Antonio Cerna de la Sancha

Expediente 878/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 6 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
878/2015
Año
2015
Actuaciones
6
Última actuación
31/07/2015

Partes del expediente

  • Antonio Cerna de la Sancha

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    En la misma fecha la Secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, doy cuenta al Secretario encargado del despacho con el estado de autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a treinta y uno de julio de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por la Secretaria adscrita a este Tribunal Federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este Juzgado el nueve de julio de dos mil quince, en la que por una parte se sobreseyó y por otra se negó al quejoso ANTONIO CERNA DE LA SANCHA, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, y en atención a que la resolución de mérito no requiere ejecución material, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia en consulta, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, devuélvase las documentales que en su oportunidad remitió la responsable Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad como justificación de sus actos. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, mismo que entro en vigor el veintiséis de noviembre del dos mil nueve; se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en la inteligencia, que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por lo que una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Finalmente, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES Y MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, conforme a lo establecido en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, diez de julio de dos mil quince. Vista la razón actuarial que antecede, asentada por el Actuario Judicial de la adscripción se desprende que no le fue posible notificar en forma personal a los terceros interesados SILVIA LARA DEL RÍO, MARIBEL CALZADA CAMPOS, MARGARITA GARCÍA GARCÍA y EZEQUIEL REYES DURÁN, la sentencia de nueve de julio de dos mil quince, toda vez que no obra domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, no obstante haber sido legalmente emplazados a juicio; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos, y se ordena la notificación de la sentencia de mérito, así como las subsecuentes que tengan el carácter de personales, por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 29, de la Ley de Amparo vigente. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. con funjdamento en lo dispuesto por el articulo 29 de la ley de amparo, se notifica por medio de lista a los terceros interesados SILVIA LARA DEL RÍO, MARIBEL CALZADA CAMPOS, MARGARITA GARCÍA GARCÍA y EZEQUIEL REYES DURÁN, el contenido de la sentencia dictada en nueve de julio de dos mil quince, la cuel en sus puntos resolutivos dice lo siguiente: "PRIMERO. Se SOBRESEE el presente juicio de amparo promovido por ANTONIO CERNA DE LA SANCHA, contra el acto reclamado especificado en el considerando tercero de este fallo y por los motivos expuestos en el mismo. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A ANTONIO CERNA DE LA SANCHA, contra el acto reclamado de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, precisado en el considerando último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma el licenciado MANUEL AUGUSTO CASTRO LÓPEZ, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado quien autoriza y da fe, hasta el día de hoy nueve de julio de dos mil quince, en que las labores del Juzgado lo permitieron.- DOY FE."

  3. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 878/2015; y, RESULTANDO 1º. Demanda de Amparo. En escrito presentado el veintisiete de febrero de dos mil quince, ante la Oficialía de Partes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, Antonio Cerna de la Sancha, por su propio derecho, promovió demanda de amparo directo contra actos de la Primera Sala Penal y otras autoridades, actos que hizo consistir en: Autoridades responsables: Magistrados integrantes de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Zacatecas. Juez de Garantía (ahora de Control). Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especialidad en investigación de delitos Mixta. IV. Acto reclamado: A). SENTENCIA DE APELACIÓN DE LA ALZADA, de fecha cinco de febrero de dos mil quince, dictada dentro del Toca Penal número 01/2015, la cual CONFIRMA la resolución dictada por el Juez de Garantía (ahora de Control) misma que deja subsistente la determinación ministerial de abstención de investigación. B). SENTENCIA DEL JUEZ DE GARANTÍA (ahora de control), de fecha veintiuno de noviembre de dos mil catorce dictada dentro de la Causa 0521/2014, la cual deja SUBSISTENTE la determinación del Ministerio Público donde se abstiene de seguir investigando los hechos que fueron cometidos en mi perjuicio". Preceptos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados, los contemplados en los artículos 1°, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2°. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías se turnó para su conocimiento al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, quedando registrado como amparo directo penal 233/2015-1; y en acuerdo plenario emitido el catorce de mayo de dos mil quince, determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de garantías, por lo que ordenó remitirla con sus anexos al Juzgado de Distrito en el Estado de Zacatecas, en turno. 3°. El veinticinco de mayo de dos mil quince, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, remitió el libelo constitucional a este Tribunal Federal, cuyo Titular dictó proveído el veintiséis de ese mismo mes y año, en el que determinó asumir el conocimiento del asunto y ordenó su registro bajo el expediente 878/2015; se admitió a trámite sin que se requiriera a las autoridades responsables su informe justificado, en razón de que ya los habían rendido; se dio la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público Federal adscrito; se ordenó emplazar a los terceros interesados; y, se citó a las partes para la audiencia constitucional, la cual se desahogó en términos del acta que antecede y que forma parte integral de esta sentencia. CONSIDERANDO: I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2015 del Tribunal Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos de autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y existencia de los actos reclamados. II. 1. Precisión. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda, con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, pero prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004 . En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de garantías, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional consisten en: La resolución de cinco de febrero de dos mil quince, dictada por la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, en los autos del toca penal oral 01/2015, la cual confirma la resolución emitida por la Juez de Garantía y Tribunal de Juicio Oral en materia Penal del Distrito Judicial de la capital, el veintiuno de noviembre de dos mil catorce, en la causa 521/2014, en la que se dejó subsistente la determinación ministerial de quince de octubre del año dos mil trece, a través de la cual se abstiene de investigar, respecto a los hechos denunciados por Antonio Cerna de la Sancha, en su calidad de Presidente de la Asociación Civil denominada "Grupo de los 20". II.2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción de los mismos, como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS". II.2.1. Certeza. Es cierto el acto reclamado a la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, Juez de Garantía y Tribunal de Juicio Oral en materia Penal del Distrito Judicial de la capital, pues así lo reconocieron en su informe justificado, resulta aplicable al caso la jurisprudencia cuyo rubro es "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Por otra parte, la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de delitos Mixta adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante obra a foja 22 el emplazamiento correspondiente; por lo que se presume cierto el acto reclamado, máxime que ya obra en autos la determinación de abstención de investigación, emitida el quince de octubre de dos mil trece. De igual forma, el acto reclamado se encuentra acreditado con las documentales remitidas por la sala responsable, relativas a la causa original 521/2014, en un tomo, y el toca penal oral 01/2015, en un tomo, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone el artículo 2° de esta última legislación. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". III. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo a lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Ahora bien por lo que respecta al acto reclamado consistente en la sentencia de veintiuno de noviembre de dos mil catorce, dictada dentro de la causa penal 521/2014; este Tribunal Federal advierte de oficio la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "El juicio de amparo es improcedente:. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". De las constancias que integran la causa penal 521/2014, que remitió el Juez responsable, las cuales revisten plena eficacia probatoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° de éste último ordenamiento legal, se advierte que el dos de mayo de dos mil catorce, la Juez de Garantía y Tribunal de Juicio Oral, dejó subsistente la determinación ministerial de quince de octubre de dos mil trece, a través de la cual se abstiene de investigar, respecto de los hechos denunciados por Antonio Cerna de la Sancha, en su calidad de Presidente de la Asociación Civil denominada "Grupo de los 20"; que inconforme con dicha resolución el quejoso interpuso recurso de apelación, turnándose los autos a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, quien el cinco de febrero del año en curso, confirmó la resolución de la citada juez de Garantía. Lo cual, conlleva a concluir que a la fecha han cesado los efectos de la resolución de petición de demostración de excluyente de responsabilidad de veintiuno de noviembre de dos mil catorce -aquí reclamada-, dictada por la Juez de Garantía y Tribunal de Juicio Oral, con sede en esta ciudad, dado que la misma ha quedado sustituida por la determinación que emitió la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al resolver el recurso de apelación planteado en contra de la resolución de mérito; en tales condiciones, se conviene que en el presente juicio de amparo respecto del citado acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Encuentra apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del epígrafe y contenido siguiente: "RECURSO IDÓNEO. SU DESECHAMIENTO Y EL EFECTO QUE ÉSTE GENERA PROVOCAN QUE LA RESOLUCIÓN QUE PRETENDE RECURRIR QUEDE FIRME, SUSTITUYA PROCESALMENTE A LA IMPUGNADA Y, POR ENDE, QUE SE ACTUALICE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO, SI SE RECLAMA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1a./J. 51/2004 y 1a./J. 97/2008, de rubros: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO." y "DENEGADA APELACIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DESECHA O DECLARA INFUNDADO ESE RECURSO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA).", al pronunciarse en torno a la naturaleza de la determinación que desecha un recurso de apelación o el diverso de denegada apelación, sostuvo que dichas decisiones constituyen resoluciones que ponen fin al juicio para efectos del amparo directo, lo cual se asemeja a los efectos de la sentencia dictada en el recurso de apelación, cuando en ella se confirma la de primera instancia declarando infundado el recurso intentado; de ahí que pueda afirmarse que una resolución impugnada queda sustituida procesalmente por la determinación que desecha un recurso idóneo (que tiende a modificar o revocar la resolución impugnada) interpuesto en su contra. Lo anterior es así, toda vez que el desechamiento del recurso y el efecto que éste genera, hacen que la resolución que se pretende recurrir quede firme, como si se hubiera confirmado de haberse admitido el recurso. En ese sentido, al sustituirse procesalmente la resolución impugnada por la determinación que desecha el recurso idóneo respectivo, deja de tener efectos legales propios, por lo que de reclamarse en un juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la ley de la materia, de manera similar a como ocurre con la sentencia de primera instancia cuando se dicta la de alzada; lo anterior, en el entendido de que dicha sustitución procesal opera exclusivamente tratándose de desechamientos de recursos idóneos, es decir, procedentes conforme a la ley, ya que cuando el medio ordinario de defensa se interpone contra una resolución irrecurrible, su desechamiento no actualiza la referida causal de improcedencia, debido a que por disposición de la ley aquélla se constituye en definitiva". Así como las diversas tesis, de los rubros y textos siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos". "SOBRESEIMIENTO (ACTO RECLAMADO, CESACION DE SUS EFECTOS). Si como consecuencia de ulteriores promociones que hizo el propio quejoso, se dictó nueva resolución, negándole también el indulto, es indudable que esta última resolución, que es la que actualmente está en vigor y que no se reclama en el amparo dejó insubsistente la primera que se combate, habiendo, por tanto, cesado los efectos de ésta, por lo que en acatamiento a lo preceptuado en los artículos 73, fracción XVI, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, debe decretarse el sobreseimiento". En consecuencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia analizada respecto del citado acto reclamado, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Al no existir diversa causa de improcedencia planteada por las partes, ni advertida de manera oficiosa por este órgano jurisdiccional se procede examinar el fondo del asunto, respecto al diverso acto reclamado que se hace consistir en la resolución de cinco de febrero de dos mil quince, que declaró parcialmente improcedente el recurso de apelación interpuesto en contra de la diversa de veintiuno de noviembre del año próximo pasado, emitida dentro del Toca de Apelación Penal Oral 01/2015. IV. Litis Constitucional. IV.1. Conceptos de violación. Su falta de trascripción no transgrede las normas que regulan el procedimiento en el juicio de amparo, al no ser un requisito exigido por el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo cual se corrobora con la tesis del rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS.- El hecho de que el juez federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto legal alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción, además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad de recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar en su caso, la ilegalidad de la misma". En los conceptos violatorios, medularmente se alega: a) Que la autoridad responsable al dictar la resolución reclamada vulnera las garantías de audiencia y legalidad tutelada por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que constituye una violación a su derecho a ser notificado por el Ministerio Público, del resultado del dictamen pericial de grafoscopía de treinta y uno de julio de dos mil trece, practicado por el criminólogo Moisés Delgado Rodríguez, el cual fue consentido en su perjuicio, vulnerando con ello el contenido del artículo 137 del Código Procesal Penal vigente en el Estado de Zacatecas. Aduciendo además, que el dictamen pericial en grafoscopía fue emitido el treinta y uno de julio de dos mil trece, mientras que la determinación de abstención es de quince de octubre de dos mil trece y que el quejoso fue citado supuestamente para que se le notificara el dictamen el veintiocho de noviembre de dos mil catorce. Considera el quejoso, que el Agente del Ministerio Público sí tenía la obligación de notificarle dicho peritaje y, con su omisión, no tuvo la oportunidad de ofrecer un perito especialista en la materia que controvirtiera el oficial. b) Que se violaron en contra del quejoso los derechos que le conceden las fracciones III y VII del artículo 151 del Código Procesal Penal, toda vez que el Ministerio Público nunca le notificó que pretendía abstenerse de investigar. c) Que la resolución dictada por el Juez, entonces de Garantía el veintiuno de noviembre de dos mil catorce, mediante la cual declarara subsistente la determinación del Ministerio Público de abstenerse de investigar los hechos denunciados por Antonio Cerna de la Sancha, el diez de noviembre de dos mil diez y confirmada después la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, no se encuentra ajustada a derecho; ya que de la misma no se advierte un ejercicio de equilibrio entre los derechos de la víctima y de los imputados, y violenta lo establecido en los artículos 20 Apartado C fracciones I y IV, así como el contenido del 137 del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas, faltando el Ministerio Público a su deber de objetividad y lealtad. d), Que existen en la carpeta de investigación diligencias o datos de prueba que pueden establecer la existencia de la comisión de los delitos denunciados, así como que los imputados pudieron haber participado en dicha comisión, lo cual considera es suficiente en una etapa de investigación, entonces denominada preliminar, para que el Ministerio Público pueda continuar con la integración total de la misma, y en su momento solicitar audiencia para formular imputación. Que dichas diligencias, consisten en las comparecencias de Rodolfo Espino García Eliodoro Barrón Mandujano, Elivorio Gutiérrez Zapata, Julián Mandujano Gaytán, Julián Mandujano Zapata y Antonia Mandujano Gaytán, el acta levanta el diecinueve de noviembre de dos mil nueve, de la que se desprende que Margarita García García aceptó haber tomado una cantidad de dinero de la asociación, además que dicha acta contiene nombre de testigos, quienes debieron ser citados para declarar ante el Ministerio Público. Además que la Agente del Ministerio Público dejó de citar a los testigos Ramón Zárate y María de Jesús Esparza Torres. Que Ezequiel Reyes Durón aceptó, en presencia de la juez de control, haber dispuesto de manera ilegal de cierta cantidad de dinero ($25,000.00) y si ello lo hizo en la propia audiencia y obra en la carpeta de investigación que así pasó, señalando la A quo que eso solo constituye un indicio, pero que la representación social no buscó más indicios para llegar a constituir, como declarar a todas las personas que aparecen como testigos en el acta que se levantó. V. Estudio de la constitucionalidad de la resolución combatida. Son infundados los conceptos de violación expresados por Antonio Cerna de la Sancha, en su escrito de demanda, sin que se advierta queja deficiente que suplir, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso b), de la nueva Ley de Amparo, en atención a las consideraciones siguientes: Del análisis integral de la demanda de garantías se advierte que el acto que se reclama de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, consiste en la resolución de cinco de febrero de dos mil quince, en la que se confirmó la resolución emitida por la Juez de Garantía y Tribunal de Juicio Oral en materia Penal del Distrito Judicial de la capital, el veintiuno de noviembre de dos mil catorce, dentro de la causa 521/2014, en la que dejó subsistente la determinación ministerial de quince de octubre de dos mil trece, a través de la cual se abstiene de investigar, respecto a los hechos denunciados por Antonio Cerna de la Sancha, en su calidad de Presidente de la Asociación Civil denominada "Grupo de los 20". Ahora bien, la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, para emitir la resolución impugnada por la parte quejosa medularmente se apoyó en las siguientes consideraciones: ".TERCERO. Como los agravios expresados por el sedicente ofendido ANTONIO CERNA DE LA SANCHA, se hicieron en forma escrita, se omite su trascripción literal en la presente resolución al no haber disposición legal que al respecto obligue. Por lo que, una vez analizados los registros de audio y video, en especial de la AUDIENCIA INCIDENTAL RELATIVA A LA IMPUGNACIÓN DE DETERMINACIÓN MINISTERIAL DE ABSTENCIÓN DE INVESTIGAR, que contiene la resolución combatida, así como la transcripción de ésta, el escrito de agravios expresados por el recurrente, los líbelos de contestación a los mismos realizados por la Representación Social y la Defensora Pública de los imputados, así como el escrito allegado por éstos últimos, se procede a resolver al tenor de los siguientes: CONSIDERANDOS: PRIMERO. Esta Primera Sala Penal del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, es competente para conocer y resolver el presente recurso de apelación interpuesto por ANTONIO CERNA DE LA SANCHA, en calidad de Presidente y Representante Legal de la Asociación Civil denominada "El Grupo de los 20", quien se duele de hechos que consideró delictivos; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 90, 95, 101 fracción I y II (reformados) de la Constitución Política del Estado; 19 fracción I (reformado) de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en virtud de que la resolución incidental impugnada fue dictada por el Juzgado de Garantía y Tribunal de Juicio Oral del Distrito Judicial de la Capital. SEGUNDO. Por ser imperativo se analizará en primer término, la admisibilidad del recurso de apelación interpuesto y así tenemos: Se recurre la resolución recaída dentro del incidente de Impugnación de Determinación Ministerial de Abstención de la Investigación, que pronunció la Juez de Garantía Licenciada María de Lourdes González Mora, el día veintiuno de noviembre del año dos mil catorce. La aludida es recurrible en Apelación, en términos de lo dispuesto por el artículo 450 fracción I del Código Procesal Penal, además de que fue dictada en la etapa preliminar, al tratarse de una resolución que hace imposible la prosecución del procedimiento. La combatida quedó notificada a las partes el día de su pronunciación (veintiuno de noviembre del año dos mil catorce), el impugnante tiene legitimación para interponer el recurso, considerando que el segundo párrafo del artículo 433 del Código Procesal Penal, establece que cuando la ley no distinga entre las diversas partes, el recurso podrá ser interpuesto por cualquiera de ellas y en el caso el artículo 450 fracción I de ese ordenamiento, no precisa cuál de las partes puede interponerlo; así el denunciante, en su calidad de Presidente y Representante Legal de la Asociación Civil tantas veces referida, al ser parte en el proceso se encuentra legitimado para interponer el recurso. Por su parte, el artículo 434 de la precitada Codificación, agrega como requisito objetivo para la interposición de recursos que se haga en las condiciones de tiempo y forma determinados en el propio código y la indicación específica de los puntos impugnados de la recurrida. Además agrega el requisito subjetivo, toda vez que limita el derecho a recurrir, ya que únicamente se pueden impugnar las resoluciones judiciales que le causen agravio a la parte recurrente. Como ya señalamos, los artículos referidos condicionan la interposición de cualquier recurso mediante requerimientos objetivos y subjetivos. Los objetivos son los siguientes: Que lo que se impugne sea una resolución judicial. Que ésta cause un agravio al recurrente. Que haga valer su recurso por los medios y casos establecidos en la Legislación (REQUISITO DE IDONEIDAD). Que sea interpuesto en tiempo y forma legales. Que se señale la parte concreta que se impugna y los conceptos de agravio. El requisito subjetivo se reduce pues a la capacidad personal otorgada a las partes por la Legislación Procesal para recurrir las resoluciones judiciales que les causen agravios. Establecido lo anterior, se advierte que el recurso se interpuso el día veintiséis de noviembre de (2014) dos mil catorce, por lo que al realizar el cómputo respectivo, en términos de los numerales 49, 50, 54 y 62 del Ordenamiento Legal en cita, se tiene que el término para su interposición inició el veinticuatro de noviembre del año dos mil catorce y feneció el día veintiséis del mismo mes y año, por ende, su presentación fue oportuna, (en tiempo y forma), conforme lo disponen los artículos 434 y 451 del Código Adjetivo de la materia. Y, de acuerdo con el artículo 458 primer párrafo del Código Procesal Penal, el recurso debe interponerse por escrito, ante el mismo Tribunal que dictó la resolución. Ese requisito también se encuentra satisfecho, pues en el presente toca obra el escrito donde se intenta el recurso de apelación, por parte de la víctima, en el que incluye a su vez los agravios que estima le causa la resolución recurrida, amén de que el Ministerio Público y la Defensora Pública de los imputados, dentro del plazo de tres días que establece el párrafo primero del artículo 452 del Código Procesal citado, produjeron observaciones en vía de contestación de agravios que consideraron pertinentes, los que fueron dirigidos al Juzgado de Garantía y Tribunal de Juicio Oral. Bajo ese contexto, con sustento en el artículo 460 del Código Procesal Penal, al encontrarse satisfechos los requisitos antes aludidos, se declara ADMITIDO el recurso de apelación en contra de la resolución dictada dentro del incidente ya referido. Conforme a lo ya puntualizado, este Tribunal conocerá sólo en cuanto a los puntos de agravios señalados expresamente, a menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales, pudiéndose modificar o revocar la resolución, con base en los artículos 434, 444 y 445 segundo párrafo del Código Procesal Penal, sin que su alcance sea modificar en perjuicio del imputado. El artículo 434, establece: "Los recursos se interpondrán en las condiciones de tiempo y forma que se determinan en este Código, con indicación específica de los puntos impugnados de la resolución atacada". Por su parte, el Artículo 444, señala que: "A menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales el recurso atribuirá al Tribunal competente, el conocimiento del procedimiento sólo en cuanto a los puntos de la resolución a que se refieran los agravios." Y el artículo 445 dispone: "Cuando la resolución sólo fue impugnada por el imputado o su Defensor no podrá modificarse en su perjuicio. Los recursos interpuestos por cualquiera de las partes permitirán modificar o revocar la resolución aun a favor del imputado." Los citados preceptos legales, disponen que el agravio es de estricto derecho, por lo que en él estriba la competencia para conocer del recurso, consecuentemente y en términos de los preceptos antes señalados, es incuestionable que no se constriñe a atender otras cuestiones que no sean aquellas que las que estén planteadas en los agravios, puesto que estamos ante una litis cerrada, a menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales, como puede verse, la resolución que recayó a la impugnación de la víctima sobre la abstención de investigar del Ministerio Público, es apelable y la litis de segundo grado se configura en cuanto a los puntos de la resolución a que se refieren los agravios, a menos que se detecte la violación a los derechos fundamentales. Por lo que corresponde analizar si en la especie, existen violaciones al respecto, lo cual se consagra en nuestra Constitución General bajo el rubro de Garantías Individuales y estos a su vez son de orden Adjetivo (de carácter procesal) y de orden Sustantivo (medidas cautelares, penas, delitos, etc.). Al ocuparnos de los derechos adjetivos, que consisten en que se hayan respetado las reglas del debido proceso legal, establecidos en nuestra Constitución General de la República y en los Convenios y Tratados Internacionales suscritos por México; esta Sala advierte que del análisis del registro de audio y video, no se aprecia que durante el desarrollo de la Audiencia que contiene la resolución combatida éstos se hayan vulnerado, es decir, en la audiencia en que fue dictada la resolución apelada se respetaron irrestrictamente el derecho a una defensa técnica y adecuada, por ende, no se ha dejado en estado de indefensión ni a los imputados ni al denunciante, puesto que: En el caso concreto, a todos se les notificó de la fecha de la audiencia de la cual emana la combatida; se advierte que a la víctima se le designó un asesor jurídico que la representó y veló por sus intereses; se le hizo saber su derecho a manifestarse, lo cual aconteció en la audiencia; a su vez, los imputados estuvieron asistidos por su defensora pública, en donde una vez individualizadas las partes la Juez les hizo saber sus derechos. Lo anterior pone de relieve que se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento. Atinente a los de carácter Sustantivo, se advierte que la Juzgadora actuó bajo el marco de los preceptos procesales judiciales, dado que previo al estudio de la audiencia y resolución recurrida, se pone de manifiesto que la decisión emitida por la resolutora de Primer Grado se pronunció tomando en cuenta los datos que las partes introdujeron en la audiencia. TERCERO. A continuación, a efecto de resolver adecuadamente el recurso interpuesto, asentaremos en lo que se traduce el primer agravio hecho valer por el impugnante, posteriormente la contestación que de él hizo la Agente del Ministerio Público, enseguida el pronunciamiento que respecto de ellos haga este Tribunal de apelación y así sucesivamente con los demás puntos de agravio. Así tenemos pues, que la parte impugnante, en su escrito de apelación esgrimió como PRIMER AGRAVIO, sucintamente: Que la resolución causa agravios a los intereses que representa, en razón a que se deja de analizar de manera pormenorizada diversas diligencias que se encuentran agregadas a la carpeta de investigación, que se formara con motivo de la denuncia formulada en fecha diez de noviembre de dos mil diez, ante la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Mixta, en contra de los imputados señalados en su ocurso, por los delitos que se especifican en la carpeta y que dejan muestra clara de la existencia del delito de fraude. Acerca de ese primer agravio, la Representante Social en su escrito de contestación de agravios, rebatió en síntesis que: La determinación de abstención de investigación que emitió, se dejó subsistente por la Juez de Primera Instancia en la audiencia celebrada el día veintiuno de noviembre de dos mil catorce, pues se analizaron los delitos denunciados en fecha diez de noviembre de dos mil diez, por el señor Antonio Cerna de la Sancha, en su calidad de Representante Legal de la Asociación Civil denominada "Grupo de los 20", indicando que sí recabó toda aquella información que el denunciante le allegó y la tomó en consideración al punto de determinar que los hechos denunciados no fueron constitutivos de delito, ello conforme lo establece el artículo 248 del Código Procesal Penal en el Estado, lo que señala se constata del registro de audio y video de la referida audiencia. En concepto de este Tribunal, el agravio resulta inatendible, en razón de que el impugnante no señala cuáles son esos datos de prueba a los que él llama diligencias y que a su estima muestran la existencia del delito de fraude y los que se encuentran especificados en la carpeta de investigación; además, al analizar el registro de audio y video de la audiencia en la que se emitió la combatida, los integrantes de este Cuerpo Colegiado, advertimos que el asesor jurídico del aquí impugnante no cumplió con esa carga, pues se limitó a relatar los hechos que se atribuyen a los imputados Silvia Lara del Río, Maribel Calzada Campos, Margarita García García y Ezequiel Reyes Durón, sin indicar qué datos de prueba soportan los señalamientos que realiza, lo que desde luego debió hacerse dentro de la audiencia de impugnación a la Determinación Ministerial de Abstención de Investigar, por haber sido aquél el momento idóneo para ello. Por lo anterior, se reafirma que en la audiencia no se combatió de manera frontal la determinación emitida por la Representación Social, pues sobre el particular, la parte inconforme no esgrimió argumentos sólidos que abatieran las consideraciones realizadas por la Fiscalía, que la condujeron a abstenerse de investigar los hechos denunciados, menos aún se indicó en qué datos de prueba se sustenta ese reclamo ni cómo éste pudiera tener una influencia decisiva para dejar insubsistente la determinación del Ministerio Público. El apelante en su escrito, esbozó como un SEGUNDO AGRAVIO el siguiente: Que existen diversas declaraciones dentro de la carpeta de investigación, concretamente las de los Ciudadanos Heliodoro Barrón Mandujano, Elivorio Gutiérrez Zapata, Julián Mandujano Gaytán -en dos ocasiones-, Antonia Mandujano Gaytán, Irineo Alvarado Flores, que si bien el Juez en Primera Instancia no tiene conocimiento de las mismas por no haberse hecho saber de su contenido en la audiencia de la que emana la impugnada, lo cierto es, que éstas pueden ser revisadas por esta Alzada para efectos de que se resuelva que la Representación Social debe seguir integrando la investigación y en su momento determine llevar la causa ante el Juez de Garantía, a efecto de que se realice la formulación de imputación en contra de los imputados, o en su caso de aquéllos en contra de los cuales sea jurídicamente procedente. En cuanto a ese segundo agravio, el Ministerio Público contestó: Que en efecto de la carpeta de investigación se desprenden las declaraciones de Heliodoro Barrón Mandujano, Elivorio Gutiérrez Zapata, Julián Mandujano Gaytán, Antonia Mandujano Gaytán e Irineo Alvarado Flores, de las Cuales Julián Mandujano Gaytán, no versa en dos ocasiones sino en una, pues la otra aserción la hace Julián Mandujano Zapata; y por su parte Antonia Mandujano Gaytán, también declara, de las cuales se desprende que vendieron unos inmuebles al "Grupo de los Veinte", en la cantidad de CIENTO SETENTA MIL PESOS por hectárea, que después se dieron cuenta que se estaban pagando DOSCIENTOS MIL PESOS por hectárea, manifestaciones de las que la Juez de Garantía sí tuvo conocimiento en audiencia, virtud a que la Representación Social le señaló diversos testimonios, sin embargo, no atendió a los mismos debido a que no se especificó si en esos terrenos hubo un contrato de por medio, si fue verbal o escrito y en caso de que fueran escritos, cuáles eran las condiciones de la compraventa, por qué se aseguró que se dio en esa suma y no en la que la víctima refiere; o si las personas que declararon ante el Ministerio Público, eran los propietarios de los inmuebles; argumentos que el asesor jurídico no refutó en la audiencia, momento en el que debió llevar a cabo uno de los principios rectores contemplados dentro del artículo 4º del Código Procesal Penal del Estado, que lo es el de contradicción, pues el asesor jurídico estaba obligado a introducir la información necesaria para que se debatiera en audiencia, citando la tesis de rubro: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SE SUSTENTA EN EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN." En opinión de quienes ahora resolvemos, la inconformidad señalada por el impugnante resulta inoperante para cambiar el sentido de la combatida, pues si bien, señala que en la carpeta de investigación existen las declaraciones de los ciudadanos Heliodoro Barrón Mandujano, Elivorio Gutiérrez Zapata, Julián Mandujano Gaytán, Antonia Mandujano Gaytán e Irineo Alvarado Flores, también cierto lo es, que la Juzgadora no tuvo conocimiento de todos esos datos, sino únicamente de las declaraciones relativas a los ciudadanos Miguel Ángel Díaz González, Rodolfo Espino García, Valente Herrera González, Julián Mandujano Gaytán, Julián Mandujano Zapata y Antonia Mandujano Gaytán, que fueron referidas en audiencia por la Representación Social, pero ni el impugnante ni su asesor jurídico se encargaron de mencionarlas en audiencia, menos aún indicaron a la Juez qué datos aportaban para que se continuara con la investigación. No pasamos por alto que la A quo estableció que no le era posible atender a dichos testimonios, pues señaló que no se dijo en lo específico a qué terrenos se referían, sí hubo algún contrato de por medio, si fue de manera verbal o escrita, cuáles fueron las condiciones de éstos, si los declarantes eran propietarios o no de los inmuebles con los cuales se dijo, se utilizó el engaño para obtener un lucro; sin embargo, esos razonamientos de la Juzgadora no se combaten por el apelante con argumentos que los derriben, por lo tanto, deben permanecer firmes, puesto que no se evidencia que sean incorrectos o contrarios a la información que se incorporó por las partes en la audiencia celebrada con motivo del incidente de impugnación. Entonces, si el ahora inconforme fue omiso en informar a la Juez sobre la totalidad de esos datos de prueba a que se refiere, obvio resulta que no tuvo la oportunidad de ponderar si en su conjunto aportaban datos para la configuración de los hechos denunciados, para en su caso dejar insubsistente la determinación Ministerial y ordenar se continuara con la investigación. Es desacertada la pretensión del apelante de que este Tribunal tenga acceso a dichas declaraciones que según indica obran en la carpeta de investigación, ya que ello resulta contrario al principio de contradicción que rige en el sistema acusatorio adversarial en el que son las partes quienes ministran al Juzgador los datos que obran en la carpeta a fin de que tenga conocimiento de ellos y adquieran validez, pero sobre todo que lo aludido por una de las partes pueda ser debatido por la otra, por lo que si omitió informar en la audiencia de impugnación de la totalidad de esos datos, ahora su planteamiento no puede prosperar, dado que la otra parte no tuvo ninguna oportunidad de debatir las manifestaciones que ahora realiza, además de procederse en los términos solicitados, ello rompería con el principio de igualdad procesal entre las partes, el cual se encuentra establecido por el artículo 15 del Código Procesal Penal y consagrado también por el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Lo anterior debido a que dentro del sistema acusatorio adversarial, los Jueces se erigen como protectores del cumplimiento de las garantías establecidas a favor de las personas al interior del procedimiento y cumplen con dicha función a través de los razonamientos que emiten basados en la información que les proporcionan las partes; sin embargo, el impugnante al encontrarse presente en la audiencia (acompañado por su asesor jurídico) y ser conocedor del contenido del legajo de investigación, estuvo en oportunidad y condiciones de debatir los datos y argumentos que como fundamento de su determinación expuso la Representación Social en la audiencia de impugnación y si no lo hizo en dicha ocasión, la omisión en que incurrió, reiteramos, no puede reportarle beneficio. Por cuanto hace al TERCER AQUEJO, expuesto por el impugnante, éste básicamente se traduce en que de las declaraciones que enseguida se analizarán sí se verifica un hecho señalado por la Ley como delito, veamos su contenido: El testigo HELIODORO BARRÓN MANDUJANO, señaló concretamente: ".por lo que yo le dije que él -refiriéndose a Antonio Cerna de la Sancha- en realidad algún día se iba a dar cuenta a cómo se habían conseguido los terrenos ya que los (sic) propietarios de las tierras se les pagó la cantidad de CIENTO SETENTA MIL PESOS POR HECTÁREA, y en realidad ANTONIO CERNA las pagó en la cantidad de DOSCIENTOS MIL PESOS POR HECTÁREA, más (sic) sin embargo MARIBEL e HIRINEO, les pagaron a los ejidatarios o dueños de las tierras vendidas únicamente la cantidad de CIENTO SESENTA MIL PESOS POR HECTÁREA.". A su vez ELIVORIO GUTIÉRREZ ZAPATA, dice: ".yo asistí con los ejidatarios y acompañé a ANTONIO, por lo que ahí los ejidatarios le dijeron a él que les habían pagado CIENTO SETENTA MIL PESOS POR HECTÁREA y no los DOSCIENTOS MIL PESOS POR HECTÁREA que él decía o bien que él tenía entendido.". Asimismo JULIÁN MANDUJANO GAYTÁN, expuso: ".con posterioridad fue otra persona de nombre MARIBEL, sin recordar sus apellidos, y dicha persona, fue a ofrecernos la cantidad de CIENTO SETENTA MIL PESOS POR HECTÁREA, y a esa cantidad me pagaron, después me di cuenta que las pagaban a DOSCIENTOS MIL PESOS LA HECTÁREA, pero la señora MARIBEL, nunca me dijo en qué cantidad las pagaban." Por su parte JULIÁN MANDUJANO GAYTÁN, señala: ".con posterioridad fue otra persona de nombre MARIBEL, sin recordar sus apellidos, y dicha persona, fue a ofrecernos la cantidad de CIENTO SETENTA MIL PESOS POR HECTÁREA, y esa cantidad me pagaron, más (sic) sin embargo, dicha señora MARIBEL, me comentó que en realidad ella había conseguido que se nos pagara un poco más por hectárea, SIENDO EN LA CANTIDAD DE DOSCIENTOS MIL PESOS POR HECTÁREA, pero que esa cantidad de más lo era con la finalidad de pagar al ejido, así como papelería que se fuera gastando, por lo que después me di cuenta que (sic) fue así, sino que el grupo de los veinte eran las personas que habían hecho todos los pagos.". Bien, como ya se refirió en concepto del inconforme, de estas declaraciones se permite ver que la señora Maribel Campos Calzada, sí cometió el delito de FRAUDE, pues mientras a las personas con las que trataba llegaban a un acuerdo económico en CIENTO SETENTA MIL PESOS, la asociación pagaba DOSCIENTOS MIL PESOS, es decir, que esa diferencia de TREINTA MIL PESOS por hectárea, es el lucro que obtuvo indebidamente engañando tanto a la Asociación Civil denominada "Grupo de los 20", como a los propietarios de las hectáreas vendidas a ésta. A su vez estima que la Juez pudo haber realizado las prevenciones que considerara necesarias para tener claridad respecto a diligencias que demuestren los elementos de los delitos por lo que se denunció, siendo que no lo hizo, pues indica que incluso hizo una pregunta que resulta importante a la parte que él representa, consistente en que sí hay una remoción del impugnante como presidente de la Asociación Civil " El Grupo de los 20", pero que dicha remoción además de ser ilegal, fue posterior a la presentación de su denuncia, pues el acta notarial en que se hace constar la misma data del día dos de diciembre de dos mil diez, siendo que el inconforme presentó su denuncia el día diez de noviembre de dos mil diez, lo que a su parecer revela que una vez que se vieron denunciados trataron de removerlo para no tener responsabilidad, pero los hechos ya los habían cometido y deben responder por ellos. Dice además que el señor Ezequiel Reyes Durón, se robó un recibo propiedad de la Asociación Civil y que el Ministerio Público no llevó a cabo las diligencias necesarias para acreditar tal hecho, pues en el reverso de dicho recibo se advierte la leyenda que el mismo Ezequiel realiza en el sentido de haber aceptado que lo tomó, siendo que el Ministerio Público no citó a declarar a la señora esposa del apelante, para que así lo hiciera ver, señalando únicamente que no se cuenta con elementos de convicción que revelen la comisión de tal ilícito. Sigue diciendo el inconforme que consta en la carpeta de investigación que tanto la señora Margarita García García (quien fungía como tesorera) así como Ezequiel Reyes Durón, tomaron dinero de la Asociación, en razón de que así se hace constar en un acta levantada en asamblea de la propia Asociación, en la que se comprometieron a llevar a cabo el pago de lo tomado, situación que refiere fue reconocida y aceptada por el propio Ezequiel en la audiencia de la cual ahora impugna su resolución. Respecto a ese tercer agravio, la Representante Social contestó en síntesis que: El asesor jurídico del ahora impugnante estaba obligado a introducir la información necesaria para que se debatiera en audiencia y que al no hacerlo fue que la resolutora determinó que no se demostró que Maribel Campos Calzada, haya utilizado el engaño y por ende, se hiciera de un lucro; que si el asesor jurídico de la víctima o bien el señor Antonio Cerna De La Sancha, no hicieron pronunciamiento respecto a las versiones rendidas por Heliodoro Barrón Mandujano, Elivorio Gutiérrez Zapata e Irineo Alvarado Flores, esa Representación Social no lo combatió, pues como acertadamente lo señaló la Juez de Garantía, la decisión del Ministerio Público debió combatirse de manera frontal, adecuada, razonada y articulada, lo que en el caso no aconteció, pues era indispensable que el asesor jurídico se pronunciara respecto a la ilegalidad del razonamiento del Ministerio Público y por qué era contraria a derecho. Sigue contestando la Representación Social que la víctima se duele de que el señor Ezequiel Reyes Durón y la señora Margarita García García, quien fungía como tesorera de la Asociación Civil, se apoderaron de un recibo y dinero respectivamente, conducta que fue reconocida por el señor EZEQUIEL; en cuanto a ello, la Representación Social refiere primeramente respecto al señor Ezequiel Reyes Durón, que en la carpeta de investigación sólo existió la denuncia presentada por Antonio Cerna De La Sancha, más no existe dato que nos revele que dicha conducta fue presenciada por persona alguna, tal y como se pronunció la resolutora de Primera Instancia, que aún cuando Ezequiel afirma que esa cantidad le fue condonada por la propia Asociación, la versión sólo constituye un indicio para la comisión del injusto penal, pues no se explicó por parte del asesor jurídico quién tenía ese recibo, cómo fue sustraído, cómo se utilizó y finalmente el destino que éste tuvo, por lo tanto, no existe dato que permita considerar que efectivamente se dio la sustracción; en cuanto a la señora Margarita García García, señala que el apelante manifestó que dicha persona tomó dinero de la Asociación, pues así se hizo constar en acta levantada en asamblea de la propia Asociación, sin embargo, ese dicho es un mero indicio al no existir dato que corrobore lo manifestado por quien se duele ofendido y, aún más, como lo argumentó la Juez de Garantía, no se advierte cuál era la facultad que se delegó a MARGARITA GARCÍA GARCÍA, pues no se expresó cuáles eran esos recibos que expidió por diversas cantidades, así como cuáles fueron esos recibos que dicen de manera indebida utilizó la prenombrada, ya que ésta carecía de esas facultades que le permitieran incluso desviar las sumas administradas, no comprobándose el delito de Administración Fraudulenta, que fue el que se denunció. El agravio así tejido carece de consistencia jurídica, en lo atinente a las declaraciones que el impugnante señala obran integradas al legajo de investigación y que dice dejan ver que Maribel Campos Calzada, sí cometió el delito de fraude; como ya establecimos al dar respuesta al agravio que antecede, el impugnante en la audiencia no cumplió con la carga de debatir los datos y argumentaciones que como soporte de su decisión esgrimió la Fiscalía, pues bien tuvo la oportunidad de controvertir esas aseveraciones e indicar sobre la existencia de más datos que tornaran injustificada la determinación Ministerial de abstención de investigación en cuanto a los hechos por los que presentó su denuncia, lo que se advierte no hizo en audiencia, por lo que sin extendernos más sobre el tema y con la finalidad de no hacer más extensa esta resolución, en respuesta a la parte del agravio que se contesta hacemos remisión a los argumentos que expusimos en torno al motivo de inconformidad que precede, en lo relativo a que el impugnante debió hacer del conocimiento de la Juzgadora sobre la totalidad de los datos de prueba que obraban en el legajo de investigación e indicar qué aportaban para que se continuara investigando. Por otro lado, lo que el inconforme arguye en el sentido de que la Juez pudo haber realizado las prevenciones necesarias para tener claridad respecto a diligencias que demuestren los elementos de los delitos por lo que denunció, ya que incluso hizo una pregunta que resultaba importante para la parte que representa, obteniendo que el impugnante fue removido del cargo de presidente de la Asociación Civil denominada "Grupo de los 20"; remoción que en su concepto fue ilegal y además posterior a la presentación de su denuncia, indicando que el acta notarial en que se hace constar la misma data del día dos de diciembre de dos mil diez y su denuncia la presentó el día diez de noviembre de ese mismo año, lo que a su parecer revela que al verse denunciados trataron de removerlo para no tener responsabilidad; es una inconformidad que a todas luces resulta inoperante, pues como se abundará más adelante, a la Juzgadora no le corresponde indagar sobre los datos de prueba existentes, pues su función, en el caso concreto era solamente vigilar la legalidad del acto de investigación combatido; y era a las partes a quienes correspondía suministrar en audiencia la información que obraba en el legajo de investigación para que ésta fuera valorada por la A quo a fin de emitir la resolución correspondiente. Además, a consideración de esta Sala, la información que la Juzgadora obtuvo en cuanto a la remoción del apelante como presidente de la Asociación Civil de referencia, constituye un dato en sentido estricto, más no atañe a un dato probatorio para la comprobación o no de los hechos denunciados, que como ya se dijo, su incorporación sólo incumbe a las partes; y en cuanto al calificativo que el impugnante otorga a la remoción de que fue objeto, debemos decir que este tema resulta ajeno al proceso de cognición de este Tribunal, pues recordemos que el asesor jurídico de la víctima hizo del conocimiento en la audiencia que su representado atacó dicho acto en la vía civil, indicando que dicho litigio aún no recibe sentencia; por lo tanto, corresponderá al Juzgador en Materia Civil ocuparse en su momento de esa cuestión que el inconforme ahora argumenta como parte de su agravio y que a estima de quienes integramos este Cuerpo Colegiado, se torna inoperante para el recurso que en el presente nos ocupa. En igual situación de inoperancia se encuentra su aseveración de que Ezequiel Reyes Durón, se robó un recibo propiedad de la Asociación Civil que era representada por el apelante y, que al reverso de dicho documento obra la aceptación del prenombrado; pues en caso de la existencia de testigos que hubieran presenciado la aceptación que dice aquél realizó, bien pudo haber hecho alusión a los mismos en la audiencia de impugnación, incluso desde su denuncia, lo que evidentemente dejó de hacer. Por otra parte, resulta inexacto el señalamiento del apelante en el sentido de que Ezequiel Reyes Durón, en audiencia aceptó que tanto él como Margarita García García, tomaron dinero de la Asociación, pues lo único que afloró en ésta fue que el prenombrado aceptó haber tomado "unos centavos de ahí", pero en ningún momento reconoce que ambos hayan tomado dinero de la Asociación, tampoco señala qué cantidad fue la que tomó ni de dónde provenía la misma, lo que se evidencia del pasaje del registro de audio y video en que Reyes Durón, hizo el reconocimiento que el impugnante tergiversa: ".lo que toca a mí, este (sic) pues en un momento dado que sí ahí (sic) escuché que sí estoy de acuerdo yo (sic) que tomé unos centavos de ahí, en su momento como dice la compañera, uno no está impuesto a hacer (sic) fraude ni nada de eso, me sentí mal, se lo comenté inmediatamente al señor Cerna, le dije oye mira pasa esto, pues qué hago, estoy dispuesto a pagar y dice (sic) no hay problema, vamos a hablar con el grupo, el grupo va a decidir, todos estuvieron de acuerdo en que se me condonara ese adeudo, ahora no entiendo porque el puso esto." Como puede advertirse de la cita anterior, Ezequiel Reyes Durón, en ningún momento realiza un reconocimiento en los términos a que alude el inconforme, pues el imputado de mérito sólo señala haber tomado un dinero, el cual indica que los integrantes de la Asociación agraviada denominaron adeudo, mismo que le fue condonado, sin especificar qué cantidad era ésta, de dónde la tomó o a qué correspondía, por lo que ello no puede implicar un reconocimiento en los términos pretendidos por el apelante y menos aún puede sustentar que se dio la sustracción del documento a que alude. Por cuanto hace al MOTIVO DE DISENSO enlistado por el apelante bajo el número CUATRO, éste básicamente se traduce en lo siguiente: Que le causa agravio el hecho de que la Juzgadora no le atribuya el valor adecuado frente a los derechos de las víctimas, pues como ella obtuvo en audiencia el resultado del dictamen de grafoscopía realizado respecto a las firmas que fueron falsificadas, por perito de la Procuraduría General de Justicia del Estado, realizado en fecha treinta y uno de junio de dos mil trece, nunca le fue notificado y si bien aduce que el impugnante no acudió a una citación que se le hiciere en fecha veintiocho de noviembre de dos mil trece, ello no es suficiente para tenérsele por notificado, siendo que su siguiente actuación lo fue la determinación de abstención de la investigación, misma que fue dictada hasta el quince de octubre de dos mil trece. Que al resolver la Juzgadora señaló que no era obligación del Ministerio Público, notificar el resultado del dictamen en materia de grafoscopía, lo que estima el recurrente, violenta los derechos que como víctima representan él y la Asociación por la que acude. En respuesta a este agravio la Representación Social señala: Que dentro de la carpeta de investigación existe el dictamen pericial grafoscópico de fecha treinta y uno de julio de dos mil trece, realizado por el licenciado en criminología Moisés Delgado Rodríguez, adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, mediante el cual se concluye que en los documentos cuestionados a manera de antefirma o media firma se encontraron coincidencias que determinan que sí procede del puño y letra de Antonio Cerna De La Sancha; documentos que fueron exhibidos dentro de la denuncia presentada por la víctima en fecha diez de noviembre de dos mil diez, al momento de ratificar la misma; dictamen pericial por el que se inconformó el denunciante al momento de la audiencia de impugnación, sin embargo, al ser analizado por la Juzgadora, tomó en consideración adecuadamente los derechos de la víctima, pues así lo refirió al fundarlos en el artículo 151 del Código Procesal Penal para el Estado, así como en el artículo 20 apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al señalar que la Representación Social no violentó sus derechos, con el sólo hecho de no haberle notificado el resultado del referido dictamen grafoscópico, toda vez que dio inicio a la investigación una vez que el ahora impugnante formuló su denuncia y que con los mismos documentos exhibidos por éste, es que se solicitó la realización de aludido dictamen pericial, por lo que como afirma la A quo, la víctima debe asumir en consecuencia que llevó los documentos con los que se comparó su firma, por lo tanto, la Representación Social advierte que aún y cuando el resultado fue contrario a sus intereses, dicho dictamen debe prevalecer pues fue rendido por un perito experto en la materia y, el asesor jurídico no mostró inconformidad con los métodos o técnicas utilizadas por el experto. Continúa señalando el Ministerio Público, que el apelante aduce que no acudió a una citación que se le hiciera en fecha veintiocho de noviembre de dos mil trece, pero que esto no era suficiente para tenérsele por notificado y que la siguiente actuación lo fue la determinación de abstención de investigación; indicando en relación a ello que en efecto se le envió cédula de citación al denunciante, tal y como consta en la carpeta de investigación, no obstante, tal diligencia lo era para notificarle de la determinación en la que el Ministerio Público se abstenía de investigar, que se le citó para el día cuatro de diciembre de dos mil trece, fecha en la que compareció, tal como se demuestra con dicha determinación, más no era para notificarle el resultado; y que la resolutora de Primera Instancia acertadamente refiere que no es exigible para el Ministerio Público el notificarle el resultado de dicho dictamen pericial. El agravio que nos ocupa deviene improcedente, virtud a que la afirmación de Antonio Cerna de la Sancha, en el sentido de que se vulneraron sus derechos como víctima, no es una cuestión a la que debamos dar respuesta, porque no precisa con la claridad que pide el artículo 451 del Código Procesal Penal del Estado de Zacatecas, qué principios y por qué razones se le desconocieron sus derechos, tampoco señala cuál de las garantías que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se vulneraron en su perjuicio; sin que se advierta por parte de los integrantes de esta Sala que en realidad exista el atropello de que se duele, toda vez que del análisis integral del registro de audio y video en que consta la audiencia de impugnación se aprecia que sus derechos como víctima fueron irrestrictamente respetados tanto por el Ministerio Público como por la Juzgadora de Origen, tal como se señaló al inició de este estudio. En cuanto a la falta de notificación de que se agravia respecto al dictamen grafoscópico realizado por el perito adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado, debemos decir al apelante que su inconformidad resulta infundada e inoperante, toda vez que al acudir al articulado en que se contiene lo relativo a los peritajes en el Código Procesal de la Materia (artículos 284 al 295), no encontramos disposición alguna que obligue al Ministerio Público a notificar el resultado de los dictámenes periciales ordenados al realizar la investigación con motivo de una denuncia. Luego, al no existir un marco prefijado que exija a la Fiscalía notificar de manera personal los peritajes que se realicen, carece de todo sentido el reproche que el impugnante hace de la combatida, por haberse considerado que no era obligación del Ministerio Público notificarle el resultado del peritaje en materia de grafoscopía, lo anterior es así porque como ya se dijo, no es exigencia legal que la Representación Social realice la notificación en que el impugnante descansa la violación a sus garantías como víctima y que según lo ya explicado no puede ser acogido por este Tribunal Colegiado. Por el contrario, advertimos que Antonio Cerna de la Sancha, debidamente asesorado por en técnico en la materia tuvo acceso al legajo de investigación, pues incluso se aprecia que éste aportó los documentos y datos de pruebas que le fueron solicitados por la Fiscalía durante su investigación, con lo que consideramos se respetaron sus derechos como víctima, por ende, estuvo en posibilidades de imponerse de todo el contenido de la carpeta y si no lo hizo así fue por una omisión que sólo es atribuible a esa parte. En el AGRAVIO señalado como QUINTO, el impugnante refiere lo siguiente: Que el Ministerio Público dejó de llevar a cabo diligencias que resultarían indispensables para la acreditación de los delitos que se denuncian, teniendo la obligación la Jueza de Primera Instancia de extraer de las partes las diligencias de investigación que en su caso existen, pues sólo señala que el asesor jurídico no se hace cargo de señalar cuáles son esos contratos, siendo que al haberlos referido el asesor, lo correcto debió haber sido realizar las prevenciones que en derecho procedían a efecto de que las partes fueran claras y específicas respecto a lo que sostenían, pues al impugnante le extraña el hecho de que sí lo haga para obtener cierta información y no para aquella que pudiera beneficiar a los intereses que representa. De igual forma indica que desde su óptica advierte que debieron haberse realizado las diligencias tendientes a acreditar a qué personas se les entregaron los recibos provisionales por parte de Ezequiel, así como los engaños de que fueron víctimas HELIODORO BARRÓN MANDUJANO, ELIVORIO GUTIÉRREZ ZAPATA, JULIÁN MANDUJANO GAYTÁN -en dos ocasiones-, ANTONIA MANDUJANO GAYTÁN, todos por parte de MARIBEL CAMPOS CALZADA, aun cuando así se revela de sus declaraciones, pero que tal parece no se les concede valor probatorio alguno. En contestación a dichas inconformidades, el Ministerio Público expone: Que la Fiscalía llevó a cabo las diligencias necesarias, las que resultaron indispensables para la debida integración de la carpeta de investigación, de las cuales no se logró comprobar la actualización de alguno de los delitos denunciados por el señor ANTONIO CERNA DE LA SANCHA, menos aún la participación probable de los imputados; que si bien por una parte el asesor jurídico de la víctima o ésta, no se hicieron cargo de argumentar sobre los puntos a los que se refieren, también lo es que consintieron los mismos, pues la audiencia de impugnación llevada a cabo el veintiuno de noviembre del dos mil catorce, era el momento justo para que se realizaran las alegaciones necesarias de acuerdo a la inconformidad que se tuviere con motivo de la investigación en la que la Representación Social consideraba abstenerse, ya que lo contrario sería lesivo al derecho de esa autoridad como expresión suprema de legalidad del proceso, al encontrarnos ante una audiencia oral. En respuesta a las inconformidades del apelante, diremos que éstas resultan infundadas e inoperantes, pues no indica los datos de prueba que en su concepto dejó de recabar la Fiscalía para la acreditación de los hechos que estima son delictuosos y por los que presentó su denuncia; además, antagónico a lo que considera, entre las funciones de la Juzgadora no se encuentra la de extraer de las partes los datos de investigación que en su caso existan, sino que es una obligación de éstas suministrarlos en audiencia a fin de que sean ponderados. No se comparte el parecer del inconforme de que al haber omitido su asesor jurídico señalar cuáles eran los contratos que motivaron su denuncia, correspondiera a la A quo hacerlo; es verdad que al Juez corresponde realizar prevenciones a las partes para que sean claras y especificas en cuanto a lo que exponen, sin embargo, el sentido que a ello da el apelante resulta contrario a dicha función y al espíritu del artículo 15 del Código Procesal de la materia, que dispone que los Jueces en todo momento deben preservar el principio de igualdad procesal entre las partes, pero ello no quiere decir que les corresponda indagar, mucho menos incorporar algún medio de prueba, pues su función es solamente vigilar la legalidad de los actos de investigación, preparar el juicio y resolver definitivamente el caso. Además, el recurrente deja de señalar cuál fue la disposición quebrantada por la Juzgadora, al no hacer las prevenciones que a su estima debió realizar a las partes en la audiencia para indagar sobre los hechos, lo cual como ya dijimos no es su función, pues el suministro de los datos de prueba corresponde a las partes; y se advierte que no la cita porque sencillamente no existe ninguna norma en ese sentido dentro del Código Procesal Penal (que la Juez deba indagar mediante cuestionamientos a las partes sobre determinados datos de prueba y lo que éstos arrojan), pues entonces se caería en los terrenos de un sistema inquisitivo en el que el Juez procede de oficio en perjuicio de una de las partes, lo que resulta contrario a un sistema de corte acusatorio adversarial, en el que existe una lucha abierta y transparente entre los sujetos procesales que contienden dentro de la audiencia. En cuanto a la extrañeza que ahora causa al apelante el que la Juez hiciera lo conducente para obtener cierta información y no aquella que dice pudiera beneficiar a sus intereses, es una apreciación que resulta subjetiva, pues del examen del registro de audio y video de la audiencia de impugnación, se desprende que los cuestionamientos realizados por la A quo a los intervinientes, mismos que tienen relación estrecha con los señalamientos que emitieron las partes, no pueden tornarse como una indagación a un hecho delictuoso, sino como precisiones (constitución y conformación de la Asociación que dice representar), amen de que si consideraba que tenían ese matiz, el aquí impugnante nunca se inconformó, por el contrario, se advierte que tanto él como su asesor jurídico fueron diligentes en proporcionar la información que les fue solicitada; por tanto, ahora no puede dolerse de una actuación con la que fue acorde desde un principio, so pretexto de que la resolución emitida fue contraria a los intereses que representa. Por lo que ve a su señalamiento en el sentido de que debieron de haberse realizado las diligencias tendientes a acreditar a qué personas se les entregaron los recibos provisionales por parte de Ezequiel, así como los engaños de que fueron víctimas Heliodoro Barrón Mandujano, Elivorio Gutiérrez Zapata, Julián Mandujano Gaytán, Antonia Mandujano Gaytán, por parte de Maribel Campos Calzada, aun cuando así se revela de sus declaraciones, a las que no se les concede valor probatorio alguno; es un agravio que carece de consistencia jurídica, por lo siguiente: En primer lugar, porque no refiere en específico qué "diligencias" pudieran ser tendientes para acreditar los extremos que indica. Por otro lado, su reclamo lo hace con olvido de la Juzgadora no tuvo conocimiento de todas las declaraciones a que se refiere, pues de las que menciona, sólo conoció las de Julián y Antonia, ambos de apellidos Mandujano Gaytán, las cuales, entre otras, fueron mencionadas por el Ministerio Público en audiencia, pero no porque la víctima las haya referido; de lo que se sigue que si las declaraciones de Heliodoro Barrón Mandujano y Elivorio Gutiérrez Zapata, no fueron valoradas por la Juez, sencillamente lo fue porque no se le hizo saber de ellas en la audiencia de impugnación. Ahora bien, se aprecia que la A quo sí se ocupó de ponderar las declaraciones cuyo contenido se incorporó a la audiencia, pese a ello, este ejercicio la condujo a determinar que no tenían la suficiencia necesaria para establecer la existencia de las conductas denunciadas por el hoy impugnante. En el MOTIVO DE DISENSO intitulado como SEXTO, el inconforme esgrime: Que a su estima la A Quo no realiza una debida valoración de las argumentaciones de la asesoría jurídica en la audiencia de impugnación de determinación de abstención de investigación; que en su caso omite realizar las prevenciones necesarias para obtener la información que le hiciere llegar a determinar que probablemente pudiéramos estar en condiciones (sic) de la comisión de los delitos denunciados. La fiscalía da respuesta a este agravio de la manera siguiente: Que la Juzgadora al momento de resolver lo hizo convenientemente, pues se pronunció respecto a todos y cada uno de los delitos denunciados, aun cuando los argumentos planteados por el asesor jurídico no fueron sólidos al no combatir de manera eficaz; indica además que sí recabó toda aquella información que el denunciante allegó y aún con ello no se logró comprobar los hechos que fueran denunciados. Para este Cuerpo Colegiado, el anterior agravio deviene inoperante, ya que los fundamentos de la resolución recurrida en apelación no se ven abatidos por el reclamo de Antonio Cerna de la Sancha, fundado en que la Juzgadora no realizó una debida valoración de las argumentaciones de su asesor jurídico en la audiencia, pues con sólo esa afirmación no se ataca la forma en que la A quo creó su convicción de que debe subsistir la determinación del Ministerio Público para abstenerse de la investigación; convencimiento que se advierte fue el resultado racional de la ponderación de los argumentos vertidos dentro de la audiencia de impugnación a la determinación Ministerial de marras. En cuanto a las prevenciones que reitera el impugnante debió realizar la Juez para obtener la información que le hiciere llegar a determinar sobre la probable comisión de los delitos que denunció, como ya dimos respuesta a dicha inconformidad en el agravio que antecede, lo remitimos a la parte respectiva de ese apartado. En el SÉPTIMO y último AGRAVIO que contiene el escrito mediante el cual se interpuso el recurso, el impugnante expone: Que la resolutora viola sus derechos como víctima y sobre todo los de la Asociación que representa, pues señaló incluso que la aceptación en audiencia de parte de Ezequiel Reyes Durón, constituía un indicio de la comisión del ilícito; indicando que le es difícil entender su resolución, pues al existir dicho indicio, lo correcto es regresar la investigación al Ministerio Público, a efecto de que éste realice las diligencias que resulten necesarias para lograr la obtención de los demás indicios que puedan llevarle a determinar la existencia de su probable responsabilidad. Aunado a lo anterior, estima que es demasiado ambigua la determinación del Ministerio Público, que sólo señala: ".que se determina la ABSTENCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, por no haberse acreditado que los hechos denunciados fueron constitutivos de delito."; y que tanto a él como a la Asociación que representa les deja en un estado de absoluta incertidumbre. La Representación Social se ocupó de dar contestación a dicha inconformidad de la manera siguiente: Que estima que la A quo, en ningún momento violó los derechos de la víctima ANTONIO CERNA DE LA SANCHA, pues aun cuando haya considerado un indicio la aceptación de EZEQUIEL REYES DURÓN, en audiencia, ésta no se encuentra robustecida con otro dato de prueba que nos revele la existencia de la comisión de un injusto, por lo que considera que los agravios expresados en esos términos son inatendibles. Las consideraciones apuntadas por el impugnante resultan infundadas e inoperantes, porque no precisa qué principios y por qué razones se vejaron sus derechos como víctima o los de la Asociación que representaba, pues el Ministerio Público sí promovió la investigación con motivo de su denuncia, además, se reitera, el apelante tuvo acceso al legajo de investigación, por ende, estuvo en condiciones de imponerse de su contenido y hacer valer lo que a su interés legal conviniera, inclusive aportó documentos y pruebas a la Representación Social para que considerara la existencia de los hechos sobre los cuales versa su denuncia; fue provisto además de un asesor jurídico a fin de que lo representara en la audiencia de impugnación, con lo cual se advierte que sus derechos como víctima fueron respetados. En cuanto a la "aceptación" que el inconforme refiere fue realizada por el imputado Ezequiel Reyes Durón, en la audiencia de impugnación y, que dice es eficaz para que se regrese la investigación al Ministerio Público, a efecto de que obtenga los demás indicios que le lleven a determinar la existencia de su probable responsabilidad; debemos decir que no se comparte esa postura, pues las manifestaciones de Reyes Durón en audiencia, aún con el carácter de indicio que la Juez dijo pudieran merecer, no logran tener los alcances pretendidos por el recurrente, pues como ya vimos, éste tergiversa su contenido, ello sin soslayar que en la audiencia no se señaló por parte de la víctima o su asesor jurídico, con qué otros datos de prueba pudieran sustentarse los hechos denunciados, en especifico los que se atribuyen a Reyes Durón. Por último, lo expresado por el inconforme en el sentido de que la determinación del Ministerio Público, es ambigua porque señala que se abstiene de investigar por no haberse acreditado que los hechos denunciados fueran constitutivos de delito y, que en su concepto deja en estado de absoluta incertidumbre tanto a él como a la Asociación que representa; consideramos que no tiene ningún respaldo con razones sólidas y sustentadas, como ya dijimos y se reitera, pues ni siquiera indica con qué otros datos de prueba pudiera desvanecerse dicha decisión, ahora omite exponer las razones por las cuáles considera que fue ambigua esa determinación Ministerial y por qué le deja en estado de incertidumbre el que se haya establecido en la misma que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito. Respecto al mismo tema, no advierte esta Sala de Apelación en ese pronunciamiento realizado por la Representación Social, maltrato alguno a sus derechos ni a los de su entonces representada, como víctimas, cuando se advierte y esta Sala se ha impuesto que los mismos le fueron respetados, pues el Ministerio Público sí tomó en cuenta los datos que aportó el ahora impugnante y recabó la información pertinente, sin embargo, esto le llevó a determinar que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito y haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 248 del Código Procesal Penal, se abstuvo de investigar. Más aún el apelante tuvo conocimiento de esa determinación Ministerial, la que incluso le fue notificada de manera personal el día cuatro de diciembre de dos mil trece, como consta en la carpeta administrativa, por ende, estuvo en condiciones de impugnarla, lo que así hizo, pero sin exponer razones de peso que la dejaran insubsistente o que dieran mérito para que se ordenara continuar con la investigación. [.]". Ahora bien, los conceptos de violación hechos valer por la quejosa son infundados, sin que se advierta materia para suplir la deficiencia de la queja, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, por lo que es procedente negar el amparo solicitado. En principio, resulta oportuno mencionar que la materia de estudio que constituye el límite y la condición de la jurisdicción del Juez Federal en el amparo indirecto, se constriñe al examen de las consideraciones expuestas por la autoridad responsable en el acto combatido de que se trate, para sostener su sentido, a la luz de los conceptos de violación expresados por el peticionario del amparo en su demanda, que tiendan a demostrar la ilegalidad o la inconstitucionalidad del acto reclamado, y en el caso, al tratarse de la parte ofendida opera la suplencia de la deficiencia de la queja, conforme al artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Robustece lo anterior la tesis jurisprudencial del rubro y texto siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. CUANDO EL INCULPADO Y LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO CONCURREN EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO O EN EL RECURSO DE QUE SE TRATE, CON EL CARÁCTER DE QUEJOSO O TERCERO INTERESADO, EL JUZGADOR, PREVIO A DETERMINAR SU PROCEDENCIA, DEBE PONDERAR LOS DERECHOS SUBJETIVOS PÚBLICOS DE ÉSTOS Y RESOLVER COMO CORRESPONDA EN DERECHO. El artículo 79, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en materia penal la suplencia de la queja deficiente procede en favor del inculpado o sentenciado y del ofendido o víctima en los casos en que tenga el carácter de quejoso o adherente; de ahí que cuando ambos concurran en cualquiera de las instancias del juicio de amparo indirecto o en el recurso de que se trate con el carácter de quejoso o tercero interesado, será necesario que el juzgador así lo advierta y efectúe el estudio del caso considerando que existen dos sujetos de derecho que gozan de ese mismo beneficio, y previa ponderación de sus respectivos derechos subjetivos públicos, resuelva como en derecho corresponda, abandonando las formalidades y tecnicismos contrarios a la administración de justicia, pues la finalidad primordial de la suplencia de la queja es atender a la verdad legal y juzgar, con pleno conocimiento, la controversia acerca de la constitucionalidad del acto reclamado, para garantizar el acceso real y efectivo a la Justicia Federal; de modo que, cuando se impugne algún acto dimanado de un proceso penal, con independencia de quién accione el amparo o recurso, sea el inculpado o la víctima, el juzgador resuelva la litis atendiendo a los elementales fines de la justicia distributiva, confiriendo un trato igual a los iguales que permita velar por la constitucionalidad de los actos emitidos por los órganos del Estado que afectan la libertad y los derechos de las víctimas, pues sería un contrasentido sostener que la suplencia de la queja sólo se aplique al sujeto que directamente acuda al amparo o al medio de impugnación correspondiente, ya que se correría el riesgo de perjudicar a la contraparte, pese a ser también beneficiaria de ese principio procesal. Por tanto, lo procedente es examinar los actos, resolviendo conforme a la verdad jurídica, al margen de si el quejoso o recurrente es el reo o la víctima". Se afirma lo infundado de los conceptos de violación, virtud a que el primer párrafo del artículo 16 constitucional señala lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". De la interpretación del artículo anterior, debe entenderse por fundamentación, la cita de las normas legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que se pretendan imponer con el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en la legalidad en su aspecto imperativo consistente en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Y como motivación, a la exposición de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos, en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar, es decir, la autoridad responsable, para colmar tal extremo, debe realizar el correspondiente estudio y exponer con argumentos lógico jurídicos, las causas o razones que lo impulsaron a determinar en la forma en que lo hizo. En ese contexto, para que una autoridad cumpla con los extremos del primer párrafo del artículo 16 constitucional, es necesario que en sus determinaciones cite los preceptos legales aplicables que le sirven de apoyo y, además, exprese los razonamientos jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, encuadra en los supuestos de la norma invocada. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1239, del multicitado apéndice, 1917-Septiembre 2011, Tomo I, Materia Constitucional 3, Derechos Fundamentales, Primera Parte, Décima Tercera Sección -Fundamentación y motivación-, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuadamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". En efecto, la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, fue acertada en confirmar la resolución de veintiuno de noviembre de dos mil catorce, emitida por el juez de garantía y Tribunal de Juicio Oral en materia Penal del Distrito Judicial de la Capital dentro de la causa 521/2014, en la que dejó subsistente la determinación ministerial de quince de octubre de dos mil trece, a través de la cual el Agente del Ministerio Público se abstiene de investigar, respecto a los hechos denunciados por el quejoso Antonio Serna de la Sancha, en su calidad de Presidente de la Asociación Civil denominada "Grupo de los 20". Ahora bien, el concepto de violación señalado en el inciso a), en el que aduce el quejoso, que la autoridad responsable al dictar la resolución reclamada vulnera las garantías de audiencia y legalidad tutelada por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que deriva de una violación a su derecho que tuvo a ser notificado por el Ministerio Público el resultado del dictamen pericial de grafoscopía de treinta y uno de julio de dos mil trece, practicado por el criminólogo Moisés Delgado Rodríguez, el cual fue consentido en su perjuicio, vulnerando con ello el contenido del artículo 137 del Código Procesal Penal vigente en el Estado de Zacatecas. Aduciendo además, que el dictamen pericial en grafoscopía fue emitido el treinta y uno de julio de dos mil trece, mientras que la determinación de abstención es de quince de octubre de dos mil trece y que el quejoso fue citado supuestamente para que se le notificara el dictamen el veintiocho de noviembre de dos mil catorce. Considera el quejoso que el Agente del Ministerio Público sí tenía la obligación de notificarle dicho peritaje, y con su omisión, no tuvo la oportunidad de ofrecer un perito especialista en la materia que controvirtiera el oficial. Tal concepto de violación resulta infundado, pues contrariamente a lo que expone el impetrante del amparo, respecto a la falta de notificación del dictamen grafoscópico, en el Código Procesal del Estado de Zacatecas no se contiene disposición alguna que obligue al Ministerio Público a notificar el resultado de dictámenes periciales en la etapa de investigación con motivo de una denuncia. Pues como acertadamente lo determinó la Sala responsable, no es exigencia legal que la Representación Social realice la notificación del resultado del dictamen pericial, y contrario a ello la víctima Antonio Cerna de la Sancha, debidamente asesorado por un técnico en la materia tuvo acceso al legajo de investigación, ya que incluso éste aportó documentos y datos de pruebas que le fueron solicitados por la Fiscalía durante su investigación, por lo cual tuvo la posibilidad de imponerse de todo el contenido de la carpeta de investigación y, si no lo hizo así, fue por una omisión que sólo es atribuible a esa parte ofendida. Además, no debe perderse de vista que el Sistema de corte acusatorio adversarial no tiene las mismas funciones que el sistema inquisitivo tradicional, pues en el primer sistema, el suministro de los datos de prueba corresponde a las partes, trátese de víctimas, imputados o representación social, mientras que en el segundo de ellos, el órgano jurisdiccional de oficio recaba las pruebas. Finalmente, no resta más que decir que en términos del nuevo Sistema Acusatorio Penal aunado al hecho de que se trata de delitos de afectación patrimonial correspondía a la víctima aportar a la representación social especializada los datos de prueba que acreditaran la comisión que la ley señala como delito; pues si bien, el quejoso en su momento allegó al ministerio público toda la documentación requerida para el éxito de la investigación, como documentos con los que se comparó su firma, sin embargo, no aportó documento idóneo para variar el resultado del dictamen, ni mucho menos mostró algún motivo de inconformidad en cuanto a los métodos y técnicas que fueron utilizadas para su resultado. Sustenta lo anterior la tesis cuyo rubro y texto es el siguiente: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SUS DIFERENCIAS CON EL PROCESO PENAL MIXTO EN LA FASE DE INVESTIGACIÓN. Si bien el proceso penal mixto y el acusatorio y oral requieren para su articulación de la investigación preliminar del hecho respecto del cual se solicitará la aplicación de la ley, en el proceso penal mixto, la averiguación previa es la fase en la que se recopilan los elementos de prueba que permiten sostener la existencia del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del imputado, por lo que la tarea investigadora debe ser más estricta. En cambio, en el sistema procesal penal acusatorio y oral, la integración de la carpeta de investigación no requiere de una tarea investigadora reforzada, pues sólo debe contener elementos suficientes para justificar, racionalmente, que el imputado sea presentado ante el Juez de Garantía. Así, la diferencia sustancial en lo que respecta a los elementos que debe contener una averiguación previa, en relación con los datos de prueba contenidos en una carpeta de investigación, consistente en el nivel de reforzamiento de los elementos probatorios arrojados para establecer las razones que permiten presumir la existencia de un hecho delictivo, siendo que los datos derivados de la averiguación previa, por el especial reforzamiento que deben respetar, hacen altamente probable tanto la comisión del delito, como la participación del imputado". En relación al concepto de violación precisado en el inciso b), consistente en que se violaron en contra del quejoso los derechos que le conceden las fracciones III y VII del artículo 151 del Código Procesal Penal, toda vez que el Ministerio Público nunca le notificó que pretendía abstenerse de investigar. Es infundado este motivo de disenso. En principio tenemos que las fracciones III y VII del artículo 151 del Código Procesal Penal establecen: "Derechos de la víctima Artículo 151.- Aunque no se haya constituido como acusador coadyuvante, además de los previstos en la Constitución Federal y Local, los tratados y otras leyes secundarias que de aquéllas emanen, la víctima tendrá los siguientes derechos: . III. Ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, siempre que lo solicite; . VII. A recibir asesoría jurídica, protección especial de su integridad física o psíquica, con inclusión de su familia inmediata, cuando reciba amenazas o corra peligro en razón del papel que cumple en el proceso penal; De los anteriores dispositivos se advierte que uno de los derechos de la víctima es recibir asesoría jurídica, protección especial de su integridad física o psíquica, además de su familia inmediata, en caso de que reciba amenazas o corra peligro en razón a su papel de víctima en el proceso penal. Ahora bien, como atinadamente lo determinó la Sala responsable no se vulneraron los derechos como víctima del ahora quejoso, ello en virtud que del análisis de la resolución impugnada y del registro de audio y video de la audiencia incidental materia de la apelación, se advierte que el quejoso fue asistido por un técnico en la materia, tuvo acceso al legajo de investigación, pues incluso se aprecia que éste aportó los documentos y datos de pruebas que le fueron solicitados por la Fiscalía durante su investigación, y con ello estuvo en posibilidades de imponerse de todo el contenido de la carpeta, pues si no fue así, fue por una omisión que sólo es atribuible al quejoso de mérito. El ahora quejoso supo de los hechos que se investigaban, pues la Juez de Control fue cuidadosa y reiterativa en ello, como se puede constatar en las videograbaciones correspondientes; por otra parte, tanto el peticionario, como su asesor jurídico, tuvieron acceso a la carpeta de investigación y, con ello, a los datos de prueba que sirvieron al fiscal en la fase de investigación, con lo cual no sólo se le facilitaron los datos que constaban en la carpeta de investigación, sino que siempre tuvo una asesoría adecuada, pues incluso ésta fue representada por un perito del Derecho. En relación al concepto de violación precisado en el inciso c), consistente en que la resolución dictada por el Juez, entonces de Garantía, el veintiuno de noviembre de dos mil catorce, mediante la cual declarara subsistente la determinación del Ministerio Público de abstenerse de investigar los hechos denunciados por Antonio Cerna de la Sancha, el diez de noviembre de dos mil diez y confirmada después por la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, no se encuentra ajustada a derecho, ya que de la misma no se advierte un ejercicio de equilibrio entre los derechos de la víctima y de los imputados, y violenta lo establecido en los artículos 20 Apartado C fracciones I y IV, así como el contenido del 137 del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas, faltando el Ministerio Público a su deber de objetividad y lealtad. Ahora bien, los dispositivos señalados establecen: De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa; III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño; V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación; VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." Por su parte, el artículo 137, primer párrafo, del Código Procesal Penal vigente en el Estado de Zacatecas establece: "El Ministerio Público debe obrar durante todo el proceso con absoluta lealtad para con el ofendido, aunque no asuma el papel de acusador, el acusado y su defensor y para los demás intervinientes en el proceso. La lealtad comprende el deber de información veraz sobre la investigación cumplida y los conocimientos alcanzados, y al deber de no ocultar a los intervinientes elemento alguno que, a su juicio, pudiera resultar favorable para la posición que ellos asumen, sobre todo cuando ha resuelto no incorporar alguno de esos elementos al proceso". Sentado lo anterior, resulta infundado el concepto de violación que hace valer el quejoso Antonio Cerna de la Sancha, consistente en que, en la resolución reclamada existe inexistencia de equilibrio entre los derechos de la víctima y de los imputados, pues contrario a ello, debe decirse que los preceptos legales invocados no vulneran sus derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, toda vez que los datos que aportó el impetrante del amparo, se llegó a determinar que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito, además al analizar el audio y video de la audiencia incidental, la responsable fue correcta al señalar que el ahora quejoso al encontrarse presente en la audiencia, acompañado por su asesor jurídico, fue conocedor del contenido del legajo de investigación; estuvo en oportunidad y condiciones de debatir los datos y argumentos que como fundamento de su determinación expuso la Representación Social en la audiencia de impugnación y si no lo hizo en dicha ocasión, la omisión en que incurrió fue en su perjuicio. Esto es así, porque conforme al actual sistema jurídico mexicano, si bien se mantiene como premisa que corresponde al Estado la investigación y persecución de los delitos, así como el ejercicio de la acción penal, a través del Ministerio Público, pues existen nuevas disposiciones que constituyen derechos adquiridos para la víctima u ofendido, mismos que le otorgan en términos generales el derecho a ser considerado como parte dentro de la causa, a ser asistido por el asesor jurídico que libremente elija, o por el que le designe el Estado como en el presente caso aconteció, a intervenir en todos los actos del proceso, ofrecer y desahogar pruebas, formular acusación coadyuvante, y en general, a ser tratado en igualdad de condiciones respecto del imputado, sin que ello signifique relevar o sustituir al Ministerio Público respecto de la carga de probar la acusación, así como para el ejercicio de las demás funciones que le impone la ley. De manera que, el Ministerio Público es el único facultado para formular e impulsar la acusación (al margen de la operatividad de la acción penal privada); además de que la víctima puede inconformarse en contra de cualquier decisión que tenga lugar en el proceso penal, e incluso potencialmente relacionada con los presupuestos lógicos de la reparación del daño, tales como la comprobación de la existencia del delito y la responsabilidad penal del imputado y que eventualmente pueda impedir que la víctima o el ofendido tengan acceso a la reparación del daño. Tal concepto de violación deviene infundado, virtud a que la resolución emitida por la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado el cinco de febrero de dos mil quince, sí se encuentra ajustada a derecho y contrariamente a lo sostenido por el quejoso, sí hubo igualdad procesal entre los derechos de la víctima y de los imputados, pues como acertadamente lo precisó la Sala responsable, la función del juez es solamente vigilar la legalidad de los actos de investigación, preparar el juicio y resolver definitivamente el caso; aunado a que el quejoso dejó de señalar cuál fue la disposición quebrantada, al no hacer las prevenciones que a su estima debió realizar a las partes en la audiencia para indagar sobre los hechos, lo cual no es su función, ya que a quien le corresponde allegar los datos de prueba corresponde a las partes. Pues como ya se indicó que el Sistema de corte acusatorio adversarial no tiene las mismas funciones que el sistema inquisitivo tradicional, ya que el suministro de los datos de prueba corresponde a las partes, trátese de víctimas, imputados o representación social; de ahí lo infundado del mencionado motivo de disenso. Por otro lado, el concepto de violación señalado en el inciso d), en el que aduce el quejoso, que existen en la carpeta de investigación diligencias o datos de prueba que pueden establecer la existencia de la comisión de los delitos denunciados, así como que los imputados pudieron haber participado en dicha comisión, lo cual considera es suficiente en una etapa de investigación, entonces denominada preliminar, para que el Ministerio Público pueda continuar con la integración total de la misma y, en su momento solicitar audiencia para formular imputación. Que dichas diligencias, consisten en las comparecencias de Rodolfo Espino García, Eliodoro Barrón Mandujano, Elivorio Gutiérrez Zapata, Julián Mandujano Gaytán, Julián Mandujano Zapata y Antonia Mandujano Gaytán, el acta levanta el diecinueve de noviembre de dos mil nueve, de la que se desprende que Margarita García García aceptó haber tomado una cantidad de dinero de la asociación, además que dicha acta contiene nombre de testigos, quienes debieron ser citados para declarar ante el Ministerio Público. Además que la Agente del Ministerio Público dejó de citar a los testigos Ramón Zárate y María de Jesús Esparza Torres. Que Ezequiel Reyes Durón aceptó en presencia de la juez de control, haber dispuesto de manera ilegal de cierta cantidad de dinero ($25,000.00) y si ello lo hizo en la propia audiencia y obra en la carpeta de investigación que así pasó, señalando la A quo que eso solo constituye un indicio, pero que la representación social no buscó más indicios para llegar a constituir, como declarar a todas las personas que aparecen como testigos en el acta que se levantó. Motivo de disenso que resulta infundado, pues como lo estableció la autoridad responsable, si bien, en la carpeta de investigación existen las declaraciones de los ciudadanos Heliodoro Barrón Mandujano, Elivorio Gutiérrez Zapata, Julián Mandujano Gaytán, Antonia Mandujano Gaytán e Irineo Alvarado Flores; sin embargo, en el desahogó de la audiencia incidental únicamente se tuvo conocimiento de las declaraciones relativas a Miguel Ángel Díaz González, Rodolfo Espino García, Valente Herrera González, Julián Mandujano Gaytán, Julián Mandujano Zapata y Antonia Mandujano Gaytán, las cuales fueron referidas en audiencia por la Representación Social, pero ni el ahora quejoso, ni su asesor jurídico se encargaron de mencionarlas en audiencia, menos aún indicaron a la Juez qué datos aportaban para que se continuara con la investigación. Asimismo, como atinadamente lo dice la Sala al establecer que la A quo precisó que no le era posible atender a dichos testimonios, pues señaló que no se dijo en lo específico a qué terrenos se referían, sí hubo algún contrato de por medio, si fue de manera verbal o escrita, cuáles fueron las condiciones de éstos, si los declarantes eran propietarios o no de los inmuebles con los cuales se dijo, se utilizó el engaño para obtener un lucro; sin embargo, esos razonamientos de la Juzgadora no se combatieron por el ahora quejoso con argumentos que los derriben, por lo tanto, se consideraron firmes, puesto que no se evidenció que sean incorrectos o contrarios a la información que se incorporó por las partes en la audiencia celebrada con motivo del incidente de impugnación. Ahora bien, si el quejoso fue omiso en informar a la Juez sobre la totalidad de esos datos de prueba a que se refiere, lógico resulta que no tuvo la oportunidad de ponderar si en su conjunto aportaban datos para la configuración de los hechos denunciados, para en su caso dejar insubsistente la determinación ministerial y ordenar se continuara con la investigación. En esas condiciones, fue correcta la determinación del Tribunal de apelación al establecer desacertada la pretensión del apelante, en el sentido de que el tribunal de alzada tenga acceso a dichas declaraciones que según indica obran en la carpeta de investigación, ya que ello resulta contrario al principio de contradicción que rige en el sistema acusatorio adversarial, en el que son las partes quienes ministran al Juzgador los datos que obran en la carpeta, a fin de que tenga conocimiento de ellos y adquieran validez, pero sobre todo que lo aludido por una de las partes pueda ser debatido por la otra, por lo que consideró la Sala responsable que si el quejoso y su asesor omitieron informar en la audiencia de impugnación de la totalidad de esos datos, su planteamiento no puede prosperar en la etapa de apelación, dado que la otra parte no tuvo ninguna oportunidad de debatir las argumentaciones que realizó en la apelación y, en caso de que así hubiese sido, se estaría violando el principio de contradicción contemplado en el artículo 4° del Código Procesal Penal. Entendido tal principio de contradicción, como la posibilidad de la refutación o de la contraprueba por las partes, pues es ahí precisamente en donde el derecho de defensa toma mayor auge, toda vez que el poder de refutación de la acusación por parte del quejoso es relevante en el juicio oral. Tal principio se traduce en una exigencia vinculada al derecho a un proceso con respeto a todos los derechos humanos, para cuya observancia es relevante el deber de los órganos jurisdiccionales de posibilitarlo, con la finalidad de terminar con la indefensión de las partes a efecto de velar por sus intereses, ya que el juzgador da oportunidad a éstas, de evidenciar sus pretensiones a través de las herramientas necesarias para instrumentarlo. En ese sentido, en atención al citado principio de contradicción que rige el procedimiento, consistente en que para llegar a la verdad de los hechos debe atenderse al debate que se realice entre argumentos y pruebas de las partes, en esta etapa el asesor jurídico de la víctima tuvo la oportunidad de controvertir las pruebas que constan en el legajo de investigación y aportar pruebas, para que el Juez pueda considerar esa controversia y valorarla, de manera que si en el caso, el asesor de la víctima no planteó ante el Juez de garantía como argumento lo que pretende hacer valer ante la Sala responsable, ésta no puede pronunciarse al respecto, pues de hacerlo, lo haría sobre cuestiones que no fueron materia de análisis en el procedimiento. De todo lo anteriormente expuesto, es factible concluir, que en el nuevo sistema jurídico mexicano, a fin de lograr un equilibrio procesal entre las partes es que, a juicio de este Juzgador Federal, resultaba necesario que, el quejoso o su asesor jurídico debieron haber ofrecido en su etapa correspondiente los datos de prueba para ser desahogados y examinados en la audiencia, y no señalarlos únicamente. Es aplicable al caso concreto la tesis de rubro y texto que lee: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SE SUSTENTA EN EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN. Del primer párrafo del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se advierte que el sistema procesal penal acusatorio y oral se sustenta en el principio de contradicción que contiene, en favor de las partes, el derecho a tener acceso directo a todos los datos que obran en el legajo o carpeta de la investigación llevada por el Ministerio Público (exceptuando los expresamente establecidos en la ley) y a los ofrecidos por el imputado y su defensor para controvertirlos; participar en la audiencia pública en que se incorporen y desahoguen, presentando, en su caso, versiones opuestas e interpretaciones de los resultados de dichas diligencias; y, controvertirlos, o bien, hacer las aclaraciones que estimen pertinentes, de manera que tanto el Ministerio Público como el imputado y su defensor, puedan participar activamente inclusive en el examen directo de las demás partes intervinientes en el proceso tales como peritos o testigos. Por ello, la presentación de los argumentos y contraargumentos de las partes procesales y de los datos en que sustenten sus respectivas teorías del caso (vinculación o no del imputado a proceso), debe ser inmediata, es decir, en la propia audiencia, a fin de someterlos al análisis directo de su contraparte, con el objeto de realzar y sostener el choque adversarial de las pruebas y tener la misma oportunidad de persuadir al juzgador; de tal suerte que ninguno de ellos tendrá mayores prerrogativas en su desahogo". En esas condiciones, dado que los conceptos de violación planteados por la parte quejosa son infundados y no se advierte queja deficiente que suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, lo procedente es negarle el amparo y protección de la justicia Federal que solicita, al no haber acreditado que se conculcan en su perjuicio los artículos 14 y 16 Constitucionales. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 124, de la nueva Ley de Amparo, SE RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE el presente juicio de amparo promovido por ANTONIO CERNA DE LA SANCHA, contra el acto reclamado especificado en el considerando tercero de este fallo y por los motivos expuestos en el mismo. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A ANTONIO CERNA DE LA SANCHA, contra el acto reclamado de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, precisado en el considerando último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma el licenciado MANUEL AUGUSTO CASTRO LÓPEZ, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado quien autoriza y da fe, hasta el día de hoy nueve de julio de dos mil quince, en que las labores del Juzgado lo permitieron.- DOY FE.

  4. Principal

    SE ORDENA NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA A LOS TERCERO SINTERESADOS SILVIA LARA DEL RÍO, MARIBEL CALZADA CAMPOS, MARGARITA GARCÍA GARCÍA Y EZEQUIEL REYES DURÁN, LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA NUEVE DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, ELLO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO: "VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 878/2015; y, RESULTANDO 1º. Demanda de Amparo. En escrito presentado el veintisiete de febrero de dos mil quince, ante la Oficialía de Partes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, Antonio Cerna de la Sancha, por su propio derecho, promovió demanda de amparo directo contra actos de la Primera Sala Penal y otras autoridades, actos que hizo consistir en: Autoridades responsables: Magistrados integrantes de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Zacatecas. Juez de Garantía (ahora de Control). Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especialidad en investigación de delitos Mixta. IV. Acto reclamado: A). SENTENCIA DE APELACIÓN DE LA ALZADA, de fecha cinco de febrero de dos mil quince, dictada dentro del Toca Penal número 01/2015, la cual CONFIRMA la resolución dictada por el Juez de Garantía (ahora de Control) misma que deja subsistente la determinación ministerial de abstención de investigación. B). SENTENCIA DEL JUEZ DE GARANTÍA (ahora de control), de fecha veintiuno de noviembre de dos mil catorce dictada dentro de la Causa 0521/2014, la cual deja SUBSISTENTE la determinación del Ministerio Público donde se abstiene de seguir investigando los hechos que fueron cometidos en mi perjuicio". Preceptos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados, los contemplados en los artículos 1°, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2°. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías se turnó para su conocimiento al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, quedando registrado como amparo directo penal 233/2015-1; y en acuerdo plenario emitido el catorce de mayo de dos mil quince, determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de garantías, por lo que ordenó remitirla con sus anexos al Juzgado de Distrito en el Estado de Zacatecas, en turno. 3°. El veinticinco de mayo de dos mil quince, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, remitió el libelo constitucional a este Tribunal Federal, cuyo Titular dictó proveído el veintiséis de ese mismo mes y año, en el que determinó asumir el conocimiento del asunto y ordenó su registro bajo el expediente 878/2015; se admitió a trámite sin que se requiriera a las autoridades responsables su informe justificado, en razón de que ya los habían rendido; se dio la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público Federal adscrito; se ordenó emplazar a los terceros interesados; y, se citó a las partes para la audiencia constitucional, la cual se desahogó en términos del acta que antecede y que forma parte integral de esta sentencia. CONSIDERANDO: I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2015 del Tribunal Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos de autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y existencia de los actos reclamados. II. 1. Precisión. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda, con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, pero prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004 . En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de garantías, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional consisten en: La resolución de cinco de febrero de dos mil quince, dictada por la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, en los autos del toca penal oral 01/2015, la cual confirma la resolución emitida por la Juez de Garantía y Tribunal de Juicio Oral en materia Penal del Distrito Judicial de la capital, el veintiuno de noviembre de dos mil catorce, en la causa 521/2014, en la que se dejó subsistente la determinación ministerial de quince de octubre del año dos mil trece, a través de la cual se abstiene de investigar, respecto a los hechos denunciados por Antonio Cerna de la Sancha, en su calidad de Presidente de la Asociación Civil denominada "Grupo de los 20". II.2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción de los mismos, como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS". II.2.1. Certeza. Es cierto el acto reclamado a la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, Juez de Garantía y Tribunal de Juicio Oral en materia Penal del Distrito Judicial de la capital, pues así lo reconocieron en su informe justificado, resulta aplicable al caso la jurisprudencia cuyo rubro es "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Por otra parte, la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de delitos Mixta adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante obra a foja 22 el emplazamiento correspondiente; por lo que se presume cierto el acto reclamado, máxime que ya obra en autos la determinación de abstención de investigación, emitida el quince de octubre de dos mil trece. De igual forma, el acto reclamado se encuentra acreditado con las documentales remitidas por la sala responsable, relativas a la causa original 521/2014, en un tomo, y el toca penal oral 01/2015, en un tomo, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone el artículo 2° de esta última legislación. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". III. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo a lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Ahora bien por lo que respecta al acto reclamado consistente en la sentencia de veintiuno de noviembre de dos mil catorce, dictada dentro de la causa penal 521/2014; este Tribunal Federal advierte de oficio la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "El juicio de amparo es improcedente:. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". De las constancias que integran la causa penal 521/2014, que remitió el Juez responsable, las cuales revisten plena eficacia probatoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° de éste último ordenamiento legal, se advierte que el dos de mayo de dos mil catorce, la Juez de Garantía y Tribunal de Juicio Oral, dejó subsistente la determinación ministerial de quince de octubre de dos mil trece, a través de la cual se abstiene de investigar, respecto de los hechos denunciados por Antonio Cerna de la Sancha, en su calidad de Presidente de la Asociación Civil denominada "Grupo de los 20"; que inconforme con dicha resolución el quejoso interpuso recurso de apelación, turnándose los autos a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, quien el cinco de febrero del año en curso, confirmó la resolución de la citada juez de Garantía. Lo cual, conlleva a concluir que a la fecha han cesado los efectos de la resolución de petición de demostración de excluyente de responsabilidad de veintiuno de noviembre de dos mil catorce -aquí reclamada-, dictada por la Juez de Garantía y Tribunal de Juicio Oral, con sede en esta ciudad, dado que la misma ha quedado sustituida por la determinación que emitió la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al resolver el recurso de apelación planteado en contra de la resolución de mérito; en tales condiciones, se conviene que en el presente juicio de amparo respecto del citado acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Encuentra apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del epígrafe y contenido siguiente: "RECURSO IDÓNEO. SU DESECHAMIENTO Y EL EFECTO QUE ÉSTE GENERA PROVOCAN QUE LA RESOLUCIÓN QUE PRETENDE RECURRIR QUEDE FIRME, SUSTITUYA PROCESALMENTE A LA IMPUGNADA Y, POR ENDE, QUE SE ACTUALICE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO, SI SE RECLAMA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1a./J. 51/2004 y 1a./J. 97/2008, de rubros: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO." y "DENEGADA APELACIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DESECHA O DECLARA INFUNDADO ESE RECURSO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA).", al pronunciarse en torno a la naturaleza de la determinación que desecha un recurso de apelación o el diverso de denegada apelación, sostuvo que dichas decisiones constituyen resoluciones que ponen fin al juicio para efectos del amparo directo, lo cual se asemeja a los efectos de la sentencia dictada en el recurso de apelación, cuando en ella se confirma la de primera instancia declarando infundado el recurso intentado; de ahí que pueda afirmarse que una resolución impugnada queda sustituida procesalmente por la determinación que desecha un recurso idóneo (que tiende a modificar o revocar la resolución impugnada) interpuesto en su contra. Lo anterior es así, toda vez que el desechamiento del recurso y el efecto que éste genera, hacen que la resolución que se pretende recurrir quede firme, como si se hubiera confirmado de haberse admitido el recurso. En ese sentido, al sustituirse procesalmente la resolución impugnada por la determinación que desecha el recurso idóneo respectivo, deja de tener efectos legales propios, por lo que de reclamarse en un juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la ley de la materia, de manera similar a como ocurre con la sentencia de primera instancia cuando se dicta la de alzada; lo anterior, en el entendido de que dicha sustitución procesal opera exclusivamente tratándose de desechamientos de recursos idóneos, es decir, procedentes conforme a la ley, ya que cuando el medio ordinario de defensa se interpone contra una resolución irrecurrible, su desechamiento no actualiza la referida causal de improcedencia, debido a que por disposición de la ley aquélla se constituye en definitiva". Así como las diversas tesis, de los rubros y textos siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos". "SOBRESEIMIENTO (ACTO RECLAMADO, CESACION DE SUS EFECTOS). Si como consecuencia de ulteriores promociones que hizo el propio quejoso, se dictó nueva resolución, negándole también el indulto, es indudable que esta última resolución, que es la que actualmente está en vigor y que no se reclama en el amparo dejó insubsistente la primera que se combate, habiendo, por tanto, cesado los efectos de ésta, por lo que en acatamiento a lo preceptuado en los artículos 73, fracción XVI, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, debe decretarse el sobreseimiento". En consecuencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia analizada respecto del citado acto reclamado, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Al no existir diversa causa de improcedencia planteada por las partes, ni advertida de manera oficiosa por este órgano jurisdiccional se procede examinar el fondo del asunto, respecto al diverso acto reclamado que se hace consistir en la resolución de cinco de febrero de dos mil quince, que declaró parcialmente improcedente el recurso de apelación interpuesto en contra de la diversa de veintiuno de noviembre del año próximo pasado, emitida dentro del Toca de Apelación Penal Oral 01/2015. IV. Litis Constitucional. IV.1. Conceptos de violación. Su falta de trascripción no transgrede las normas que regulan el procedimiento en el juicio de amparo, al no ser un requisito exigido por el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo cual se corrobora con la tesis del rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS.- El hecho de que el juez federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto legal alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción, además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad de recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar en su caso, la ilegalidad de la misma". En los conceptos violatorios, medularmente se alega: a) Que la autoridad responsable al dictar la resolución reclamada vulnera las garantías de audiencia y legalidad tutelada por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que constituye una violación a su derecho a ser notificado por el Ministerio Público, del resultado del dictamen pericial de grafoscopía de treinta y uno de julio de dos mil trece, practicado por el criminólogo Moisés Delgado Rodríguez, el cual fue consentido en su perjuicio, vulnerando con ello el contenido del artículo 137 del Código Procesal Penal vigente en el Estado de Zacatecas. Aduciendo además, que el dictamen pericial en grafoscopía fue emitido el treinta y uno de julio de dos mil trece, mientras que la determinación de abstención es de quince de octubre de dos mil trece y que el quejoso fue citado supuestamente para que se le notificara el dictamen el veintiocho de noviembre de dos mil catorce. Considera el quejoso, que el Agente del Ministerio Público sí tenía la obligación de notificarle dicho peritaje y, con su omisión, no tuvo la oportunidad de ofrecer un perito especialista en la materia que controvirtiera el oficial. b) Que se violaron en contra del quejoso los derechos que le conceden las fracciones III y VII del artículo 151 del Código Procesal Penal, toda vez que el Ministerio Público nunca le notificó que pretendía abstenerse de investigar. c) Que la resolución dictada por el Juez, entonces de Garantía el veintiuno de noviembre de dos mil catorce, mediante la cual declarara subsistente la determinación del Ministerio Público de abstenerse de investigar los hechos denunciados por Antonio Cerna de la Sancha, el diez de noviembre de dos mil diez y confirmada después la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, no se encuentra ajustada a derecho; ya que de la misma no se advierte un ejercicio de equilibrio entre los derechos de la víctima y de los imputados, y violenta lo establecido en los artículos 20 Apartado C fracciones I y IV, así como el contenido del 137 del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas, faltando el Ministerio Público a su deber de objetividad y lealtad. d), Que existen en la carpeta de investigación diligencias o datos de prueba que pueden establecer la existencia de la comisión de los delitos denunciados, así como que los imputados pudieron haber participado en dicha comisión, lo cual considera es suficiente en una etapa de investigación, entonces denominada preliminar, para que el Ministerio Público pueda continuar con la integración total de la misma, y en su momento solicitar audiencia para formular imputación. Que dichas diligencias, consisten en las comparecencias de Rodolfo Espino García Eliodoro Barrón Mandujano, Elivorio Gutiérrez Zapata, Julián Mandujano Gaytán, Julián Mandujano Zapata y Antonia Mandujano Gaytán, el acta levanta el diecinueve de noviembre de dos mil nueve, de la que se desprende que Margarita García García aceptó haber tomado una cantidad de dinero de la asociación, además que dicha acta contiene nombre de testigos, quienes debieron ser citados para declarar ante el Ministerio Público. Además que la Agente del Ministerio Público dejó de citar a los testigos Ramón Zárate y María de Jesús Esparza Torres. Que Ezequiel Reyes Durón aceptó, en presencia de la juez de control, haber dispuesto de manera ilegal de cierta cantidad de dinero ($25,000.00) y si ello lo hizo en la propia audiencia y obra en la carpeta de investigación que así pasó, señalando la A quo que eso solo constituye un indicio, pero que la representación social no buscó más indicios para llegar a constituir, como declarar a todas las personas que aparecen como testigos en el acta que se levantó. V. Estudio de la constitucionalidad de la resolución combatida. Son infundados los conceptos de violación expresados por Antonio Cerna de la Sancha, en su escrito de demanda, sin que se advierta queja deficiente que suplir, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso b), de la nueva Ley de Amparo, en atención a las consideraciones siguientes: Del análisis integral de la demanda de garantías se advierte que el acto que se reclama de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, consiste en la resolución de cinco de febrero de dos mil quince, en la que se confirmó la resolución emitida por la Juez de Garantía y Tribunal de Juicio Oral en materia Penal del Distrito Judicial de la capital, el veintiuno de noviembre de dos mil catorce, dentro de la causa 521/2014, en la que dejó subsistente la determinación ministerial de quince de octubre de dos mil trece, a través de la cual se abstiene de investigar, respecto a los hechos denunciados por Antonio Cerna de la Sancha, en su calidad de Presidente de la Asociación Civil denominada "Grupo de los 20". Ahora bien, la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, para emitir la resolución impugnada por la parte quejosa medularmente se apoyó en las siguientes consideraciones: ".TERCERO. Como los agravios expresados por el sedicente ofendido ANTONIO CERNA DE LA SANCHA, se hicieron en forma escrita, se omite su trascripción literal en la presente resolución al no haber disposición legal que al respecto obligue. Por lo que, una vez analizados los registros de audio y video, en especial de la AUDIENCIA INCIDENTAL RELATIVA A LA IMPUGNACIÓN DE DETERMINACIÓN MINISTERIAL DE ABSTENCIÓN DE INVESTIGAR, que contiene la resolución combatida, así como la transcripción de ésta, el escrito de agravios expresados por el recurrente, los líbelos de contestación a los mismos realizados por la Representación Social y la Defensora Pública de los imputados, así como el escrito allegado por éstos últimos, se procede a resolver al tenor de los siguientes: CONSIDERANDOS: PRIMERO. Esta Primera Sala Penal del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, es competente para conocer y resolver el presente recurso de apelación interpuesto por ANTONIO CERNA DE LA SANCHA, en calidad de Presidente y Representante Legal de la Asociación Civil denominada "El Grupo de los 20", quien se duele de hechos que consideró delictivos; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 90, 95, 101 fracción I y II (reformados) de la Constitución Política del Estado; 19 fracción I (reformado) de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en virtud de que la resolución incidental impugnada fue dictada por el Juzgado de Garantía y Tribunal de Juicio Oral del Distrito Judicial de la Capital. SEGUNDO. Por ser imperativo se analizará en primer término, la admisibilidad del recurso de apelación interpuesto y así tenemos: Se recurre la resolución recaída dentro del incidente de Impugnación de Determinación Ministerial de Abstención de la Investigación, que pronunció la Juez de Garantía Licenciada María de Lourdes González Mora, el día veintiuno de noviembre del año dos mil catorce. La aludida es recurrible en Apelación, en términos de lo dispuesto por el artículo 450 fracción I del Código Procesal Penal, además de que fue dictada en la etapa preliminar, al tratarse de una resolución que hace imposible la prosecución del procedimiento. La combatida quedó notificada a las partes el día de su pronunciación (veintiuno de noviembre del año dos mil catorce), el impugnante tiene legitimación para interponer el recurso, considerando que el segundo párrafo del artículo 433 del Código Procesal Penal, establece que cuando la ley no distinga entre las diversas partes, el recurso podrá ser interpuesto por cualquiera de ellas y en el caso el artículo 450 fracción I de ese ordenamiento, no precisa cuál de las partes puede interponerlo; así el denunciante, en su calidad de Presidente y Representante Legal de la Asociación Civil tantas veces referida, al ser parte en el proceso se encuentra legitimado para interponer el recurso. Por su parte, el artículo 434 de la precitada Codificación, agrega como requisito objetivo para la interposición de recursos que se haga en las condiciones de tiempo y forma determinados en el propio código y la indicación específica de los puntos impugnados de la recurrida. Además agrega el requisito subjetivo, toda vez que limita el derecho a recurrir, ya que únicamente se pueden impugnar las resoluciones judiciales que le causen agravio a la parte recurrente. Como ya señalamos, los artículos referidos condicionan la interposición de cualquier recurso mediante requerimientos objetivos y subjetivos. Los objetivos son los siguientes: Que lo que se impugne sea una resolución judicial. Que ésta cause un agravio al recurrente. Que haga valer su recurso por los medios y casos establecidos en la Legislación (REQUISITO DE IDONEIDAD). Que sea interpuesto en tiempo y forma legales. Que se señale la parte concreta que se impugna y los conceptos de agravio. El requisito subjetivo se reduce pues a la capacidad personal otorgada a las partes por la Legislación Procesal para recurrir las resoluciones judiciales que les causen agravios. Establecido lo anterior, se advierte que el recurso se interpuso el día veintiséis de noviembre de (2014) dos mil catorce, por lo que al realizar el cómputo respectivo, en términos de los numerales 49, 50, 54 y 62 del Ordenamiento Legal en cita, se tiene que el término para su interposición inició el veinticuatro de noviembre del año dos mil catorce y feneció el día veintiséis del mismo mes y año, por ende, su presentación fue oportuna, (en tiempo y forma), conforme lo disponen los artículos 434 y 451 del Código Adjetivo de la materia. Y, de acuerdo con el artículo 458 primer párrafo del Código Procesal Penal, el recurso debe interponerse por escrito, ante el mismo Tribunal que dictó la resolución. Ese requisito también se encuentra satisfecho, pues en el presente toca obra el escrito donde se intenta el recurso de apelación, por parte de la víctima, en el que incluye a su vez los agravios que estima le causa la resolución recurrida, amén de que el Ministerio Público y la Defensora Pública de los imputados, dentro del plazo de tres días que establece el párrafo primero del artículo 452 del Código Procesal citado, produjeron observaciones en vía de contestación de agravios que consideraron pertinentes, los que fueron dirigidos al Juzgado de Garantía y Tribunal de Juicio Oral. Bajo ese contexto, con sustento en el artículo 460 del Código Procesal Penal, al encontrarse satisfechos los requisitos antes aludidos, se declara ADMITIDO el recurso de apelación en contra de la resolución dictada dentro del incidente ya referido. Conforme a lo ya puntualizado, este Tribunal conocerá sólo en cuanto a los puntos de agravios señalados expresamente, a menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales, pudiéndose modificar o revocar la resolución, con base en los artículos 434, 444 y 445 segundo párrafo del Código Procesal Penal, sin que su alcance sea modificar en perjuicio del imputado. El artículo 434, establece: "Los recursos se interpondrán en las condiciones de tiempo y forma que se determinan en este Código, con indicación específica de los puntos impugnados de la resolución atacada". Por su parte, el Artículo 444, señala que: "A menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales el recurso atribuirá al Tribunal competente, el conocimiento del procedimiento sólo en cuanto a los puntos de la resolución a que se refieran los agravios." Y el artículo 445 dispone: "Cuando la resolución sólo fue impugnada por el imputado o su Defensor no podrá modificarse en su perjuicio. Los recursos interpuestos por cualquiera de las partes permitirán modificar o revocar la resolución aun a favor del imputado." Los citados preceptos legales, disponen que el agravio es de estricto derecho, por lo que en él estriba la competencia para conocer del recurso, consecuentemente y en términos de los preceptos antes señalados, es incuestionable que no se constriñe a atender otras cuestiones que no sean aquellas que las que estén planteadas en los agravios, puesto que estamos ante una litis cerrada, a menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales, como puede verse, la resolución que recayó a la impugnación de la víctima sobre la abstención de investigar del Ministerio Público, es apelable y la litis de segundo grado se configura en cuanto a los puntos de la resolución a que se refieren los agravios, a menos que se detecte la violación a los derechos fundamentales. Por lo que corresponde analizar si en la especie, existen violaciones al respecto, lo cual se consagra en nuestra Constitución General bajo el rubro de Garantías Individuales y estos a su vez son de orden Adjetivo (de carácter procesal) y de orden Sustantivo (medidas cautelares, penas, delitos, etc.). Al ocuparnos de los derechos adjetivos, que consisten en que se hayan respetado las reglas del debido proceso legal, establecidos en nuestra Constitución General de la República y en los Convenios y Tratados Internacionales suscritos por México; esta Sala advierte que del análisis del registro de audio y video, no se aprecia que durante el desarrollo de la Audiencia que contiene la resolución combatida éstos se hayan vulnerado, es decir, en la audiencia en que fue dictada la resolución apelada se respetaron irrestrictamente el derecho a una defensa técnica y adecuada, por ende, no se ha dejado en estado de indefensión ni a los imputados ni al denunciante, puesto que: En el caso concreto, a todos se les notificó de la fecha de la audiencia de la cual emana la combatida; se advierte que a la víctima se le designó un asesor jurídico que la representó y veló por sus intereses; se le hizo saber su derecho a manifestarse, lo cual aconteció en la audiencia; a su vez, los imputados estuvieron asistidos por su defensora pública, en donde una vez individualizadas las partes la Juez les hizo saber sus derechos. Lo anterior pone de relieve que se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento. Atinente a los de carácter Sustantivo, se advierte que la Juzgadora actuó bajo el marco de los preceptos procesales judiciales, dado que previo al estudio de la audiencia y resolución recurrida, se pone de manifiesto que la decisión emitida por la resolutora de Primer Grado se pronunció tomando en cuenta los datos que las partes introdujeron en la audiencia. TERCERO. A continuación, a efecto de resolver adecuadamente el recurso interpuesto, asentaremos en lo que se traduce el primer agravio hecho valer por el impugnante, posteriormente la contestación que de él hizo la Agente del Ministerio Público, enseguida el pronunciamiento que respecto de ellos haga este Tribunal de apelación y así sucesivamente con los demás puntos de agravio. Así tenemos pues, que la parte impugnante, en su escrito de apelación esgrimió como PRIMER AGRAVIO, sucintamente: Que la resolución causa agravios a los intereses que representa, en razón a que se deja de analizar de manera pormenorizada diversas diligencias que se encuentran agregadas a la carpeta de investigación, que se formara con motivo de la denuncia formulada en fecha diez de noviembre de dos mil diez, ante la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Mixta, en contra de los imputados señalados en su ocurso, por los delitos que se especifican en la carpeta y que dejan muestra clara de la existencia del delito de fraude. Acerca de ese primer agravio, la Representante Social en su escrito de contestación de agravios, rebatió en síntesis que: La determinación de abstención de investigación que emitió, se dejó subsistente por la Juez de Primera Instancia en la audiencia celebrada el día veintiuno de noviembre de dos mil catorce, pues se analizaron los delitos denunciados en fecha diez de noviembre de dos mil diez, por el señor Antonio Cerna de la Sancha, en su calidad de Representante Legal de la Asociación Civil denominada "Grupo de los 20", indicando que sí recabó toda aquella información que el denunciante le allegó y la tomó en consideración al punto de determinar que los hechos denunciados no fueron constitutivos de delito, ello conforme lo establece el artículo 248 del Código Procesal Penal en el Estado, lo que señala se constata del registro de audio y video de la referida audiencia. En concepto de este Tribunal, el agravio resulta inatendible, en razón de que el impugnante no señala cuáles son esos datos de prueba a los que él llama diligencias y que a su estima muestran la existencia del delito de fraude y los que se encuentran especificados en la carpeta de investigación; además, al analizar el registro de audio y video de la audiencia en la que se emitió la combatida, los integrantes de este Cuerpo Colegiado, advertimos que el asesor jurídico del aquí impugnante no cumplió con esa carga, pues se limitó a relatar los hechos que se atribuyen a los imputados Silvia Lara del Río, Maribel Calzada Campos, Margarita García García y Ezequiel Reyes Durón, sin indicar qué datos de prueba soportan los señalamientos que realiza, lo que desde luego debió hacerse dentro de la audiencia de impugnación a la Determinación Ministerial de Abstención de Investigar, por haber sido aquél el momento idóneo para ello. Por lo anterior, se reafirma que en la audiencia no se combatió de manera frontal la determinación emitida por la Representación Social, pues sobre el particular, la parte inconforme no esgrimió argumentos sólidos que abatieran las consideraciones realizadas por la Fiscalía, que la condujeron a abstenerse de investigar los hechos denunciados, menos aún se indicó en qué datos de prueba se sustenta ese reclamo ni cómo éste pudiera tener una influencia decisiva para dejar insubsistente la determinación del Ministerio Público. El apelante en su escrito, esbozó como un SEGUNDO AGRAVIO el siguiente: Que existen diversas declaraciones dentro de la carpeta de investigación, concretamente las de los Ciudadanos Heliodoro Barrón Mandujano, Elivorio Gutiérrez Zapata, Julián Mandujano Gaytán -en dos ocasiones-, Antonia Mandujano Gaytán, Irineo Alvarado Flores, que si bien el Juez en Primera Instancia no tiene conocimiento de las mismas por no haberse hecho saber de su contenido en la audiencia de la que emana la impugnada, lo cierto es, que éstas pueden ser revisadas por esta Alzada para efectos de que se resuelva que la Representación Social debe seguir integrando la investigación y en su momento determine llevar la causa ante el Juez de Garantía, a efecto de que se realice la formulación de imputación en contra de los imputados, o en su caso de aquéllos en contra de los cuales sea jurídicamente procedente. En cuanto a ese segundo agravio, el Ministerio Público contestó: Que en efecto de la carpeta de investigación se desprenden las declaraciones de Heliodoro Barrón Mandujano, Elivorio Gutiérrez Zapata, Julián Mandujano Gaytán, Antonia Mandujano Gaytán e Irineo Alvarado Flores, de las Cuales Julián Mandujano Gaytán, no versa en dos ocasiones sino en una, pues la otra aserción la hace Julián Mandujano Zapata; y por su parte Antonia Mandujano Gaytán, también declara, de las cuales se desprende que vendieron unos inmuebles al "Grupo de los Veinte", en la cantidad de CIENTO SETENTA MIL PESOS por hectárea, que después se dieron cuenta que se estaban pagando DOSCIENTOS MIL PESOS por hectárea, manifestaciones de las que la Juez de Garantía sí tuvo conocimiento en audiencia, virtud a que la Representación Social le señaló diversos testimonios, sin embargo, no atendió a los mismos debido a que no se especificó si en esos terrenos hubo un contrato de por medio, si fue verbal o escrito y en caso de que fueran escritos, cuáles eran las condiciones de la compraventa, por qué se aseguró que se dio en esa suma y no en la que la víctima refiere; o si las personas que declararon ante el Ministerio Público, eran los propietarios de los inmuebles; argumentos que el asesor jurídico no refutó en la audiencia, momento en el que debió llevar a cabo uno de los principios rectores contemplados dentro del artículo 4º del Código Procesal Penal del Estado, que lo es el de contradicción, pues el asesor jurídico estaba obligado a introducir la información necesaria para que se debatiera en audiencia, citando la tesis de rubro: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SE SUSTENTA EN EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN." En opinión de quienes ahora resolvemos, la inconformidad señalada por el impugnante resulta inoperante para cambiar el sentido de la combatida, pues si bien, señala que en la carpeta de investigación existen las declaraciones de los ciudadanos Heliodoro Barrón Mandujano, Elivorio Gutiérrez Zapata, Julián Mandujano Gaytán, Antonia Mandujano Gaytán e Irineo Alvarado Flores, también cierto lo es, que la Juzgadora no tuvo conocimiento de todos esos datos, sino únicamente de las declaraciones relativas a los ciudadanos Miguel Ángel Díaz González, Rodolfo Espino García, Valente Herrera González, Julián Mandujano Gaytán, Julián Mandujano Zapata y Antonia Mandujano Gaytán, que fueron referidas en audiencia por la Representación Social, pero ni el impugnante ni su asesor jurídico se encargaron de mencionarlas en audiencia, menos aún indicaron a la Juez qué datos aportaban para que se continuara con la investigación. No pasamos por alto que la A quo estableció que no le era posible atender a dichos testimonios, pues señaló que no se dijo en lo específico a qué terrenos se referían, sí hubo algún contrato de por medio, si fue de manera verbal o escrita, cuáles fueron las condiciones de éstos, si los declarantes eran propietarios o no de los inmuebles con los cuales se dijo, se utilizó el engaño para obtener un lucro; sin embargo, esos razonamientos de la Juzgadora no se combaten por el apelante con argumentos que los derriben, por lo tanto, deben permanecer firmes, puesto que no se evidencia que sean incorrectos o contrarios a la información que se incorporó por las partes en la audiencia celebrada con motivo del incidente de impugnación. Entonces, si el ahora inconforme fue omiso en informar a la Juez sobre la totalidad de esos datos de prueba a que se refiere, obvio resulta que no tuvo la oportunidad de ponderar si en su conjunto aportaban datos para la configuración de los hechos denunciados, para en su caso dejar insubsistente la determinación Ministerial y ordenar se continuara con la investigación. Es desacertada la pretensión del apelante de que este Tribunal tenga acceso a dichas declaraciones que según indica obran en la carpeta de investigación, ya que ello resulta contrario al principio de contradicción que rige en el sistema acusatorio adversarial en el que son las partes quienes ministran al Juzgador los datos que obran en la carpeta a fin de que tenga conocimiento de ellos y adquieran validez, pero sobre todo que lo aludido por una de las partes pueda ser debatido por la otra, por lo que si omitió informar en la audiencia de impugnación de la totalidad de esos datos, ahora su planteamiento no puede prosperar, dado que la otra parte no tuvo ninguna oportunidad de debatir las manifestaciones que ahora realiza, además de procederse en los términos solicitados, ello rompería con el principio de igualdad procesal entre las partes, el cual se encuentra establecido por el artículo 15 del Código Procesal Penal y consagrado también por el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Lo anterior debido a que dentro del sistema acusatorio adversarial, los Jueces se erigen como protectores del cumplimiento de las garantías establecidas a favor de las personas al interior del procedimiento y cumplen con dicha función a través de los razonamientos que emiten basados en la información que les proporcionan las partes; sin embargo, el impugnante al encontrarse presente en la audiencia (acompañado por su asesor jurídico) y ser conocedor del contenido del legajo de investigación, estuvo en oportunidad y condiciones de debatir los datos y argumentos que como fundamento de su determinación expuso la Representación Social en la audiencia de impugnación y si no lo hizo en dicha ocasión, la omisión en que incurrió, reiteramos, no puede reportarle beneficio. Por cuanto hace al TERCER AQUEJO, expuesto por el impugnante, éste básicamente se traduce en que de las declaraciones que enseguida se analizarán sí se verifica un hecho señalado por la Ley como delito, veamos su contenido: El testigo HELIODORO BARRÓN MANDUJANO, señaló concretamente: ".por lo que yo le dije que él -refiriéndose a Antonio Cerna de la Sancha- en realidad algún día se iba a dar cuenta a cómo se habían conseguido los terrenos ya que los (sic) propietarios de las tierras se les pagó la cantidad de CIENTO SETENTA MIL PESOS POR HECTÁREA, y en realidad ANTONIO CERNA las pagó en la cantidad de DOSCIENTOS MIL PESOS POR HECTÁREA, más (sic) sin embargo MARIBEL e HIRINEO, les pagaron a los ejidatarios o dueños de las tierras vendidas únicamente la cantidad de CIENTO SESENTA MIL PESOS POR HECTÁREA.". A su vez ELIVORIO GUTIÉRREZ ZAPATA, dice: ".yo asistí con los ejidatarios y acompañé a ANTONIO, por lo que ahí los ejidatarios le dijeron a él que les habían pagado CIENTO SETENTA MIL PESOS POR HECTÁREA y no los DOSCIENTOS MIL PESOS POR HECTÁREA que él decía o bien que él tenía entendido.". Asimismo JULIÁN MANDUJANO GAYTÁN, expuso: ".con posterioridad fue otra persona de nombre MARIBEL, sin recordar sus apellidos, y dicha persona, fue a ofrecernos la cantidad de CIENTO SETENTA MIL PESOS POR HECTÁREA, y a esa cantidad me pagaron, después me di cuenta que las pagaban a DOSCIENTOS MIL PESOS LA HECTÁREA, pero la señora MARIBEL, nunca me dijo en qué cantidad las pagaban." Por su parte JULIÁN MANDUJANO GAYTÁN, señala: ".con posterioridad fue otra persona de nombre MARIBEL, sin recordar sus apellidos, y dicha persona, fue a ofrecernos la cantidad de CIENTO SETENTA MIL PESOS POR HECTÁREA, y esa cantidad me pagaron, más (sic) sin embargo, dicha señora MARIBEL, me comentó que en realidad ella había conseguido que se nos pagara un poco más por hectárea, SIENDO EN LA CANTIDAD DE DOSCIENTOS MIL PESOS POR HECTÁREA, pero que esa cantidad de más lo era con la finalidad de pagar al ejido, así como papelería que se fuera gastando, por lo que después me di cuenta que (sic) fue así, sino que el grupo de los veinte eran las personas que habían hecho todos los pagos.". Bien, como ya se refirió en concepto del inconforme, de estas declaraciones se permite ver que la señora Maribel Campos Calzada, sí cometió el delito de FRAUDE, pues mientras a las personas con las que trataba llegaban a un acuerdo económico en CIENTO SETENTA MIL PESOS, la asociación pagaba DOSCIENTOS MIL PESOS, es decir, que esa diferencia de TREINTA MIL PESOS por hectárea, es el lucro que obtuvo indebidamente engañando tanto a la Asociación Civil denominada "Grupo de los 20", como a los propietarios de las hectáreas vendidas a ésta. A su vez estima que la Juez pudo haber realizado las prevenciones que considerara necesarias para tener claridad respecto a diligencias que demuestren los elementos de los delitos por lo que se denunció, siendo que no lo hizo, pues indica que incluso hizo una pregunta que resulta importante a la parte que él representa, consistente en que sí hay una remoción del impugnante como presidente de la Asociación Civil " El Grupo de los 20", pero que dicha remoción además de ser ilegal, fue posterior a la presentación de su denuncia, pues el acta notarial en que se hace constar la misma data del día dos de diciembre de dos mil diez, siendo que el inconforme presentó su denuncia el día diez de noviembre de dos mil diez, lo que a su parecer revela que una vez que se vieron denunciados trataron de removerlo para no tener responsabilidad, pero los hechos ya los habían cometido y deben responder por ellos. Dice además que el señor Ezequiel Reyes Durón, se robó un recibo propiedad de la Asociación Civil y que el Ministerio Público no llevó a cabo las diligencias necesarias para acreditar tal hecho, pues en el reverso de dicho recibo se advierte la leyenda que el mismo Ezequiel realiza en el sentido de haber aceptado que lo tomó, siendo que el Ministerio Público no citó a declarar a la señora esposa del apelante, para que así lo hiciera ver, señalando únicamente que no se cuenta con elementos de convicción que revelen la comisión de tal ilícito. Sigue diciendo el inconforme que consta en la carpeta de investigación que tanto la señora Margarita García García (quien fungía como tesorera) así como Ezequiel Reyes Durón, tomaron dinero de la Asociación, en razón de que así se hace constar en un acta levantada en asamblea de la propia Asociación, en la que se comprometieron a llevar a cabo el pago de lo tomado, situación que refiere fue reconocida y aceptada por el propio Ezequiel en la audiencia de la cual ahora impugna su resolución. Respecto a ese tercer agravio, la Representante Social contestó en síntesis que: El asesor jurídico del ahora impugnante estaba obligado a introducir la información necesaria para que se debatiera en audiencia y que al no hacerlo fue que la resolutora determinó que no se demostró que Maribel Campos Calzada, haya utilizado el engaño y por ende, se hiciera de un lucro; que si el asesor jurídico de la víctima o bien el señor Antonio Cerna De La Sancha, no hicieron pronunciamiento respecto a las versiones rendidas por Heliodoro Barrón Mandujano, Elivorio Gutiérrez Zapata e Irineo Alvarado Flores, esa Representación Social no lo combatió, pues como acertadamente lo señaló la Juez de Garantía, la decisión del Ministerio Público debió combatirse de manera frontal, adecuada, razonada y articulada, lo que en el caso no aconteció, pues era indispensable que el asesor jurídico se pronunciara respecto a la ilegalidad del razonamiento del Ministerio Público y por qué era contraria a derecho. Sigue contestando la Representación Social que la víctima se duele de que el señor Ezequiel Reyes Durón y la señora Margarita García García, quien fungía como tesorera de la Asociación Civil, se apoderaron de un recibo y dinero respectivamente, conducta que fue reconocida por el señor EZEQUIEL; en cuanto a ello, la Representación Social refiere primeramente respecto al señor Ezequiel Reyes Durón, que en la carpeta de investigación sólo existió la denuncia presentada por Antonio Cerna De La Sancha, más no existe dato que nos revele que dicha conducta fue presenciada por persona alguna, tal y como se pronunció la resolutora de Primera Instancia, que aún cuando Ezequiel afirma que esa cantidad le fue condonada por la propia Asociación, la versión sólo constituye un indicio para la comisión del injusto penal, pues no se explicó por parte del asesor jurídico quién tenía ese recibo, cómo fue sustraído, cómo se utilizó y finalmente el destino que éste tuvo, por lo tanto, no existe dato que permita considerar que efectivamente se dio la sustracción; en cuanto a la señora Margarita García García, señala que el apelante manifestó que dicha persona tomó dinero de la Asociación, pues así se hizo constar en acta levantada en asamblea de la propia Asociación, sin embargo, ese dicho es un mero indicio al no existir dato que corrobore lo manifestado por quien se duele ofendido y, aún más, como lo argumentó la Juez de Garantía, no se advierte cuál era la facultad que se delegó a MARGARITA GARCÍA GARCÍA, pues no se expresó cuáles eran esos recibos que expidió por diversas cantidades, así como cuáles fueron esos recibos que dicen de manera indebida utilizó la prenombrada, ya que ésta carecía de esas facultades que le permitieran incluso desviar las sumas administradas, no comprobándose el delito de Administración Fraudulenta, que fue el que se denunció. El agravio así tejido carece de consistencia jurídica, en lo atinente a las declaraciones que el impugnante señala obran integradas al legajo de investigación y que dice dejan ver que Maribel Campos Calzada, sí cometió el delito de fraude; como ya establecimos al dar respuesta al agravio que antecede, el impugnante en la audiencia no cumplió con la carga de debatir los datos y argumentaciones que como soporte de su decisión esgrimió la Fiscalía, pues bien tuvo la oportunidad de controvertir esas aseveraciones e indicar sobre la existencia de más datos que tornaran injustificada la determinación Ministerial de abstención de investigación en cuanto a los hechos por los que presentó su denuncia, lo que se advierte no hizo en audiencia, por lo que sin extendernos más sobre el tema y con la finalidad de no hacer más extensa esta resolución, en respuesta a la parte del agravio que se contesta hacemos remisión a los argumentos que expusimos en torno al motivo de inconformidad que precede, en lo relativo a que el impugnante debió hacer del conocimiento de la Juzgadora sobre la totalidad de los datos de prueba que obraban en el legajo de investigación e indicar qué aportaban para que se continuara investigando. Por otro lado, lo que el inconforme arguye en el sentido de que la Juez pudo haber realizado las prevenciones necesarias para tener claridad respecto a diligencias que demuestren los elementos de los delitos por lo que denunció, ya que incluso hizo una pregunta que resultaba importante para la parte que representa, obteniendo que el impugnante fue removido del cargo de presidente de la Asociación Civil denominada "Grupo de los 20"; remoción que en su concepto fue ilegal y además posterior a la presentación de su denuncia, indicando que el acta notarial en que se hace constar la misma data del día dos de diciembre de dos mil diez y su denuncia la presentó el día diez de noviembre de ese mismo año, lo que a su parecer revela que al verse denunciados trataron de removerlo para no tener responsabilidad; es una inconformidad que a todas luces resulta inoperante, pues como se abundará más adelante, a la Juzgadora no le corresponde indagar sobre los datos de prueba existentes, pues su función, en el caso concreto era solamente vigilar la legalidad del acto de investigación combatido; y era a las partes a quienes correspondía suministrar en audiencia la información que obraba en el legajo de investigación para que ésta fuera valorada por la A quo a fin de emitir la resolución correspondiente. Además, a consideración de esta Sala, la información que la Juzgadora obtuvo en cuanto a la remoción del apelante como presidente de la Asociación Civil de referencia, constituye un dato en sentido estricto, más no atañe a un dato probatorio para la comprobación o no de los hechos denunciados, que como ya se dijo, su incorporación sólo incumbe a las partes; y en cuanto al calificativo que el impugnante otorga a la remoción de que fue objeto, debemos decir que este tema resulta ajeno al proceso de cognición de este Tribunal, pues recordemos que el asesor jurídico de la víctima hizo del conocimiento en la audiencia que su representado atacó dicho acto en la vía civil, indicando que dicho litigio aún no recibe sentencia; por lo tanto, corresponderá al Juzgador en Materia Civil ocuparse en su momento de esa cuestión que el inconforme ahora argumenta como parte de su agravio y que a estima de quienes integramos este Cuerpo Colegiado, se torna inoperante para el recurso que en el presente nos ocupa. En igual situación de inoperancia se encuentra su aseveración de que Ezequiel Reyes Durón, se robó un recibo propiedad de la Asociación Civil que era representada por el apelante y, que al reverso de dicho documento obra la aceptación del prenombrado; pues en caso de la existencia de testigos que hubieran presenciado la aceptación que dice aquél realizó, bien pudo haber hecho alusión a los mismos en la audiencia de impugnación, incluso desde su denuncia, lo que evidentemente dejó de hacer. Por otra parte, resulta inexacto el señalamiento del apelante en el sentido de que Ezequiel Reyes Durón, en audiencia aceptó que tanto él como Margarita García García, tomaron dinero de la Asociación, pues lo único que afloró en ésta fue que el prenombrado aceptó haber tomado "unos centavos de ahí", pero en ningún momento reconoce que ambos hayan tomado dinero de la Asociación, tampoco señala qué cantidad fue la que tomó ni de dónde provenía la misma, lo que se evidencia del pasaje del registro de audio y video en que Reyes Durón, hizo el reconocimiento que el impugnante tergiversa: ".lo que toca a mí, este (sic) pues en un momento dado que sí ahí (sic) escuché que sí estoy de acuerdo yo (sic) que tomé unos centavos de ahí, en su momento como dice la compañera, uno no está impuesto a hacer (sic) fraude ni nada de eso, me sentí mal, se lo comenté inmediatamente al señor Cerna, le dije oye mira pasa esto, pues qué hago, estoy dispuesto a pagar y dice (sic) no hay problema, vamos a hablar con el grupo, el grupo va a decidir, todos estuvieron de acuerdo en que se me condonara ese adeudo, ahora no entiendo porque el puso esto." Como puede advertirse de la cita anterior, Ezequiel Reyes Durón, en ningún momento realiza un reconocimiento en los términos a que alude el inconforme, pues el imputado de mérito sólo señala haber tomado un dinero, el cual indica que los integrantes de la Asociación agraviada denominaron adeudo, mismo que le fue condonado, sin especificar qué cantidad era ésta, de dónde la tomó o a qué correspondía, por lo que ello no puede implicar un reconocimiento en los términos pretendidos por el apelante y menos aún puede sustentar que se dio la sustracción del documento a que alude. Por cuanto hace al MOTIVO DE DISENSO enlistado por el apelante bajo el número CUATRO, éste básicamente se traduce en lo siguiente: Que le causa agravio el hecho de que la Juzgadora no le atribuya el valor adecuado frente a los derechos de las víctimas, pues como ella obtuvo en audiencia el resultado del dictamen de grafoscopía realizado respecto a las firmas que fueron falsificadas, por perito de la Procuraduría General de Justicia del Estado, realizado en fecha treinta y uno de junio de dos mil trece, nunca le fue notificado y si bien aduce que el impugnante no acudió a una citación que se le hiciere en fecha veintiocho de noviembre de dos mil trece, ello no es suficiente para tenérsele por notificado, siendo que su siguiente actuación lo fue la determinación de abstención de la investigación, misma que fue dictada hasta el quince de octubre de dos mil trece. Que al resolver la Juzgadora señaló que no era obligación del Ministerio Público, notificar el resultado del dictamen en materia de grafoscopía, lo que estima el recurrente, violenta los derechos que como víctima representan él y la Asociación por la que acude. En respuesta a este agravio la Representación Social señala: Que dentro de la carpeta de investigación existe el dictamen pericial grafoscópico de fecha treinta y uno de julio de dos mil trece, realizado por el licenciado en criminología Moisés Delgado Rodríguez, adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, mediante el cual se concluye que en los documentos cuestionados a manera de antefirma o media firma se encontraron coincidencias que determinan que sí procede del puño y letra de Antonio Cerna De La Sancha; documentos que fueron exhibidos dentro de la denuncia presentada por la víctima en fecha diez de noviembre de dos mil diez, al momento de ratificar la misma; dictamen pericial por el que se inconformó el denunciante al momento de la audiencia de impugnación, sin embargo, al ser analizado por la Juzgadora, tomó en consideración adecuadamente los derechos de la víctima, pues así lo refirió al fundarlos en el artículo 151 del Código Procesal Penal para el Estado, así como en el artículo 20 apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al señalar que la Representación Social no violentó sus derechos, con el sólo hecho de no haberle notificado el resultado del referido dictamen grafoscópico, toda vez que dio inicio a la investigación una vez que el ahora impugnante formuló su denuncia y que con los mismos documentos exhibidos por éste, es que se solicitó la realización de aludido dictamen pericial, por lo que como afirma la A quo, la víctima debe asumir en consecuencia que llevó los documentos con los que se comparó su firma, por lo tanto, la Representación Social advierte que aún y cuando el resultado fue contrario a sus intereses, dicho dictamen debe prevalecer pues fue rendido por un perito experto en la materia y, el asesor jurídico no mostró inconformidad con los métodos o técnicas utilizadas por el experto. Continúa señalando el Ministerio Público, que el apelante aduce que no acudió a una citación que se le hiciera en fecha veintiocho de noviembre de dos mil trece, pero que esto no era suficiente para tenérsele por notificado y que la siguiente actuación lo fue la determinación de abstención de investigación; indicando en relación a ello que en efecto se le envió cédula de citación al denunciante, tal y como consta en la carpeta de investigación, no obstante, tal diligencia lo era para notificarle de la determinación en la que el Ministerio Público se abstenía de investigar, que se le citó para el día cuatro de diciembre de dos mil trece, fecha en la que compareció, tal como se demuestra con dicha determinación, más no era para notificarle el resultado; y que la resolutora de Primera Instancia acertadamente refiere que no es exigible para el Ministerio Público el notificarle el resultado de dicho dictamen pericial. El agravio que nos ocupa deviene improcedente, virtud a que la afirmación de Antonio Cerna de la Sancha, en el sentido de que se vulneraron sus derechos como víctima, no es una cuestión a la que debamos dar respuesta, porque no precisa con la claridad que pide el artículo 451 del Código Procesal Penal del Estado de Zacatecas, qué principios y por qué razones se le desconocieron sus derechos, tampoco señala cuál de las garantías que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se vulneraron en su perjuicio; sin que se advierta por parte de los integrantes de esta Sala que en realidad exista el atropello de que se duele, toda vez que del análisis integral del registro de audio y video en que consta la audiencia de impugnación se aprecia que sus derechos como víctima fueron irrestrictamente respetados tanto por el Ministerio Público como por la Juzgadora de Origen, tal como se señaló al inició de este estudio. En cuanto a la falta de notificación de que se agravia respecto al dictamen grafoscópico realizado por el perito adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado, debemos decir al apelante que su inconformidad resulta infundada e inoperante, toda vez que al acudir al articulado en que se contiene lo relativo a los peritajes en el Código Procesal de la Materia (artículos 284 al 295), no encontramos disposición alguna que obligue al Ministerio Público a notificar el resultado de los dictámenes periciales ordenados al realizar la investigación con motivo de una denuncia. Luego, al no existir un marco prefijado que exija a la Fiscalía notificar de manera personal los peritajes que se realicen, carece de todo sentido el reproche que el impugnante hace de la combatida, por haberse considerado que no era obligación del Ministerio Público notificarle el resultado del peritaje en materia de grafoscopía, lo anterior es así porque como ya se dijo, no es exigencia legal que la Representación Social realice la notificación en que el impugnante descansa la violación a sus garantías como víctima y que según lo ya explicado no puede ser acogido por este Tribunal Colegiado. Por el contrario, advertimos que Antonio Cerna de la Sancha, debidamente asesorado por en técnico en la materia tuvo acceso al legajo de investigación, pues incluso se aprecia que éste aportó los documentos y datos de pruebas que le fueron solicitados por la Fiscalía durante su investigación, con lo que consideramos se respetaron sus derechos como víctima, por ende, estuvo en posibilidades de imponerse de todo el contenido de la carpeta y si no lo hizo así fue por una omisión que sólo es atribuible a esa parte. En el AGRAVIO señalado como QUINTO, el impugnante refiere lo siguiente: Que el Ministerio Público dejó de llevar a cabo diligencias que resultarían indispensables para la acreditación de los delitos que se denuncian, teniendo la obligación la Jueza de Primera Instancia de extraer de las partes las diligencias de investigación que en su caso existen, pues sólo señala que el asesor jurídico no se hace cargo de señalar cuáles son esos contratos, siendo que al haberlos referido el asesor, lo correcto debió haber sido realizar las prevenciones que en derecho procedían a efecto de que las partes fueran claras y específicas respecto a lo que sostenían, pues al impugnante le extraña el hecho de que sí lo haga para obtener cierta información y no para aquella que pudiera beneficiar a los intereses que representa. De igual forma indica que desde su óptica advierte que debieron haberse realizado las diligencias tendientes a acreditar a qué personas se les entregaron los recibos provisionales por parte de Ezequiel, así como los engaños de que fueron víctimas HELIODORO BARRÓN MANDUJANO, ELIVORIO GUTIÉRREZ ZAPATA, JULIÁN MANDUJANO GAYTÁN -en dos ocasiones-, ANTONIA MANDUJANO GAYTÁN, todos por parte de MARIBEL CAMPOS CALZADA, aun cuando así se revela de sus declaraciones, pero que tal parece no se les concede valor probatorio alguno. En contestación a dichas inconformidades, el Ministerio Público expone: Que la Fiscalía llevó a cabo las diligencias necesarias, las que resultaron indispensables para la debida integración de la carpeta de investigación, de las cuales no se logró comprobar la actualización de alguno de los delitos denunciados por el señor ANTONIO CERNA DE LA SANCHA, menos aún la participación probable de los imputados; que si bien por una parte el asesor jurídico de la víctima o ésta, no se hicieron cargo de argumentar sobre los puntos a los que se refieren, también lo es que consintieron los mismos, pues la audiencia de impugnación llevada a cabo el veintiuno de noviembre del dos mil catorce, era el momento justo para que se realizaran las alegaciones necesarias de acuerdo a la inconformidad que se tuviere con motivo de la investigación en la que la Representación Social consideraba abstenerse, ya que lo contrario sería lesivo al derecho de esa autoridad como expresión suprema de legalidad del proceso, al encontrarnos ante una audiencia oral. En respuesta a las inconformidades del apelante, diremos que éstas resultan infundadas e inoperantes, pues no indica los datos de prueba que en su concepto dejó de recabar la Fiscalía para la acreditación de los hechos que estima son delictuosos y por los que presentó su denuncia; además, antagónico a lo que considera, entre las funciones de la Juzgadora no se encuentra la de extraer de las partes los datos de investigación que en su caso existan, sino que es una obligación de éstas suministrarlos en audiencia a fin de que sean ponderados. No se comparte el parecer del inconforme de que al haber omitido su asesor jurídico señalar cuáles eran los contratos que motivaron su denuncia, correspondiera a la A quo hacerlo; es verdad que al Juez corresponde realizar prevenciones a las partes para que sean claras y especificas en cuanto a lo que exponen, sin embargo, el sentido que a ello da el apelante resulta contrario a dicha función y al espíritu del artículo 15 del Código Procesal de la materia, que dispone que los Jueces en todo momento deben preservar el principio de igualdad procesal entre las partes, pero ello no quiere decir que les corresponda indagar, mucho menos incorporar algún medio de prueba, pues su función es solamente vigilar la legalidad de los actos de investigación, preparar el juicio y resolver definitivamente el caso. Además, el recurrente deja de señalar cuál fue la disposición quebrantada por la Juzgadora, al no hacer las prevenciones que a su estima debió realizar a las partes en la audiencia para indagar sobre los hechos, lo cual como ya dijimos no es su función, pues el suministro de los datos de prueba corresponde a las partes; y se advierte que no la cita porque sencillamente no existe ninguna norma en ese sentido dentro del Código Procesal Penal (que la Juez deba indagar mediante cuestionamientos a las partes sobre determinados datos de prueba y lo que éstos arrojan), pues entonces se caería en los terrenos de un sistema inquisitivo en el que el Juez procede de oficio en perjuicio de una de las partes, lo que resulta contrario a un sistema de corte acusatorio adversarial, en el que existe una lucha abierta y transparente entre los sujetos procesales que contienden dentro de la audiencia. En cuanto a la extrañeza que ahora causa al apelante el que la Juez hiciera lo conducente para obtener cierta información y no aquella que dice pudiera beneficiar a sus intereses, es una apreciación que resulta subjetiva, pues del examen del registro de audio y video de la audiencia de impugnación, se desprende que los cuestionamientos realizados por la A quo a los intervinientes, mismos que tienen relación estrecha con los señalamientos que emitieron las partes, no pueden tornarse como una indagación a un hecho delictuoso, sino como precisiones (constitución y conformación de la Asociación que dice representar), amen de que si consideraba que tenían ese matiz, el aquí impugnante nunca se inconformó, por el contrario, se advierte que tanto él como su asesor jurídico fueron diligentes en proporcionar la información que les fue solicitada; por tanto, ahora no puede dolerse de una actuación con la que fue acorde desde un principio, so pretexto de que la resolución emitida fue contraria a los intereses que representa. Por lo que ve a su señalamiento en el sentido de que debieron de haberse realizado las diligencias tendientes a acreditar a qué personas se les entregaron los recibos provisionales por parte de Ezequiel, así como los engaños de que fueron víctimas Heliodoro Barrón Mandujano, Elivorio Gutiérrez Zapata, Julián Mandujano Gaytán, Antonia Mandujano Gaytán, por parte de Maribel Campos Calzada, aun cuando así se revela de sus declaraciones, a las que no se les concede valor probatorio alguno; es un agravio que carece de consistencia jurídica, por lo siguiente: En primer lugar, porque no refiere en específico qué "diligencias" pudieran ser tendientes para acreditar los extremos que indica. Por otro lado, su reclamo lo hace con olvido de la Juzgadora no tuvo conocimiento de todas las declaraciones a que se refiere, pues de las que menciona, sólo conoció las de Julián y Antonia, ambos de apellidos Mandujano Gaytán, las cuales, entre otras, fueron mencionadas por el Ministerio Público en audiencia, pero no porque la víctima las haya referido; de lo que se sigue que si las declaraciones de Heliodoro Barrón Mandujano y Elivorio Gutiérrez Zapata, no fueron valoradas por la Juez, sencillamente lo fue porque no se le hizo saber de ellas en la audiencia de impugnación. Ahora bien, se aprecia que la A quo sí se ocupó de ponderar las declaraciones cuyo contenido se incorporó a la audiencia, pese a ello, este ejercicio la condujo a determinar que no tenían la suficiencia necesaria para establecer la existencia de las conductas denunciadas por el hoy impugnante. En el MOTIVO DE DISENSO intitulado como SEXTO, el inconforme esgrime: Que a su estima la A Quo no realiza una debida valoración de las argumentaciones de la asesoría jurídica en la audiencia de impugnación de determinación de abstención de investigación; que en su caso omite realizar las prevenciones necesarias para obtener la información que le hiciere llegar a determinar que probablemente pudiéramos estar en condiciones (sic) de la comisión de los delitos denunciados. La fiscalía da respuesta a este agravio de la manera siguiente: Que la Juzgadora al momento de resolver lo hizo convenientemente, pues se pronunció respecto a todos y cada uno de los delitos denunciados, aun cuando los argumentos planteados por el asesor jurídico no fueron sólidos al no combatir de manera eficaz; indica además que sí recabó toda aquella información que el denunciante allegó y aún con ello no se logró comprobar los hechos que fueran denunciados. Para este Cuerpo Colegiado, el anterior agravio deviene inoperante, ya que los fundamentos de la resolución recurrida en apelación no se ven abatidos por el reclamo de Antonio Cerna de la Sancha, fundado en que la Juzgadora no realizó una debida valoración de las argumentaciones de su asesor jurídico en la audiencia, pues con sólo esa afirmación no se ataca la forma en que la A quo creó su convicción de que debe subsistir la determinación del Ministerio Público para abstenerse de la investigación; convencimiento que se advierte fue el resultado racional de la ponderación de los argumentos vertidos dentro de la audiencia de impugnación a la determinación Ministerial de marras. En cuanto a las prevenciones que reitera el impugnante debió realizar la Juez para obtener la información que le hiciere llegar a determinar sobre la probable comisión de los delitos que denunció, como ya dimos respuesta a dicha inconformidad en el agravio que antecede, lo remitimos a la parte respectiva de ese apartado. En el SÉPTIMO y último AGRAVIO que contiene el escrito mediante el cual se interpuso el recurso, el impugnante expone: Que la resolutora viola sus derechos como víctima y sobre todo los de la Asociación que representa, pues señaló incluso que la aceptación en audiencia de parte de Ezequiel Reyes Durón, constituía un indicio de la comisión del ilícito; indicando que le es difícil entender su resolución, pues al existir dicho indicio, lo correcto es regresar la investigación al Ministerio Público, a efecto de que éste realice las diligencias que resulten necesarias para lograr la obtención de los demás indicios que puedan llevarle a determinar la existencia de su probable responsabilidad. Aunado a lo anterior, estima que es demasiado ambigua la determinación del Ministerio Público, que sólo señala: ".que se determina la ABSTENCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, por no haberse acreditado que los hechos denunciados fueron constitutivos de delito."; y que tanto a él como a la Asociación que representa les deja en un estado de absoluta incertidumbre. La Representación Social se ocupó de dar contestación a dicha inconformidad de la manera siguiente: Que estima que la A quo, en ningún momento violó los derechos de la víctima ANTONIO CERNA DE LA SANCHA, pues aun cuando haya considerado un indicio la aceptación de EZEQUIEL REYES DURÓN, en audiencia, ésta no se encuentra robustecida con otro dato de prueba que nos revele la existencia de la comisión de un injusto, por lo que considera que los agravios expresados en esos términos son inatendibles. Las consideraciones apuntadas por el impugnante resultan infundadas e inoperantes, porque no precisa qué principios y por qué razones se vejaron sus derechos como víctima o los de la Asociación que representaba, pues el Ministerio Público sí promovió la investigación con motivo de su denuncia, además, se reitera, el apelante tuvo acceso al legajo de investigación, por ende, estuvo en condiciones de imponerse de su contenido y hacer valer lo que a su interés legal conviniera, inclusive aportó documentos y pruebas a la Representación Social para que considerara la existencia de los hechos sobre los cuales versa su denuncia; fue provisto además de un asesor jurídico a fin de que lo representara en la audiencia de impugnación, con lo cual se advierte que sus derechos como víctima fueron respetados. En cuanto a la "aceptación" que el inconforme refiere fue realizada por el imputado Ezequiel Reyes Durón, en la audiencia de impugnación y, que dice es eficaz para que se regrese la investigación al Ministerio Público, a efecto de que obtenga los demás indicios que le lleven a determinar la existencia de su probable responsabilidad; debemos decir que no se comparte esa postura, pues las manifestaciones de Reyes Durón en audiencia, aún con el carácter de indicio que la Juez dijo pudieran merecer, no logran tener los alcances pretendidos por el recurrente, pues como ya vimos, éste tergiversa su contenido, ello sin soslayar que en la audiencia no se señaló por parte de la víctima o su asesor jurídico, con qué otros datos de prueba pudieran sustentarse los hechos denunciados, en especifico los que se atribuyen a Reyes Durón. Por último, lo expresado por el inconforme en el sentido de que la determinación del Ministerio Público, es ambigua porque señala que se abstiene de investigar por no haberse acreditado que los hechos denunciados fueran constitutivos de delito y, que en su concepto deja en estado de absoluta incertidumbre tanto a él como a la Asociación que representa; consideramos que no tiene ningún respaldo con razones sólidas y sustentadas, como ya dijimos y se reitera, pues ni siquiera indica con qué otros datos de prueba pudiera desvanecerse dicha decisión, ahora omite exponer las razones por las cuáles considera que fue ambigua esa determinación Ministerial y por qué le deja en estado de incertidumbre el que se haya establecido en la misma que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito. Respecto al mismo tema, no advierte esta Sala de Apelación en ese pronunciamiento realizado por la Representación Social, maltrato alguno a sus derechos ni a los de su entonces representada, como víctimas, cuando se advierte y esta Sala se ha impuesto que los mismos le fueron respetados, pues el Ministerio Público sí tomó en cuenta los datos que aportó el ahora impugnante y recabó la información pertinente, sin embargo, esto le llevó a determinar que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito y haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 248 del Código Procesal Penal, se abstuvo de investigar. Más aún el apelante tuvo conocimiento de esa determinación Ministerial, la que incluso le fue notificada de manera personal el día cuatro de diciembre de dos mil trece, como consta en la carpeta administrativa, por ende, estuvo en condiciones de impugnarla, lo que así hizo, pero sin exponer razones de peso que la dejaran insubsistente o que dieran mérito para que se ordenara continuar con la investigación. [.]". Ahora bien, los conceptos de violación hechos valer por la quejosa son infundados, sin que se advierta materia para suplir la deficiencia de la queja, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, por lo que es procedente negar el amparo solicitado. En principio, resulta oportuno mencionar que la materia de estudio que constituye el límite y la condición de la jurisdicción del Juez Federal en el amparo indirecto, se constriñe al examen de las consideraciones expuestas por la autoridad responsable en el acto combatido de que se trate, para sostener su sentido, a la luz de los conceptos de violación expresados por el peticionario del amparo en su demanda, que tiendan a demostrar la ilegalidad o la inconstitucionalidad del acto reclamado, y en el caso, al tratarse de la parte ofendida opera la suplencia de la deficiencia de la queja, conforme al artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Robustece lo anterior la tesis jurisprudencial del rubro y texto siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. CUANDO EL INCULPADO Y LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO CONCURREN EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO O EN EL RECURSO DE QUE SE TRATE, CON EL CARÁCTER DE QUEJOSO O TERCERO INTERESADO, EL JUZGADOR, PREVIO A DETERMINAR SU PROCEDENCIA, DEBE PONDERAR LOS DERECHOS SUBJETIVOS PÚBLICOS DE ÉSTOS Y RESOLVER COMO CORRESPONDA EN DERECHO. El artículo 79, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en materia penal la suplencia de la queja deficiente procede en favor del inculpado o sentenciado y del ofendido o víctima en los casos en que tenga el carácter de quejoso o adherente; de ahí que cuando ambos concurran en cualquiera de las instancias del juicio de amparo indirecto o en el recurso de que se trate con el carácter de quejoso o tercero interesado, será necesario que el juzgador así lo advierta y efectúe el estudio del caso considerando que existen dos sujetos de derecho que gozan de ese mismo beneficio, y previa ponderación de sus respectivos derechos subjetivos públicos, resuelva como en derecho corresponda, abandonando las formalidades y tecnicismos contrarios a la administración de justicia, pues la finalidad primordial de la suplencia de la queja es atender a la verdad legal y juzgar, con pleno conocimiento, la controversia acerca de la constitucionalidad del acto reclamado, para garantizar el acceso real y efectivo a la Justicia Federal; de modo que, cuando se impugne algún acto dimanado de un proceso penal, con independencia de quién accione el amparo o recurso, sea el inculpado o la víctima, el juzgador resuelva la litis atendiendo a los elementales fines de la justicia distributiva, confiriendo un trato igual a los iguales que permita velar por la constitucionalidad de los actos emitidos por los órganos del Estado que afectan la libertad y los derechos de las víctimas, pues sería un contrasentido sostener que la suplencia de la queja sólo se aplique al sujeto que directamente acuda al amparo o al medio de impugnación correspondiente, ya que se correría el riesgo de perjudicar a la contraparte, pese a ser también beneficiaria de ese principio procesal. Por tanto, lo procedente es examinar los actos, resolviendo conforme a la verdad jurídica, al margen de si el quejoso o recurrente es el reo o la víctima". Se afirma lo infundado de los conceptos de violación, virtud a que el primer párrafo del artículo 16 constitucional señala lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". De la interpretación del artículo anterior, debe entenderse por fundamentación, la cita de las normas legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que se pretendan imponer con el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en la legalidad en su aspecto imperativo consistente en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Y como motivación, a la exposición de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos, en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar, es decir, la autoridad responsable, para colmar tal extremo, debe realizar el correspondiente estudio y exponer con argumentos lógico jurídicos, las causas o razones que lo impulsaron a determinar en la forma en que lo hizo. En ese contexto, para que una autoridad cumpla con los extremos del primer párrafo del artículo 16 constitucional, es necesario que en sus determinaciones cite los preceptos legales aplicables que le sirven de apoyo y, además, exprese los razonamientos jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, encuadra en los supuestos de la norma invocada. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1239, del multicitado apéndice, 1917-Septiembre 2011, Tomo I, Materia Constitucional 3, Derechos Fundamentales, Primera Parte, Décima Tercera Sección -Fundamentación y motivación-, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuadamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". En efecto, la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, fue acertada en confirmar la resolución de veintiuno de noviembre de dos mil catorce, emitida por el juez de garantía y Tribunal de Juicio Oral en materia Penal del Distrito Judicial de la Capital dentro de la causa 521/2014, en la que dejó subsistente la determinación ministerial de quince de octubre de dos mil trece, a través de la cual el Agente del Ministerio Público se abstiene de investigar, respecto a los hechos denunciados por el quejoso Antonio Serna de la Sancha, en su calidad de Presidente de la Asociación Civil denominada "Grupo de los 20". Ahora bien, el concepto de violación señalado en el inciso a), en el que aduce el quejoso, que la autoridad responsable al dictar la resolución reclamada vulnera las garantías de audiencia y legalidad tutelada por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que deriva de una violación a su derecho que tuvo a ser notificado por el Ministerio Público el resultado del dictamen pericial de grafoscopía de treinta y uno de julio de dos mil trece, practicado por el criminólogo Moisés Delgado Rodríguez, el cual fue consentido en su perjuicio, vulnerando con ello el contenido del artículo 137 del Código Procesal Penal vigente en el Estado de Zacatecas. Aduciendo además, que el dictamen pericial en grafoscopía fue emitido el treinta y uno de julio de dos mil trece, mientras que la determinación de abstención es de quince de octubre de dos mil trece y que el quejoso fue citado supuestamente para que se le notificara el dictamen el veintiocho de noviembre de dos mil catorce. Considera el quejoso que el Agente del Ministerio Público sí tenía la obligación de notificarle dicho peritaje, y con su omisión, no tuvo la oportunidad de ofrecer un perito especialista en la materia que controvirtiera el oficial. Tal concepto de violación resulta infundado, pues contrariamente a lo que expone el impetrante del amparo, respecto a la falta de notificación del dictamen grafoscópico, en el Código Procesal del Estado de Zacatecas no se contiene disposición alguna que obligue al Ministerio Público a notificar el resultado de dictámenes periciales en la etapa de investigación con motivo de una denuncia. Pues como acertadamente lo determinó la Sala responsable, no es exigencia legal que la Representación Social realice la notificación del resultado del dictamen pericial, y contrario a ello la víctima Antonio Cerna de la Sancha, debidamente asesorado por un técnico en la materia tuvo acceso al legajo de investigación, ya que incluso éste aportó documentos y datos de pruebas que le fueron solicitados por la Fiscalía durante su investigación, por lo cual tuvo la posibilidad de imponerse de todo el contenido de la carpeta de investigación y, si no lo hizo así, fue por una omisión que sólo es atribuible a esa parte ofendida. Además, no debe perderse de vista que el Sistema de corte acusatorio adversarial no tiene las mismas funciones que el sistema inquisitivo tradicional, pues en el primer sistema, el suministro de los datos de prueba corresponde a las partes, trátese de víctimas, imputados o representación social, mientras que en el segundo de ellos, el órgano jurisdiccional de oficio recaba las pruebas. Finalmente, no resta más que decir que en términos del nuevo Sistema Acusatorio Penal aunado al hecho de que se trata de delitos de afectación patrimonial correspondía a la víctima aportar a la representación social especializada los datos de prueba que acreditaran la comisión que la ley señala como delito; pues si bien, el quejoso en su momento allegó al ministerio público toda la documentación requerida para el éxito de la investigación, como documentos con los que se comparó su firma, sin embargo, no aportó documento idóneo para variar el resultado del dictamen, ni mucho menos mostró algún motivo de inconformidad en cuanto a los métodos y técnicas que fueron utilizadas para su resultado. Sustenta lo anterior la tesis cuyo rubro y texto es el siguiente: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SUS DIFERENCIAS CON EL PROCESO PENAL MIXTO EN LA FASE DE INVESTIGACIÓN. Si bien el proceso penal mixto y el acusatorio y oral requieren para su articulación de la investigación preliminar del hecho respecto del cual se solicitará la aplicación de la ley, en el proceso penal mixto, la averiguación previa es la fase en la que se recopilan los elementos de prueba que permiten sostener la existencia del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del imputado, por lo que la tarea investigadora debe ser más estricta. En cambio, en el sistema procesal penal acusatorio y oral, la integración de la carpeta de investigación no requiere de una tarea investigadora reforzada, pues sólo debe contener elementos suficientes para justificar, racionalmente, que el imputado sea presentado ante el Juez de Garantía. Así, la diferencia sustancial en lo que respecta a los elementos que debe contener una averiguación previa, en relación con los datos de prueba contenidos en una carpeta de investigación, consistente en el nivel de reforzamiento de los elementos probatorios arrojados para establecer las razones que permiten presumir la existencia de un hecho delictivo, siendo que los datos derivados de la averiguación previa, por el especial reforzamiento que deben respetar, hacen altamente probable tanto la comisión del delito, como la participación del imputado". En relación al concepto de violación precisado en el inciso b), consistente en que se violaron en contra del quejoso los derechos que le conceden las fracciones III y VII del artículo 151 del Código Procesal Penal, toda vez que el Ministerio Público nunca le notificó que pretendía abstenerse de investigar. Es infundado este motivo de disenso. En principio tenemos que las fracciones III y VII del artículo 151 del Código Procesal Penal establecen: "Derechos de la víctima Artículo 151.- Aunque no se haya constituido como acusador coadyuvante, además de los previstos en la Constitución Federal y Local, los tratados y otras leyes secundarias que de aquéllas emanen, la víctima tendrá los siguientes derechos: . III. Ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, siempre que lo solicite; . VII. A recibir asesoría jurídica, protección especial de su integridad física o psíquica, con inclusión de su familia inmediata, cuando reciba amenazas o corra peligro en razón del papel que cumple en el proceso penal; De los anteriores dispositivos se advierte que uno de los derechos de la víctima es recibir asesoría jurídica, protección especial de su integridad física o psíquica, además de su familia inmediata, en caso de que reciba amenazas o corra peligro en razón a su papel de víctima en el proceso penal. Ahora bien, como atinadamente lo determinó la Sala responsable no se vulneraron los derechos como víctima del ahora quejoso, ello en virtud que del análisis de la resolución impugnada y del registro de audio y video de la audiencia incidental materia de la apelación, se advierte que el quejoso fue asistido por un técnico en la materia, tuvo acceso al legajo de investigación, pues incluso se aprecia que éste aportó los documentos y datos de pruebas que le fueron solicitados por la Fiscalía durante su investigación, y con ello estuvo en posibilidades de imponerse de todo el contenido de la carpeta, pues si no fue así, fue por una omisión que sólo es atribuible al quejoso de mérito. El ahora quejoso supo de los hechos que se investigaban, pues la Juez de Control fue cuidadosa y reiterativa en ello, como se puede constatar en las videograbaciones correspondientes; por otra parte, tanto el peticionario, como su asesor jurídico, tuvieron acceso a la carpeta de investigación y, con ello, a los datos de prueba que sirvieron al fiscal en la fase de investigación, con lo cual no sólo se le facilitaron los datos que constaban en la carpeta de investigación, sino que siempre tuvo una asesoría adecuada, pues incluso ésta fue representada por un perito del Derecho. En relación al concepto de violación precisado en el inciso c), consistente en que la resolución dictada por el Juez, entonces de Garantía, el veintiuno de noviembre de dos mil catorce, mediante la cual declarara subsistente la determinación del Ministerio Público de abstenerse de investigar los hechos denunciados por Antonio Cerna de la Sancha, el diez de noviembre de dos mil diez y confirmada después por la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, no se encuentra ajustada a derecho, ya que de la misma no se advierte un ejercicio de equilibrio entre los derechos de la víctima y de los imputados, y violenta lo establecido en los artículos 20 Apartado C fracciones I y IV, así como el contenido del 137 del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas, faltando el Ministerio Público a su deber de objetividad y lealtad. Ahora bien, los dispositivos señalados establecen: De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa; III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño; V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación; VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." Por su parte, el artículo 137, primer párrafo, del Código Procesal Penal vigente en el Estado de Zacatecas establece: "El Ministerio Público debe obrar durante todo el proceso con absoluta lealtad para con el ofendido, aunque no asuma el papel de acusador, el acusado y su defensor y para los demás intervinientes en el proceso. La lealtad comprende el deber de información veraz sobre la investigación cumplida y los conocimientos alcanzados, y al deber de no ocultar a los intervinientes elemento alguno que, a su juicio, pudiera resultar favorable para la posición que ellos asumen, sobre todo cuando ha resuelto no incorporar alguno de esos elementos al proceso". Sentado lo anterior, resulta infundado el concepto de violación que hace valer el quejoso Antonio Cerna de la Sancha, consistente en que, en la resolución reclamada existe inexistencia de equilibrio entre los derechos de la víctima y de los imputados, pues contrario a ello, debe decirse que los preceptos legales invocados no vulneran sus derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, toda vez que los datos que aportó el impetrante del amparo, se llegó a determinar que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito, además al analizar el audio y video de la audiencia incidental, la responsable fue correcta al señalar que el ahora quejoso al encontrarse presente en la audiencia, acompañado por su asesor jurídico, fue conocedor del contenido del legajo de investigación; estuvo en oportunidad y condiciones de debatir los datos y argumentos que como fundamento de su determinación expuso la Representación Social en la audiencia de impugnación y si no lo hizo en dicha ocasión, la omisión en que incurrió fue en su perjuicio. Esto es así, porque conforme al actual sistema jurídico mexicano, si bien se mantiene como premisa que corresponde al Estado la investigación y persecución de los delitos, así como el ejercicio de la acción penal, a través del Ministerio Público, pues existen nuevas disposiciones que constituyen derechos adquiridos para la víctima u ofendido, mismos que le otorgan en términos generales el derecho a ser considerado como parte dentro de la causa, a ser asistido por el asesor jurídico que libremente elija, o por el que le designe el Estado como en el presente caso aconteció, a intervenir en todos los actos del proceso, ofrecer y desahogar pruebas, formular acusación coadyuvante, y en general, a ser tratado en igualdad de condiciones respecto del imputado, sin que ello signifique relevar o sustituir al Ministerio Público respecto de la carga de probar la acusación, así como para el ejercicio de las demás funciones que le impone la ley. De manera que, el Ministerio Público es el único facultado para formular e impulsar la acusación (al margen de la operatividad de la acción penal privada); además de que la víctima puede inconformarse en contra de cualquier decisión que tenga lugar en el proceso penal, e incluso potencialmente relacionada con los presupuestos lógicos de la reparación del daño, tales como la comprobación de la existencia del delito y la responsabilidad penal del imputado y que eventualmente pueda impedir que la víctima o el ofendido tengan acceso a la reparación del daño. Tal concepto de violación deviene infundado, virtud a que la resolución emitida por la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado el cinco de febrero de dos mil quince, sí se encuentra ajustada a derecho y contrariamente a lo sostenido por el quejoso, sí hubo igualdad procesal entre los derechos de la víctima y de los imputados, pues como acertadamente lo precisó la Sala responsable, la función del juez es solamente vigilar la legalidad de los actos de investigación, preparar el juicio y resolver definitivamente el caso; aunado a que el quejoso dejó de señalar cuál fue la disposición quebrantada, al no hacer las prevenciones que a su estima debió realizar a las partes en la audiencia para indagar sobre los hechos, lo cual no es su función, ya que a quien le corresponde allegar los datos de prueba corresponde a las partes. Pues como ya se indicó que el Sistema de corte acusatorio adversarial no tiene las mismas funciones que el sistema inquisitivo tradicional, ya que el suministro de los datos de prueba corresponde a las partes, trátese de víctimas, imputados o representación social; de ahí lo infundado del mencionado motivo de disenso. Por otro lado, el concepto de violación señalado en el inciso d), en el que aduce el quejoso, que existen en la carpeta de investigación diligencias o datos de prueba que pueden establecer la existencia de la comisión de los delitos denunciados, así como que los imputados pudieron haber participado en dicha comisión, lo cual considera es suficiente en una etapa de investigación, entonces denominada preliminar, para que el Ministerio Público pueda continuar con la integración total de la misma y, en su momento solicitar audiencia para formular imputación. Que dichas diligencias, consisten en las comparecencias de Rodolfo Espino García, Eliodoro Barrón Mandujano, Elivorio Gutiérrez Zapata, Julián Mandujano Gaytán, Julián Mandujano Zapata y Antonia Mandujano Gaytán, el acta levanta el diecinueve de noviembre de dos mil nueve, de la que se desprende que Margarita García García aceptó haber tomado una cantidad de dinero de la asociación, además que dicha acta contiene nombre de testigos, quienes debieron ser citados para declarar ante el Ministerio Público. Además que la Agente del Ministerio Público dejó de citar a los testigos Ramón Zárate y María de Jesús Esparza Torres. Que Ezequiel Reyes Durón aceptó en presencia de la juez de control, haber dispuesto de manera ilegal de cierta cantidad de dinero ($25,000.00) y si ello lo hizo en la propia audiencia y obra en la carpeta de investigación que así pasó, señalando la A quo que eso solo constituye un indicio, pero que la representación social no buscó más indicios para llegar a constituir, como declarar a todas las personas que aparecen como testigos en el acta que se levantó. Motivo de disenso que resulta infundado, pues como lo estableció la autoridad responsable, si bien, en la carpeta de investigación existen las declaraciones de los ciudadanos Heliodoro Barrón Mandujano, Elivorio Gutiérrez Zapata, Julián Mandujano Gaytán, Antonia Mandujano Gaytán e Irineo Alvarado Flores; sin embargo, en el desahogó de la audiencia incidental únicamente se tuvo conocimiento de las declaraciones relativas a Miguel Ángel Díaz González, Rodolfo Espino García, Valente Herrera González, Julián Mandujano Gaytán, Julián Mandujano Zapata y Antonia Mandujano Gaytán, las cuales fueron referidas en audiencia por la Representación Social, pero ni el ahora quejoso, ni su asesor jurídico se encargaron de mencionarlas en audiencia, menos aún indicaron a la Juez qué datos aportaban para que se continuara con la investigación. Asimismo, como atinadamente lo dice la Sala al establecer que la A quo precisó que no le era posible atender a dichos testimonios, pues señaló que no se dijo en lo específico a qué terrenos se referían, sí hubo algún contrato de por medio, si fue de manera verbal o escrita, cuáles fueron las condiciones de éstos, si los declarantes eran propietarios o no de los inmuebles con los cuales se dijo, se utilizó el engaño para obtener un lucro; sin embargo, esos razonamientos de la Juzgadora no se combatieron por el ahora quejoso con argumentos que los derriben, por lo tanto, se consideraron firmes, puesto que no se evidenció que sean incorrectos o contrarios a la información que se incorporó por las partes en la audiencia celebrada con motivo del incidente de impugnación. Ahora bien, si el quejoso fue omiso en informar a la Juez sobre la totalidad de esos datos de prueba a que se refiere, lógico resulta que no tuvo la oportunidad de ponderar si en su conjunto aportaban datos para la configuración de los hechos denunciados, para en su caso dejar insubsistente la determinación ministerial y ordenar se continuara con la investigación. En esas condiciones, fue correcta la determinación del Tribunal de apelación al establecer desacertada la pretensión del apelante, en el sentido de que el tribunal de alzada tenga acceso a dichas declaraciones que según indica obran en la carpeta de investigación, ya que ello resulta contrario al principio de contradicción que rige en el sistema acusatorio adversarial, en el que son las partes quienes ministran al Juzgador los datos que obran en la carpeta, a fin de que tenga conocimiento de ellos y adquieran validez, pero sobre todo que lo aludido por una de las partes pueda ser debatido por la otra, por lo que consideró la Sala responsable que si el quejoso y su asesor omitieron informar en la audiencia de impugnación de la totalidad de esos datos, su planteamiento no puede prosperar en la etapa de apelación, dado que la otra parte no tuvo ninguna oportunidad de debatir las argumentaciones que realizó en la apelación y, en caso de que así hubiese sido, se estaría violando el principio de contradicción contemplado en el artículo 4° del Código Procesal Penal. Entendido tal principio de contradicción, como la posibilidad de la refutación o de la contraprueba por las partes, pues es ahí precisamente en donde el derecho de defensa toma mayor auge, toda vez que el poder de refutación de la acusación por parte del quejoso es relevante en el juicio oral. Tal principio se traduce en una exigencia vinculada al derecho a un proceso con respeto a todos los derechos humanos, para cuya observancia es relevante el deber de los órganos jurisdiccionales de posibilitarlo, con la finalidad de terminar con la indefensión de las partes a efecto de velar por sus intereses, ya que el juzgador da oportunidad a éstas, de evidenciar sus pretensiones a través de las herramientas necesarias para instrumentarlo. En ese sentido, en atención al citado principio de contradicción que rige el procedimiento, consistente en que para llegar a la verdad de los hechos debe atenderse al debate que se realice entre argumentos y pruebas de las partes, en esta etapa el asesor jurídico de la víctima tuvo la oportunidad de controvertir las pruebas que constan en el legajo de investigación y aportar pruebas, para que el Juez pueda considerar esa controversia y valorarla, de manera que si en el caso, el asesor de la víctima no planteó ante el Juez de garantía como argumento lo que pretende hacer valer ante la Sala responsable, ésta no puede pronunciarse al respecto, pues de hacerlo, lo haría sobre cuestiones que no fueron materia de análisis en el procedimiento. De todo lo anteriormente expuesto, es factible concluir, que en el nuevo sistema jurídico mexicano, a fin de lograr un equilibrio procesal entre las partes es que, a juicio de este Juzgador Federal, resultaba necesario que, el quejoso o su asesor jurídico debieron haber ofrecido en su etapa correspondiente los datos de prueba para ser desahogados y examinados en la audiencia, y no señalarlos únicamente. Es aplicable al caso concreto la tesis de rubro y texto que lee: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SE SUSTENTA EN EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN. Del primer párrafo del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se advierte que el sistema procesal penal acusatorio y oral se sustenta en el principio de contradicción que contiene, en favor de las partes, el derecho a tener acceso directo a todos los datos que obran en el legajo o carpeta de la investigación llevada por el Ministerio Público (exceptuando los expresamente establecidos en la ley) y a los ofrecidos por el imputado y su defensor para controvertirlos; participar en la audiencia pública en que se incorporen y desahoguen, presentando, en su caso, versiones opuestas e interpretaciones de los resultados de dichas diligencias; y, controvertirlos, o bien, hacer las aclaraciones que estimen pertinentes, de manera que tanto el Ministerio Público como el imputado y su defensor, puedan participar activamente inclusive en el examen directo de las demás partes intervinientes en el proceso tales como peritos o testigos. Por ello, la presentación de los argumentos y contraargumentos de las partes procesales y de los datos en que sustenten sus respectivas teorías del caso (vinculación o no del imputado a proceso), debe ser inmediata, es decir, en la propia audiencia, a fin de someterlos al análisis directo de su contraparte, con el objeto de realzar y sostener el choque adversarial de las pruebas y tener la misma oportunidad de persuadir al juzgador; de tal suerte que ninguno de ellos tendrá mayores prerrogativas en su desahogo". En esas condiciones, dado que los conceptos de violación planteados por la parte quejosa son infundados y no se advierte queja deficiente que suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, lo procedente es negarle el amparo y protección de la justicia Federal que solicita, al no haber acreditado que se conculcan en su perjuicio los artículos 14 y 16 Constitucionales. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 124, de la nueva Ley de Amparo, SE RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE el presente juicio de amparo promovido por ANTONIO CERNA DE LA SANCHA, contra el acto reclamado especificado en el considerando tercero de este fallo y por los motivos expuestos en el mismo. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A ANTONIO CERNA DE LA SANCHA, contra el acto reclamado de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, precisado en el considerando último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma el licenciado MANUEL AUGUSTO CASTRO LÓPEZ, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado quien autoriza y da fe, hasta el día de hoy nueve de julio de dos mil quince, en que las labores del Juzgado lo permitieron.- DOY FE."

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