Antonio Cuautle Cosio
Expediente 1293/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1293/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 03/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Antonio Cuautle Cosio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, tres de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el auto de once de diciembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, se declara que HA QUEDADO FIRME el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos la comparecencia llevada a cabo con el quejoso Antonio Cuautle Cosio, mediante la cual, en cumplimiento al requerimiento formulado el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, ratifica la firma que calza el escrito recibido en este Juzgado Federal el veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, registrado con el folio 26737. Ahora bien, en atención al contenido de la demanda de amparo y al escrito aclaratorio, se tiene por cumplida la prevención de veintidós de noviembre pasado. En esa tesitura de la lectura íntegra del escrito aclaratorio de demanda, se advierte que el peticionario de amparo reclama: I. Del Juez Municipal de lo Penal de San Pedro Cholula, Puebla, el procedimiento dentro de la causa penal 08/2017 de su índice, así como todas y cada una de las actuaciones que obran dentro de dicho procedimiento penal; II. Del Secretario de Acuerdos Par del Juzgado Municipal de lo Penal de San Pedro Cholula, Puebla, el acuerdo dictado el veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, en la causa penal 08/2017 del índice del juzgado responsable, en el que se le hace de su conocimiento que el Agente del Ministerio Público de la adscripción, interpone recurso de apelación, y se le previene para que señale domicilio para recibir notificaciones en el tribunal de alzada; y, III. Del Diligenciario Par del Juzgado Municipal de lo Penal de San Pedro Cholula, Puebla, la notificación efectuada el diez de noviembre del año en curso, del acuerdo antes referido. Precisado lo anterior, debe decirse que la demanda de amparo deviene notoriamente improcedente respecto de los tres actos reclamados. Respecto del primer acto reclamado, esto es, el procedimiento dentro de la causa penal 08/2017 de su índice, así como todas y cada una de las actuaciones que obran dentro de dicho procedimiento penal, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último interpretado a contrario sentido, ambos preceptos de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..." Es así, toda vez que los actos que se pretenden combatir en esta instancia atribuidos al juez responsable, sólo producen efectos meramente procesales que no causan un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de la parte inconforme (propiedades, posesiones o derechos). Por lo tanto, es incuestionable que los actos reclamados en esta instancia constitucional al Juez Municipal de lo Penal de San Pedro Cholula, Puebla, no son de los denominados de imposible reparación, pues solamente producirían efectos en contra de derechos adjetivos, sin atacar sus derechos sustantivos; de forma tal que el perjuicio irrogado podría ser reparado por un acto jurídico posterior, ello tomando en consideración que la posible afectación que se ocasione puede ser subsanada, si obtiene sentencia favorable en el juicio de origen del acto reclamado, y en caso contrario, aún puede remediarse a través del juicio de amparo directo que en su caso se promueva en contra de la sentencia respectiva, alegándolo como una violación procesal (artículo 173, fracción XIII, de la Ley de Amparo ). Luego, los actos reclamados al Juez Municipal de lo Penal de San Pedro Cholula, Puebla, corresponden a actos dentro de juicio, de carácter intraprocesal, que no tienen una ejecución de imposible reparación, por lo que no procede en su contra el juicio de amparo indirecto, ya que no se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso numeral 107, fracción V de la Ley de Amparo; y, en cambio, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 171 y 173, fracción XIII, de la mencionada ley, se trata de una violación intraprocesal; habida cuenta que a la parte quejosa le reviste el carácter de parte imputada en la causa penal de origen, quien lógicamente se encuentra haciendo valer sus derechos y cargas procesales, es decir, se le escucha en juicio. Cabe precisar que el quejoso en su escrito aclaratorio de demanda, bajo protesta de decir verdad, atribuyó al Juez Municipal de lo Penal de San Pedro Cholula, Puebla, la posible afectación a su libertad personal, dentro de la causa penal 08/2017 de su índice, acto respecto del cual, no se puede deducir en qué consiste la posible afectación a su libertad personal, al tratarse de un acto de futura realización inminente. Asimismo, respecto del acto reclamado marcado con el número II, consistente en el acuerdo dictado el veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, dentro de la causa penal 08/2017 de su índice, procede desechar de plano la demanda de garantías que se analiza, pues en la especie se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5, fracción II de dicho ordenamiento legal, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los anteriores artículos se arriba a la conclusión de que el juicio de amparo únicamente es procedente contra actos emitidos por quienes tengan el carácter de autoridades responsables, que violen los derechos humanos y garantías contenidos en la Constitución Política Federal y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, teniendo la calidad de autoridades responsables las que dictan, promulgan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto reclamado; de modo que, si el acto reclamado no deriva de un acto de autoridad, el juicio de garantías resulta improcedente. En efecto, al Secretario de Acuerdos Par del Juzgado Municipal de lo Penal de San Pedro Cholula, Puebla, no le asiste el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, ya que las funciones propias de su encargo son exclusivamente las de un fedatario público, al que la ley le otorga la facultad de autentificar y dar forma a los actos y hechos jurídicos, por lo que cuando actúa en ejercicio de esas funciones es en acatamiento a un mandato jurisdiccional. Resulta aplicable la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Si bien es cierto que de acuerdo a los artículos 64, fracción III, 79 y 80 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, entre las facultades del secretario de acuerdos se encuentra la de autorizar toda clase de resoluciones dictadas por el juez; empero, dicha función asignada no implica que resuelva conjuntamente con el juzgador, quien es el único responsable de su fallo, y solamente, el referido secretario autoriza, en función de fedatario, sin imperio ni facultad decisoria; consecuentemente, esa autoridad, en forma autónoma, no puede adquirir la jerarquía de responsable para los efectos del juicio de garantías, por lo que es improcedente dicho juicio por el acto que se le reclama." Finalmente, por cuanto hace al tercer y último acto reclamado, el quejoso acude ante este órgano jurisdiccional, con el carácter de inculpado en el expediente penal de origen, a solicitar el amparo de la justicia Federal contra la notificación del acuerdo dictado el veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, efectuada el diez de noviembre pasado, dentro de la causa penal 08/2017 del índice de dicho juzgado, en el que se le hace de su conocimiento que el Agente del Ministerio Público de la adscripción, interpone recurso de apelación, y se le previene para que señale domicilio para recibir notificaciones en el tribunal de alzada. Sin embargo, contra dicho acto reclamado debe concluirse que la acción intentada mediante la demanda de amparo, deviene improcedente, pues en la especie se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.) De la lectura de la citada fracción se advierte que ésta establece el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual, como juicio excepcional que es, sólo procede contra aquellas resoluciones que no admitan recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que aquellas resoluciones que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo (como ocurre en el presente asunto), sino sólo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto. Así, la notificación efectuada el diez de noviembre del año en curso, del acuerdo dictado el veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, en la causa penal 08/2017 del índice del juzgado responsable, es susceptible de ser impugnada a través del incidente de nulidad de notificación contemplado en los artículos 46, fracción XIV y 349 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, que en lo conducente disponen lo siguiente: "Artículo 46.- Son aplicables a las notificaciones, además, las siguientes disposiciones: (.) XIV.- Salvo lo dispuesto en la fracción XI, las notificaciones hechas contra lo dispuesto en esta sección, serán nulas, siendo responsable de los daños y perjuicios que por la nulidad se causen, la persona que hizo la notificación, a quien se impondrá además, una multa de uno a cinco días de salario mínimo. (.) SECCION QUINTA.- INCIDENTES NO ESPECIFICADOS Artículo 349.- Las cuestiones que se propongan durante la tramitación de un juicio de Defensa Social y que no sean de las especificadas en los Capítulos anteriores, se resolverán en la forma que establecen las fracciones siguientes: I.- Cuando la cuestión sea de obvia resolución y las partes no solicitaren prueba, el Juez resolverá de plano. II.- Las cuestiones que, a juicio del Juez, no puedan resolverse de plano o aquéllas en que hubiere de recibirse prueba, se substanciarán por cuerda separada y del modo que expresan los artículos siguientes. III.- Hecha la promoción, se dará vista de ella a las partes, para que contesten dentro de los dos días siguientes al de la notificación. IV.- Si el Juez lo creyere conveniente o alguna de las partes lo pidiere, citará a una audiencia que se verificará dentro de los tres días siguientes. V.- Durante el término a que se refiere la fracción anterior, así como en la audiencia, se recibirán las pruebas. Concurran o no las partes, el Juez fallará desde luego el incidente, y contra el fallo que se dicte procede apelación, sin que este recurso suspenda el procedimiento." En efecto, del análisis de los citados artículos, se aprecia que el incidente no especificado sobre declaración de nulidad de actuaciones resulta procedente en contra de las notificaciones hechas indebidamente; en consecuencia, el peticionario de amparo debió agotar el referido incidente no especificado previsto en los artículos 46, fracción XIV y 349 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, antes de acudir a esta vía de amparo. Lo anterior es así, ya que al accionante de amparo le reviste el carácter de parte en la causa penal natural al ser el procesado, lo que implica que se encuentra haciendo valer sus derechos y cargas procesales y, en razón de ello estuvo en aptitud de tramitar el incidente de mérito a partir de la notificación hecha indebidamente. Al respecto, con apoyo en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor, resulta aplicable al caso la siguiente jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se citan enseguida: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMAN AUTOS DE TRÁMITE QUE SE EMITEN DURANTE EL PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE DEFENSA SOCIAL Y/O SU NOTIFICACIÓN, POR NO AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Cuando el acto reclamado en el amparo lo constituye un auto de trámite y/o su correspondiente notificación durante la secuela procesal, el juicio de garantías es improcedente en términos del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque dichos actos pueden ser modificados, revocados o nulificados; respecto del primero, mediante el recurso de revocación previsto en el artículo 267 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social y, en relación con el segundo, mediante el incidente de nulidad de notificación contemplado en los diversos artículos 46, fracción XIV y 349 del mismo ordenamiento legal; medios de impugnación ordinarios que deben agotarse previamente al intentarse el juicio de garantías, para así cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo." Bajo ese contexto, puede concluirse que el promovente se encontraba obligado a agotar el medio de defensa ordinario consistente en el incidente no especificado de nulidad de actuaciones que prevé el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla y, al no haberlo hecho, no respetó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, de modo que respecto del acto acabado de estudiar se encuentra plenamente acreditada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, procede desechar la demanda de amparo que se analiza, por ser notorias e indudables las causas de improcedencia anotadas. Al respecto, conviene citar el criterio jurisprudencial aprobado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Ténganse por autorizadas con las facultades amplias previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Diana Jocabel Magaña Ortega y a Lilian Ruth Luna Olmos, quienes cuentan con cédula profesional de licenciadas en Derecho, como se advierte de la certificación de cuenta. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente.
- Principal
CAPTURA AVISO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, treinta de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el escrito signado al parecer por el promovente Antonio Cuautle Cosio, con el que pretende desahogar el requerimiento formulado por proveído de veintidós de noviembre de esta anualidad. En ese sentido, como la firma que calza el mismo difiere de la firma del promovente Antonio Cuautle Cosio que obra asentada en escrito inicial de demanda, para estar en aptitud de proveer respecto de lo solicitado en el escrito de cuenta, por conducto de cualesquiera de los actuarios de este Juzgado, REQUIÉRASELE para que en dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, ratifique el contenido y firma del escrito de cuenta; apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no presentado el mismo, con las consecuencias que ello implica.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el escrito signado al parecer por el promovente Antonio Cuautle Cosio, con el que pretende desahogar el requerimiento formulado por proveído de veintidós de noviembre de esta anualidad. En ese sentido, como la firma que calza el mismo difiere de la firma del promovente Antonio Cuautle Cosio que obra asentada en escrito inicial de demanda, para estar en aptitud de proveer respecto de lo solicitado en el escrito de cuenta, por conducto de cualesquiera de los actuarios de este Juzgado, REQUIÉRASELE para que en dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, ratifique el contenido y firma del escrito de cuenta; apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no presentado el mismo, con las consecuencias que ello implica.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes
- Antonio Campos Pozos914/2019
- Antonio Castillo Guevara957/2021
- Antonio Castillo Guevara1042/2021
- Antonio Conde Moyotl199/2018
- Antonio Cortes Flores648/2022
- Antonio Cruz Perez841/2017
- Antonio de Jesus Marin Perez552/2020
- Antonio de Jesus Marin Perez1136/2023
- Antonio de Jesus Marquez Trujillo293/2022
- ANTONIO DEL VALLE RUIZ y Otros.1129/2017
- Antonio Fabio Nuñez Espinosa18/2018
- Antonio Fabio Nuñez Espinosa198/2019