Antonio Gil Morales
Expediente 1305/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 10 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1305/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 19/04/2022
Partes del expediente
- Antonio Gil Morales
- Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado. Matamoros, Tamaulipas.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, diecinueve de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa y del contenido de la certificación de cuenta, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes en este juicio interpusieran recurso de revisión previsto por el numeral 81, fracción I, inciso e), de la citada ley reglamentaria, en contra de la sentencia de veintitrés de marzo del año en curso, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; con fundamento en el dispositivo 2º de la ley de la materia, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. Consecuentemente, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. En otro orden de ideas, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, toda vez que no existen documentos originales agregados al expediente, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio de este Juzgado de Distrito no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 citado en el párrafo que precede. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 1305/2021-IV promovido por Antonio Gil Morales, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo Con el escrito presentado el catorce de octubre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, turnado el quince siguiente a este órgano jurisdiccional, Antonio Gil Morales promovió juicio de amparo indirecto en contra de los actos y de la autoridad que a continuación se indica. Autoridad responsable: 1. Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Actos reclamados: "La omisión de la substanciación del juicio en forma y términos previstos por los artículos 873 al 891 de la Ley Federal del Trabajo." Asimismo, manifestó bajo protesta de decir verdad los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, señaló como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 8, 14, 16, y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló el concepto de violación que estimó pertinente. SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda Mediante auto de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, se ordenó formar expediente, el cual quedó registrado con el número 1305/2021-IV se admitió a trámite la demanda, se requirió a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional y una vez integrado el expediente, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en Heroica Matamoros, es competente para conocer del presente juicio de amparo en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados Es de establecerse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el juez puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención del peticionario del amparo, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordinal invocado. Así, del estudio integral de la demanda de amparo se desprende que los actos reclamados consisten en: a) La omisión de la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, en desahogar la prueba confesional, con cargo al ahora agraviado dentro del expediente administrativo laboral 939/E06/2019. No escapa para este Juzgado de Distrito que la parte quejsa señala también como acto destacado: ".la substanciación del juicio en la forma y términos previstos por los artículos 873 al 891 del ordenamiento legal en cita, dilatando la substanciación del juicio sin razón legal."." Empero, se invoca como hecho notorio para este órgano jurisdiccional, que conforme a la resolución relativa al recurso de inconformidad 282/2013, de dieciocho de septiembre de dos mil trece, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el criterio sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, fue abandonado, al considerarse que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro el procedimiento laboral, en respeto de los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. El criterio que ahora se invoca, se encuentra publicado en la página 732 del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que en su rubro y texto señala: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Luego entonces, como se dijo, los actos que aquí se analizarán se delimitaron en función de los mismos, conforme a la etapa específica donde se incurrió en la dilación u omisión reclamada. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados La Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó los actos que de ella reclama Antonio Gil Morales. La parte quejosa no desvirtuó esa negativa; consecuentemente en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio por lo que a dicha autoridad se refiere. Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las Responsables niegan los actos que se le atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." La anterior negativa tiene sustento en las documentales que la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Matamoros, Tamaulipas, allegó a este expediente, con valor probatorio pleno atento a lo dispuesto por los artículos 129, 187 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues de ellas se desprende que el trece de abril de dos mil veintiuno, esto es, antes de la presentación de la demanda, tuvo verificativo el desahogo de la prueba confesional a cargo del quejoso dentro del expediente administrativo laboral de origen, la cual se llevó al cabo sin la presencia de Antonio Gil Morales, dada su inasistencia, no obstante de haber sido legalmente notificado para ello, por lo que se le tuvo por confeso de las posiciones que fueron calificadas de legales. Ahora, es cierto que el quejoso aduce que mediante escrito presentado el quince de abril de dos mil veintiuno, exhibió copia de certificado médico de fecha doce de abril de dos mil veintiuno a la Junta Laboral, informándole el impedimento para presentarse a la audiencia confesional, solicitando el señalamiento de nueva fecha y hora para su desahogo, y que al respecto, nada pronunció la Junta del conocimiento. Lo anterior, en forma alguna incide en el sobreseimiento decretado, pues con independencia de que al expediente de origen no fue dirigido el escrito aludido por el quejoso, lo cierto es que, aún en ese supuesto, no se está ante omisión alguna, pues para que exista una omisión (como conducta -aunque negativa- cualificada por el derecho), se deben reunir dos elementos a saber: a) Una obligación de hacer, a cargo del sujeto de derecho a quien se le imputa el acto omisivo, impuesta ya sea en una disposición normativa, o bien, en un acto jurisdiccional o administrativo (elemento normativo); y, b) Una conducta pasiva ante esa obligación, esto es, un no hacer (elemento fáctico). Lo que no acontece en el presente caso, en el que, como se dijo, la prueba confesional relativa al expediente 939/E06/2019 tuvo su desahogo el trece de abril de dos mil veintiuno, antes de la presentación de la demanda; de ahí que no existía obligación de señalar nueva fecha y hora para su desahogo por parte de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. Muestra de lo anterior es el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis XXIV/98, consultable en la página 53, tomo VII, junio de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." De lo anterior se concluye que la omisión atribuida a la Junta responsable, es inexistente y, por lo tanto, como se dijo, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio en términos de los artículos 63, fracción IV, 74, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por Antonio Gil Morales. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, nueve de marzo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio 466/2022 que remite la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por conducto de su presidente, así como los anexos que adjuntó al mismo, al través del cual, da cumplimiento al requerimiento hecho por este órgano jurisdiccional, y al efecto remite copia certificada de diversas actuaciones dentro del expediente administrativo laboral ******************** en consecuencia, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguense a sus autos para que obren como corresponda, atento a lo anterior, dese vista a las partes por el término de tres días, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Respecto a las documentales anexas se tienen por admitidas y desahogadas desde este momento por su propia y especial naturaleza, de conformidad con lo dispuesto por el dispositivo 119 de la ley de la materia. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se desprende que mediante proveído de uno de febrero de dos mil veintidós, se requirió a la responsable para que remitiera la copia del escrito presentado ante esa autoridad el quince de abril de dos mil veintiuno, acordado en auto de diecinueve de noviembre de ese mismo año (foja 23), ya que resulta necesaria para resolver el fondo en el presente asunto, sin que a la fecha obre en autos la citada promoción. Sin embargo, la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, continúa siendo omisa en remitir las constancias requeridas en dicho auto. Por tanto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiéraseles por última ocasión para que dentro del improrrogable término de tres días hábiles contados a partir de su legal notificación, cumpla con lo requerido en proveído de uno de febrero de dos mil veintidós, y remita copia certificada del escrito de quince de abril de dos mil veintiuno que obran dentro del expediente administrativo laboral ********************o en su caso informen a este Juzgado de Distrito la imposibilidad que tuvieren para remitir la constancia requerida. Apercibida que de no hacerlo en el plazo indicado, se le impondrá una multa de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, ello con apoyo en el numeral 260, fracción II, de la legislación de la materia. Para dar margen a ello, se difiere la audiencia constitucional programada para esta propia fecha, y se fijan nuevamente las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veintitrés de marzo de dos mil veintidós a fin de que tenga verificativo tal actuación. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.
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