Antonio Ferretis Rodríguez
Expediente 1019/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 48 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1019/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 48
- Última actuación
- 30/12/2022
Partes del expediente
- Antonio Ferretis Rodríguez
- Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial en el estado. Matamoros, Tamaulipas.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 48.
- Incidental
Heroica Matamoros, Tamaulipas, treinta de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los presentes autos y atendiendo a lo ordenado en el proveído de esta misma fecha, dictado en el juicio de amparo 1019/2021-VI, en el que se ordenó acordar lo conducente al archivo y depuración de los presentes cuadernos incidentales, en seguida se provee: De conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración el original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar (suspensión provisional y definitiva) respecto de los actos reclamados atribuidos a las autoridades señaladas como responsables; además, a juicio de este órgano jurisdiccional, no tiene relevancia documental para su conservación. En la inteligencia de que una vez transcurrido el término de tres años, este Juzgado de Distrito deberá iniciar el procedimiento de depuración, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, por lo que, en su momento, únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas al otorgamiento de las medidas cautelares o su violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que estime este órgano de control constitucional, destruyéndose el resto de las actuaciones que carezcan de relevancia documental. Por lo que hace al duplicado del presente incidente de suspensión, procédase a la destrucción de éste a partir del uno de julio de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), y párrafo tercero, del mencionado Acuerdo General. Finalmente, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del Acuerdo General de trato, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Edgar Ulises González González, secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, encargado del despacho en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del titular, autorizadas por el Consejo de la Judicatura Federal, asistido del licenciado Gilberto Anaya Camargo, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, treinta de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado actual que guardan los autos relativos al juicio de amparo en que se actúa, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren recurrido la sentencia constitucional emitida el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, terminada de engrosar el veinte de octubre siguiente (fojas 377 a 389), en la que por una parte se decretó el sobreseimiento, y en otra se negó el amparo y protección de la justicia federal dentro de este asunto; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de amparo, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. No es obstáculo a esta determinación la circunstancia de que no obre el acuse de recibo de los oficios dirigidos a las autoridades responsables foráneas, pues de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, ésta solo podría interponer recurso de revisión contra el sobreseimiento que afecte directamente el acto que de ella se haya reclamado; sin embargo, el presente asunto, es obvio que no le afecta y por tal motivo no está en aptitud de interponer el citado recurso. Lo anterior tiene apoyo por su sentido e idea jurídica, en la jurisprudencia de la Octava Época, sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página ochenta y cuatro, Tomo 83, noviembre de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es el siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO". Por otra parte, de la certificación que antecede y del estado actual que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que no existen cuestiones pendientes por resolver, ni mandatos por cumplimentar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, se ordena su archivo. De conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, el presente expediente es susceptible de depuración, ya que se negó la protección constitucional solicitada; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. En la inteligencia de que una vez transcurrido el término de tres años, este Juzgado de Distrito deberá iniciar el procedimiento de depuración, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, por lo que, en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas a la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, así como la determinación que otorga autoridad de cosa juzgada, el resto de las actuaciones se destruirán por considerarse que no tienen relevancia documental. Finalmente, toda vez que en el presente juicio de amparo se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, provéase lo conducente en este último para dar cumplimiento al mencionado Acuerdo General en sus artículos 18, fracción I, inciso a) y 20, fracción II, inciso b). Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Edgar Ulises González González, secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, encargado del despacho en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del titular, autorizadas por el Consejo de la Judicatura Federal, asistido del licenciado Gilberto Anaya Camargo, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Vistos, para resolver los autos relativos al juicio de amparo 1019/2021-VI, promovido por Antonio Ferretis Rodríguez, contra actos del titular del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad y de otras autoridades; y, RESULTANDOS. PRIMERO. Por escrito presentado el tres de septiembre de dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, turnado el día seis siguiente a este órgano de control constitucional (foja 1), Antonio Ferretis Rodríguez, promovió juicio de amparo indirecto en contra de los actos y autoridades que a continuación se indican: AUTORIDADS RESPONSABLES: 1.- Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial en el Estado. 2.- Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial en el Estado. 3. Oficina del Instituto Registral y Catastral. 4. Licenciado Edgar Arnoldo García Villanueva, notario público número ciento treinta y cuatro. Todos con residencia en esta ciudad. 4.- Juez Mixto de Primera Instancia, con asentamiento en Xalisco, Nayarit; y, 5. Licenciado Antonio Humberto Herrera López, notario público número Tres, establecido en San Blas, Nayarit. De todos ellos reclamo: ACTO RECLAMADO: La falta de emplazamiento, la sentencia, su ejecución y el lanzamiento y en general todo lo tendiente a desposeerme del bien inmueble de mi propiedad del que soy copropietario y poseedor jurídico. Del primero de ellos reclamo: Todo lo actuado dentro del Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio, expediente número 355/2021, promovido por AF COMERCIALIZADORA Y DESARROLLO, S. A. DE C.V., es decir, su radicación, emplazamiento y en general todo acto procesal derivado del mismo al derivar de una flagrante violación de derechos fundamentales dentro del juicio promovido por INFONAVIT en el juicio primigenio que dio origen a que se escriturara a favor de la moral actora en el expediente 355/2021. D.- Oficina del Instituto Registral y Catastral, con sede en esta ciudad. RECLAMO: La negativa a informarme y rendir todo informe relativo a si aún continúa inscrita la propiedad a nombre de mi consorte, así como la falta de expedición de copia certificada de la escritura donde consta la copropiedad a mi favor del inmueble del que estoy en posesión. Asimismo, reclamo la inscripción de la escritura de propiedad a favor de AF COMERCIALIZADORA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V, identificada con el número 14,725 del notario público 3 de San Blas, Nayarit. E.- Del Notario Público Número 134, Edgar Arnoldo García Villanueva, con ejercicio en esta ciudad reclamo.- La expedición de la escritura pública número 26,199 de fecha siete de marzo de 2019, contenida en el volumen milésimo cuadrigentésimo, de esa notaría pública. F.- Del Notario Público Número 3, Antonio Humberto Herrera López, con ejercicio en San Blas, Nayarit, reclamo.- La expedición de la Escritura Pública número 1, Tomo XXVII (Vigésimo Séptimo), Libro 2 (dos), de fecha 7 (siete) de Noviembre del 2016 (dos 2 mil dieciséis). Asimismo, el quejoso bajo protesta de decir verdad, manifestó los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, señaló como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 1, 8, 14 y 16, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. En auto de siete de septiembre de dos mil veintiuno (fojas 13 a 15), se ordenó formar expediente, mismo que fue registrado bajo el número 1019/2021-VI, se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables sus respectivos informes con justificación; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete; se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Por otro lado, conviene señalar que por acuerdo de quince de febrero de dos mil veintidós (fojas 194 y 195), entre otras cuestiones, se previno a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda inicial respecto de la autoridad denominada actuario adscrito a los Juzgados Primero y Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial, con asentamiento en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo, se resolvería el presente juicio con aquellas señaladas inicialmente en el libelo génesis de este asunto. No obstante ello, en la audiencia constitucional celebrada el veintiuno de septiembre del año en curso (fojas 377 y 378), se determinó que transcurrió el término de quince días otorgados a la parte quejosa para ampliar su demanda, sin que lo hubiere hecho; por ende, se hizo efectivo el apercibimiento aludido en el párrafo que antecede, y se estableció que el juicio de amparo se resolvería únicamente respecto a las autoridades responsables y actos reclamados planteados por el solicitante de amparo en su demanda de derechos fundamentales (fojas 377 y 378). Por lo que, una vez que quedó debidamente conformada la Litis en el presente asunto, se celebró la audiencia constitucional con los resultados visibles en el acta que antecede; y CONSIDERANDOS. PRIMERO. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, es competente para conocer del presente asunto, en términos de los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece; lo anterior, en virtud de que los actos combatidos por la parte quejosa, tendrán su ejecución material en la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. La certeza de los actos reclamados se analizará conforme a las manifestaciones contenidas en los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y en atención a lo dispuesto en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, que obliga al órgano jurisdiccional a que las sentencias que dicte en los juicios de amparo, fije clara y precisamente el acto reclamado, analizando el escrito de demanda en su integridad sin restricciones de forma, a fin de determinar con exactitud la intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido y además del fundamento referido, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia de la Novena Época P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido a continuación se transcribe: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promoverte y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." También, por las consideraciones que la informa la tesis aislada P.VI/2004, visible en la página 255 del Tomo XIX, del mes de Abril de 2004, Novena Época, Materia Común, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la transcripción de los actos reclamados, del contenido de los antecedentes del mismo; de los conceptos de violación y de los informes justificados, se evidencia que el promovente se duele de: La falta de emplazamiento al juicio ordinario civil reivindicatorio 0355/2021, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con asentamiento en esta ciudad, promovido por AF Comercializadora y Desarrollo de Proyectos, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado general para pleitos y cobranzas Ezequiel Cotarelo Vargas; y, b. Todo lo actuado con posterioridad a la diligencia que se tilda de inconstitucional, incluido el procedimiento de ejecución; actos que no son impugnados por vicios propios, sino como una consecuencia de la falta de emplazamiento. TERCERO. El juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con asentamiento en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos que se le reclamaron (fojas 22 y 23). La parte quejosa no desvirtuó la negativa a que se ha hecho referencia; consecuentemente en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio biinstancial por lo que respecta a la autoridad citada en este considerando. Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las Responsables niegan los actos que se le atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. El juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial en el Estado; la subdirectora de Oficina del Instituto Registral y Catastral del estado de Tamaulipas; el licenciando Edgardo Aroldo García Villanueva, notario público número 134, todos con asentamiento en esta ciudad; y la licenciada Mónica Isabel Hermosillo Méndez, titular de la notaría pública 4, en asociación notarial derivada de la suspensión temporal del licenciado Antonio Humberto Herrera López, notario público número 3, ambos establecidos en San Blas, Nayarit, al rendir sus respectivos informes justificados en el ámbito de sus atribuciones, manifestaron que son ciertos los actos que se les reprochan; por lo que así se les tiene para todos los efectos legales conducentes (fojas 49 a 50, 212 a 213, 261 y 288). Al respecto es aplicable la jurisprudencia 305, visible en la página 206, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo cual se corrobora con las documentales que se adjuntaron a los informes justificados de trato (fojas 53 a 119, 214 a 232, 262 a 278 y 289 a 293), mismas que constituyen documentos públicos al ser expedidos por autoridades en ejercicio de sus funciones; de ahí que, merecen valor probatorio pleno de conformidad con los numerales 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2°. Apoya lo anterior la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Materia Común, correspondiente a la Quinta Época, del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." La autoridad responsable juez Mixto de Primera Instancia del Partido Judicial en Xalisco, sustituida por el juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar, con asentamiento en Tepic, ambos del estado de Nayarit, omitió rendir su informe justificado, lo anterior no obstante que recibió desde el trece de enero de dos mil veintidós, el oficio por el que se le requirió, tal como se advierte de la constancia que está visible a foja 181; consecuentemente, en términos del párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que de ella se reclama. QUINTO. Previo al estudio del fondo del presente asunto, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En el caso particular, se evidencia en forma patente la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO", y la diversa jurisprudencia de rubro "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS", emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con registros digitales 207115 y 208065, en el Portal de Internet del Semanario Judicial de la Federación, respectivamente. En efecto, Antonio Ferretis Rodríguez, reclama fundamentalmente, la falta de emplazamiento al juicio ordinario civil reivindicatorio 0355/2021, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con asentamiento en esta ciudad, promovido por AF Comercializadora y Desarrollo de Proyectos, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado general para pleitos y cobranzas Ezequiel Cotarelo Vargas; de igual manera, todo lo actuado con posterioridad a la diligencia que se tilda de inconstitucional, incluido el procedimiento de ejecución; actos que no son impugnados por vicios propios, sino como una consecuencia de la falta de emplazamiento, actos que estima violatorios de sus derechos fundamentales tutelados en los artículos 1, 8 14 y 16 constitucionales, al no darle oportunidad de defenderse, ello sin que se siguieran las formalidades del procedimiento y el debido proceso a que se encuentra sujeta la actuación de las autoridades. Luego, de la revisión de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial en el estado de Tamaulipas, con asentamiento en esta ciudad (fojas 53 a 119), cuyo valor probatorio se reitera, se obtienen las siguientes circunstancias vinculadas a los hechos que dieron origen a los actos reclamados; a saber: Mediante escrito presentado el cinco de agosto de dos mil veintiuno, AF Comercializadora y Desarrollo de Proyectos, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado general para pleitos y cobranzas Ezequiel Cotarelo Vargas, promovió juicio ordinario civil reivindicatorio en contra de Antonio Ferretis Rodríguez, quien señaló que podía ser emplazado en el domicilio ubicado en la calle Profesora Minerva González Hernández, número 36, fraccionamiento Martha Rita Prince Aguilera, código postal 87343, en esta ciudad (fojas 54 a 57). Por auto de nueve de agosto de dos mil veintiuno, la demanda en cuestión fue radicada en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial, residente en esta ciudad, ordenándose, entre otras cosas, emplazar a Antonio Ferretis Rodríguez, en el domicilio señalado por la parte actora (fojas 84 a 87), por lo que se remitió la cédula respectiva a la Central de Actuarios del Cuarto Distrito Judicial, con asentamiento en esta ciudad, para que realizara el emplazamiento correspondiente. La actuación de que se trata se encomendó a la actuaria adscrita al Tribunal citado en el punto inmediato anterior, quien llevó a cabo el emplazamiento de ley personalmente con el demandado Antonio Ferretis Rodríguez, en data dieciséis de agosto de dos mil veintiuno (fojas 89 a 93); y, Mediante escrito presentado en la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles con asentamiento en esta población, el treinta de agosto del año próximo pasado, el multicitado demandado, aquí doliente se apersonó al juicio de origen a dar contestación a aquella instaurada en su contra; de igual forma, promovió un incidente de falta de personalidad (fojas 94 a 97). Toda vez que los anteriores acontecimientos fueron advertidos por este órgano de control constitucional, en especial, la participación de la actuaria adscrita a los Juzgados Primero y Segundo de Primera Instancia Civil del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con asentamiento en esta ciudad, quien no fue señalada como responsable por el quejoso en su demanda inicial; conviene señalar que por acuerdo de quince de febrero de dos mil veintidós (fojas 194 y 195), se le previno para que manifestara si era su deseo ampliar la misma respecto de la citada autoridad. Además, se apercibió al peticionario del amparo que de no hacerlo, se resolvería el presente juicio solamente con lo aquellas que fueron señaladas con ese carácter en su ocurso inicial de demanda amparo y ampliación de la misma. Cobrando relevancia que en la audiencia constitucional celebrada el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós (fojas 377 y 378), se estableció que había transcurrió el término de quince días otorgado a la parte quejosa para ampliar su demanda respecto a la actuaria adscrita a los Juzgados Primero y Segundo de Primera Instancia Civil del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con asentamiento en esta ciudad, sin que lo hubiera hecho; por ende, se hizo efectivo el apercibimiento aludido y se determinó que el juicio de amparo se resolvería únicamente con aquellas inicialmente señaladas por el solicitante de amparo en su demanda inicial (fojas 1 a 7). De lo indicado se deduce y retoma, que la autoridad mencionada en el párrafo que antecede, la que como ya se dijo no fue señalada por el quejoso como responsable, participó directamente en la diligencia de emplazamiento practicado dentro del juicio ordinario civil reivindicatorio 0355/2021, del índice del Juzgado de Primera instancia; no obstante, el impetrante soslayó designarla como autoridad en este asunto a pesar de que este Tribunal Federal le previno para ello. Lo que de suyo resultaba de vital trascendencia para la resolución de este asunto, ya que de acuerdo a la fracción II, párrafo primero, del arábigo 5°, de la legislación de la materia, es autoridad responsable la que promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado; y es precisamente en esta clasificación que queda comprendido el fedatario a quien el doliente omitió designarlo con ese carácter, pues realizó materialmente el emplazamiento. Amén de que, deber atenderse a que el titular del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, dentro del expediente 355/2021, de origen, sólo ordenó que se hiciera el llamamiento a juicio, y el actuario es el ejecutor de dicha orden; luego entonces, es precisamente el fedatario judicial quien está obligado a observar los lineamientos legales que regulan tal acto; por ende, es a éste último a quien, en su caso, corresponde defender su acto, dado que es él quien conoce los pormenores de la diligencia que lleva a cabo; esto es así, ya que las actuaciones que realiza el actuario al practicar no sólo el emplazamiento, sino todas las notificaciones en el procedimiento respectivo, son de su exclusiva responsabilidad, pues como ya se dijo, es el encargado de observar los lineamientos legales que regulan tales actos. Sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones que la informan aplicables al caso en particular, el contenido de la jurisprudencia por reiteración número VII.A.T.J/6, emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, Novena Época, con registro digital 202332, en el Portal de Internet del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTÍAS CUANDO SE RECLAMA EL EMPLAZAMIENTO Y NO SE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL ACTUARIO QUE LO PRACTICÓ. Dado que el actuario es autoridad responsable en el amparo promovido contra el emplazamiento, si no se señala a éste como autoridad, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oído, motivo por el que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, relacionada con las jurisprudencias de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que bajo los números 22 y 108 y epígrafes: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO" y "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS", son visibles en las páginas quince y sesenta y nueve del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos noventa y cinco, lo que obliga a sobreseer el juicio con apoyo en la fracción III del numeral 74 del mismo ordenamiento legal". De igual manera, ilustra la determinación adoptada la jurisprudencia por reiteración número 3a./J.33/90, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 207115, en el Portal de Internet del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO. El artículo 11 de la Ley de Amparo, dispone que es autoridad responsable la que promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado; en esta clasificación queda comprendido el funcionario que realiza materialmente el emplazamiento, por las siguientes razones: I. Porque el juzgador sólo ordena que se haga el emplazamiento, y el actuario es el ejecutor de dicha orden; II. Porque en el emplazamiento es el actuario quien está obligado a observar los lineamientos legales que regulan tal acto; en consecuencia; III. Es al actuario a quien, en su caso, corresponde defender su acto, porque es el que conoce los pormenores de la diligencia de emplazamiento. En efecto, las actuaciones que realiza el actuario al practicar no sólo el emplazamiento, sino todas las notificaciones en el procedimiento respectivo, son de su exclusiva responsabilidad, al ser el encargado de observar los lineamientos legales que regulan tales actos". De ahí que, no es jurídicamente posible examinar la constitucionalidad del acto de la actuaria adscrita a los Juzgados Primero y Segundo de Primera Instancia Civil del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con asentamiento en esta ciudad, al no haber sido llamada a juicio, ni ser oída. Por ende, se actualiza la causal de improcedencia que se ha analizado, la que está prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO", y la diversa jurisprudencia de rubro "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS", emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con registros digitales 207115 y 208065, en el Portal de Internet del Semanario Judicial de la Federación, respectivamente; esto es así, ya que la designación de autoridades responsables constituye una carga procesal para el doliente, de modo que precisamente la falta de designación (previa prevención del juez Distrito como rector del proceso) por parte de aquel, no es factible considerarla como un error y menos aún que se asemeje o de lugar a la hipótesis de suplencia de la queja, pues en el caso como ya se dejó de manifiesto, se está ante la omisión por parte del doliente de cumplir con un imperativo que le era atribuible conforme al numeral invocado. Efectivamente, la suplencia de la queja deficiente es una institución procesal de rango constitucional que tiene como finalidad dar una mayor protección a aquellas categorías de quejosos que, por su situación o características, se encuentran en desventaja social para su defensa en el juicio; por ello, requieren que sea corregida o subsanada cualquier insuficiencia en que incurran durante la secuela jurisdiccional; sin embargo, en el caso, la situación de desventaja surgió de actuaciones derivadas de la tramitación del juicio de amparo indirecto, virtud del incumplimiento de una obligación procesal que corre a cargo del quejoso. Así, como consecuencia de lo anterior, es de señalar que las autoridades responsables deben estar designadas correctamente tanto en la demanda como en su correspondiente ampliación, en su caso, para efecto de que, por una parte, sean oídas y tengan oportunidad de justificar los actos que se les reclaman y, por otra, para que el órgano de control constitucional esté en aptitud de apreciar si éstas han vulnerado derechos fundamentales del quejoso, pues de lo contrario no puede resolverse fundadamente y con conocimiento de causa. De modo que, cuando en el escrito de demanda no se realiza el señalamiento correcto de la autoridad responsable, o bien, no se da cumplimiento a la prevención de que fue objeto la parte quejosa para su ampliación, como aconteció en el particular una vez visto el informe justificado, incluso, en esos casos la suplencia de la queja prevista por el artículo 79 de la Ley de Amparo, no autoriza al juzgador a cambiar los sujetos de la relación procesal, en concreto, las autoridades responsables. En tal contexto, dada la omisión del quejoso Antonio Ferretis Rodríguez, de señalar como responsable al multireferido fedatario judicial, no obstante que se le previno sobre ello, es indudable que se ubicó en la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO", y la diversa jurisprudencia de rubro "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS", emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con registros digitales 207115 y 208065, en el Portal de Internet del Semanario Judicial de la Federación, respectivamente; en consecuencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la legislación de la materia, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo, por identidad de razón, la tesis 2a. CLXIV/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 113, tomo IX, enero de 1999, registro electrónico 194684, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." Así como la jurisprudencia VI.2o. J/205, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 468, tomo II, octubre de 1995, registro electrónico 208065, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal." SEXTO. Respecto a los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa en su demanda inicial, encaminados a combatir: La sentencia emitida dentro del procedimiento de origen, la ejecución de la misma, y todo lo actuado dentro del expediente 355/2021, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil, con residencia en esta localidad; el lanzamiento del bien que aduce es de su propiedad, así como todo acto tendente a desposeerlo de éste; la negativa a comunicarle y rendir todo informe relativo a si aún continúa inscrita la propiedad a nombre de su consorte; la falta de expedición de la copia certificada donde conste la copropiedad a su favor del inmueble que aduce tiene en posesión; la inscripción de la escritura de propiedad a favor de AF Comercializadora y Desarrollo, Sociedad Anónima de Capital Variable; finalmente, la expedición de las escrituras públicas 26, 199 y la número 1, Tomo XXVII, Libro 2, de los notarios Edgardo Aroldo García Villanueva y Antonio Humberto Herrera López, con ejercicio en la ciudades de Matamoros, Tamaulipas, y San Blas, Nayarit, respectivamente, resultan inoperantes. Por ende, lo procedente es negarle el amparo solicitado, dado que no le asiste la razón al afirmar que las autoridades que fueron llamadas a este asunto con el carácter de responsables (a excepción del actuario por el que se decretó el sobreseimiento por los motivos plasmados en el considerando que antecede), violan en su perjuicio las garantías de audiencia y seguridad jurídica que a su favor consagran los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, del análisis integral de los motivos de agravio esgrimidos por el impetrante en su promoción inicial, se advierte con claridad que los mismos van enfocados a combatir el actuar de la fedataria adscrita a los Juzgados Primero y Segundo de Primera Instancia Civil del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con asentamiento en esta ciudad, empero única y exclusivamente por lo que respecta al emplazamiento que le fue practicado dentro del expediente de origen, sin que haya vertido algún razonamiento lógico jurídico respecto a combatir los actos enunciados en el párrafo segundo de este considerando. Precisado lo anterior, por concepto de violación debe entenderse la relación razonada que la doliente debe establecer entre los actos desplegados por las autoridades responsables y los derechos fundamentales que considera violenta ésta con su actuar, demostrando jurídicamente la contravención de éstos por tales actos, expresando en el caso, que la ley en los preceptos citados, conculca sus derechos públicos individuales. Consecuentemente, en él debe contenerse un real silogismo, en el cual la premisa mayor la constituyen los preceptos constitucionales estimados como infringidos; la premisa menor, los actos reclamados y la conclusión la contrariedad entre ambas premisas. Para el caso en concreto, como se adelantó, la parte quejosa no vertió ningún razonamiento lógico jurídico encaminado a combatir las consideraciones que tuvieron el juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, la titular de la Oficina del Instituto Registral y Catastral; el licenciado Edgardo Aroldo García Villanueva, notario público número ciento treinta y cuatro, todos con residencia en esta ciudad; el juez Mixto de Primera Instancia, con asentamiento en Xalisco, Nayarit; y, el licenciado Antonio Humberto Herrera López, notario público número Tres, establecido en San Blas, Nayarit, para emitir, en el ámbito de sus facultades, la sentencia dentro del procedimiento de origen, la ejecución de la misma, y todo lo actuado dentro del expediente 355/2021; el lanzamiento del bien que aduce el doliente es de su propiedad, así como todo acto tendente a desposeerlo de éste; la negativa a comunicarle y rendir todo informe relativo a si aún continúa inscrita la propiedad a nombre de su consorte; la falta de expedición de la copia certificada donde conste la copropiedad a su favor del inmueble que aduce tiene en posesión; la inscripción de la escritura de propiedad a favor de AF Comercializadora y Desarrollo, Sociedad Anónima de Capital Variable; finalmente, la expedición de las escrituras públicas 26, 199 y la número 1, Tomo XXVII, Libro 2; de ahí que, los conceptos de violación que esgrimió en su demanda inicial de derechos humanos, analizados en este apartado, devienen inoperantes. Es aplicable por las consideraciones que la informan, la jurisprudencia número VI.2o.J/325, visible en la página número ochenta y ocho, Tomo 80, del mes de Agosto de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, cuyo rubro y texto, señalan: "CONCEPTO DE VIOLACIÒN. EN QUE CONSISTE. Por concepto de violación debe entenderse la expresión de un razonamiento jurídico concreto contra los fundamentos de la sentencia reclamada, para poner de manifiesto ante esa potestad federal que los mismos son contrarios a la ley o a la interpretación jurídica de la misma, ya sea porque siendo aplicable determinada disposición legal no se aplicó o porque se aplicó sin ser aplicable, o bien porque no se hizo una correcta interpretación de la ley, o, finalmente, porque la sentencia no se apoyó en principios generales de derecho aplicables al caso concreto, por lo que al no haber expresado el quejoso verdaderos conceptos de violación, las alegaciones que hace son inatendibles." Sobre estas bases, lo procedente es negar al accionante Antonio Ferretis Rodríguez, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, pues los conceptos de violación que plasmó en su demanda inicial en torno a los actos reclamados y autoridades responsables aludidos en este considerando, son inoperantes. Por las consideraciones que la informan aplicables al caso concreto, se cita el contenido de la tesis aislada visible en la página quince del Tomo cincuenta y nueve, Quinta Parte, Séptima Época, emitida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materias Laboral y Común, que dice: "CONCEPTO DE VIOLACION INOPERANTE. NEGATIVA DEL AMPARO Y NO SOBRESEIMIENTO. Si el quejoso produce argumentos que no tienden a destruir las consideraciones que rigen el laudo reclamado, ello no significa que falte concepto de violación y que deba sobreseerse el juicio, sino que lo que sucede es que, no reuniendo el concepto de violación los requisitos que la técnica jurídico-procesal señala para el efecto, resulta inoperante y debe negarse el amparo." Finalmente, cabe apuntar que la cita que se realiza de los criterios interpretativos emitidos por los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación, jurisprudenciales o aislados, es viable para sustentar lo que así se decide, pues no obstante que algunos surgieron durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, no se oponen a lo previsto en la vigente; ello, conforme a sus artículos segundo y sexto transitorios. Por lo expuesto, y con apoyo además en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se RESUELVE. PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Antonio Ferretis Rodríguez, contra los actos que reprochó al juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil, y a la actuaria adscrita a los Juzgados Primero y Segundo de Primera Instancia Civil, ambos del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con asentamiento en esta ciudad, con base en los motivos expresados en los considerandos tercero y quinto de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Antonio Ferretis Rodríguez, contra los actos que reclamó al juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, a la titular de la Oficina del Instituto Registral y Catastral; al licenciado Edgardo Aroldo García Villanueva, notario público número ciento treinta y cuatro, todos con residencia en esta ciudad; al juez Mixto de Primera Instancia, con asentamiento en Xalisco, Nayarit; y, al licenciado Antonio Humberto Herrera López, notario público número Tres, establecido en San Blas, Nayarit, por los motivos precisados en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes que conforman la presente contienda constitucional. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, hasta el día veinte de octubre de dos mil veintidós, fecha en que se terminó de engrosar, asistido del licenciado Gilberto Anaya Camargo, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
VI.. De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa, la sentencia con engrose de veinte de octubre de dos mil veintidós, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.
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