Antonio Carlos Pérez

Expediente 1488/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1488/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
12/07/2019

Partes del expediente

  • Antonio Carlos Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte que por acuerdo de diecinueve de junio del año en curso (foja 73), se tuvo por recibido el oficio suscrito por el Presidente Suplente del Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual, informó que solicitó a la Dirección General de dicho Fondo, el expediente de trabajo perteneciente al quejoso Juan Flores Cervantes, sin que hasta la fecha hubiere remitido el mismo. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con los arábigos 79 y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su dispositivo 2°, requiérase nuevamente al referido Comité por conducto de su Presidente Suplente, a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, tenga a bien remitir copias certificadas, completas, legibles y ordenadas del expediente generado por la Dirección General del Fondo de Pensiones, que sirvió como base para emitir el dictamen de pensión relativo al quejoso, en virtud de que las mismas resultan necesarias para resolver conforme a derecho el presente sumario constitucional. Apercibido que de ser omiso, se hará acreedor a una medida de apremio, consistente en una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la ciudad de México, de conformidad con lo que establece el ordinal 260, fracción II y 238 de la actual Ley de Amparo. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 363, sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trecientos nueve, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a dos mil, cuyo contenido versa al tenor siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. "De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." De igual manera, resulta aplicable la Tesis I.13o. A. 1.K emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página mil ciento trece, Tomo XIII, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, abril de dos mil uno, que a la letra señala: "PRUEBAS. LA OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE AMPARO DE RECABARLAS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO SE LIMITA A LAS QUE SE HUBIEREN RENDIDO ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, SINO QUE EXISTE OBLIGACIÓN DE RECABAR AQUELLAS QUE SE HAYAN TOMADO EN CUENTA PARA LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la interpretación lógica y sistemática del artículo 78 de la Ley de Amparo, en relación con el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprende que en tratándose de actos que no constituyan resoluciones recaídas a procedimientos en los que los particulares hayan tenido la obligación o la posibilidad de rendir pruebas, la primera disposición citada debe ser entendida como el deber por parte del Juez de Distrito, de recabar todas las pruebas que obren en poder de la responsable y que hayan sido tomadas en cuenta para la emisión del acto reclamado, o bien, aquellas en las que consten los efectos del mismo, sin que lo anterior deba entenderse como una suplencia de la queja, ya que, por un lado, subsiste para el quejoso la carga de la prueba acerca de la existencia del acto reclamado, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, y por otra, una vez que el juzgador cuente con todos los elementos que guarden relación con el acto reclamado, éste deberá analizarse estrictamente a la luz de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, salvo que se esté en alguno de los supuestos del artículo 76 bis de la ley de la materia. De no ser así, dicha disposición carecería de eficacia legal en todos aquellos casos en los que el acto reclamado no se hubiera emitido con base en pruebas aportadas por el quejoso a la autoridad, dificultando con ello la debida apreciación del acto reclamado, lo cual constituye el propio fin del juicio de garantías." Finalmente, para dar margen a ello, la audiencia constitucional programada para el día de hoy se difiere y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y NUEVE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta suscrito por la Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en atención al requerimiento de veinte del mes y año en curso, informa que los derechos y obligaciones de la tutoría a cargo de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Nayarit se encuentran vigentes, dado que se encuentra pendiente de resolver un incidente de objeción de rendición de cuentas y documentos contra la ex tutora **********y que en virtud de lo anterior se encuentra imposibilitada para calificar o aprobar la extinción dichos derechos y obligaciones; en consecuencia, agréguese el comunicado de cuenta para los efectos legales correspondientes. Luego, visto el estado de autos, en particular el proveído de catorce de junio del año en curso (foja 517), se advierte que se tuvo a la juez responsable en cita, informando que mediante auto dictado el doce del mes y año en curso, en el expediente 431/2016, al no haberse ofrecido pruebas dentro del incidente de objeción de rendición de cuentas y documentos promovido por **********contra la ex tutora **********, se ordenó reservar los autos para el dictado de la interlocutoria correspondiente dentro del término de ley. En consecuencia, con sustento en el ordinal 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su arábigo 2°, requiérase a la Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad, a efecto de que dentro del plazo de TRES DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio de notificación correspondiente, comunique a este juzgado si se dictó la interlocutoria correspondiente dentro del incidente de objeción de rendición de cuentas y documentos promovido por *********contra la ex tutora *********, o bien, informe las razones por las cuales se reservó para su dictado, en el entendido que deberá remitir las documentales que acrediten dicha situación, o bien, manifieste el impedimento que tenga para ello; pues dicha información resulta necesaria para resolver conforme a derecho corresponda el presente sumario. Apercibida que en caso de ser omisa, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta valores diarios de la unidad de medida y actualización. En el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo Constitucional, en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con el dispositivo 259, en relación con el 237, fracción I de la ley de la materia. Lo anterior, a fin de acatar en sus términos la ejecutoria de veintiuno de febrero del presente año, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, en la que se estableció que los derechos y obligaciones de la tutora dativa, entre otros, recibir una remuneración y la de rendir las cuentas correspondientes, no se extinguieron con el fallecimiento de la incapaz de referencia, sino que ello está condicionado a la calificación o aprobación del juez de la causa.

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