Antonio de Jesús Pérez González y Otros.

Expediente 474/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 13 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
474/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
09/02/2021

Partes del expediente

  • Antonio de Jesús Pérez González y Otros.
  • Antonio de Jesús Pérez González
  • Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de febrero de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se concedió la suspensión provisional y se concedió la suspensión definitiva; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión provisional y definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la depuración del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) de la fracción I, artículo 18 del citado Acuerdo General. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón a que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del cuaderno original, para lo cual se ordena conservar la demanda de amparo, el proveído de cuatro de septiembre de dos mil veinte e interlocutoria de veintrés de septiembre de ese mismo año, de conformidad con lo establecido con los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del multicitado acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 1 relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de febrero de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó en este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por último, se ordena devolver el disco versátil digital (DVD) certificado que la Juez de Control del Circuito Judicial Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, remitió en apoyo a su informe justificado. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que por cuestión extraordinaria que obedeció a la suspensión de plazos y términos que operó del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, derivado de la situación que impera en el país con motivo del fenómeno de salud pública provocado por el virus COVID-19 y la cual tuvo sustento legal en la circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte del Consejo de la Judicatura Federal. Dicha circular tuvo como objetivo el salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, las Consejeras integrantes de esa Comisión Especial, en la cual se determinó adoptar como medida especial el regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero pasado, lo cual ya aconteció; por ende, se reanudan los términos y plazos procesales en este juicio de amparo. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES.

  4. Principal

    Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 474/2020, promovido por . . . , por propio derecho, en contra del auto de vinculación a proceso dictado por el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, dentro de la causa penal 487/2020, por el delito de homicidio calificado con ventaja, cometido en agravio de . . . I. ANTECEDENTES 1. El veintinueve de mayo de dos mil veinte, se llevó a cabo la audiencia de control de detención y formulación de imputación dentro de la causa penal 487/2020, por el delito de homicidio calificado con ventaja, cometido en agravio de quien en vida respondió al nombre de . . . , solicitando la ampliación del término constitucional. 2. El tres de junio siguiente, se llevó a cabo la audiencia ampliación de término constitucional, en la que se le vinculó a proceso y dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO 3. . .., por propio derecho, presentó un escrito el veintiuno de agosto de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que más adelante se precisarán. 4. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. 5. La demanda se turnó a este Juzgado de Distrito, se registró bajo el número 474/2020 y previo desahogo de prevención ordenada en proveído de veinticuatro de agosto de la anualidad en curso, el cuatro de septiembre siguiente se admitió a trámite el asunto, se solicitó a las autoridades su informe justificado, se otorgó intervención conducente a la Agente del Ministerio Público adscrita y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. 6. Los terceros interesados Agente del Ministerio Público adscrito a la Vicefiscalía, Zona Centro, Oaxaca y . .. (víctima indirecta), quedaron emplazados a juicio el pasado once de noviembre. 7. La audiencia constitucional tuvo verificativo el siete de diciembre de dos mil veinte, al tenor del acta que antecede. III. COMPETENCIA 8. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. 9. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de un acto emitido por una autoridad residente en el Estado de Oaxaca, donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO 10. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. 11. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. 12. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". 13. En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que el quejoso reclama del Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, lo siguiente: ? El auto de vinculación a proceso emitido en la causa penal 487/2020, del índice del Juzgado responsable, por el delito de homicidio agravado con ventaja, cometido en perjuicio de . . V. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO 14. La Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, al precisar que en audiencia de tres de junio de dos mil veinte, se vinculó a proceso al aquí quejoso. . .. 15. De ahí que se tiene por probado plenamente el acto atribuido a dicha autoridad. 16. Al respecto es aplicable la jurisprudencia doscientos setenta y ocho, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página doscientos treinta y uno, del tomo VI, atinente a la materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." 17. Lo que se corrobora con el disco versátil digital relativo a la causa penal 487/2020 que remitió la Juez responsable en apoyo a su informe de ley, medio de prueba que adquiere valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. 18. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), visible en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. . . VI. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA 19. Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62, de la Ley de Amparo vigente, disposición que, además, es interpretada en ese sentido por la Jurisprudencia II.1°.J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, Tomo VII, Mayo de 1991, consultable en la Red Jurídica Nacional, con número de registro 222780, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. . . 20. En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia del acto reclamado. 21. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 283, con número de registro 394239, visible a foja 190, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que reza: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS.. . 22. En el caso, de oficio, se advierte que contra el acto que en esta vía combate el quejoso . . . , se actualiza la causa de improcedencia prevista los artículos 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con el diverso numeral 17, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." 23. Del primero de los artículos se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en el segundo de los numerales transcritos. 24. Asimismo, a efecto de determinar cuándo empieza a transcurrir dicho plazo, es necesario precisar que el artículo 18 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." 25. Del precepto transcrito se advierte son tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de amparo, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor del acto reclamado o de su ejecución. 26. Esto es, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame. 27. Así, el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo es a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis, pues son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno; es decir, el plazo dentro del cual debe ejercerse la acción de amparo puede contarse indistintamente a partir de que se actualice cualquiera de los citados supuestos normativos; como lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, tomo XXXIII, enero de 2011, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 163172, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. . . . 28. De las constancias remitidas por la autoridad responsable, relativas a la causa penal 487/2020, de su índice, valoradas al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, revelan que el acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso de tres de junio de dos mil veinte, fue notificado a la parte quejosa en la propia audiencia (tres de junio de dos mil veinte), en la que estuvo presente asistido de sus defensores particulares, y en la que el Juez responsable le notificó la resolución impugnada, como se advierte audio y video, en términos de los numerales 82, fracción I, inciso a), y 84, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen: "Artículo 82. Formas de notificación. Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos: I. Personalmente podrán ser: a) En Audiencia; (...) Las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas y las efectuadas en las fracciones II y III surtirán efectos el día siguiente de su publicación." "Artículo 84. Regla general sobre notificaciones. Las resoluciones deberán notificarse personalmente a quien corresponda, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que se hayan dictado. Se tendrán por notificadas las personas que se presenten a la audiencia donde se dicte la resolución o se desahoguen las respectivas diligencias. (...)". 29. Entonces, la notificación del auto de vinculación de tres de junio de dos mil veinte, surtió efectos el día siguiente al en que fue practicada, esto es, el cuatro de junio del año en curso, conforme al último párrafo del artículo 82, del código procesal citado. 30. Ahora, es importante destacar que con motivo del fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante Acuerdos Generales 4/2020 y 6/2020, en términos generales, tomó medidas de protección y preventivas para protección de las servidoras y los servidores públicos, así como los justiciables, por lo que suspendió labores y estableció medidas de contingencia y esquemas de trabajo para los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, a partir del dieciocho de marzo hasta el cinco de mayo del año que transcurre, decretando, entre otros aspectos, que durante ese periodo no correrían plazos y términos procesales, no se celebrarían audiencias y tampoco se llevarían a cabo sesiones de los Plenos de Circuito, salvo en los órganos jurisdiccionales en guardia, exclusivamente, para la atención de casos urgentes, considerando como tales, los previstos en los artículos 15 de la Ley de Amparo y 48 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. 31. Posteriormente, en sesión extraordinaria de veintisiete de abril del año en curso, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el diverso Acuerdo General 8/2020, mediante el cual aprobó el trámite a los casos nuevos que se calificaran de urgentes, promovidos de forma física o juicio en línea, a partir del seis de mayo de dos mil veinte, ampliando el catálogo de casos urgentes, entre los cuales se consideraron los autos de vinculación a proceso. 32. En efecto, los artículos 1, 3 y 4, fracción II, inciso f), de tal Acuerdo General, disponen: "Artículo 1. Esquema de contingencia. Con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, se establece que durante el período del 6 al 31 de mayo de 2020, la función jurisdiccional se regirá por los siguientes postulados: I. Trámite y resolución de casos urgentes. Únicamente se dará trámite a los casos nuevos que se califiquen como "urgentes", ya sea que se promuevan de forma física o mediante "juicio en línea" en uso de la firma electrónica, de conformidad con lo dispuesto en Capítulo I del presente Acuerdo. Para efectos del presente acuerdo, la "firma electrónica" comprende a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"). (...) II. Resolución de casos tramitados físicamente. (...) III. Trámite y resolución de casos tramitados mediante "juicio en línea". (...) IV. Suspensión de plazos y términos para casos restantes. Tratándose de solicitudes, demandas, recursos, juicios y procedimientos en general distintos a los previstos en las fracciones anteriores, así como para la interposición de recursos en contra de las sentencias y resoluciones dictadas conforme a la fracción II, no correrán plazos y términos procesales, no se celebrarán audiencias ni se practicarán diligencias. Con independencia de lo anterior, en el Capítulo IV se establecen algunas reglas específicas para la actuación de los órganos jurisdiccionales que conozcan de asuntos de naturaleza penal." "Artículo 3. Durante el período definido en el artículo 1, sólo se dará trámite a las solicitudes, demandas, incidentes y recursos nuevos, es decir, no radicados previamente, cuando se trate de casos urgentes, con independencia de que se promuevan física o electrónicamente." "Artículo 4. Deberán considerarse como urgentes, de forma enunciativa y no limitativa, los siguientes asuntos: (...) II. En materia penal: f) Las vinculaciones a proceso; (...)". 33. Después, el veinticinco de mayo de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 10/2020, mediante el cual prorrogó la vigencia del diverso 8/2020, hasta el quince de junio de dos mil veinte. 34. Con posterioridad, el mencionado Pleno emitió el Acuerdo General 13/2020, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, a través del cual se prorrogó la suspensión de labores del dieciséis al treinta de junio de dos mil veinte, con el esquema de contingencia ahí establecido. 35. Y con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendentes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, se continuó con la suspensión de labores hasta el quince de julio de dos mil veinte, reanudándose las actividades jurisdiccionales contempladas en dicho acuerdo plenario; posteriormente, se prorrogó tal circunstancia hasta el treinta y uno de julio de dos mil veinte. 36. Finalmente, por Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, publicado el treinta y uno de julio del presente año, en el Diario Oficial de la Federación, vigente a partir del tres de agosto siguiente; en específico en su artículo 2, se ordenó levantar la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al dos de agosto del año en curso. 37. En tales condiciones, el actual esquema de actividades para los órganos jurisdiccionales exige que en los casos donde el acto reclamado se haya emitido dentro de los periodos en que el Poder Judicial de la Federación suspendió sus actividades, no debe atenderse únicamente a los lineamientos de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, sino también a los periodos en que los órganos no funcionaron o lo hicieron con motivo de su guardia para el despacho de casos urgentes, lo que es acorde con el contenido del numeral 19 de la legislación citada, en tanto enuncia que son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, mientras son inhábiles los supuestos en particular ahí precisados, así como aquellos en que las actividades se encuentren suspendidas o no se pueda funcionar por causa de fuerza mayor. 38. Bajo esas consideraciones, de conformidad con los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Amparo, en relación con los Acuerdos Generales 10/2020 y 13/2020, en relación con el diverso 8/2020, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el término de quince días para presentar la demanda de amparo transcurrió del cinco al veinticinco de junio de dos mil veinte, pues el cuatro de junio del año en curso, surtió efectos la notificación del auto de vinculación a proceso emitido en la audiencia de tres del mes y año en cita; sin contar los sábados y domingos. 39. Luego, si la demanda de amparo se presentó en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, el veintiuno de agosto de dos mil veinte, es innegable que resulta extemporánea; es decir, el auto de vinculación a proceso dictado en la audiencia tres de junio de dos mil veinte en la causa penal 487/2020, es un acto consentido tácitamente, por haberse reclamado fuera del plazo de quince días establecido en la Ley de Amparo. 40. En este punto, cabe reiterar que si bien es cierto, el auto de vinculación a proceso fue notificado el tres de junio de dos mil veinte y surtió efectos el cuatro siguiente, conforme a la ley del acto, desde ese momento estuvo en aptitud de promover juicio de amparo indirecto en contra de dicho acto, pues desde la emisión del Acuerdo General 8/2020 se reactivó nuevamente el plazo para presentar la demanda de amparo (que estuvo vigente del seis al treinta y uno de mayo de la anualidad en curso), ya sea de forma física o "mediante juicio en línea", por tratarse de un caso considerado como "urgente" (vinculación a proceso), conforme al artículo 4, fracción II, inciso f); mismo que se prorrogó a través de los diversos Acuerdos Generales 10/2020 y 13/2020, emitidos por el Pleno del citado Consejo (los que estuvieron vigentes del uno al treinta de junio de dos mil veinte). 41. Entonces, a través de dichos Acuerdos Generales se establecieron los postulados mediante los cuales se debía regir la función jurisdiccional durante el periodo del uno al treinta de junio del año en curso; de ahí que el término de quince días para promover el juicio de amparo contra la resolución reclamada, como ya se dijo, transcurrió del cinco al veinticinco de junio de dos mil veinte, descontando los días inhábiles y por estar suspendidos los plazos, conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo y los Acuerdos Generales precisados. 42. Esto es, al emitirse el acto reclamado cuando ya se encontraban vigentes los Acuerdos Generales 8/2020, 10/2020 y 13/2020 del Consejo de la Judicatura Federación, la parte quejosa pudo presentar la demanda de amparo contra la vinculación a proceso, ya que como se precisó en dichos acuerdos se estableció que las demandas de amparo relativas a las vinculaciones a proceso, se consideraría como casos urgentes y se podían presentar en forma física o en línea. VII. DECISIÓN 43. En consecuencia, se reitera, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en este juicio de amparo promovido por . . . 44. Como apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 38, libro 18, mayo de 2015, tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA". 45. Así como la diversa jurisprudencia penal de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época, con registro 2022096, publicada el once de septiembre del presente año, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 9/2018 (10a.) EMITIDA POR LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, NO ES APLICABLE PARA DETERMINAR SI LOS DÍAS NO LABORADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBEN DESCONTARSE DEL CÓMPUTO DEL PLAZO PREVISTO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, CUANDO SE RECLAME ALGUNA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN LA AUDIENCIA INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO Y ORAL". 46. Cabe indicar que si bien el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución; no menos cierto es que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual, de manera alguna implica que por esa circunstancia se le esté negando a la parte promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, pues el análisis de la causal de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia, habida cuenta de que no deben soslayarse las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de amparo, ya que el control aludido opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto. 47. En mérito del resultado obtenido, es decir, en razón de la actualización de la causa de improcedencia objeto de estudio, deviene innecesario estudiar si se actualizan diversas causas de improcedencia, en tanto que el examen de ellas resultaría ocioso y a nada práctico conduciría. 48. Por su aplicación al caso, y por identidad de razones, es de citarse la Jurisprudencia número 2ª./J. 54/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 414, Tomo VIII, agosto de 1998, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aprobada que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. . . . 49. Dada la conclusión alcanzada, es innecesario abordar el examen de los argumentos que se esgrimen en los conceptos de violación expresados por la parte agraviada, tal como lo establece la Jurisprudencia número 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 335, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO, NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. . . 50. Finalmente, resulta importante destacar, que el suscrito juzgador de Distrito, no realiza mayor pronunciamiento en relación con los alegatos hechos valer por el representante social adscrito, pues atento a lo dispuesto por los artículos 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, sólo los planteamientos formulados en los conceptos de violación contenidos en la demanda constitucional y los aducidos en el informe con justificación pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional. 51. Ello, en virtud de que dada la naturaleza de los alegatos, éstos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que tengan la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, motivo por el cual no constituye una obligación para el juzgador pronunciarse sobre los referidos razonamientos expresados en esos alegatos. 52. Sin que esto implique que no se hubieran analizado y considerado, sino sólo que no hay obligación de darles respuesta en la sentencia . 53. Por lo expuesto y fundado; se, RESUELVE ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por . . ., respecto del acto reclamado y autoridad responsable, por los argumentos que se esgrimen en el apartado VI de este fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. SE NOTIFICO EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO

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