP/DJ/1986/2023, remitió copia certificada de la carátula del expediente único de ejecución, de donde constan las anotaciones realizadas.********************Mediante oficio SSP/SCP/DCPP/DJ/3200/2023, informó que recibió oficio por parte de la Jueza Quinta de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el estado de Puebla.********************Informó que realizó la anotación correspondiente en la Base de Datos y Sistema de dicha institución, a nombre del impetrante Antonio González Romero.********************Y por último, remitió copia fotostática del diverso oficio SSP/SCP/DCPP/DJ/DACT/0381/2023, con el que informó de las mismas circunstancias, empero dentro de los autos que integran la causa penal 49/2015 del índice del homólogo responsable.********************1.2. Por lo que respecta a la diversa autoridad vinculada al cumplimiento: Subsecretaría de Centros Penitenciarios, se cuentan con las siguientes gestiones:********************Mediante oficio SSP/SUBCP/DSCP/CI/0827/2023, la encargada del despacho de la Dirección de Supervisión de Centros Penitenciarios, manifestó que quedó en espera de la resolución que emitiera la autoridad responsable con relación a la solicitud de cancelación de antecedentes penales del impetrante Antonio González Romero.********************Mediante oficio SSP/SUBCP/DSCP/CI/1445/2023, la encargada del despacho de la Dirección de Supervisión de Centros Penitenciarios, informó que del Centro de información a su cargo modificó el estatus de "EXTERNADO"; por lo que, consecuentemente, ya no generará antecedente penal alguno respecto del impetrante Antonio González Romero.********************1.3. No obstante, la diversa autoridad vinculada al cumplimiento: Fiscalía General del estado de Puebla, únicamente, ha remitido el oficio FGE/CGAJ/DPC/996/2023-REQ del coordinador General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del estado de Puebla -en representación del Fiscal General del Estado-.********************En dicho oficio, la autoridad responsable hace de conocimiento que se giró oficio mediante el cual se requirió al "Coordinador General de Servicios a la Comunidad" el cumplimiento a la sentencia; asimismo, que dicho coordinador, a su vez, requirió a la "Directora de Servicios a la Comunidad" el cumplimiento a la ejecutoria de mérito.********************Por lo que, en proveído de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, se quedó a la espera de que la autoridad de cita, remitiera las gestiones que tenía pendiente para cumplir con el fallo protector; sin que a la fecha lo haya hecho.****************************************II. Requerimiento.********************Por lo que, al no haber recibido información posterior alguna respecto al cumplimiento al fallo protector, se requiere a la autoridad vinculada al cumplimiento: Fiscal General del estado de Puebla, para que, en el improrrogable término de veinticuatro horas -contados a partir de la legal notificación de este proveído-, exhiba las constancias que acrediten que ha cumplido la ejecutoria de amparo.********************2.1. Se apercibe a la citada autoridad que, de no cumplir dentro del término que se señala, o bien, informar el impedimento que tenga para ello, de conformidad con los artículos 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien días, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento del dictado del presente auto.****************************************III. Integración al expediente físico.********************Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, dada la importancia de su contenido, para la etapa de cumplimiento.**************************************** Notifíquese por oficio a la autoridad requerida; y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Eliezer Melchor Aguilar secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. I. Gestiones de cumplimiento. Agréguense a los autos el oficio remitido por parte de la Jueza Quinta de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el estado de Puebla. Visto su contenido, téngasele informando que recibió oficio por parte de la Encargada del despacho de la Dirección de Supervisión de Centros Penitenciarios, donde expresamente la autoridad administrativa refiere: ". se advierte que el sentenciado ****, dio cumplimiento a las obligaciones del sustitutivo penal de jornadas de trabajo en favor de la comunidad, consecuentemente se declaró extinguida en sus términos la sentencia impuesta en definitiva al referido enjuiciado; en razón de ello ya no genera antecedente penal alguno, únicamente por lo que a la causa enunciada se refiere." II. Vista a las partes. Atento lo anterior, con el contenido del oficio de cuenta; dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga. Apercibidas que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. III. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, dada la importancia de su contenido. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables, así como a la vinculada al cumplimiento y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito al Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla.

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