Antonio Garza Martínez

Expediente 878/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
878/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
17/11/2021

Partes del expediente

  • Antonio Garza Martínez
  • Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado. Matamoros, Tamaulipas.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    H. Matamoros, Tamaulipas, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes en este juicio interpusieran recurso de revisión previsto por el numeral 81, fracción I, inciso e), de la citada ley reglamentaria, en contra de la sentencia de sobreseimiento emitida el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, dentro del juicio de amparo 878/2021-IX, promovido por Antonio Garza Martínez; con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. Finalmente, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Visto para resolver el juicio de amparo 878/2021-IX, promovido por Antonio Garza Martínez, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, de esta ciudad, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas, y recibido el día siguiente ante este Juzgado de Distrito, Antonio Garza Martínez promovió juicio de amparo indirecto, en contra de los actos y autoridades que a continuación se mencionan: AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. 2. Actuaria adscrita a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Ambos de esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS: "4.1.- De la autoridad señalada en el numeral 3, se reclama la omisión del señalamiento de fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia inicial del juicio laboral en términos de lo expuesto por el artículo 873, de la Ley Federal del Trabajo, y la substanciación del juicio en la forma y términos previstos por los artículos 873 al 891 del ordenamiento legal en cita, dilatando la substanciación del juicio sin razón legal. 4.2.- De la autoridad señala en el numeral 3.1 se reclama la omisión del emplazamiento a juicio de la persona moral denominada PROCESOS LOGÍSTICOS Y ELECTRÓNICOS, S.A. DE C.V., y las notificaciones personales que se deba realizar durante todo el procedimiento." SEGUNDO. El veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de garantías, la cual quedó registrada bajo el número 878/2021-IX, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables, se dio la intervención que le corresponde al Fiscal de la Federación adscrito y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo según el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de amparo en términos de los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es de establecerse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el titular del juzgado puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención del peticionario del amparo, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordinal invocado. Así, del estudio integral de la demanda de garantías y de la constancia que obra en autos, se desprende que los actos que reclama la parte quejosa consisten en: a) La omisión de la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, en administrar justicia en los plazos y términos que para tal efecto fija la Ley Federal del Trabajo, al no señalar fecha para el desahogo de la audiencia inicial dentro del expediente administrativo laboral 897/E06/2020; y, b) La omisión de ordenar el emplazamiento de la parte demandada Procesos Logísticos y Electrónicos, Sociedad Anónima de Capital Variable. c) La omisión del actuario a la citada junta de llevar a cabo el emplazamiento a la demandada. No escapa para este Juzgado de Distrito que la quejosa también señala como acto destacado: ".la substanciación del juicio en la forma y términos previstos por los artículos 873 al 891 del ordenamiento legal en cita, dilatando la substanciación del juicio sin razón legal." ".las notificaciones personales que se deba realizar durante todo el procedimiento." Empero, se invoca como hecho notorio para este órgano jurisdiccional, que conforme a la resolución relativa al recurso de inconformidad 282/2013, de dieciocho de septiembre de dos mil trece, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el criterio sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, fue abandonado, al considerarse que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto de los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. El criterio que ahora se invoca, se encuentra publicado en la página 732 del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que en su rubro y texto señala: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Luego entonces, como se dijo el acto que aquí se analizará se delimitó en función del mismo, conforme a la etapa específica donde se incurrió en la dilación u omisión reclamada. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por ministerio de ley, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado precisó que no es cierto que dentro del expediente laboral 897/E06/2020, que el aquí quejoso Antonio Garza Martínez, promovió en contra de Procesos Logísticos y Electrónicos, Sociedad Anónima de Capital Variable, se haya omitido señalar fecha para el desahogo de la audiencia inicial de conciliación, demanda y excepciones, así como su debido emplazamiento, ya que en auto de seis de noviembre de dos mil veinte, se excusó de conocer de dicho asunto y se remitió a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Ciudad Victoria, Tamaulipas, para ser calificada, motivo por el cual se encuentra imposibilitada dicha responsable para acordar en el citado juicio. La autoridad que la parte quejosa denominó como Actuario adscrito a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, omitió rendir su informe justificado no obstante de haber sido debidamente notificado para ello desde el treinta de agosto de dos mil veintiuno, según el acuse de recibo que obra agregado en autos (foja 7). Sin embargo, como en el presente caso el acto reclamado es de naturaleza omisiva, para acreditar la certeza o inexistencia del mismo, resulta necesario realizar las siguientes consideraciones: Ha de precisarse, en primer término la noción de "omisión", pues no todo "no hacer" por parte de una autoridad constituye un acto omisivo, dado que el primer concepto tiene una intención mayor al del segundo. Se explica, para que exista una conducta cualificada jurídicamente como "omisión", no basta con una referencia al curso de una actuación humana (un no hacer), sino se requiere un elemento normativo previo, que hace previsible el actuar que no se llevó a cabo, es decir, sólo se omite algo en el contexto en que es relevante una actuación determinada porque existe una obligación que así lo indica. En otras palabras, omitir no es un mero "no actuar", sino un no actuar como se espera o como se está obligado. Así tenemos que para que exista una omisión (como conducta -aunque negativa- cualificada por el derecho), se deben reunir dos elementos a saber: a) Una obligación de hacer, a cargo del sujeto de derecho a quien se le imputa el acto omisivo, impuesta ya sea en una disposición normativa, o bien, en un acto jurisdiccional o administrativo (elemento normativo); y, b) Una conducta pasiva ante esa obligación, esto es, un no hacer (elemento fáctico). Con base en tal concepción, los tribunales de amparo han establecido que para verificar la certeza de los actos omisivos, se debe examinar si la autoridad a que se le atribuye se encuentra constreñida a actuar en el sentido que pretende el quejoso, ya sea por la existencia del precepto legal que así lo disponga, o bien, una resolución judicial o administrativa que así lo ordene. Muestra de lo anterior es el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis XXIV/98, consultable en la página 53, tomo VII, junio de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." Los artículos 707 Bis, 707 Ter, 871, 873, 873 A y 873 B, de la Ley Federal del Trabajo, en su parte conducente, establece: "Artículo 707 Bis.- Los jueces y secretarios instructores se tendrán por forzosamente impedidos y tendrán el deber de excusarse en el conocimiento de los asuntos en los casos siguientes: ." "Artículo 707 Ter.- Los juzgadores y secretarios instructores tendrán la obligación de excusarse inmediatamente que se avoquen al conocimiento de un negocio del que no deben conocer por impedimento, o dentro de las veinticuatro horas siguientes de que ocurra el hecho que lo origine o de que tengan conocimiento de él, expresando concretamente la causa o razón del impedimento." "Artículo 871.- El procedimiento ordinario se iniciará con la presentación del escrito de demanda ante la Oficialía de Partes o la Unidad Receptora del Tribunal competente. En los actos procesales de la fase escrita del procedimiento hasta antes de la audiencia preliminar, el Tribunal podrá auxiliarse para el dictado de los acuerdos o providencias de un secretario instructor, el cual podrá dictar los siguientes acuerdos: a) Admitir o prevenir la demanda y en su caso subsanarla conforme a las normas del trabajo y lo establecido en la presente Ley; b) Ordenar la notificación al demandado; c) Ordenar las vistas, traslados y notificaciones; d) Admitir y en su caso proveer respecto de las pruebas ofrecidas para acreditar las excepciones dilatorias; e) Dictar las providencias cautelares, y f) Las demás que el juez le ordene. Contra los actos u omisiones del secretario instructor, procederá el recurso de reconsideración, que deberá promoverse de forma oral en la audiencia preliminar el cual será resuelto de plano, oyendo a las partes por el juez del conocimiento en dicha audiencia. De resultar fundado el recurso, el juez modificará en lo que proceda el acto impugnado y proveerá lo conducente a efecto de subsanar el acto u omisión recurrido." "Artículo 873.- Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la demanda, deberá turnarse al Tribunal correspondiente; si la demanda se encuentra ajustada a derecho, éste deberá dictar el acuerdo de admisión respectivo dentro de los tres días siguientes a que le sea turnada o de que se haya subsanado ésta en los términos del tercer párrafo del presente artículo. Al presentarse la demanda, el Tribunal le asignará al actor un buzón electrónico, proporcionándole el nombre de usuario y la clave de acceso correspondiente, mediante el cual podrá consultar su expediente y revisar los acuerdos que se dicten en éste. Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, de advertir el Tribunal alguna irregularidad en el escrito de demanda o se promueven acciones contradictorias o no se haya precisado el salario base de la acción, en el acuerdo le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y lo prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días. Dicho acuerdo deberá notificarse personalmente al actor. De no subsanar el actor la demanda en el término concedido, el Tribunal subsanará las omisiones o irregularidades basándose en el material probatorio que el actor acompañe a su demanda y conforme a las normas del trabajo, una vez hecho lo anterior, el Tribunal admitirá la demanda. No se recibirán pruebas adicionales a las ofrecidas en la demanda, salvo las que se refieran a hechos relacionados con la réplica, siempre que se trate de aquéllos que el actor no hubiese tenido conocimiento al presentar su demanda, así como las que se ofrezcan para sustentar las objeciones hechas a las pruebas de las demás partes, o las que se refieran a la objeción de testigos. Lo anterior sin menoscabo de que se puedan ofrecer pruebas sobre hechos supervenientes. El Tribunal solo podrá admitir la ampliación de demanda en caso de que en la contestación a la misma se hagan valer hechos novedosos, de los cuales el actor no haya tenido conocimiento al presentar su demanda." "Artículo 873-A.- Dentro de los cinco días siguientes a su admisión, el Tribunal emplazará a la parte demandada, entregándole copia cotejada del auto admisorio y del escrito de demanda, así como de las pruebas ofrecidas en ésta, para que produzca su contestación por escrito dentro de los quince días siguientes, ofrezca pruebas y de ser el caso reconvenga, apercibiéndole que de no hacerlo en dicho término se tendrán por admitidas las peticiones de la parte actora, salvo aquéllas que sean contrarias a lo dispuesto por la ley, así como por perdido su derecho a ofrecer pruebas y en su caso a formular reconvención. Asimismo, deberá apercibirlo que de no cumplir con lo previsto en el artículo 739 de esta Ley, las notificaciones personales subsecuentes se le harán por boletín o por estrados, y en su caso por buzón electrónico, conforme a lo establecido en esta Ley. A toda contestación de demanda deberá anexarse el documento con el que se acredite la personalidad de quien comparezca en representación del demandado. El escrito de contestación de demanda deberá contener una exposición clara y circunstanciada de los hechos, los fundamentos de derecho en los que se sustenta, las excepciones y defensas que el demandado tuviere a su favor, debiendo referirse a todos y cada uno de los hechos aducidos en la demanda, afirmándolos o negándolos, y expresando los que ignore cuando no sean propios, agregando las manifestaciones que estime convenientes y, en su caso, objetar las pruebas ofrecidas por la parte actora, apercibido que en caso de no hacerlo se le tendrá por perdido el derecho de objetar las pruebas de su contraparte. El silencio y las evasivas harán que se tengan por admitidos aquellos hechos sobre los que no se suscite controversia, sin que sea admisible prueba en contrario. La negación pura y simple del derecho, implica la confesión de los hechos. La confesión de éstos no entraña la aceptación del derecho. En caso que el demandado niegue la relación de trabajo podrá negar los hechos en forma genérica, sin estar obligado a referirse a cada uno de ellos. Todas las excepciones procesales que tenga el demandado deberá hacerlas valer al contestar la demanda, y en ningún caso suspenderán el procedimiento; de oponerse éstas, sólo se admitirán como pruebas la documental y pericial, salvo en el caso de la litispendencia y conexidad, de las que se podrá ofrecer también la prueba de inspección de los autos. La excepción de incompetencia no exime al demandado de contestar la demanda; si no lo hace y el Tribunal se declara competente, se tendrán por admitidas las peticiones de la actora, salvo aquellas que sean contrarias a lo dispuesto por la ley. Las mismas consecuencias correrán a cargo del demandado si éste no da contestación a la demanda o la formula fuera del plazo concedido para hacerlo, sin perjuicio de que hasta antes de la audiencia preliminar pueda ofrecer pruebas en contrario para demostrar que el actor no era trabajador o patrón, que no existió el despido o que no son ciertos los hechos afirmados por la parte actora. La parte demandada deberá ofrecer sus pruebas en el escrito de contestación a la demanda, acompañando las copias respectivas para que se corra traslado con ellas a la parte actora. No se recibirán pruebas adicionales a menos que se refieran a hechos relacionados con la contrarréplica, siempre que se trate de aquellos que el demandado no hubiese tenido conocimiento al contestar la demanda, así como las que se ofrezcan para sustentar las objeciones hechas a las pruebas de las demás partes, o las que se refieran a la objeción de testigos. Lo anterior sin menoscabo de que se puedan ofrecer pruebas sobre hechos supervenientes. Las pruebas deberán acompañarse de todos los elementos necesarios para su desahogo, para lo cual se estará a lo dispuesto en el capítulo XII del Título Catorce de esta Ley. En caso de que el demandado se allane a la demanda el Tribunal citará a las partes a la audiencia de juicio, que tendrá verificativo en un plazo no mayor de diez días, en la que se dictará la sentencia respectiva. Presentada que sea la contestación de demanda, el Tribunal le asignará al demandado un buzón electrónico, proporcionándole el nombre de usuario y la clave de acceso correspondiente, mediante el cual podrá consultar su expediente y revisar los acuerdos que emita el órgano jurisdiccional. Si el Tribunal admite la reconvención, deberá emplazar a la parte actora corriéndole traslado con ésta y con las pruebas que ofrezca la actora reconvencionista, para que dentro del término de quince días siguientes a su emplazamiento conteste lo que a su derecho e interés corresponda y ofrezca pruebas, y en su caso objete las de la contraria. De no dar contestación a la reconvención la parte trabajadora, se le tendrá por contestada negando los hechos aducidos en la reconvención y por perdido el derecho para ofrecer pruebas. La reconvención seguirá las mismas reglas establecidas para la demanda." "Artículo 873-B.- El Tribunal correrá traslado a la actora con la copia de la contestación a la demanda y sus anexos para que en un plazo de ocho días objete las pruebas de su contraparte, formule su réplica y en su caso ofrezca pruebas en relación a dichas objeciones y réplica, acompañando copia de traslado para cada parte; en caso de que se ofrezcan pruebas, la actora deberá acompañar también copia de las mismas." De dicha transcripción se advierte que, los jueces y secretarios instructores se tendrán forzosamente impedidos y tendrán el deber de excusarse en el conocimiento de los asuntos en los casos establecidos por el artículo 707 Bis, de la Ley Federal del Trabajo, expresando concretamente la causa o razón del impedimento. El procedimiento ordinario se iniciará con la presentación del escrito de demanda, en el cual podrán dictarse los siguientes acuerdos: admitir o prevenir la demanda; ordenar la notificación al demandado; ordenar vistas, traslados y notificaciones; admitir y en su caso proveer respecto de las pruebas ofrecidas para acreditar las excepciones dilatorias; dictar las providencias cautelares; y, las demás que el juez ordene. Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la demanda, deberá turnarse al Tribunal correspondiente; si la misma se encuentra ajustada a derecho, se deberá dictar el acuerdo de admisión respectivo dentro de los tres días siguientes a que le sea turnada o de que se haya subsanado. Dentro de los cinco días siguientes a su admisión, el Tribunal emplazará a la parte demandada. En la especie la parte agraviada se duele de la omisión de la responsable para señalar fecha para el desahogo de la audiencia inicial dentro del expediente administrativo laboral 897/E06/2020; asimismo, de ordenar el emplazamiento de la parte demandada Procesos Logísticos y Electrónicos, Sociedad Anónima de Capital Variable; y, de llevar a cabo el mismo. Sin embargo, como pudo verse, mediante proveído de seis de noviembre de dos mil veinte, la Junta responsable, se excusó de conocer de dicho asunto, remitiendo los autos a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Ciudad Victoria, Tamaulipas, para su calificación. Por ese motivo, no puede imputársele el hecho de que a la fecha no haya señalado hora para el desahogo de la audiencia inicial dentro del expediente administrativo laboral 897/E06/2020, pues ésta solamente es posible llevarla a cabo, si la demanda hubiese sido admitida a trámite, lo cual no aconteció por los motivos que ya se expusieron. Por la misma razón, la autoridad de mérito no podría ordenar el emplazamiento de la parte demandada Procesos Logísticos y Electrónicos, Sociedad Anónima de Capital Variable, puesto que como se precisó, en el presente caso la Junta responsable se excusó de conocer del asunto y, como consecuencia de ello, no dio trámite a la demanda laboral presentada por quien ahora promueve el juicio de amparo, de ahí que no podría imputársele el acto omisivo que ha quedado plasmado; incluso, sería aberrante que se excusara para conocer del escrito en comento y además citara a la audiencia inicial. En esa virtud, de lo anterior se concluye que la omisión atribuida a la Junta y actuario responsables, es inexistente, y por tanto, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 63, fracción IV, 74, 75, 215 y 217de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por Antonio Garza Martínez. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. En términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase por recibido y agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio 261/2021-C, signado por el actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, por medio del cual remite el original del presente asunto, así como testimonio autorizado de la resolución que se pronunció en sesión ordinaria por videoconferencia de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, terminada de engrosar el veintiuno de septiembre siguiente dentro del incidente de inejecución 3/2020, de su índice, determinación que quedó como sigue: "ÚNICO. Se declara sin materia el presente incidente de inejecución, derivado del juicio de amparo indirecto 1122/2019-II, del índice del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, residente en Matamoros". En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; glósese el cuaderno de antecedentes, acúsese recibo. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    H. Matamoros, Tamaulipas, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que la celebración de la audiencia constitucional de este juicio se encuentra señalada para el día de hoy; sin embargo, el término de quince días concedido a la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, de esta ciudad, para que rindiera su informe justificado, feneció el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, tal como se desprende de la constancia de notificación que obra en este expediente (foja 7); por tanto, con fundamento en el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo en vigor, procede tenerse por ciertos los actos que se le reclaman. Ahora bien, para resolver el presente asunto es necesario analizar las constancias en que la citada autoridad se apoyó para emitir sus actos presuntivamente ciertos; en consecuencia, con fundamento en el numeral 75 de la citada legislación, requiérase a la autoridad antes mencionada para que dentro del término de tres días, remita copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el expediente laboral número 897/E06/2020; apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior, o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, de la ley de la materia, se hará acreedora a una multa por la cantidad de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos, moneda nacional), equivalente a cincuenta veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, en relación a la determinación publicada respecto a esa unidad, en la referida publicación de veintiocho del indicado mes y año. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan de nueva cuenta para su desahogo las diez horas con cuarenta minutos del veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.

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