Antonio Fonseca Rivera
Expediente 983/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 12 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 983/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 03/10/2018
Partes del expediente
- Antonio Fonseca Rivera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que el Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, por conducto de su delegada (fojas 87 y 88), comunicó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Mediante proveído de veinticuatro de septiembre de la presente anualidad (foja 89), se dio vista a la parte quejosa con el oficio mencionado con antelación, para que en el plazo de tres días indicara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el dispositivo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el veintinueve de junio del año en curso (fojas 49 a la 67), se determinó conceder al quejoso *, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en relación con los diversos 11, 12 y 13 de la citada ley; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. . 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva al quejoso la cantidad de $*, por concepto de inscripción de documento público o privado, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, al ser contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, cantidad pagada por el justiciable, con apoyo en la Ley de Ingresos del Estado, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó, relativos al instrumento público "*", emitido por el Notario Público Uno, con sede en Tepic, Nayarit (fojas 12 y 41), que se pagó el diecinueve de abril de dos mil dieciocho. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarlo de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el último párrafo de las fracción I, del artículo 21 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar a los contribuyentes de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. .Cabe precisar, que dentro de la cantidad a devolver, no se encuentra el cobro de cancelación de inscripción $148.00 pesos que se indicó en el formato de pago (foja 11), toda vez que el accionante de garantías no reclamó la inconstitucionalidad de dicho concepto. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que el quejoso sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables aludidas en párrafos que antecede, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: A). Se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los ordinales 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal; y B). Devolver la cantidad de $*, restándole la cantidad de $*, por el cobro de cuota fija mínima; asimismo, dentro de la cantidad a devolver no se encuentra el cobro de cancelación de inscripción de $*, y de igual manera, el referido monto debía ser actualizado. Luego, a través del oficio * de veinte de septiembre de la presente anualidad, presentado en la Oficialía de partes de este Juzgado (fojas 87 y 88), el Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su delegada, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que el veinte de septiembre del año actual, realizó una transferencia bancaria a favor de la parte quejosa valiosa por la cantidad de $*. Entonces, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $*, misma sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue expedido el diecinueve de abril del año en curso y el veinte de septiembre del año actual, se realizó la transferencia a favor de la parte quejosa, por la cual la autoridad responsable citada devuelve la contribución reclamada en su totalidad; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de marzo del presente año a agosto de este año. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de marzo del año actual entre el índice para el mes de agosto de esta anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo de dos mil dieciocho fue de 132.436; y para el mes de agosto de la presente anualidad fue de 100.492. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 0.75879; sin embargo, cuando el resultado de la operación es menor a uno, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones será 1 de conformidad al último párrafo del citado numeral. Por tanto, resulta evidente que al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: $*, se obtiene el mismo monto de dicha contribución. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados al quejoso, en términos del numeral 196 de la ley de amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Sin que pase inadvertido, que el monto que el recaudador responsable debía devolver a la quejosa era de $*; toda vez que debía restarle la cantidad de $*, por el cobro de cuota fija mínima; así como la cantidad de $*, por concepto de cancelación de inscripción; sin embargo, éste generó un cheque por la cantidad de $*, es decir, un excedente por la cantidad de $*, pero dicho excedente no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la autoridad responsable, en razón de que los gastos que realizarían tanto las autoridades responsables a fin de exigirlos, así como los que efectué la quejosa, con el objeto de devolver dicho monto, serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Consecuentemente, es evidente que con ello se ha restituido a la aludida agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplido. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por la Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con el libelo de cuenta y anexos de referencia, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. Asimismo, proporciona el nombre y registro federal de contribuyentes (RFC) de los servidores públicos que, ostentaron el cargo de Presidente Municipal, Síndico Municipal, Tesorero Municipal y cada uno de los Regidores, que compusieron el anterior Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; sin embargo, omitió comunicar el domicilio particular de las personas señaladas; así como el nombre completo de la persona que al veintiuno de mayo y cuatro de julio del año en curso ocupó el cargo de Síndico Municipal, su domicilio y registro federal de contribuyentes; en consecuencia, de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al ente municipal de referencia, por conducto de su representante legal, para que dentro del plazo de TRES DÍAS siguientes al en que sea notificado de este auto, remita a este Juzgado, el nombre completo de la persona que al veintiuno de mayo y cuatro de julio del año en curso ocupó el cargo de Síndico Municipal, su domicilio particular y registro federal de contribuyentes, así como el domicilio particular de las personas que ostentaron el cargo de Presidente Municipal, Síndico Municipal, Tesorero Municipal y cada uno de los Regidores, que compusieron el anterior Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, es decir de las siguientes personas:
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por Karla Marvelly Gudiño Dena, Delegada de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual manifiesta, que en cumplimiento a la resolución emitida en el presente juicio de garantías, se turnaron los datos de la parte quejosa, al Director General de Tesorería, para que lleve a cabo la transferencia bancaria a favor del promovente; por ende, agréguese el ocurso de que se trata, así como de la documental que adjuntó, en el entendido de que con lo manifestado, únicamente se considera en vías de cumplimiento; lo expuesto, hágase del conocimiento de la responsable oficiante, para que una vez que se dé cabal acatamiento al fallo protector, lo informe inmediatamente a este Juzgado a fin de determinar si se está cumpliendo o no en sus términos con la ejecutoria de mérito.
- Principal
23486 En cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, se da cuenta a la Juez, con el escrito enviado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el escrito de cuenta, enviado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por **, en su carácter de autorizado en términos amplios de la parte quejosa, al que obra al reverso del mismo la evidencia criptográfica del archivo magnético del ocurso en cuestión, a través del cual solicita se le autorice la consulta vía internet del expediente electrónico del presente juicio de garantías con nombre de usuario "**", en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, de conformidad con el artículo 3, parte final del párrafo octavo de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía electrónica del presente expediente a José Refugio Becerra Ramírez, con nombre de usuario "**", ya que en términos del precepto de previa mención, el Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitió los acuerdos generales que consideró necesarios a fin de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la firma electrónica, que al día de hoy, se encuentran en vigor.
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