Antonio Castillo Guevara
Expediente 1042/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1042/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 30/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Antonio Castillo Guevara
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de marzo de dos mil veintidós. Intégrese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes el oficio 1167 signado por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, visto su contenido, téngase acusando recibo del diverso 171 de este índice, por medio del cual se le devolvieron las constancias con las que justificó su informe rendido en este asunto y, dando cumplimento al requerimiento efectuado en proveído de veinticuatro de marzo del presente año. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran de la resolución dictada el nueve de febrero de dos mil veintidós, donde se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del dos al veintitrés de marzo de dos mil veintidós, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo, no es de relevancia documental, pero es susceptible de depuración después de transcurridos tres años. Por otro lado, respecto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se negó y concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Así mismo, por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por otra parte, ya que resulta innecesario conservar las documentales que la autoridad responsable Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, remitió consistente en en copia certificada de la causa penal 11/2019 de su índice, documental con la que se ordenó formar el anexo I, se ordena devolverlas a la autoridad indicada para los efectos legales procedentes, y se le requiere para que el término de veinticuatro horas acuse el recibo correspondiente. Apercibido que de no hacerlo en el término concedido, se le impondrá una multa de cincuenta veces, el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese electrónicamente al quejoso Antonio Castillo Guevara; y, por oficio a las autoridades responsables, a las autoridades terceras interesadas (a las foráneas, vía correo electrónico, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción confirmar su llegada vía telefónica y asentar razón en autos de su recepción) y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo acordó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Juan Miguel Juárez Caudillo, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, se agregó al expediente, la prueba documental que la autoridad responsable Juez de lo Penal de Tehuacán, Puebla remitió como justificación de su informe, consistente en copia certificada de la causa penal 11/2019, de donde emana el acto reclamado. El citado auto se notificó a la parte quejosa vía electrónica el veintidós de noviembre del presente año, por lo que resulta evidente que, en esta fecha, se encuentra transcurriendo el plazo previsto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, en atención a que las constancias remitidas forman parte del informe justificado. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fija como nueva fecha para su celebración las nueve horas veintiocho minutos del dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa y por lista a las demás partes.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. E .I N T E R L O C U T O R I A V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 1042/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Braulio Enrique Martínez Hernández, Javier Alvarado Ochoa y Jesús Téllez Ruiz, quienes se ostentan como defensores particulares de Antonio Castillo Guevara; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por Braulio Enrique Martínez Hernández, Javier Alvarado Ochoa y Jesús Téllez Ruiz, quienes se ostentan como defensores particulares de Antonio Castillo Guevara, se requirió el informe previo a las autoridades responsables, se proveyó lo relativo a la suspensión provisional solicitada, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual después de reservarse, sus dos primeras etapas se desarrollaron al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que, atendiendo a la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, los actos reclamados en el presente asunto son: El auto de fecha uno de octubre de dos mil veintiuno, dictado dentro de la causa penal 11/2019, en el cual el juez responsable impone una caución al quejoso para obtener su libertad bajo caución, misma que considera la parte quejosa inasequible y excesiva. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión del acto reclamado, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando segundo- a las autoridades responsables siguientes: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe Previo 1 Juez de lo Penal de Tehuacán, Puebla, por conducto de su representante Aceptó 2 Director del Centro de Reinserción Social Regional de Tehuacán, Puebla Negó CUARTO. Improcedencia de la medida cautelar. La citada autoridad responsable 2. Director del Centro de Reinserción Social Regional de Tehuacán, Puebla, al rendir su respectivo informe previo, negó la existencia del acto que se le reclama; sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar tal negativa. En tales condiciones, ante la inexistencia del aludido acto reclamado a la mencionada autoridad responsable, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada. Al respecto, el artículo 139 de la Ley de Amparo, señala que la suspensión se decretará cuando sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la parte agraviada con la ejecución del acto reclamado. De lo anterior se sigue, que al no existir el acto reclamado a la referida autoridad responsable, no pueden existir daños o perjuicios de difícil reparación para la parte quejosa, por consiguiente al no encontrarse satisfecho el requisito a que se refiere el artículo antes citado; lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada ante la inexistencia del acto reclamado a la citada autoridad responsable. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se detallan: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." QUINTO. Diversa improcedencia de la medida cautelar. La autoridad responsable 1. Juez de lo Penal de Tehuacán, Puebla, por conducto de su representante, al rendir su respectivo informe previo, aceptó la existencia del acto que se le reclama; por lo que se provee sobre la suspensión definitiva, de la siguiente manera: Respecto al indicado acto reclamado, resulta improcedente conceder la suspensión definitiva solicitada, toda vez que le reviste el carácter de consumado. Lo anterior es así, pues de otorgarse la referida medida cautelar contra esos actos (consumados) se daría a la medida suspensional efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia con la que culmine el juicio de amparo del que emana el incidente de suspensión en que se actúa. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo." SEXTO. Concesión de la medida cautelar. Ahora bien, respecto al acto reclamado referido, se concede la suspensión definitiva solicitada, a fin de que el quejoso quede a disposición de éste órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que actualmente está recluido (Centro de Reinserción Social de Tehuacán, Puebla), quedando a disposición del juez responsable, para los efectos de su continuación; hasta que se encuentre firme la sentencia que se pronuncie en los autos del juicio de amparo del cual deriva esta incidencia. No ha lugar a fijar garantía alguna, en virtud de que el quejoso se encuentra recluido. Por lo expuesto, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Braulio Enrique Martínez Hernández, Javier Alvarado Ochoa y Jesús Téllez Ruiz, quienes se ostentan como defensores particulares de Antonio Castillo Guevara, en términos de los considerandos cuarto y quinto de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por Braulio Enrique Martínez Hernández, Javier Alvarado Ochoa y Jesús Téllez Ruiz, quienes se ostentan como defensores particulares de Antonio Castillo Guevara, en términos del considerando sexto de esta interlocutoria. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE A LA PARTE QUEJOSA, POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN SALINAS, PUEBLA, POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, A LAS AUTORIDADES TERCERAS INTERESADAS Y AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO.
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