Antonio Durán Ortega
Expediente 1638/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 13 actuaciones registradas, la última del 31 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1638/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 31/12/2018
Partes del expediente
- Antonio Durán Ortega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
** TEPIC, NAYARIT, TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este juzgado federal (fojas 120 y 121), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho (foja 122), se dio vista a la parte quejosa para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la ley de amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "**Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el cinco de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 80 a 94), se determinó por una parte sobreseer y por otra conceder al quejoso Antonio Durán Ortega, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en relación con los diversos 11, 12 y 13 de la citada ley; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), respecto de la cantidad de $14,772.52 (trece mil novecientos treinta pesos 70/100), por concepto de la inscripción de documento público o privado, inscripción de préstamo hipotecario, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit; lo cual deriva de la inscripción de la escritura pública número diecisiete mil trescientos treinta y cinco, que pagó el dieciocho de julio de dos mil dieciocho. Por otro lado, se hace necesario destacar que no es objeto de devolución la cantidad pagada por concepto de "cancelación de inscripción", toda vez que tal concepto no derivó de la aplicación de las normas declaradas inconstitucionales dentro del presente juicio. (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que el quejoso sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." Sentencia que causó ejecutoria el tres de octubre de dos mil dieciocho (foja 111 y 112), por lo que se requirió al Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit y al Recaudador de Rentas de dicha secretaría, con sede en esta ciudad, a fin de que la acataran. De lo anterior se colige, que los actos que debían realizar las responsables para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica del quejoso los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolverle la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar actualizada. Luego, por oficio y anexo recibidos en este juzgado federal el veintiséis de octubre del presente año (fojas 120 y 21), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, comunicó el cumplimiento al fallo protector; es decir, el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, entregó al aquí quejoso, la cantidad de catorce mil quinientos cuarenta y ocho pesos con cuarenta y cuatro centavos, lo cual acreditó con la copia de la transferencia bancaria que obra a foja ciento veintiuno. Ahora, a fin de evidenciar que la citada suma se encuentra actualizada, se atiende a que, de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, establece que tratándose de actualización debe atenderse el mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el dieciocho de julio de dos mil dieciocho y que el veinticuatro de octubre del dos mil dieciocho se tuvo a la autoridad responsable realizando la devolución por el monto de dicho recibo, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de junio de dos mil dieciocho al mes de septiembre del presente año. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de septiembre del año en que se actúa entre el índice para el mes de junio del año en curso (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de septiembre de dos mil dieciocho fue de 100.917 y para el mes de junio de dos mil dieciocho fue de 99.376, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.01550. Ahora, dado que al monto de $14,695.55 (catorce mil seiscientos noventa y cinco pesos con cincuenta y cinco centavos 55/100, moneda nacional), al cual se le resta la cuota mínima a pagar de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), por cada uno de los actos jurídicos que inscribió, que resultan ser dos; por tanto, nos da como resultado la cantidad de $14,135.55 (catorce mil ciento treinta y cinco pesos con cincuenta y cinco centavos 55/100, moneda nacional), al multiplicar el aludido factor anterior por la cantidad anterior, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $14,354.65 (catorce mil trescientos cincuenta y cuatro pesos 65/100, moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $219.10 (doscientos diecinueve pesos 10/100, moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la autoridad responsable debía devolver al quejoso la cantidad de $14,354.65 (catorce mil trescientos cincuenta y cuatro pesos 65/100, moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $14,548.44 (catorce mil quinientos cuarenta y ocho pesos con cuarenta y cuatro centavos 44/100 moneda nacional), es decir, un excedente a favor de la parte agraviada por la cantidad de $193.79 (ciento noventa y tres pesos con setenta y nueve centavos 79/100 moneda nacional). Pese a esto, se estima que la concesión otorgada al quejoso se encuentra cumplida, toda vez que la autoridad responsable entregó la totalidad del monto erogado por éste por la aplicación de preceptos inconstitucionales, más su actualización y, si bien, al peticionario se le hizo entrega de una cantidad excedente, ello ya no es materia de análisis del cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en todo caso, quedan a salvo los derechos de la autoridad recaudadora para hacer las gestiones necesarias a fin de requerirle esa cantidad que entregó de mas, en los términos que la leyes determinen. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados al quejoso, en términos del numeral 196 de la ley de amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Lo que se corrobora con las manifestaciones efectuadas por la parte quejosa (foja 124). Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio por un parte se sobreseyó y por otra se CONCEDIÓ el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa el amparo; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó. **
- Principal
TEPIC, NAYARIT, A SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Téngase por recibido el libelo suscrito por Armando García Pérez, en su carácter de autorizado de la parte quejosa *** a través del cual realiza manifestaciones respecto al cumplimiento que a la ejecutoria de amparo realizó la autoridad responsable dentro de los autos del juicio de amparo 972/2014; sin embargo, el mismo no corresponde al expediente tramitado en este Órgano Jurisdiccional; por lo que, se realizó una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el apartado buscar parte por diferentes órganos, el cual arrojó que el libelo de referencia, corresponde al índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit; en consecuencia, en obvio de mayores dilaciones, remítase al lugar que corresponde, para los efectos legales a que haya lugar, dejándose en su lugar copia simple del mismo y de su anexo.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vistas las constancias de autos, se advierte que el veinticinco de septiembre de la presente anualidad, se requirió a la parte quejosa, con el objeto de que compareciera ante la presencia judicial debidamente identificada a ratificar su escrito de desistimiento presentado el veinticuatro de septiembre del año en curso, bajo apercibimiento que en caso de omisión dentro del plazo indicado, no se tendría por desistida y se continuará con la secuela procesal respectiva, hasta su culminación, por lo que dicho auto se le notificó el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, surtió sus efectos al siguiente día hábil, así que tal lapso transcurrió en exceso, sin que en dicho plazo haya hecho lo propio. Consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento efectuado en el auto de veinticinco de septiembre del año en curso y no se tiene por desistida del sumario en que se actúa. En este orden de ideas, visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte que por auto de cuatro de septiembre de la anualidad que transcurre, se tuvo por no presentada la demanda de garantías promovida por María Cruz Pérez Ayón, cuya notificación se llevó a cabo el diez de septiembre de los corrientes, surtió sus efectos al siguiente día hábil, sin que haya interpuesto recurso alguno contra el mismo, dentro del término previsto por el numeral 98 de la Ley de Amparo, como se aprecia de la certificación que antecede; luego, con fundamento en los arábigos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición de su precepto 2, se declara que el mismo ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar y toda vez que no existen diligencias que desahogar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se concluye que el presente expediente es destruible en la forma y términos indicados en el propio Acuerdo General, una vez que transcurran cinco años contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, de conformidad con su punto vigésimo primero, fracción I, toda vez que se tuvo por no presentada la demanda de garantías en cuestión, aunado a que carece de relevancia documental, acorde a lo establecido en el dispositivo 11 del citado Acuerdo. Por otra parte, toda vez que existen documentos originales (fojas 15 a 20) exhibidos por la parte quejosa, de conformidad con el punto Vigésimo del Capítulo Quinto, segundo párrafo, dése vista a la misma para que dentro del término de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional con el objeto de recogerlos, previa copia certificada que de los mismos se dejen en autos; bajo apercibimiento que de hacer caso omiso dentro del plazo indicado, una vez que transcurran cinco años serán destruibles, acorde a lo establecido en el párrafo que precede.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, se desprende que por auto de diecinueve de octubre del presente año, se tuvo a la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en vías de cumplimiento al fallo protector; sin embargo, al día de hoy no ha informado lo conducente respecto del cumplimiento del fallo protector. En consecuencia, con sustento en los ordinales 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta a la autoridad en cita, a fin de que dentro del término de CINCO DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio de notificación correspondiente, informe el acatamiento de la sentencia concesoria de amparo. Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Por otra parte, se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por el quejoso Antonio Duran Ortega, por el que solicita que se requiera a la autoridad responsable por el cumplimiento del fallo protector y se hagan efectivo los requerimientos de que fue objeto; en consecuencia, dígasele al promovente que deberá de estarse a lo acordado en párrafos que anteceden, en los que se proveyó lo conducente, en la inteligencia de que una vez transcurra el plazo concedido se acordará lo que en derecho corresponda.
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