Antonio Cruz Merino
Expediente 1018/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 15 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1018/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 13/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Antonio Cruz Merino
- juez de Control del distrito judicial de Huajuapan de León, Oaxaca
- ANTONIO CRUZ MERINO y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de dos años que establece la Ley de la Tesorería de la Federación, para decretar la prescripción del billete de depósito N ********************, que ampara la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos cero centavos, moneda nacional); por tanto, al no haber comparecido el quejoso ******************** a recoger la citada garantía, tal y como se le indicó en auto de dieciocho de diciembre de dos mil veinte; en consecuencia, con fundamento en los artículos 45, 48 fracción I, y 51 de la Ley de Tesorería de la Federación vigente, se declara que dicha garantía ha prescrito a favor del Erario Federal. Una vez que cause estado este proveído, remítase debidamente endosado el referido certificado de depósito a favor de la Tesorería de la Federación, con sede en la Ciudad de México. Notifíquese personalmente a la quejosa.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera recurso de revisión contra la sentencia donde se le negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Por otra parte, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b, de la fracción I, del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración, por lo que deberá conservarse la demanda de amparo y la sentencia. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, dado que carece de objeto que continúen en este juzgado, los discos que remitió la autoridad responsable Juez de Control del Circuito Judicial de la Mixteca, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, devuélvanse los mismos a su lugar de origen. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. En atención a la cuenta que antecede y visto el estado de autos se conoce que en este expediente mediante auto de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, se concedió la suspensión provisional y mediante interlocutoria pronunciada el ocho de enero de este año, se concedió la suspensión definitiva solicitada; además, que no obra documento alguno considerado como original, que las partes hayan exhibido. En consecuencia, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedieron la suspensión provisional y la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la depuración del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) de la fracción I, artículo 18 del citado Acuerdo General. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. De igual forma, se indica que conforme a la certificación de cuenta, en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General de mérito, salvo un billete de depósito exhibido por la parte quejosa para que surtiera efectos la suspensión provisional, con el número N 849243, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, que ampara la cantidad de $ 3,000.00 (tres mil pesos, 00/100 moneda nacional), mismo que se encuentra guardado en la caja de valores de este juzgado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el punto décimo primero, último párrafo del acuerdo de que se trata, notifíquese personalmente a la parte quejosa este auto para que acuda a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con identificación oficial, dentro de un plazo de noventa días, a recoger el referido numerario. De igual manera comuníquese al peticionario que a partir de que surta sus efectos la notificación de este auto empezará a contar el plazo que establece la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación para la prescripción de dichas garantías a favor del Erario Federal. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del cuaderno original, para lo cual se ordena conservar la demanda de amparo, el auto de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, en el que se concedió la suspensión provisional y la interlocutoria pronunciada el ocho de enero de este año, en la concedió la suspensión definitiva solicitada. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
S E N T E N C I A Visto para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 1018/2019, promovido por **** por propio derecho, contra actos del Juez de Control de Huajuapan de León, Oaxaca, y otras autoridades. ANTECEDENTES Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, y remitido el mismo día a este Juzgado Quinto de Distrito en la misma entidad federativa, cuyo conocimiento le correspondió por razón de turno, **, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos siguientes: III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORAS Juez de control con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca. Fiscal con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca. B) EJECUTORAS 1. Fiscal con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca. 2. Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones, con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca. IV.- ACTO RECLAMADO. A) DE LA ORDENADORA: La orden de aprehensión, presentación, búsqueda o detención o de cualquier otra que atente contra mi libertad personal emitida en la causa penal con número de identificación ***. B) DE LAS EJECUTORAS: El cumplimiento y ejecución que pretenden dar con dicha orden. El quejoso señaló como derechos fundamentales vulnerados en su perjuicio los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e hizo valer los conceptos de violación que consideró pertinentes. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO El veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite en este Juzgado de Distrito la demanda de amparo, la cual se registró el número 1018/2019, se dio la intervención que legalmente le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y solicitó el informe justificado a las autoridades responsables. Luego, el veintiuno de enero de dos mil veinte, recibido el informe justificado del juez de control, se dio vista al quejoso para que ampliara su demanda de amparo y se hizo efectivo el apercibimiento formulado en autos y se tuvo por inexistente al Fiscal con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca. En ese orden, también se ordenó emplazar a la tercera interesada, agente del ministerio público encargada de la causa penal ** -quien se encuentra adscrita a la Fiscalía para la Investigación de delitos de trascendencia social de la entonces Procuraduría General de Justicia, hoy Fiscalía General de Justicia del Estado-. Debido a las medidas de contingencia emitidas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en relación al fenómeno de salud y emergencia sanitaria provocada por el virus SARSCov2, que provoca la enfermedad conocida como COVID19, se suspendieron las labores y plazos jurisdiccionales desde el dieciocho de marzo hasta el uno de agosto de dos mil veinte. En ese orden, una vez levantada la suspensión de labores, se reactivó el procedimiento en esta instancia constitucional, se ordenó emplazar a las víctimas de tentativa de homicidio a través del agente del ministerio público o fiscal adscrito al Juzgado de Control de la Mixteca y se citó a las partes para dictar la sentencia correspondiente. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque este órgano de control constitucional conoce de todas las materias por no tener jurisdicción especial; el acto reclamado es de naturaleza penal pues atañe a la orden de aprehensión reclamada, cuya ejecución material debe llevarse a cabo dentro de la demarcación territorial en la que ejerce jurisdicción este juzgado de distrito. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados. De las autoridades responsables: Juez de Control del Circuito Judicial de la Mixteca, sede Huajuapan de León, Oaxaca (antes denominado Juez de Garantía de esa propia sede) la orden de aprehensión dictada en su contra en la causa penal ** el veinticinco de septiembre de dos mil doce. Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones, residente en Huajuapan de León, Oaxaca, la ejecución de dicha orden privativa de la libertad. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Son ciertos los actos atribuidos al Juez de Control del Circuito Judicial de la Mixteca, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, pues así lo manifestó al rendir su respectivo informe justificado. Lo anterior, con la precisión que si bien el referido juzgador de origen en el aludido informe, conviene en la existencia de la orden de aprehensión, dictada el veinticinco de septiembre de dos mil doce, en la causa **, dictada contra Antonio Cruz Merino y otros, por su probable participación en la comisión del delito que la ley señala como homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja cometido en agravio de quienes en vida llevaron los nombres de Alberta Cariño Trujillo y Jiry Antero Jaakola; así como del diverso delito tentativa de homicidio calificado con ventaja, alevosía y premeditación, cometido contra las personas que responden a los nombres de, *****,******,*******,****,*******,****,*****,*****,******-cuyo segundo apellido es, según las constancias de la causa, ** y no **-, **, **, **, **, ** y **(omitiendo que la orden también se solicitó respecto de **, ** y **). No obstante, de la lectura de la constancia escrita en formato de lectura (PDF), así como de las constancias de audio y video de la audiencia privada de que se trata, se advierte que el entonces Juez de Garantía de Huajuapan de León, Oaxaca, únicamente consideró suficientes los datos de prueba para tener por acreditado el ilícito de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja cometido en agravio de quienes en vida llevaron los nombres de ** y **; por lo que dictó la orden privativa de la libertad solo por este delito, no así, respecto del diverso planteado como homicidio agravado en grado de tentativa, al parecer cometido en perjuicio de ** y las demás personas antes precisadas. Certeza que además, se acredita plenamente con el disco certificado que contiene los archivos de audio y video de la audiencia de solicitud de orden de aprehensión de veinticinco de septiembre de dos mil doce, índice cronológico y transcripción de dicho mandamiento de captura, a los cuales se les confiere valor probatorio pleno, atento a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°. Por tanto, a pesar de que el Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones residente en Huajuapan de León, Oaxaca, negó la existencia de la ejecución de la aludida orden privativa de la libertad, dicha negativa se desvirtúa y se tienen por ciertos los actos que se le atribuyen, en virtud de las facultades y atribuciones que les otorga la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y su reglamento, así como la normatividad de la materia vigente. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Por tratarse de un asunto de orden público este órgano constitucional, previo a entrar al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, procede al análisis de las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, ya sea que las hagan valer las partes o que amerite su estudio de oficio, de conformidad con el artículo 62 de ese mismo ordenamiento. Enseguida, toda vez que las partes no hicieron valer motivo de inejercicio alguno, ni este órgano jurisdiccional advierte se actualice alguna hipótesis normativa que lo impida, corresponde entrar al fondo del asunto. ESTUDIO DE FONDO El penúltimo párrafo del artículo 79 de la Ley de Amparo, establece la suplencia de la queja en materia penal, tratándose del indiciado; sin embargo, ésta sólo se expresará en las sentencias si la suplencia le reporta algún beneficio. Es decir, este tribunal únicamente está obligado a suplir la deficiencia de la queja en favor del demandante del amparo cuando existan causas jurídicamente válidas para preservar u otorgar algún derecho, pues de no advertir que la suplencia conduzca a esa finalidad provechosa para el quejoso, bastará que así se declare sin necesidad de realizar un estudio oficioso del asunto. Ahora, el quejoso Antonio Cruz Merino reclama la orden de aprehensión librada en su contra, la cual fue dictada por el Juez de Control del Circuito Judicial de la Mixteca, con sede en Huajuapan de León, cuya denominación en el momento de la emisión del acto reclamado era "Juez de Garantía" -de esa misma sede-, emitida en la audiencia privada de veinticinco de septiembre de dos mil doce, en la causa penal ***. Aduce el promovente del amparo que, el acto reclamado viola en su perjuicio los derechos fundamentales de debido proceso, legalidad y seguridad jurídica protegidos por los artículos 14 y 16 del pacto federal, respectivamente, pues refiere que la autoridad responsable ordenadora libró en su contra una orden para privarlo de su libertad, sin seguir las formalidades esenciales del procedimiento; además, que dicha orden no se encuentra fundada ni motivada. Asimismo, en su escrito de ampliación, el disidente plantea, que la orden de aprehensión dictada en su contra, es inconstitucional porque no existen datos suficientes ni bastantes que acrediten el cuerpo del delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, menos aún, su probable responsabilidad en la comisión del mismo. Sostiene el agraviado que, se actualiza una causa de exclusión del delito, que es la prevista en el artículo 14, fracción II del Código Penal del Estado de Oaxaca, que prevé que se excluye el delito, cuando no está probado el cuerpo del delito. En ese orden de ideas, no asiste razón al quejoso, como se analizará a continuación. En primer término, la orden de aprehensión reclamada no vulnera el derecho fundamental de debido proceso protegido por el artículo 14 de la Constitución Federal, pues si bien se trata de un acto privativo de la libertad, sus efectos son sólo provisionales y, por tanto, es un acto de molestia y no privativo, ya que la característica de éstos es su definitividad. Esto es, la finalidad perseguida con la orden de aprehensión librada en contra del indiciado, hoy quejoso, es restringir provisionalmente su libertad personal, a efecto de sujetarlo a la dilación que prevé el artículo 19 constitucional y resolver, dentro del plazo de setenta y dos horas o su duplicidad, su situación jurídica en la causa penal de la que emana el acto reclamado. Por tanto, contrario a lo aducido por el disidente, para la emisión del acto reclamado no se requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el artículo 14 constitucional, sino sólo es suficiente que para su libramiento exista mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 40/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional. Ahora, con la emisión del acto reclamado tampoco se vulneran los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica previstos en el artículo 16 constitucional, ya que la orden de aprehensión reclamada fue librada por autoridad judicial competente y se encuentra debidamente fundada y motivada, puesto que la autoridad responsable citó los preceptos legales que prevén y sancionan la conducta típica atribuida al quejoso; las disposiciones legales que le sirvieron de fundamento para valorar las pruebas que tomó en cuenta, y expresó las causas y razones que tuvo para concluir porqué, en su concepto, la conducta del aquí quejoso se adecuó a la hipótesis normativa que aplicó. En efecto, mediante resolución de veinticinco de septiembre de dos mil doce, dictada en la causa penal ****, el entonces Juez de Garantía de Huajuapan de León, Oaxaca, libró orden de aprehensión en contra del quejoso Antonio Cruz Merino y otros, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado con premeditación, ventaja y alevosía, cometido en agravio de quienes en vida respondieron al nombre de ** y *****. La constitucionalidad de dicha resolución descansa en que para su emisión se cumplieron con las exigencias del artículo 16 de la Constitución Federal, en su texto vigente el veinticinco de septiembre de dos mil doce, conforme a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, que establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.] No podrá librarse orden de aprehensión sino por autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. [.]". De igual manera, el Código Procesal Penal del Estado de Oaxaca, en su artículo 168, fracción II, vigente en la Región de la Mixteca en el momento de los hechos y de la emisión del acto reclamado, disponía: Artículo 168. Órdenes de aprehensión, comparecencia, presentación forzosa y restricción para preservación de prueba El juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar: [.] II. Orden de aprehensión, cuando concurran los requisitos que exige el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y exista una presunción razonable, por apreciación de las circunstancias del caso particular, de que el imputado podría no someterse al proceso u obstaculizaría la averiguación de la verdad o su conducta represente un riesgo para la víctima o para la sociedad. [.] En síntesis, para que la orden de aprehensión sea considerada constitucional y legal -conforme a las normas vigentes y aplicables el caso concreto-, debía reunir los siguientes requisitos: a) Que sea emitida por autoridad judicial; b) Preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito; c) Dicho ilícito esté sancionado con pena privativa de libertad; d) Obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho; y, e) Exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, y f) Exista una presunción razonable por apreciación de las circunstancias del caso particular, de que el imputado podría no someterse a proceso u obstaculizaría la averiguación de la verdad, o que su conducta represente un riesgo para la víctima o para la sociedad. Ahora, el primero de los requisitos enunciados en el artículo 16 de la Constitución Federal, se acredita, al advertirse de autos que la resolución combatida por la parte quejosa, proviene de autoridad judicial, como lo era el entonces denominado juez de Garantía de Huajuapan de León, Oaxaca, quien es legalmente competente por razón de territorio, pues, los hechos sucedieron en el paraje "Los Pinos", ubicado en el camino que conduce a La Sabana, San Juan Copala, Juxtlahuaca, Oaxaca, circunscripción que corresponde a dicho distrito judicial, y por la materia, al tratarse de un asunto de naturaleza penal; por el grado de igual manera, como lo manifestó el juez de primera instancia, es legalmente competente, ya que es necesario que en una primera instancia se decida sobre la comisión del delito. Aunado a que la orden fue librada a petición de la entonces agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía para la Investigación de delitos de trascendencia social de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en audiencia privada de veinticinco de septiembre de dos mil doce, en razón de las diversas denuncias presentadas a manera de declaraciones que ante la entonces Procuraduría General de la República y posteriormente, ante la anterior Procuraduría General de Justicia del Estado, realizaron las diversas personas que resultaron afectadas directa e indirectamente con los hechos (cuyos nombres y fechas se enlistarán más adelante, a fin de evitar repeticiones innecesarias). Los siguientes requisitos se encuentran acreditados, en tanto que los hechos -de privar de la vida a otras personas-, que se imputan al inculpado se encuentran previstos como delito de homicidio, en el artículo 285 del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca, ilícito que tiene pena privativa de libertad de treinta a cuarenta años, en términos del artículo 291 del mismo ordenamiento legal, por tratarse de un homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja. Luego, para determinar los tres últimos requisitos, esto es, existan datos que establezcan que se ha cometido ese hecho, la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, y una presunción razonable por apreciación de las circunstancias del caso particular, de que el imputado podría no someterse a proceso u obstaculizaría la averiguación de la verdad, tal como lo sostuvo el juez de Garantía responsable, este órgano constitucional estima que se cuenta con suficientes datos que permiten establecer que se cometió el hecho que la ley tipifica como homicidio así como los aspectos que dan lugar a las calificativas de premeditación, alevosía y ventaja, aunado a que puede determinarse de forma probable la participación del hoy quejoso participó en la comisión de tales hechos, y existen razones para presumir el peligro de fuga, con las constancias que integran la causa penal **. Ello, se aprecia del análisis realizado a las audiencias contenidas en los discos ópticos con registros audiovisuales "DVD" que además fueron transcritos en la resolución de primera instancia de veinticinco de septiembre de dos mil doce, como se aprecia de la copia certificada digital. Probanzas que, como se precisó con antelación, adquieren valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Ahora bien, de las aludidas documentales se sigue que, para dictar la orden de aprehensión reclamada, la autoridad responsable se basó en los datos que obran en la carpeta de investigación. Ahora, los datos sobre los hechos de que se trata, con base en los cuales el juez emitió la orden de aprehensión reclamada, fueron los descritos por la agente del Ministerio Público en audiencia, que son los siguientes: Declaración de Noé Vargas Ruiz, de ocho de mayo de dos mil diez. Declaración de Noé Vargas Ruiz, de veintiocho de abril de dos mil diez, ante la entonces denominada Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca (PGJEO). (...)Dictamen de análisis de voz y extracción de datos por la ingeniera Sagrario de Jesús Sagrario García, de la PGJEO, de nueve de mayo de dos mil doce, que contiene una transcripción extraída de la grabación contenida en un disco compacto, relativa a una entrevista en la que participan tres interlocutores. Dos copias certificadas por el jefe del Archivo Central del Registro Civil de Oaxaca, de las actas de defunción de **, de fecha treinta de abril de dos mil diez, y de *** de cuatro de mayo de dos mil diez. En ese orden, en la audiencia de veinticinco de septiembre de dos mil doce, el juez responsable, realizó adecuadamente la ponderación de los datos presentados por la agente del Ministerio Público, citando el artículo 22 del Código Procesal Penal vigente en la región de la Mixteca -en el momento de los hechos y del dictado del acto reclamado-, explicando las implicaciones de la libre valoración de la prueba, con base en la sana crítica, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia; precisando que tomaría en cuenta los datos de prueba incorporados en la audiencia, de conformidad con el 332 del mismo ordenamiento legal. Luego, la autoridad responsable, refiriéndose al numeral 332 del código adjetivo citado, abunda sobre la legalidad de la prueba, para después otorgarle valor probatorio a los datos aportados por la representación social, considerando que fueron obtenidos por medios lícitos y que guardan relación con los hechos alegados. En ese orden, tuvo como lícitas y en su carácter de denuncias, las declaraciones rendidas por *,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*, y *, ante agentes del Ministerio Público, quienes manifestaron lo que percibieron con los sentidos de la vista, oído, tacto, incluso porque algunas de ellas resultaron lesionadas, había luz del día, explicaron los motivos por los cuales se encontraban en el lugar de los hechos y narraron los hechos de forma coherente, coincidiendo en los aspectos de fondo, de manera destacada en la manera en la que * y *, recibieron cada uno un balazo en la cabeza y fallecieron en su presencia dentro del vehículo en el que se trasladaban. Luego, el Juez de Garantía otorgó valor probatorio, por satisfacer las exigencias formales, a las declaraciones de diversos testigos como **, cónyuge de la extinta **, quien narró circunstancias relacionadas con los hechos. Respecto a las declaraciones de las atestes presenciales *, *, *, también les otorgó valor probatorio, con fundamento en los artículos 221 y 337 del Código Procesal Penal vigente y aplicable al particular, por haber sido quienes percibieron a través de sus sentidos en el lugar de los hechos. Además, las dos primeras, identificaron a las personas que intervinieron en los hechos, dentro de los cuales se encuentra el hoy quejoso **; mientras que la tercera, identificó a ciertas personas apuntando armas de fuego a los vehículos de motor en la fecha, hora y lugar de los hechos. Se ponderaron también, como declaraciones lícitas y por tanto, con valor probatorio, las declaraciones de **, *, * y *, de manera correcta, en tanto se advierten apegadas a derecho por haberse recibido formalmente ante la representación social, además que fueron descritas exhaustivamente. Las diligencias allegadas por la agente del Ministerio Público, como levantamiento de cadáveres, identificación de los cadáveres de los occisos, necropsias de ley, la autoridad responsable les otorgó valor probatorio por satisfacer las formalidad y exigencias de los artículos 221, 354, 253 y 255 del Código Procesal Penal, respectivamente, sin que se advirtiera que se violó algún derecho fundamental o hubo algún aspecto ilícito en su incorporación. Los diversos dictámenes en materia de criminalística, balística, trayectorias de armas de fuego dentro de los vehículos, dictamen de balística de veintidós casquillos, dictámenes químicos, dictámenes de planimetría, dictamen en materia de análisis de voz y extracción de datos, y en general todos los dictámenes emitidos por peritos oficiales tanto de la Procuraduría General de la República y Procuraduría General de Justicia del Estado, la representante social expuso su contenido y conclusiones y se advierte cumplen su objetivo de generar convicción en el juzgador de origen, lo cual se confirma legal y por tanto, constitucional. Aunado a que fue correcto que el juez de Garantía le haya otorgado valor probatorio a las copias certificadas por el Jefe del Archivo Central del Registro Civil de Oaxaca, de las actas de defunción de ** y **en su carácter de documentos públicos y auténticos, en términos de lo establecido en el artículo 354 del Código Procesal Penal vigente en la Región Mixteca en ese momento. Así las cosas, una vez ponderados en lo individual los datos de prueba aportados, la autoridad responsable, tuvo por acreditados los hechos siguientes: [.] que el día veintisiete de abril del año dos mil diez, aproximadamente entre las catorce horas con treinta minutos y catorce horas con cuarenta y cinco minutos, en el paraje denominado "Los Pinos", ubicado en la carretera que conduce de la Sabana Copala, san Juan Copala, Juxtlahuaca, Oaxaca, una caravana de ayuda humanitaria, conformada por diversas personas que se trasladaban en tres vehículos de motor, siendo que *,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*, se trasladaban precisamente en una camioneta blanca tipo ecoline; **, **, en un vehículo de motor tipo ** [**], y *,*,*,*,*, en una camioneta negra marca ***; sin embargo, en ese lugar se encontraban dos filas de piedras obstaculizando el camino que cuando esas personas trataban de echarse de reversa, entonces las personas que responden a los nombres de ***,*****,***,****,***,*** y otras personas, accionaron armas de fuego sobre dichos vehículos de motor, siendo que dos proyectiles impactaron los cráneos de ** y **, ocasionándoles la muerte de manera instantánea en dicho lugar y produciéndole diversas lesiones **, consistentes en heridas en la espalda, a ** en la cadera, muslo derecho y **, en la pierna, siendo que dichas personas disparan en una posición más alta de la que se encontraba dichas personas; es decir, sobre la loma que se encontraba ubicado en ese lugar, siendo que de ese lugar tratan de huir las personas que se encontraban en el interior de dichos vehículos de motor, no pudiendo hacerlo las personas que responden a los nombres de **, **, **, quienes se encontraron en el interior del vehículo marca Ford tipo Explorer, siendo que se acercan tres personas de las cuales con anterioridad les habían realizado disparos de arma de fuego sobre los vehículos en los cuales se encontraban ellos y sus acompañantes los interrogan, les quitan las pertenencias y los dejan ir de ese lugar; siendo que, más tarde una vez que eran también perseguidas las diversas personas de las cuales hacen referencia les disparaban, motivan que detengan **, ***, *** y ***, quienes de igual forma son interrogados, les quitan sus pertenencias y después les dicen que se vayan por parte de la loma que ahí van a llegar a la carretera y los dejan ir de ese lugar. En ese orden, el juez responsable tuvo por suficientes los datos aportados para acreditar que se actualizaron hechos que se subsumen dentro de la hipótesis normativa prevista en el artículo 285, en relación con el 299, 301 fracción II, 302 y 303 del Código penal vigente en el Estado, que corresponde al delito de homicidio calificado con premeditación alevosía y ventaja. Ello, en síntesis, porque un grupo de personas que dispararon armas de fuego, privaron de la vida a ** y **, quienes recibieron cada uno un impacto de bala en el cráneo, y murieron prácticamente de forma instantánea, cuya necropsia estableció que la causa de la muerte fue "traumatismo profundo de cráneo, con fracturas craneales, laceración de masa encefálica producido por proyectil de arma de fuego". Por lo que hace a la agravante de ventaja, el juez de la causa correctamente precisa que en términos del artículo 301 del Código Penal, fracción II, en el caso concreto los infractores fueron superiores por las armas que emplearon, ya que llevaban armas de fuego de alto calibre que percutieron contra los pasivos, mientras que las personas que viajaban en los vehículos de motor no iban armados. Además, la calificación de ventaja, la tuvo por acreditada con fundamento en el artículo 302 del citado Código Penal, considerando que a pesar de tratarse de un aspecto subjetivo en el que el imputado debe estar plenamente consciente de su superioridad y que no corre riesgo alguno de ser muerto ni herido por el ofendido, en el caso, consideró se puede acreditar a través de una valoración de prueba circunstancias o inferencial, es decir, a la valoración conjunta de los datos de prueba existentes de los cuales se puede inferir tal elemento, además porque el grupo de agresores tuvieron superioridad por el empleo de las armas de fuego; lo que se estima correcto. Respecto a la alevosía, prevista en el artículo 303 del Código Penal del Estado, que también cita expresamente, el juez responsable la estimó suficientemente acreditada porque en el caso concreto, según los datos aportados se puede advertir el empleo de la acechanza, entendida como "observar, aguardar cautelosamente con algún propósito", en virtud que las personas que agredieron a las víctimas se encontraban aguardando de dentro de los árboles y arbustos, portando armas de fuego, esperando la llegada de la caravana para sorprenderlos de improviso, de repente de manera inesperada, empezando a dispararles sin que pudieran de alguna forma repeler el ataque del cual fueron objeto. Ponderación que se estima apegada a derecho, por adecuarse a las hipótesis normativas aplicables. Atinente a la calificativa de premeditación, el juzgador la estima suficientemente acreditada, porque con base en los elementos de convicción, se advierten actos reflexivos por parte de los activos, toda vez que era de su conocimiento que dentro de esa zona, ese día concurriría la caravana de ayuda humanitaria que se dirigía a la población de San Juan Copala, Juxtlahuaca, Oaxaca, y que pasaría por la población de la Sabana Copala, por las manifestaciones de los líderes del grupo UBISORT (Unión para el Bienestar Social para la Región Triqui), de la que forman parte -los cuales enumera y describe detalladamente-, por lo cual dicha valoración resulta apegada a derecho. Finalmente, también se advierte suficientemente demostrada la probable responsabilidad del quejoso en la comisión de los hechos aludidos, en virtud de que como lo refirió el juez responsable, existen datos suficientes para atribuirle una participación en la comisión del hecho que ley señala como delito, principalmente derivado de las declaraciones de las atestes **, * y **, siendo que las dos primeras identificaron y señalaron directamente al quejoso **, como una de las personas que el veintisiete de abril de dos mil diez, se encontraba en el lugar de los hechos, momentos antes de los disparos. Lo anterior, sin que resulte necesario, como lo refiere el quejoso en sus conceptos de violación, que alguna de ellas deba declarar que lo vio precisamente disparando a las víctimas, dado que, en este momento procesal, el estándar probatorio es mínimo y por ello, bastan los datos que hagan probable tal situación. También precisó que está acreditado que la conducta es dolosa, según los aspectos descritos con antelación, que es antijurídica porque no existe una causa de licitud que ampare su conducta, lo cual se estima ajustado a las exigencias de fundamentación y motivación necesarias para emitir el mandamiento de aprehensión, como medio de conducción al proceso, a fin de que pueda comunicársele, en su oportunidad procesal, la imputación que le formule el fiscal que corresponda. Ahora bien, en relación a la necesidad de cautela, se advierte que para justificar el dictado de la orden de aprehensión, el Juez de Garantía sostuvo la necesidad de la cautela, apoyándose en que existe un riesgo de que el quejoso no se presente a la citación que se le pueda llegar a formular, sino que existe riesgo de fuga, de conformidad con el numeral 168, fracción II del Código Procesal vigente en la Región Mixteca aplicable al caso concreto, en relación con el diverso 172 del mismo ordenamiento, dado que es de conocimiento general que a mayor punición existe mayor tentación del imputado de sustraerse de la acción de la justicia y en el caso este ilícito se sanciona de treinta a cuarenta años de prisión, lo que pesaría más que la existencia de un arraigo en la comunidad. En consecuencia, es correcto la manera en la que el Juez de Control sustentó de manera independiente con la cita de lo dispuesto por los artículos 16, párrafo tercero, de la Constitución Federal y 168, fracción II del Código Procesal Penal aplicable, razón suficiente para sostener la legalidad y constitucionalidad de la necesidad de la cautela y señaló la idoneidad de la medida para crear la situación óptima para comunicarle la imputación, en atención a los riesgos procesales señalados por el agente del Ministerio Público. Por las razones expuestas, resultan infundados los conceptos de violación expresados por el quejoso, pues no es verdad que la resolución reclamada carezca de fundamentación y motivación, ni que existan violaciones al procedimiento, como de forma dogmática se afirma en la demanda, así como tampoco se actualiza la hipótesis III del artículo 14 del Código Penal, respecto a la causa de exclusión de inexistencia del cuerpo del delito, pues este juzgador advierte que en la orden de aprehensión dictada el veinticinco de septiembre de dos mil doce en la causa penal **, se encuentran citados de forma suficiente los preceptos legales y constitucionales aplicables al caso, con la explicación y justificación de los datos de prueba que justifican los hechos previstos por la ley por el delito que se atribuyen al quejoso, así como los datos con los cuales se acredita la probable participación del imputado en su comisión. Por tanto, al no existir deficiencia de la queja que suplir, en términos de la fracción III del artículo 79 de la Ley de Amparo, procede negar la protección constitucional solicitada. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a ** contra la orden de aprehensión dictada el veinticinco de septiembre de dos mil doce, en la causa penal **, reclamada del Juez de Control del Circuito Judicial de la Mixteca, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, por las razones expuestas en el apartado VII. Notifíquese personalmente.
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