Antonio Espinoza Calderón

Expediente 263/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
263/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
25/08/2022

Partes del expediente

  • Antonio Espinoza Calderón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. ACUSA RECIBO DE AUTOS. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta y atento a su contenido, se tiene a la autoridad que lo suscribe, acusando recibo del oficio 16665 mediante el cual se hizo saber que la sentencia dictada en este juicio causó ejecutoria; asimismo, acusa recibo de los autos del toca de apelación de los que deriva el acto reclamado en este juicio de amparo. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe.RclCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Luis Felipe Sánchez Luna CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA SOBRESEE Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de siete de julio de dos mil veintidós, en la que se SOBRESEYÓ el amparo promovido por Antonio Espinoza Calderón; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. SE DEVUELVEN CONSTANCIAS. Devuélvanse al Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, toca I-23/2022 y Diligencias de jurisdicción voluntarias 947/2019 acompañó a su informe justificado, para los efectos legales a que haya lugar. SE ORDENA ARCHIVO. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de que el mismo se SOBRESEYÓ, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se formaron los mismos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del cinco al diecinueve de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/01926/2022, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de julio de dos mil veintidós. V I S T O S para dictar sentencia los autos que integran el juicio de amparo número 263/2022-VII, promovido por Antonio Espinoza Calderón, contra actos que reclama del Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el ocho de marzo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, y remitido a este juzgado por razón de turno, Antonio Espinoza Calderón acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclamó del Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en esta ciudad, en los términos siguientes: "III. ACTO RECLAMADO: La ejecutoria dictada con fecha 16 de febrero de 2022, por el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del toca de apelación I-23/2022, formado con motivo del recurso de apelación hecho valer por la parte que represento dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria 947/2019, que sobre acreditación de hechos relativos a la posesión promoví respecto del inmueble especificado en autos, del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial de Morelia, Michoacán." En ese ocurso, la parte quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, por lo que en proveído de nueve de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda; se formó el expediente y lo registró bajo el número 263/2022; se solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación. Asimismo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por materia, territorio y grado para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito.????????????? Ello porque se reclama la resolución que confirma el auto de nueve de diciembre de dos mil veintiuno dictado por el juez de origen dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria, por el tribunal de alzada con sede en esta ciudad, capital. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". De igual forma se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000?????????????? Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: La resolución de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, dictada por el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del toca civil 23/2022, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto contra el auto de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, en las diligencias de jurisdicción voluntaria 947/2019, del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia en materia civil, en la que determinó confirmar el auto en cita. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en esta ciudad, toda vez que al rendir su informe con justificación, aceptó su existencia.1 Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Además, la existencia de los actos reclamados se corrobora con las constancias que la autoridad responsable exhibió en apoyo a su informe justificado, consistentes en toca original 23/2022; así como testimonio de las diligencias de jurisdicción voluntaria 947/2019. 1 Foja 30????????????? Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del ordenamiento adjetivo Federal anotado, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende la existencia del acto reclamado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda de amparo. El juicio de amparo de que se trata se encuentra promovido en tiempo, pues la parte quejosa fue notificada del acto reclamado vía electrónica, el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, lo que se corrobora con la constancia que obra a foja 16 del cuaderno I de pruebas; por tanto, la notificación surtió efectos al día siguiente, esto es, el diecisiete del mes y año en cita, en términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán; de ahí que el término para la interposición del juicio de amparo inició el dieciocho de febrero de ese año y concluyó el quince de marzo de dos mil veintidós, término al que se le descuentan los días correspondientes a sábados y domingos. Por otro lado, la demanda de amparo se presentó el ocho de marzo del año en curso; en consecuencia, es de concluirse que la acción constitucional se ejerció dentro de los quince días a que alude el artículo 17 de la ley de la materia, pues tal presentación aconteció dentro del término para la interposición de la demanda. QUINTO. Antecedentes. Previo al estudio del análisis de fondo, se estima necesario realizar una breve reseña de lo acontecido en el juicio de origen, para una mejor comprensión del asunto. 1. Mediante escrito presentado el dos de octubre de dos mil diecinueve, Antonio Espinoza Calderón demandó en la vía de jurisdicción voluntaria para acreditar hechos relativos a la posesión de inmueble urbano, demanda que correspondió conocer al Juez Octavo Civil de Primera Instancia de esta ciudad de Morelia, Michoacán, quien previa prevención, la admitió el once de octubre de dos mil diecinueve, registrándola bajo el número 947/2019.2 2. Seguido el trámite de las diligencias, por escrito presentado el seis de diciembre de dos mil veintiuno, el promovente solicitó que aun cuando no se especificó en su escrito inicial, la causa de pedir en esas diligencias era con la finalidad de suplir título escrito de dominio, información testimonial Ad- Perpetuam.3 2 Fojas 1 a 5 3 Fojas 56 y 57????????????? 4. Por auto de nueve de diciembre de dos mil veintiuno,4 el Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil, en relación con la petición de seis de ese mes y año, proveyó lo siguiente: "[.] Dada cuenta con el escrito que suscribe Antonio Espinoza Calderón, promovente de las presentes diligencias, dígasele que no ha lugar a tenerlo por haciendo las manifestaciones que aduce en su ocurso, toda vez que las diligencias que ocupa, fueron admitidas a fin de acreditar hechos de posesión, como se advierte del proveído de 11 once de octubre de 2019 dos mil diecinueve, motivo por el cual no ha lugar a tener las diligencias de mérito, a fin de suplir título escrito de dominio, información testimonial ad-perpetuam". 5. Inconforme con esa determinación, el ahora quejoso interpuso recurso de apelación, del cual conoció el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, quien en resolución de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, confirmó el auto recurrido.5 Resolución la anterior que resulta el acto reclamado. SEXTO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos fijados en el considerando tercero, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano 4 Foja 58 5 Fojas 86 92 jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora, del análisis del acto reclamado, se concluye que, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 107, fracciones IV y V, a contrario sentido de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos??????????????? tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte: [.]". De los preceptos trascritos se advierte que el amparo procede contra los actos emitidos fuera de juicio. En tal supuesto se encuentran las determinaciones emitidas en las diligencias de jurisdicción voluntaria, respecto de las cuales sólo procede el amparo contra la última determinación que ponga fin al procedimiento, pues aplica el principio de definitividad horizontal en este caso. Esto es, contra actos de los tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el juicio de amparo sólo procede contra la resolución definitiva que ponga fin al juicio, salvo en los casos expresamente previstos en el artículo 107 de la Ley de Amparo. Por otro lado, cuando se reclamen actos emitidos durante el juicio o procedimiento, que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose como tales, para efectos de la procedencia del amparo indirecto, cuando de modo directo e inmediato se trasgredan materialmente derechos sustantivos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales en los que México sea parte. Regla que también aplica para los emitidos en las diligencias de jurisdicción voluntaria. Para arribar a esa conclusión, en lo tocante al concepto actual de los actos de imposible reparación, se estima procedente establecer que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 377/2013, determinó: "[.] Esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Las normas invocadas son las siguientes: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de:???????????? [...] b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...]." Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus????????????? secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación" no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001, cuya presunta vigencia motivó la presente contradicción de tesis, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dicha jurisprudencia para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor, en atención a que en tal criterio expresamente se reconoció que la cuestión de personalidad hacía procedente el juicio de amparo indirecto "...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado ?con toda razón? a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios [.]". De la anterior ejecutoria derivó la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Décima Época Registro: 2006589 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 7, Junio de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 37/2014 (10a.) Página: 39 "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien,?????????????? como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ´... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte´; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos ´que afecten materialmente derechos´, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos ´derechos´ afectados materialmente revistan la categoría de derechos ´sustantivos´, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de ´imposible reparación´, no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto ´... aunque por ser una????????????? cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo´; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a ´derechos sustantivos´, y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza ´material´ de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Así, los únicos actos emitidos dentro de un juicio que pueden ser materia del juicio de amparo son aquellos que constituyen el último del procedimiento y/o tengan una ejecución de imposible reparación, siendo el caso cuando agravian de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo materia de derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener sentencia o laudo favorable. Ahora, la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, dictada por el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del toca civil 23/2022, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto contra el auto de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, en las diligencias de jurisdicción voluntaria 947/2019, del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia en materia civil, en la que determinó confirmar el auto en cita. En el auto de nueve de diciembre de dos mil veintiuno se determinó: "[.] Dada cuenta con el escrito que suscribe Antonio Espinoza Calderón, promovente de las presentes diligencias, dígasele que no ha lugar a tenerlo por haciendo las manifestaciones que aduce en su ocurso, toda vez que las diligencias que ocupa, fueron admitidas a fin de acreditar hechos de posesión, como se advierte del proveído de 11 once de octubre de 2019 dos mil diecinueve, motivo por el cual no ha lugar a tener las diligencias de mérito, a fin de suplir título escrito de dominio, información testimonial ad-perpetuam". De lo expuesto en el párrafo anterior se desprende que la resolución impugnada no es la última dictada dentro del procedimiento de jurisdicción voluntaria. Tampoco es de aquellos actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, ya que sólo afecta derechos adjetivos, lo que produce únicamente consecuencias intraprocesales. Ello debido a que sus consecuencias materiales tendrán actualización hasta que se emita la determinación última en las diligencias de jurisdicción voluntaria.????????????? De ahí que no originan desde luego un ataque a los derechos sustantivos de la parte quejosa, sino que habrá de esperar hasta la determinación última para acudir a combatir lo determinado en el procedimiento de origen, de estimar que le afectan. Sobre esa base, como los efectos que produce la resolución reclamada en el presente asunto en la esfera jurídica del quejoso, en el estado en que se encuentra el procedimiento de origen, son de naturaleza eminentemente adjetiva o procesal, porque la consecuencia jurídica de haberse declarado improcedente la solicitud para tener las diligencias de jurisdicción voluntaria tramitadas para suplir título escrito de dominio, información testimonial adperpetuam, es que se prosiga con el trámite de las diligencias de jurisdicción voluntaria, pero para acreditar hechos relativos a la posesión de inmueble urbano, en los términos en que, a consideración de la responsable fueron ofrecidas en un principio. Lo anterior lleva a sostener que no se está en la hipótesis a que alude el artículo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, de manera que de llegar a trascender en perjuicio del quejoso la trasgresión de que se duele en el juicio de amparo biinstancial, podrá hacerla valer como violación procesal mediante el amparo indirecto que promueva contra la última determinación dictada en el procedimiento de jurisdicción voluntaria. Por tanto, si la resolución que en su oportunidad se dicte en el juicio de origen le resulta adversa a la parte quejosa, en ese momento estará en condiciones de atacar dicha determinación a través del amparo indirecto, en donde podrá hacer valer como violaciones a las leyes del procedimiento que afectan sus defensas el hecho de que se hubiera desestimado su petición de continuar las diligencias para suplir título de dominio, información testimonial ad- perpetuam. Es aplicable al caso concreto la tesis que dice: Registro digital: 2003301 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 16/2013 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1, página 744 Tipo: Jurisprudencia "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. EL AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA EL ACTO QUE PONGA FIN A LA DILIGENCIA SALVO QUE SE TRATE DE ACTOS INTERMEDIOS CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Las diligencias de jurisdicción voluntaria deben calificarse como actos dictados fuera de juicio en los términos del primer párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo. Al respecto, el Pleno de este Alto Tribunal en las tesis jurisprudenciales de rubros: "PRENDA MERCANTIL. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL ACUERDO QUE ADMITE A TRÁMITE LA PETICIÓN DEL ACREEDOR PARA QUE EL JUEZ AUTORICE LA VENTA DE LOS BIENES DADOS EN GARANTÍA."; "PRENDA MERCANTIL, VENTA JUDICIAL DE LA. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 341 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO."; y en las ejecutorias de las que derivaron?????????????? éstas, estableció que cuando dichos actos provinieran de un procedimiento, el juicio de amparo indirecto sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento; supuesto en el cual, de acuerdo al inciso b), de la fracción III, del artículo 107 Constitucional, en estos casos debe respetarse el principio de definitividad. No obstante, aplicando por analogía la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, si durante el procedimiento de jurisdicción voluntaria existe un acto intermedio de imposible reparación, el amparo indirecto procedería excepcionalmente respecto de dicho acto, una vez que se hubiesen agotado los medios ordinarios de defensa que existan en su contra, sin requerir que se emita la determinación final que proceda. Así, por regla general el amparo indirecto sólo procede contra el acto que ponga fin a la diligencia de jurisdicción voluntaria, salvo que el acto sea de imposible reparación, supuesto en el cual el amparo indirecto procederá en contra de actos intermedios, debiendo en ambos casos respetarse el principio de definitividad". En esos términos, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los preceptos 107, fracciones IV y V, a contrario sentido, de la Ley de Amparo y lo procedente es sobreseer en el juicio constitucional, con apoyo en el precepto 63, fracción V, de la ley de la materia. No impide determinarlo así, el hecho de que la demanda de garantías haya sido admitida y que se hubiese seguido el trámite del presente juicio hasta culminar con la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que por ser las causales de improcedencia una cuestión de orden público deben estudiarse preferentemente en cualquier etapa del juicio, si aquéllas se encuentran plenamente probadas a través de las constancias que obran en el expediente, sea que lo aleguen o no las partes. De modo que al decretarse el sobreseimiento en esta controversia constitucional, no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, toda vez que el estudio de la procedencia del juicio de amparo es de naturaleza preferente y de orden público, y la actualización de alguna causa que lo haga improcedente impide el análisis de la cuestión de fondo. Es orientador al criterio jurisprudencial emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto: Época: Octava Época Registro: 214593 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 70, Octubre de 1993 Materia(s): Común Tesis: II.3o. J/58 Página: 57 "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el?????????? sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 215 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Antonio Espinoza Calderón, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, ante Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy siete de julio de dos mil veintidós en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo 263/2022 promovido por Antonio Espinoza Calderón contra actos del Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que obran en autos las documentales que la parte quejosa anexó a su escrito de demanda; asimismo, obra en cuaderno de pruebas por separado las documentales que la autoridad señalada como responsable adjuntó como sustento de su informe la documental consistente en el toca I-23/2022 y Diligencias de Jurisdicción Voluntarias 947/2019, medios de convicción que de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por ofrecidos y desahogados dada su propia y especial naturaleza. Al no existir más prueba alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. EL JUEZ: Al no existir alegatos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. MARBELLA JUÁREZ GARCÍA

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