ANTONIO DEL VALLE RUIZ y Otros.

Expediente 1129/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 57 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1129/2017
Año
2017
Actuaciones
57
Última actuación
13/11/2018

Partes del expediente

  • Antonio del Valle Ruiz
  • ANTONIO DEL VALLE RUIZ y Otros.
  • Jose Miguel Gonzalez Sanchez (Apoderado)
  • Eduardo del Valle Ruiz
  • JOSE MIGUEL GONZALEZ SANCHEZ (APODERADO) y Otros.
  • Manuel del Valle Ruiz
  • Adolfo del Valle Ruiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 57.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del acuerdo dictado el diez de octubre de dos mil dieciocho (fojas 652 a 655), mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del diecinueve de octubre al doce de noviembre de dos mil dieciocho, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Siete de la Unidad de Investigación Especializada del Sistema Tradicional (actualmente denominada Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Única de Investigación de Delitos en General del Sistema Tradicional adscrita a la Unidad de Investigación Especializada del Sistema Tradicional de la Fiscalía General del Estado de Puebla), consistente en copia certificada de la averiguación previa 1739/2015/7APUE (anexo IV); así como las enviadas por el Juez Cuarto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, consistente en copia certificada del expediente 1141/2013 de su índice, con las que se formaron los anexos I, II, III y V en el presente juicio de amparo; se ordena devolver dichas documentales a sus remitentes, sin que sea necesario requerirles el acuse de recibo correspondiente toda vez que dichas autoridades se encuentran dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda notificar los oficios respectivos, para que se cerciore que en los acuses de recibo de dichas misivas, se haga constar la entrega de las documentales descritas.

  2. Principal

    (SE PUBLICA LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, diez de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho (foja 623), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; la cual fue desahogada por la parte quejosa, mediante escrito presentado ante esta autoridad el cuatro de octubre de la presente anualidad. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veinticinco de junio de dos mil dieciocho (fojas 436 a 456), se concedió el amparo a José Miguel González Sánchez, apoderado general para pleitos y cobranzas de los quejosos Antonio, Manuel, Eduardo, Fernando, Adolfo e Ignacio, todos de apellidos del Valle Ruiz para que la agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Siete de la unidad de Investigación Especializada del Sistema Tradicional realizara lo siguiente: ".OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo para el efecto de que el 1. Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Siete de la unidad de Investigación Especializada del Sistema Tradicional; una vez que adquiera firmeza esta sentencia y se le requiera el cumplimiento dentro del plazo establecido para tal efecto, realice lo siguiente en la averiguación previa 1739/2015/7APUE: - Determine, de acuerdo a la naturaleza del delito denunciado, si procede o no continuar integrando la averiguación previa citada, a efecto de recabar más elementos de convicción para decidir si ejercita la acción penal correspondiente. 1. En caso de que decida continuar con la investigación deberá determinar qué pruebas debe recabar o resultan necesarias, debiendo ordenar su preparación y obtención; todo ello de manera pronta y expedita. En relación con lo anterior, es necesario precisar que para el caso de que la responsable considere que existen pruebas pendientes por desahogar, no se puede conceder el amparo para que las desahogue y determine la indagatoria, en virtud de que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento de origen; considerar lo contrario; podría tener consecuencias como limitar la investigación del Ministerio Público en virtud de que estaría imposibilitado para poder desahogar alguna otra prueba que posteriormente, considere necesaria para la correcta investigación de los hechos denunciados. (.) 2. En el supuesto que decida, que no resulta necesario recabar más datos de prueba para continuar la integración de la averiguación previa, deberá emitir de inmediato la determinación que en derecho proceda, respecto del ejercicio o inejercicio de la acción penal." Inconforme con dicha resolución José Miguel González Sánchez, apoderado general para pleitos y cobranzas de los quejosos Antonio, Manuel, Eduardo, Fernando, Adolfo e Ignacio, todos de apellidos del Valle Ruiz interpuso recurso de revisión (fojas 477 a 489) del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, órgano colegiado que lo radicó con el número R-209/2018 de su índice, lo admitió a trámite (fojas 529 y 530); asimismo, mediante acuerdo de catorce de agosto de dos mil dieciocho, el órgano colegiado aludido admitió a trámite el recurso de revisión adhesiva interpuesto por los terceros interesados Ernesto Mazzoco Piloni, Gloria Mena Bortolotti o Gloria Mena de Mazzoco y Ernesto Mazzoco Mena (foja 532); y, en ejecutoria de seis de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 539 a 568), confirmó la sentencia sujeta a revisión. Por ello, en acuerdo de veinte de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 569 a 571), se requirió el cumplimiento del fallo protector. Así, por oficio 312/2018 de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho (foja 582), la agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Uno de la Unidad de Investigación Especializada del Sistema Tradicional (denominación actual), informó que las mesas uno a siete de la Unidad de Investigación Especializada del Sistema Tradicional se concentraron en la Mesa Uno de esa Unidad; asimismo, remitió copia certificada de la determinación ministerial dictada en esa fecha, en la averiguación previa 1739/2015/7APUE de su índice y diversas constancias que obran en esa indagatoria (fojas 583 a 620). Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se aprecia que, en cumplimiento a los efectos de la protección constitucional concedida en este juicio de amparo indirecto, la agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Uno de la unidad de Investigación Especializada del Sistema Tradicional (denominación actual) realizó lo siguiente: 1. El veintiséis de septiembre de la presente anualidad, consideró que no es necesario recabar más datos de prueba en la averiguación previa 1739/2015/7APUE (foja 582) y en la misma fecha determinó el no ejercicio de la acción penal, ya que decretó el archivo de dicha indagatoria por obstáculo material insuperable, respecto de los delitos de falsificación de documentos, falsedad de declaraciones e informes dados a una autoridad judicial y fraude, denunciados por José Miguel González Sánchez, apoderado general para pleitos y cobranzas de los quejosos Antonio, Manuel, Eduardo, Fernando, Adolfo e Ignacio, todos de apellidos del Valle Ruiz (foja 593). Por otra parte, mediante escrito presentado ante esta autoridad el cuatro de octubre de dos mil dieciocho, la parte quejosa realizó manifestaciones en relación con el cumplimiento de la sentencia de amparo; al respecto señaló lo siguiente: 1. Que la sentencia no fue cumplida porque no existe una secuencia de actos tendentes a la debida integración de la indagatoria y que dicha omisión subsiste. 2. Que la agente del Ministerio Público responsable omitió la investigación efectiva para determinar si los hechos son constitutivos de delito, debido a que se encuentra pendiente de desahogar una prueba pericial que resulta necesaria para el esclarecimiento de los hechos y no obstante ello, la autoridad responsable determinó que no es necesario recabar más pruebas. 3. Que la inspección ministerial que realizó la representante social no fue desahogada debidamente, ya que en lugar de indagar por cuenta propia y hacer constar los hechos que pudo apreciar mediante sus sentidos, se conformó con el dicho de un tercero. 4. Que la autoridad responsable debió imponerse de las actas exhibidas ante el Juzgado Cuarto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, ya que en ellas se aprecia la firma autógrafa de Magdalena Ruiz Fulcheri, también conocida como Magdalena Ruiz del Valle, y a partir de ellas recabar un dictamen pericial en grafoscopía, por lo que la parte quejosa solicitó se tenga como autoridad vinculada con el cumplimiento de la sentencia de amparo al citado juez civil, para el efecto de que remita los documentos originales que obran en el secreto de ese juzgado y se recabe la experticia correspondiente. 5. Que la representante social determinó la prescripción de los delitos de falsedad de declaraciones e informes dados a una autoridad y fraude a pesar de la "innegable" existencia de los delitos denunciados, pues afirma que la responsable reconoció que existen dos declaraciones ante autoridad judicial que son contradictorias por parte de los indiciados. Todos los argumentos expuestos devienen inoperantes por las siguientes razones: En primer término, es importante reiterar que la protección constitucional se concedió debido a la dilación injustificada de la autoridad responsable para la integración y determinación de la averiguación previa; y, el efecto de dicha protección consistió en que, de considerar que existen diligencias pendientes por desahogar, la agente del Ministerio Público debía determinar cuáles son y ordenar su obtención con la celeridad debida o, en caso de estimar que no era necesario recabar más pruebas, determinar inmediatamente sobre el ejercicio o no ejercicio de la acción penal, como en la especie aconteció. En tal sentido, esta autoridad no realizó análisis respecto de la legalidad de las diligencias desahogadas durante la integración de la averiguación previa, tampoco ordenó el desahogo de diligencia alguna, ni estableció lineamientos específicos que la autoridad responsable debía seguir para emitir la determinación ministerial correspondiente. Por ello, todos los argumentos expuestos por la parte quejosa se encuentran encaminados a combatir cuestiones que no formaron parte del análisis efectuado en la sentencia de amparo ni de los efectos del fallo protector, pues la protección constitucional únicamente tuvo como finalidad que la fiscal responsable determinara si era procedente continuar con la integración de la averiguación previa y en caso contrario, determinar en forma inmediata sobre el ejercicio o no ejercicio de la acción penal. En el caso que nos ocupa, la representación social consideró que no es necesario seguir investigando, y como consecuencia de ello determinó el no ejercicio de la acción persecutoria, lo que sí se ajustó a los parámetros establecidos en el fallo protector. De ahí que esta autoridad no pueda verificar si dicha determinación resulta o no apegada a derecho, pues se trata de un acto de autoridad que no fue objeto de análisis constitucional. Tampoco resulta procedente considerar al Juez Cuarto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla como autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia de amparo, debido a que, como se explicó, en la sentencia protectora no se ordenó el desahogo de diligencia alguna, por lo que dicha autoridad jurisdiccional no guarda relación con el acto aquí reclamado y que fue objeto de la protección de la Justicia Federal (omisión de integrar la indagatoria). Debe decirse que, en caso de que la parte quejosa se encuentre inconforme con la determinación de no ejercicio de la acción penal emitida, se encuentra en aptitud legal de controvertirla mediante el instrumento que la legislación aplicable prevé para tal efecto. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia .

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho (foja 623), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; la cual fue desahogada por la parte quejosa, mediante escrito presentado ante esta autoridad el cuatro de octubre de la presente anualidad. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veinticinco de junio de dos mil dieciocho (fojas 436 a 456), se concedió el amparo a José Miguel González Sánchez, apoderado general para pleitos y cobranzas de los quejosos Antonio, Manuel, Eduardo, Fernando, Adolfo e Ignacio, todos de apellidos del Valle Ruiz para que la agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Siete de la unidad de Investigación Especializada del Sistema Tradicional realizara lo siguiente: ".OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo para el efecto de que el 1. Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Siete de la unidad de Investigación Especializada del Sistema Tradicional; una vez que adquiera firmeza esta sentencia y se le requiera el cumplimiento dentro del plazo establecido para tal efecto, realice lo siguiente en la averiguación previa 1739/2015/7APUE: - Determine, de acuerdo a la naturaleza del delito denunciado, si procede o no continuar integrando la averiguación previa citada, a efecto de recabar más elementos de convicción para decidir si ejercita la acción penal correspondiente. 1. En caso de que decida continuar con la investigación deberá determinar qué pruebas debe recabar o resultan necesarias, debiendo ordenar su preparación y obtención; todo ello de manera pronta y expedita. En relación con lo anterior, es necesario precisar que para el caso de que la responsable considere que existen pruebas pendientes por desahogar, no se puede conceder el amparo para que las desahogue y determine la indagatoria, en virtud de que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento de origen; considerar lo contrario; podría tener consecuencias como limitar la investigación del Ministerio Público en virtud de que estaría imposibilitado para poder desahogar alguna otra prueba que posteriormente, considere necesaria para la correcta investigación de los hechos denunciados. (.) 2. En el supuesto que decida, que no resulta necesario recabar más datos de prueba para continuar la integración de la averiguación previa, deberá emitir de inmediato la determinación que en derecho proceda, respecto del ejercicio o inejercicio de la acción penal." Inconforme con dicha resolución José Miguel González Sánchez, apoderado general para pleitos y cobranzas de los quejosos Antonio, Manuel, Eduardo, Fernando, Adolfo e Ignacio, todos de apellidos del Valle Ruiz interpuso recurso de revisión (fojas 477 a 489) del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, órgano colegiado que lo radicó con el número R-209/2018 de su índice, lo admitió a trámite (fojas 529 y 530); asimismo, mediante acuerdo de catorce de agosto de dos mil dieciocho, el órgano colegiado aludido admitió a trámite el recurso de revisión adhesiva interpuesto por los terceros interesados Ernesto Mazzoco Piloni, Gloria Mena Bortolotti o Gloria Mena de Mazzoco y Ernesto Mazzoco Mena (foja 532); y, en ejecutoria de seis de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 539 a 568), confirmó la sentencia sujeta a revisión. Por ello, en acuerdo de veinte de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 569 a 571), se requirió el cumplimiento del fallo protector. Así, por oficio 312/2018 de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho (foja 582), la agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Uno de la Unidad de Investigación Especializada del Sistema Tradicional (denominación actual), informó que las mesas uno a siete de la Unidad de Investigación Especializada del Sistema Tradicional se concentraron en la Mesa Uno de esa Unidad; asimismo, remitió copia certificada de la determinación ministerial dictada en esa fecha, en la averiguación previa 1739/2015/7APUE de su índice y diversas constancias que obran en esa indagatoria (fojas 583 a 620). Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se aprecia que, en cumplimiento a los efectos de la protección constitucional concedida en este juicio de amparo indirecto, la agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Uno de la unidad de Investigación Especializada del Sistema Tradicional (denominación actual) realizó lo siguiente: 1. El veintiséis de septiembre de la presente anualidad, consideró que no es necesario recabar más datos de prueba en la averiguación previa 1739/2015/7APUE (foja 582) y en la misma fecha determinó el no ejercicio de la acción penal, ya que decretó el archivo de dicha indagatoria por obstáculo material insuperable, respecto de los delitos de falsificación de documentos, falsedad de declaraciones e informes dados a una autoridad judicial y fraude, denunciados por José Miguel González Sánchez, apoderado general para pleitos y cobranzas de los quejosos Antonio, Manuel, Eduardo, Fernando, Adolfo e Ignacio, todos de apellidos del Valle Ruiz (foja 593). Por otra parte, mediante escrito presentado ante esta autoridad el cuatro de octubre de dos mil dieciocho, la parte quejosa realizó manifestaciones en relación con el cumplimiento de la sentencia de amparo; al respecto señaló lo siguiente: 1. Que la sentencia no fue cumplida porque no existe una secuencia de actos tendentes a la debida integración de la indagatoria y que dicha omisión subsiste. 2. Que la agente del Ministerio Público responsable omitió la investigación efectiva para determinar si los hechos son constitutivos de delito, debido a que se encuentra pendiente de desahogar una prueba pericial que resulta necesaria para el esclarecimiento de los hechos y no obstante ello, la autoridad responsable determinó que no es necesario recabar más pruebas. 3. Que la inspección ministerial que realizó la representante social no fue desahogada debidamente, ya que en lugar de indagar por cuenta propia y hacer constar los hechos que pudo apreciar mediante sus sentidos, se conformó con el dicho de un tercero. 4. Que la autoridad responsable debió imponerse de las actas exhibidas ante el Juzgado Cuarto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, ya que en ellas se aprecia la firma autógrafa de Magdalena Ruiz Fulcheri, también conocida como Magdalena Ruiz del Valle, y a partir de ellas recabar un dictamen pericial en grafoscopía, por lo que la parte quejosa solicitó se tenga como autoridad vinculada con el cumplimiento de la sentencia de amparo al citado juez civil, para el efecto de que remita los documentos originales que obran en el secreto de ese juzgado y se recabe la experticia correspondiente. 5. Que la representante social determinó la prescripción de los delitos de falsedad de declaraciones e informes dados a una autoridad y fraude a pesar de la "innegable" existencia de los delitos denunciados, pues afirma que la responsable reconoció que existen dos declaraciones ante autoridad judicial que son contradictorias por parte de los indiciados. Todos los argumentos expuestos devienen inoperantes por las siguientes razones: En primer término, es importante reiterar que la protección constitucional se concedió debido a la dilación injustificada de la autoridad responsable para la integración y determinación de la averiguación previa; y, el efecto de dicha protección consistió en que, de considerar que existen diligencias pendientes por desahogar, la agente del Ministerio Público debía determinar cuáles son y ordenar su obtención con la celeridad debida o, en caso de estimar que no era necesario recabar más pruebas, determinar inmediatamente sobre el ejercicio o no ejercicio de la acción penal, como en la especie aconteció. En tal sentido, esta autoridad no realizó análisis respecto de la legalidad de las diligencias desahogadas durante la integración de la averiguación previa, tampoco ordenó el desahogo de diligencia alguna, ni estableció lineamientos específicos que la autoridad responsable debía seguir para emitir la determinación ministerial correspondiente. Por ello, todos los argumentos expuestos por la parte quejosa se encuentran encaminados a combatir cuestiones que no formaron parte del análisis efectuado en la sentencia de amparo ni de los efectos del fallo protector, pues la protección constitucional únicamente tuvo como finalidad que la fiscal responsable determinara si era procedente continuar con la integración de la averiguación previa y en caso contrario, determinar en forma inmediata sobre el ejercicio o no ejercicio de la acción penal. En el caso que nos ocupa, la representación social consideró que no es necesario seguir investigando, y como consecuencia de ello determinó el no ejercicio de la acción persecutoria, lo que sí se ajustó a los parámetros establecidos en el fallo protector. De ahí que esta autoridad no pueda verificar si dicha determinación resulta o no apegada a derecho, pues se trata de un acto de autoridad que no fue objeto de análisis constitucional. Tampoco resulta procedente considerar al Juez Cuarto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla como autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia de amparo, debido a que, como se explicó, en la sentencia protectora no se ordenó el desahogo de diligencia alguna, por lo que dicha autoridad jurisdiccional no guarda relación con el acto aquí reclamado y que fue objeto de la protección de la Justicia Federal (omisión de integrar la indagatoria). Debe decirse que, en caso de que la parte quejosa se encuentre inconforme con la determinación de no ejercicio de la acción penal emitida, se encuentra en aptitud legal de controvertirla mediante el instrumento que la legislación aplicable prevé para tal efecto. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia .

  4. Principal

    (CITATORIO) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA ERNESTO MAZZOCO PILONI, GLORIA MENA BARTOLOTTI o GLORIA MENA DE MAZZOCO Y ERNESTO MAZZOCO MENA EL PROVEÍDO DE 10 DE OCTUBRE DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, diez de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho (foja 623), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; la cual fue desahogada por la parte quejosa, mediante escrito presentado ante esta autoridad el cuatro de octubre de la presente anualidad. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veinticinco de junio de dos mil dieciocho (fojas 436 a 456), se concedió el amparo a José Miguel González Sánchez, apoderado general para pleitos y cobranzas de los quejosos Antonio, Manuel, Eduardo, Fernando, Adolfo e Ignacio, todos de apellidos del Valle Ruiz para que la agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Siete de la unidad de Investigación Especializada del Sistema Tradicional realizara lo siguiente: ".OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo para el efecto de que el 1. Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Siete de la unidad de Investigación Especializada del Sistema Tradicional; una vez que adquiera firmeza esta sentencia y se le requiera el cumplimiento dentro del plazo establecido para tal efecto, realice lo siguiente en la averiguación previa 1739/2015/7APUE: - Determine, de acuerdo a la naturaleza del delito denunciado, si procede o no continuar integrando la averiguación previa citada, a efecto de recabar más elementos de convicción para decidir si ejercita la acción penal correspondiente. 1. En caso de que decida continuar con la investigación deberá determinar qué pruebas debe recabar o resultan necesarias, debiendo ordenar su preparación y obtención; todo ello de manera pronta y expedita. En relación con lo anterior, es necesario precisar que para el caso de que la responsable considere que existen pruebas pendientes por desahogar, no se puede conceder el amparo para que las desahogue y determine la indagatoria, en virtud de que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento de origen; considerar lo contrario; podría tener consecuencias como limitar la investigación del Ministerio Público en virtud de que estaría imposibilitado para poder desahogar alguna otra prueba que posteriormente, considere necesaria para la correcta investigación de los hechos denunciados. (.) 2. En el supuesto que decida, que no resulta necesario recabar más datos de prueba para continuar la integración de la averiguación previa, deberá emitir de inmediato la determinación que en derecho proceda, respecto del ejercicio o inejercicio de la acción penal." Inconforme con dicha resolución José Miguel González Sánchez, apoderado general para pleitos y cobranzas de los quejosos Antonio, Manuel, Eduardo, Fernando, Adolfo e Ignacio, todos de apellidos del Valle Ruiz interpuso recurso de revisión (fojas 477 a 489) del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, órgano colegiado que lo radicó con el número R-209/2018 de su índice, lo admitió a trámite (fojas 529 y 530); asimismo, mediante acuerdo de catorce de agosto de dos mil dieciocho, el órgano colegiado aludido admitió a trámite el recurso de revisión adhesiva interpuesto por los terceros interesados Ernesto Mazzoco Piloni, Gloria Mena Bortolotti o Gloria Mena de Mazzoco y Ernesto Mazzoco Mena (foja 532); y, en ejecutoria de seis de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 539 a 568), confirmó la sentencia sujeta a revisión. Por ello, en acuerdo de veinte de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 569 a 571), se requirió el cumplimiento del fallo protector. Así, por oficio 312/2018 de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho (foja 582), la agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Uno de la Unidad de Investigación Especializada del Sistema Tradicional (denominación actual), informó que las mesas uno a siete de la Unidad de Investigación Especializada del Sistema Tradicional se concentraron en la Mesa Uno de esa Unidad; asimismo, remitió copia certificada de la determinación ministerial dictada en esa fecha, en la averiguación previa 1739/2015/7APUE de su índice y diversas constancias que obran en esa indagatoria (fojas 583 a 620). Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se aprecia que, en cumplimiento a los efectos de la protección constitucional concedida en este juicio de amparo indirecto, la agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Uno de la unidad de Investigación Especializada del Sistema Tradicional (denominación actual) realizó lo siguiente: 1. El veintiséis de septiembre de la presente anualidad, consideró que no es necesario recabar más datos de prueba en la averiguación previa 1739/2015/7APUE (foja 582) y en la misma fecha determinó el no ejercicio de la acción penal, ya que decretó el archivo de dicha indagatoria por obstáculo material insuperable, respecto de los delitos de falsificación de documentos, falsedad de declaraciones e informes dados a una autoridad judicial y fraude, denunciados por José Miguel González Sánchez, apoderado general para pleitos y cobranzas de los quejosos Antonio, Manuel, Eduardo, Fernando, Adolfo e Ignacio, todos de apellidos del Valle Ruiz (foja 593). Por otra parte, mediante escrito presentado ante esta autoridad el cuatro de octubre de dos mil dieciocho, la parte quejosa realizó manifestaciones en relación con el cumplimiento de la sentencia de amparo; al respecto señaló lo siguiente: 1. Que la sentencia no fue cumplida porque no existe una secuencia de actos tendentes a la debida integración de la indagatoria y que dicha omisión subsiste. 2. Que la agente del Ministerio Público responsable omitió la investigación efectiva para determinar si los hechos son constitutivos de delito, debido a que se encuentra pendiente de desahogar una prueba pericial que resulta necesaria para el esclarecimiento de los hechos y no obstante ello, la autoridad responsable determinó que no es necesario recabar más pruebas. 3. Que la inspección ministerial que realizó la representante social no fue desahogada debidamente, ya que en lugar de indagar por cuenta propia y hacer constar los hechos que pudo apreciar mediante sus sentidos, se conformó con el dicho de un tercero. 4. Que la autoridad responsable debió imponerse de las actas exhibidas ante el Juzgado Cuarto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, ya que en ellas se aprecia la firma autógrafa de Magdalena Ruiz Fulcheri, también conocida como Magdalena Ruiz del Valle, y a partir de ellas recabar un dictamen pericial en grafoscopía, por lo que la parte quejosa solicitó se tenga como autoridad vinculada con el cumplimiento de la sentencia de amparo al citado juez civil, para el efecto de que remita los documentos originales que obran en el secreto de ese juzgado y se recabe la experticia correspondiente. 5. Que la representante social determinó la prescripción de los delitos de falsedad de declaraciones e informes dados a una autoridad y fraude a pesar de la "innegable" existencia de los delitos denunciados, pues afirma que la responsable reconoció que existen dos declaraciones ante autoridad judicial que son contradictorias por parte de los indiciados. Todos los argumentos expuestos devienen inoperantes por las siguientes razones: En primer término, es importante reiterar que la protección constitucional se concedió debido a la dilación injustificada de la autoridad responsable para la integración y determinación de la averiguación previa; y, el efecto de dicha protección consistió en que, de considerar que existen diligencias pendientes por desahogar, la agente del Ministerio Público debía determinar cuáles son y ordenar su obtención con la celeridad debida o, en caso de estimar que no era necesario recabar más pruebas, determinar inmediatamente sobre el ejercicio o no ejercicio de la acción penal, como en la especie aconteció. En tal sentido, esta autoridad no realizó análisis respecto de la legalidad de las diligencias desahogadas durante la integración de la averiguación previa, tampoco ordenó el desahogo de diligencia alguna, ni estableció lineamientos específicos que la autoridad responsable debía seguir para emitir la determinación ministerial correspondiente. Por ello, todos los argumentos expuestos por la parte quejosa se encuentran encaminados a combatir cuestiones que no formaron parte del análisis efectuado en la sentencia de amparo ni de los efectos del fallo protector, pues la protección constitucional únicamente tuvo como finalidad que la fiscal responsable determinara si era procedente continuar con la integración de la averiguación previa y en caso contrario, determinar en forma inmediata sobre el ejercicio o no ejercicio de la acción penal. En el caso que nos ocupa, la representación social consideró que no es necesario seguir investigando, y como consecuencia de ello determinó el no ejercicio de la acción persecutoria, lo que sí se ajustó a los parámetros establecidos en el fallo protector. De ahí que esta autoridad no pueda verificar si dicha determinación resulta o no apegada a derecho, pues se trata de un acto de autoridad que no fue objeto de análisis constitucional. Tampoco resulta procedente considerar al Juez Cuarto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla como autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia de amparo, debido a que, como se explicó, en la sentencia protectora no se ordenó el desahogo de diligencia alguna, por lo que dicha autoridad jurisdiccional no guarda relación con el acto aquí reclamado y que fue objeto de la protección de la Justicia Federal (omisión de integrar la indagatoria). Debe decirse que, en caso de que la parte quejosa se encuentre inconforme con la determinación de no ejercicio de la acción penal emitida, se encuentra en aptitud legal de controvertirla mediante el instrumento que la legislación aplicable prevé para tal efecto. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia .

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