Antonio Enríquez Soto

Expediente 2734/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 28 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2734/2019
Año
2019
Actuaciones
28
Última actuación
08/02/2022

Partes del expediente

  • Antonio Enríquez Soto
  • Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. ESTADO DE AUTOS. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que advierte que dentro del término previsto en el artículo 196 de la Ley de la Amparo, la parte quejosa realizó manifestación respecto de las constancias remitidas por la autoridad responsable, relativas con el cumplimiento al fallo protector. CALIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO. En el caso concreto, se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión, a la parte quejosa, para el efecto de que se dejara insubsistente el auto de siete de octubre de dos mil diecinueve, emitido dentro de los autos del procedimiento administrativo de responsabilidad CD PAR 52/2019 del índice del Pleno de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal del Estado de Nayarit, únicamente en lo relativo a la medida provisional del servidor judicial Antonio Rodríguez Soto en su calidad de juez y con plenitud de jurisdicción emitiera otro, el cual pudiera ser en el mismo sentido o en diverso, en el que fundara y motivara debidamente su decisión, expresando las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas de la emisión del acto, así como en su caso, la idoneidad y proporcionalidad de la suspensión provisional del cargo de juez que desempeñaba la parte quejosa. Ello se consideró así porque le habían impuesto una medida provisional al quejoso dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa, consistente en la suspensión provisional en el cargo de Juez de Primera Instancia, que surtiría sus efectos desde su notificación hasta que se dictara la resolución respectiva, debido a que había incurrido en faltas graves de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nayarit. Empero, no se habían precisado cuáles de los hechos narrados en el acta respectiva constituían el motivo que ameritaba la suspensión y porqué era necesaria la medida impuesta. La sentencia emitida en los presentes autos, causó ejecutoria el veinticinco de septiembre de dos mil veinte. Posterior a ello, la autoridad responsable por conducto de su presidente, mediante oficio recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, el veintiuno de octubre de dos mil veinte, informó entre otras cosas, que existía imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la sentencia de amparo derivado del cambio de situación jurídica, pues con data veinte de mayo de dos mil veinte, el Pleno de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura, había dictado resolución definitiva dentro del procedimiento de responsabilidad ya citado y realizado la notificación respectiva al quejoso, en la que se determinaba la sanción relativa a la destitución de su cargo de juez de primera instancia. De igual manera, remitió copia del auto de trece de octubre de dos mil veinte, en el cual se tuvo al quejoso interponiendo recurso de revisión administrativa en contra de la resolución que recayó al procedimiento administrativo CD PAR 52/2019. Cabe precisar, que mediante el oficio 1072/2020 de ocho de septiembre de dos mil veinte, la autoridad de referencia, remitió copias certificadas de la resolución emitida dentro del procedimiento administrativo CD PAR 52/2019. En ese orden de ideas, la reparación constitucional a que se refiere el numeral 77 de la Ley de Amparo, resulta ociosa por no existir ya el acto, la materia o los efectos reclamados, motivo por el cual debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo ha quedado sin materia. Ello es así, pues en el juicio de origen se resolvió en definitiva el procedimiento administrativo instaurado en contra del ahora quejoso, en el que entre otras cosas, se determinó la destitución del cargo de Juez de Primera Instancia que ostentaba, determinación que sustituyó la emitida de manera provisional y que fue materia del presente sumario constitucional. Aunado a ello, como se indicó con antelación, la suspensión provisional en el cargo de Juez de Primera Instancia, según determino la propia autoridad responsable, surtió sus efectos desde su notificación hasta que se dictara la resolución respectiva; de ahí que al haberse actualizado esta última hipótesis jurídica, es evidente que ya no surte efecto alguno, por haberse actualizado la condición que estableció el fin de su eficacia jurídica. En este tenor, a través del oficio con número de registro 20070, de fecha veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, el Presidente de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, informó a este Juzgado de Distrito que el Pleno de dicho Órgano Colegiado había emitido resolución el diez de noviembre de dos mil veinte, en el recurso de revisión 05/2020, promovido por el recurrente aquí quejoso Antonio Enríquez Soto, en la cual se confirmó la resolución emitida dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa CD/PAR/52/2019 y se reiteró la sanción impuesta consistente en la destitución del cargo de Juez de Primera Instancia. No es óbice a lo anterior, las manifestaciones formuladas por la parte quejosa el quince y treinta de diciembre del año próximo pasado, en el sentido que la ejecutoria en análisis debe de cumplirse en sus términos, ya que a su parecer no existe imposibilidad material para ello, en virtud de que la resolución definitiva emitida dentro del procedimiento administrativo CD PAR 52/2019, aún no queda firme ni causa ejecutoria, pues la misma se impugnó mediante la interposición de recurso de revisión, el cual a su vez es combatido dentro del diverso juicio de amparo 712/2021 de la estadística de este órgano jurisdiccional, mismo que actualmente se encuentra en trámite. Sin embargo, debe decirse que contrario a lo manifestado por la parte quejosa, la determinación de la medida provisional emitida dentro de los autos del procedimiento administrativo de responsabilidad CD PAR 52/2019, el siete de octubre de dos mil diecinueve, consistente en la suspensión provisional del cargo de juez y la disminución de sus percepciones, que dio origen al presente sumario constitucional, fue sustituida de manera definitiva, al haberse dictado la sentencia correspondiente con data veinte de mayo de dos mil veinte. Es decir, que la suspensión de las funciones inherente al cargo de Juez de Primera Instancia, no se debe actualmente a la emisión de la medida provisional que constituye el acto reclamado en la especie, sino al dictado de la resolución respectiva, misma que subsiste a la fecha, pues si bien se combatió mediante el recurso de revisión administrativa, el mismo no se ha resuelto a la fecha. De ahí que, resulta evidente la existencia de la imposibilidad material y jurídica para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, como se acreditó con las constancias que obran en el presente sumario, ello por haber dejado de existir la materia del mismo. Por lo anteriormente expuesto, se reitera que lo procedente en el caso es declarar que el cumplimiento al fallo protector dictado en los presentes autos, ha quedado sin materia. Archivo y destino al cuaderno principal. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo, el cual este órgano jurisdiccional determina que es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b, del citado precepto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. Destino a los cuadernos incidentales. Luego, con sustento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, referido precedentemente, específicamente en su inciso c del artículo 21, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio es destruible, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, debido a que la medida cautelar se negó, respecto de los actos reclamados; en tanto que, el duplicado respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, en los términos establecidos, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda; por tanto, déjense por separado. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. SE RECIBE ESCRITO. Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por la parte quejosa Antonio Enríquez Soto, a través del cual, en atención a la vista efectuada mediante proveído de veintitrés de diciembre de la presente anualidad, realiza manifestaciones en relación al cumplimiento del fallo protector; sin embargo, por el momento únicamente agréguese a sus autos el líbelo de mérito, sin que haya lugar a realizar pronunciamiento alguno al respecto, en el entendido que se proveerá lo conducente con relación a sus expresiones, en el auto que habrá de pronunciarse respecto al cumplimiento de la sentencia concesoria. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el secretario José Javier Ruiz Martínez, que autoriza y da fe. Harfrey

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. SE RECIBE COMUNICADO. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Presidente del Pleno de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y anexo que acompaña, a través del cual en atención al requerimiento contenido en el proveído de dieciséis de diciembre del año en curso, informa que con data diez de noviembre de dos mil veinte, el pleno del consejo de la judicatura citado, emitió la resolución correspondiente al recurso de revisión 05/2020 de su índice, interpuesto por el ahora quejoso, en la que se confirmó la resolución emitida dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa CD PAR 52/2019 y se reiteró la sanción impuesta consistente en la destitución del cargo de juez de primera instancia, tal como lo acredita con el legajo de constancias certificadas que acompaña, mismo que por su volumen se ordena dejar en legajo por separado para su mejor consulta; asimismo, refiere que contra dicha determinación la parte quejosa promovió amparo indirecto el cual quedó registrado bajo el número 712/2021 del índice de este órgano jurisdiccional. En consecuencia, al tenor del artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con el comunicado de mérito y anexo que acompaña, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, con apercibimiento de que en caso de no hacer expresión alguna al respecto, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás constancias que obran en autos, se hará pronunciamiento en relación con el cumplimiento de referencia, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que por proveído de veintiséis de noviembre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con el oficio presentado el veintidós de octubre de dos mil veinte, por el Presidente de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante el cual informó la imposibilidad jurídica para dar cumplimiento al fallo protector, derivado de un cambio de situación jurídica dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa CD PAR 52/2019, en virtud de que el veinte de mayo del año próximo pasado, dictó la resolución definitiva dentro del procedimiento en cita. Sin embargo, dicha resolución fue recurrida por el aquí quejoso, a través del recurso de revisión administrativa, el cual se registró con el número 5/2020, del índice del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, mismo que en esa data, se encontraba pendiente de resolución. No obstante, se considera necesario conocer el estado procesal que guarda dicho medio de impugnación; en consecuencia, de conformidad con los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al Presidente de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio de notificación correspondiente, informe el estado procesal que guarda el recurso de revisión administrativa 5/2020, del índice del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit y remita las constancias certificadas correspondientes. Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a CIEN VALORES DIARIOS de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado b, párrafos sexto y séptimo constitucional, en relación con el segundo y tercer transitorio del decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo), de conformidad con el dispositivo 258 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a la ahora denominada Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Derivado de lo anterior, se procede a dejar sin efectos la vista otorgada el veintiséis de noviembre del año en curso. SE RECIBE ESCRITO. Agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes el ocurso de cuenta signado por el quejoso, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en torno a la imposibilidad de dar cumplimiento de la sentencia de amparo por parte del Presidente de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, y solicita se requiera por el cumplimiento al fallo protector; por tanto, dígasele al promovente, que deberá estarse a lo acordado en párrafos que preceden.

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